This is the accessible text file for GAO report number GAO-04-60
entitled 'El Tratado De Guadalupe Hidalgo: Hallazgos y Opciones
Posibles Con Respecto a Los Reclamos de Larga Duracion de Mercedes de
Tierras Comunitarias en Nuevo Mexico' which was released on June 04,
2004.
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Report to Congressional Requesters:
United States General Accounting Office:
GAO:
June 2004:
EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO:
Hallazgos y Opciones Posibles Con Respecto a Los Reclamos de Larga
Duración de Mercedes de Tierras Comunitarias en Nuevo México:
GAO-04-60:
Contenido:
Correspondencia:
Resumen Ejecutivo:
Propósito de este reporte:
Antecedentes históricos:
Resumen de resultados y hallazgos principales:
El Congreso implementó las provisiones de propiedad del Tratado en
Nuevo México a través de dos procedimientos sucesivos:
Los herederos cuestionan que los Estados Unidos no protegieron
adecuadamente las mercedes de tierras durante el proceso de
confirmación, pero el proceso conformó con todas las leyes
estadounidenses:
Los herederos y otros cuestionan que Los Estados Unidos no protegió las
mercedes de tierras communitarias, pero Los Estados Unidos no estaba
obligado a proteger ninguna merced de tierra comunitaria no-indígena
después de su confirmación:
Observaciones concluyentes y opciones posibles del Congreso en
respuesta a los demás cuestiones sobre las mercedes de tierras
comunitarias:
Capítulo 1: Introducción--antecedentes históricos y la controversia
actual:
Perspectiva general:
Nuevo México durante el Periodo Español, 1508-1821:
Nuevo México durante el Periodo Mexico 1821-1848:
La expansión hacia el oeste y el Destino Manifiesto de los Estados
Unidos:
La independencia de Texas, su condición de estado y las disputas
fronterizas resultantes entre Estados Unidos y México:
La Guerra entre México y los Estados Unidos:
El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848):
El Tratado de la Compra de Gadsden (1853):
La organización del nuevo territorio de los Estados Unidos y los
procedimientos para resolver los reclamos de mercedes de tierras:
Factores que contribuyen a sistemas diferentes de posesión de tierras
entre México y Estados Unidos:
La legislación de la Comisión de California (Ley de 1851):
La legislación del Agrimensor General de Nuevo México (Ley de 1854):
La legislación de la Court of Private Land Claims (Ley de 1891):
Las cuestiones sobre las mercedes de tierras en Nuevo México hoy en
día:
Objetivos, alcance y metodología de este reporte:
Primer reporte de GAO:
Segundo reporte de GAO:
Resumen:
Capítulo 2: Implementación dirigida del Congreso en el Tratado de
Guadalupe Hidalgo en Nuevo México a través de dos procedimientos
sucesivos:
Perspectiva general:
El Agrimensor General de Nuevo México investigó los reclamos de 1854 a
1891:
El Agrimensor General se le asignó la responsabilidad de investigar los
reclamos en 1854:
El proceso de investigación y recomendación seguido por el Agrimensor
General:
Críticas tempranas sobre el proceso de confirmación de mercedes de
tierras bajo la supervisión del Agrimensor General:
Las confirmaciones del Congreso terminaron después de la controversia
sobre el tamaño en acres de las grandes mercedes (el Caso Tameling):
La investigación del Agrimensor General de los reclamos de las mercedes
de tierras se volvieron más rigurosas en 1885:
Intentos repetidos para reformar el proceso de confirmación de mercedes
de tierras fueron finalmente exitosos:
La Court of Private Land Claims adjudicó los reclamos de 1891 a 1904:
La legislación de la CPLC estableció requerimientos específicos para la
adjudicación de mercedes de tierras:
El alcance de la autoridad equitativa de la CPLC no era claro:
El proceso de confirmación de mercedes de tierras tal como fue
implementado por la CPLC:
El gobierno federal otorgó los reclamos de pequeñas propiedades en los
límites de las mercedes de tierras rechazadas:
El porcentaje de tierras en acres otorgados durante los dos procesos de
confirmación es bastante mayor a lo que es comúnmente reportado:
Resumen:
Capítulo 3: Los herederos y otros cuestionan que los Estados Unidos no
protegió las mercedes de tierras comunitarias durante el proceso de
confirmación, pero el proceso conformó con todas las leyes
estadounidenses:
Perspectiva general:
Los herederos y otros cuestionan los resultados de los procesos de
confirmación de mercedes de tierras comunitarias:
Cuestiones sobre los acres y la concesión de patentes en relación a las
105 mercedes de tierras comunitarias confirmadas:
Los herederos cuestionan los varios asuntos que afectan el área en
acres otorgada por las mercedes de tierras confirmadas:
Los herederos también cuestionan si el área en acres otorgada fue
confirmada y patentada a los legítimos propietarios:
Cuestiones en relación a las 49 mercedes de tierras comunitarias
totalmente rechazadas:
Los estudios se han centrado en tres razones fundamentales por las
cuales fueron rechazadas las áreas en acres:
Las cortes restringieron siete mercedes confirmadas a las asignaciones
individuales (el Caso Sandoval):
La CPLC rechazó mercedes hechas por oficiales no autorizados (Los casos
Cambuston y Vigil):
La CPLC rechazó mercedes que dependían de copias hechas por oficiales
no autorizados (El Caso Hayes):
Los herederos de mercedes de tierras y otros tienen preocupaciones
adicionales sobre la justicia y equidad de los procedimientos de
confirmación seguidos en la evaluación de los reclamos de mercedes de
tierras comunitarias:
Justicia y cuestiones del debido proceso legal percibida con los
procedimientos del Agrimensor General:
Cuestiones sobre la percepción de equidad con el proceso de la CPLC:
Cualquier conflicto entre los estatutos de confirmación y el Tratado
tendría que ser resuelto bajo ley internacional o por acción adicional
del Congreso:
Resumen:
Capítulo 4: Los herederos y otros cuestionan que Los Estados Unidos no
protegió las mercedes de tierras communitarias, pero Los Estados Unidos
no estaba obligado a proteger ninguna merced de tierra comunitaria no-
indígena después de su confirmación:
Perspectiva general:
Los herederos reclaman que los Estados Unidos tenía un deber fiduciario
de proteger las mercedes de tierras confirmadas:
Los herederos transfirieron algunas tierras comunitarias a propiedad
privada:
Arreglos privados con abogados resultaron en la pérdida de las tierras
comunitarias:
Juicios de repartimiento resultaron en la división de las tierras
comunitarias:
Impuestos de propiedad y la subsiguiente pérdida de derechos
propietarios resultaron en la pérdida de las tierras:
El Tratado de Guadalupe Hidalgo no proveyó de protecciónes especiales a
las mercedes de tierras comunitarias:
El Gobierno de los Estados Unidos actualmente posee un deber fiduciario
para proteger las tierras de los indígenas Pueblo:
Resumen:
Capítolo 5: Observaciones concluyentes y opciones posibles del Congreso
en respuesta a las cuestiones restantes sobre las Mercedes de tierras
comunitarias:
Perspectiva general:
Consideraciones posibles en la determinación si alguna acción adicional
sea apropiada:
Opciones posibles del Congreso en respuesta a las cuestiones restantes:
Resumen:
Apéndice I: Confirmación de las Mercedes de Tierras bajo Los Tratados
de La Compra de Louisiana y la Florida:
El Tratado de la Compra de Louisiana:
El Tratado de Florida:
Apéndice II: Artículos VIII, IX y Artículo X Eliminado Del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, 1848:
Apéndice III: Extracto del Protocolo de Querétaro:
Apéndice IV: Extracto del tratado con respecto a la Compra de Gadsden:
Apéndice V: Extractos de la Legislación de 1851 para Confirmar las
Mercedes de Tierras en California:
Apéndice VI: Extractos de la Ley de 1854 que establece la Oficina del
Agrimensor General de Nuevo México:
Apéndice VII: Extractos de la Ley de 1891 que Establece la Court of
Private Land Claims:
Apéndice VIII: Organizaciones e Individuos Contactados para los
Reportes de GAO:
Mercedes Comunitarias Identificadas a Través de Documentación Original:
Mercedes Comunitarias Identificadas Por Herederos u Otros:
Mercedes Comunitarias de los Indígenas Pueblo:
Académicos, Investigadores y Abogados:
Agencias y Organizaciones:
Apéndice IX: Instrucciones dados por Interior al Agrimensor General de
Nuevo México como requerido por la Ley de 1854:
Apéndice X: Datos sobre 295 Mercedes de Tierras Españolas y Mexicanas
en Nuevo México:
Apéndice XI: Resultados de las Evaluaciones de Reclamos hechos para las
Mercedes de Tierras en Nuevo México:
Apéndice XII: Mapas que Representan la Posesión Actual a lo largo de
los Límites de las Mercedes Originalmente Reclamadas:
Apendice XIII: Contactos de GAO y Reconocimientos al Personal:
Tablas:
Tabla 1: Establecimiento de los Agrimensores Generales para el Suroeste
de los Estados Unidos:
Tabla 2: Agrimensores Generales de Nuevo México, 1854-1925:
Tabla 3: Mercedes de tierras españolas y mexicanas en Nuevo México:
Tabla 4: Perspectiva general de los resultados del proceso de
confirmación del Agrimensor General de las mercedes de tierras
españolas y mexicanas en Nuevo México, 1854-1891:
Tabla 5: Mercedes recomendadas para rechazar en decisiones originales
por el Agrimensor General de Nuevo México, 1854-1891.
Tabla 6: Estatutos de confirmación de las mercedes de tierras españolas
y mexicanas en Nuevo México, 1854-1891:
Tabla 7: Cronología de eventos clave para las mercedes de tierras
Maxwell y Sangre de Cristo:
Tabla 8: Mercedes de tierras mexicanas confirmadas por el Congreso
excedente al 11 leguas cuadradas por persona en Nuevo México, 1854-
1891:
Table 9: Resultados de los reportes suplementales del Agrimensor General
Julian, 1885-1889:
Tabla 10: Mercedes de tierras españolas y mexicanas en Nuevo México
donde sus reclamaciones fueron presentadas con la CPLC, 1891-1904:
Tabla 11: Número de mercedes de Nuevo México dónde sus reclamaciones
fueron presentadas con la CPLC y cómo se resolvieron:
Tabla 12: Número de mercedes en Nuevo México confirmadas o rechazadas
por la CPLC, 1891-1904:
Tabla 13: Decisiones de la CPLC revocadas por la Corte Suprema de
Estados Unidos:
Tabla 14: Acres de tierras otorgados para las mercedes de tierras
comunitarias e individuales durante los procesos de confirmación de las
mercedes de tierras del Agrimensor General y la CPLC en Nuevo México
Con y Sin ajustes (substracciones) por la GAO:
Tabla 15: Resumen de acres de tierra ajustados reclamados en el reporte
de CPLC 1904:
Tabla 16: Porcentaje de acres de tierra otorgados para las mercedes de
tierra comunitarias e individuales españolas y mexicanas en Nuevo
México, ajustados por GAO:
Tabla 17: Porcentaje de mercedes de tierras españolas y mexicanas
confirmadas en Nuevo México, ajustadas y no ajustadas para
reclamaciones sin seguimiento:
Tabla 18: Resultados de las 105 mercedes de tierras comunitarias en
Nuevo México confirmadas parcialmente o en su totalidad:
Tabla 19: Mercedes de tierras comunitarias con linderos en disputa
adjudicados por la CPLC, 1891-1904:
Tabla 20: Resultados para las 49 mercedes de tierras comunitarias
totalmente rechazadas en Nuevo México:
Tabla 21: Mercedes de tierras comunitarias que fallaron en proseguir el
reclamo y posible explicación de esta falla:
Tabla 22: Mercedes de tierras comunitarias rechazadas por una variedad
de razones legales no relacionadas con la autoridad de oficial que
otorga o el oficial que copia las mercedes:
Tabla 23: Mercedes de tierras comunitarias restringidas a sus
asignaciones individuales:
Tabla 24: Decisiones de la CPLC sobre las siete mercedes de tierras
comunitarias que fueron restringidas a sus asignaciones individuales:
Tabla 25: Mercedes de tierras comunitarias durante el Periodo Mexicano
que fueron rechazadas por la CPLC debido a que el oficial otorgador
carecía de la autoridad de otorgar mercedes bajo la ley mexicana:
Tabla 26: Mercedes de tierras comunitarias adjudicadas por la CPLC que
involucraron disputas sobre las copias de los documentos de las
mercedes:
Tabla 27: Mercedes de tierras comunitarias no-indígenas con acres de
tierra originalmente confirmados y acres de tierra actualmente
poseídos:
Tabla 28: Pagos hasta la fecha de octubre 2002 para saldar las
reclamaciones de tierras de los indígenas Pueblo en Nuevo México:
Tabla 29: Comparación de los acres de tierras confirmadas por las
mercedes de tierras españolas para los Indígenas Pueblo con sus acres
de tierras actuales hasta el 31 de Diciembre del 2000:
Tabla 30: Mercedes de Tierras Comunitarias Confirmadas en Nuevo México:
Tabla 31Mercedes Comunitarias de Tierras en Nuevo México confirmadas
por lo menos en Parte:
Tabla 32: Mercedes de tierras rechazadas de Nuevo México:
Figuras:
Figura 1: Pueblo de San Felipe, Nuevo México, c. 1880:
Figura 2: Pueblo de Las Vegas, Nuevo México, c.1890:
Figura 3: Representación generalizad de la expansión de los Estados
Unidos:
Figure 4: Adquisición de tierra de México por los E.U. 1845-1853:
Figura 5: Provisiones de la Ley de 1854 con respecto a los reclamos
españoles y mexicanos:
Figura 6: Declaraciones por el Agrimensor General de Nuevo México y
Comisionados de la Oficina de Tierras Generales con respecto al proceso
de confirmación del Agrimensor General de las mercedes de tierras:
Figura 7: La CPLC, 1891:
Figura 8: Área de la montaña detrás del pueblo Sandía, Nuevo México, c
1880:
Figura 9: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Cañón de Chama:
Figura 10: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de San Miguel del Vado:
Figura 11: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Petaca:
Figura 12: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Cieneguilla:
Figura 13: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de San Antonio del Río Colorado:
Figura 14: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de las Mercedes de Gotera, Maragua y Canada de San
Francisco:
Abrievaciones:
CPLC: Court of Private Land Claims:
SGR: Surveyor General Report:
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United States General Accounting Office:
Washington, DC 20548:
B-302565:
4 de junio de 2004:
Honorable Señor Jeff Bingaman:
Honorable Señor Pete Domenici:
Senado de los Estados Unidos:
Honorable Señor Tom Udall:
Cámara de Representantes de los Estados Unidos:
En respuesta a su solicitud, este reporte: (1) describe los
procedimientos de confirmación a través de los cuales los Estados
Unidos implementó las provisiones de protección propietaria del Tratado
de Guadalupe Hidalgo de 1848 con respecto a las mercedes de tierras
comunitarias localizadas en Nuevo México, así como los resultados
producidos por dichos procedimientos; (2) identifica y evalúa las
cuestiones con respecto a estos procedimientos y como pertenecen a la
confirmación gubernamental de estas mercedes de 1854 a 1904; (3)
identifica y evalúa las cuestiones en cuanto a la transferencia
voluntaria o involuntaria del área en acres después de que los
procedimientos de confirmación fueron completados; y (4) identifica
opciones posibles que el Congreso quisiera considerar en respuesta a
las cuestiones de las mercedes de tierras comunitarias restantes.
De acuerdo a lo acordado con sus oficinas, este reporte está siendo
expedido en versiones en inglés y en español (GAO-04-59 y GAO-04-60,
respetivamente). Distribuiremos copias en ambos idiomas en Nuevo México
y proveeremos copias a petición de personas interesadas. También
planeamos enviar copias a todos los miembros de la delegación de la
Cámara de Representantes de Nuevo México:
Si usted o su personal tienen alguna pregunta sobre este reporte, por
favor pónganse en contacto conmigo al (202) 512-5400. Los
contribuidores principales están listados en el apéndice XIII.
Firmado por:
Susan D. Sawtelle:
Abogada General Asociada:
[Extremo de la sección]
Resumen Ejecutivo:
Propósito de este reporte:
Sigue siendo un hecho de continua controversia si es que los Estados
Unidos han cumplido sus obligaciones bajo el tratado de Guadalupe
Hidalgo de 1848 con respecto a los derechos de propiedad de las
comunidades tradicionales en Nuevo México. La controversia ha creado un
sentido de desconfianza y amargura entre varias comunidades y ha
llevado a confrontaciones con autoridades federales, estatales y
locales. Bajo el Tratado, que terminó la guerra entre México y los
Estados Unidos, los Estados Unidos obtuvieron vastos territorios de lo
que ahora es el suroeste de los Estados Unidos, desde California hasta
Nuevo México. Mucha de estas tierras estaba sujeta a mercedes de
tierras pre-existentes de individuos, grupos y comunidades hechas por
España y México desde el siglo XVII a mediados del siglo XIX, y el
Tratado proveía reconocimiento y protección de los derechos de
propiedad creados por estas mercedes. Hoy en día, los herederos de las
mercedes de tierras y los académicos jurídicos mantienen que los
Estados Unidos falló en satisfacer sus obligaciones del tratado en
relación a las mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México. Esta
controversia se basa en parte en una creencia de que el porcentaje del
área en acres de las mercedes de tierras comunitarias, reconocidas en
Nuevo México por el gobierno de los Estados Unidos, era
significativamente menor que el porcentaje en California y que aquellos
procedimientos de confirmación seguidos en Nuevo México fueron injustos
y no equitativos comparados con los diferentes procedimientos
establecidos para California. El efecto del alegado fracaso, mantienen
los herederos, es que los Estados Unidos, adquirieron de manera
inapropiada millones de acres de tierra para el dominio público o bien
confirmó área en acres para grupos incorrectos. La alegada "pérdida" de
tierras a los concesionados, costienen los herederos, amenaza la
estabilidad económica de los pequeños ranchos de hispanos así como la
vida rural de los rancheros.
En septiembre de 2001, GAO hizo publico su primer reporte sobre estos
asuntos, titulado Treaty of Guadalupe Hidalgo: Definition and List of
Community Land Grants in New Mexico (GAO-01-951, Sept. 10, 2001).[Nota
a pie de página 1] Utilizando una definición amplia de "mercedes de
tierras comunitarias" como--cualquier concesión de tierras comunales
apartadas para el uso de una comunidad entera--GAO identificó 154
mercedes de tierras comunitarias de un total de 295 mercedes hechas
por España y México para tierras dentro de Nuevo México. En este
segundo y último reporte, GAO discute como las mercedes de tierras
comunitarias fueron atendidas por las cortes y otras entidades y cómo
el Congreso desearía responder a cuestiones continuas sobre éstas.
Específicamente, este reporte: (1) describe los procedimientos de
confirmación por medio de los cuales los Estados Unidos implementaron
las provisiones de protección de la propiedad del Tratado con respecto
a las mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México y los
resultados producidos por estos procedimientos; (2) identifica y
evalúa cuestiones en cuanto a estos procedimientos a la medida que
tienen que ver con la confirmación, por parte del gobierno, de estas
mercedes de 1854 a 1904; (3) identifica y evalúa cuestiones en cuanto
al área en acres transferida voluntariamente o involuntariamente
después de que los procedimientos de confirmación fueran completadas;
y (4) delinea posibles opciones en las que el Congreso pudiera querer
considerar en respuesta a los cuestiones sobre las mercedes de tierras
comunitarias restantes.
Como ha sido discutido en detalle en el capítulo 1 y el apéndice VIII
de este reporte, hemos conducido una investigación y análisis notable
en la preparación de estos dos reportes. También distribuimos de manera
amplia una versión preliminar de nuestro primer reporte sobre el cual
recibimos más de 200 comentarios orales y escritos. Contactamos y
entrevistamos a numerosos herederos de mercedes de tierras, académicos,
investigadores, historiadores, defensores y organizaciones
familiarizadas con la implementación de las provisiones de la
protección de la propiedad del Tratado, así como con oficiales del
condado y del estado de Nuevo México y oficiales de Estados Unidos de
varias agencias gubernamentales. Revisamos los documentos de archivo
describiendo los procedimientos establecidos y seguidos por el
Agrimensor General de Nuevo México y la Court of Private Land Claims, y
evaluamos numerosos estudios, libros, revistas de derecho, tratados y
otros materiales. Investigamos la legislación en la creación del
Agrimensor General y en las subsecuentes instrucciones del Departamento
del Interior al Agrimensor General y la legislación en la creación de
la CPLC. Obtuvimos y examinamos todas las decisiones y reportes
adjudicados del Agrimensor General de Nuevo México, la CPLC y la Corte
Suprema de los Estados Unidos sobre las mercedes de tierras
comunitarias; asimismo investigamos las provisiones pertinentes de la
Constitución de los Estados Unidos, otras leyes federales y decisiones
de las cortes federales. Condujimos nuestra investigación para este
segundo reporte de septiembre del 2001 hasta mayo del 2004 de acuerdo a
los estándares de auditoría gubernamental generalmente aceptados.
Antecedentes históricos:
Desde el final del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, España y
más tarde México, otorgaron mercedes de tierras a individuos, grupos y
pueblos para promover el desarrollo de las tierras de la frontera que
ahora constituyen el Suroeste Norteamericano. En Nuevo México, las
mercedes de tierras fueron otorgadas para satisfacer varios propósitos:
fomentar asentamientos y las industrias coloniales, premiar a patrones
del gobierno español y crear una zona de protección entre las tribus
indias y las regiones más pobladas de su frontera norte. España también
otorgó mercedes de tierras a varios pueblos de indios que habían
ocupado esas áreas mucho antes que los pobladores españoles llegaran.
En 1821, después de ganar su independencia de España, el gobierno de
México mantuvo las políticas sobre la tierra adoptadas por España. La
administración mexicana en Nuevo México duró hasta 1846 y estuvo lleno
de inestabilidad y frecuentes cambios políticos en los líderes del
gobierno, organización y leyes.
Como se refleja en la literatura y en la terminología popular, hubieron
dos tipos de mercedes de tierras mexicanas y españolas en Nuevo México:
"mercedes de tierras comunitarias" y "mercedes de tierras
individuales". Las mercedes de tierras comunitarias estuvieron
típicamente organizadas alrededor de una plaza central, en donde cada
poblador recibió una asignación individual para una casa y un terreno
para cultivar. La tierra comunitaria de la merced fue puesta aparte
para el uso de toda la comunidad. La ley española y mexicana usualmente
autorizaba al gobernador local a otorgar tal mercedes comunitarias de
tierras siendo el tamaño de cada merced un asunto dejado a la
discreción del gobernador. Las mercedes de tierras individuales, como
su nombre lo sugiere, fueron hechas a nombre de individuos específicos
y usualmente fueron hechas también por el gobernador.
Muchos de los asentamientos españoles en las provincias más
septentrionales del continente norteamericano ocurrieron con poca
interferencia, pero con el tiempo, Inglaterra y Francia hicieron su
presencia conocida en el continente. Mientras que Francia estableció
solamente unos pocos asentamientos para facilitar el comercio,
Inglaterra estableció colonias permanentes a lo largo de la costa
atlántica y que cada vez más migraban hacia al oeste. Los Estados
Unidos adquirieron formalmente su independencia de Inglaterra en 1783
con el Tratado de Paris; y con el establecimiento de un gobierno
federal en 1789 adquirieron de manera constante más territorio y se
expandieron hacia el sur a Florida y hacia el oeste a California. Los
tratados con España y Francia, para la Florida y la Compra de Louisiana
respectivamente y con numerosas tribus indias, propulsaron la
adquisición de tierra por parte de Estados Unidos y la expansión hacia
el oeste. En 1845, cuando Texas logró su condición de estado como el
estado número 28 de la nación, los intereses territoriales de Estados
Unidos, que incluían un plan para expandir asentamientos hacia el
Océano Pacífico, chocaron con los intereses territoriales de México. La
guerra entre México y Estados Unidos irrumpió sobre los límites entre
Texas y México trayendo fin a 9 años de disputa fronteriza.
Eventualmente las tropas de los Estados Unidos ocuparon Santa Fé, Nuevo
México; proclamaron la anexión de Nuevo México y establecieron el
control del gobierno de Estados Unidos sobre el territorio. En 1847 las
tropas Norteamericanas ocuparon la Ciudad de México y poco después
México se rindió. La guerra terminó oficialmente con la ratificación
del Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo comúnmente referido como
el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
El tratado de Guadalupe Hidalgo alteró para siempre el panorama
político del Continente Norteamericano. Entre las provisiones del
Tratado estaba la cesión de México a Estados Unidos de vastos
territorios que se extendían desde California a Nuevo México y un
acuerdo por parte de Estados Unidos de reconocer y proteger los
derechos de propiedad de los ciudadanos mexicanos que vivían en las
nuevas áreas adquiridas. Para poder implementar las provisiones de
protección de propiedad en California, el Congreso promulgó una
legislación (Ley de 1851) creando una Comisión para revisar y confirmar
mercedes, con apelaciones autorizadas a las cortes de distritos
federales y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para determinar el
reconocimiento y confirmación de una merced, la Ley de 1851 ordenó a la
Comisión de California aplicar leyes españolas y mexicanas, usos y
costumbres, así como los principios de equidad, la ley de naciones (ley
internacional), las provisiones del Tratado y las decisiones de la
Corte Suprema de los Estados Unidos. La Ley de 1851 también ordenó a la
Comisión aplicar una presunción en favor de la confirmación de una
merced de tierra comunitaria basada en la existencia de una ciudad,
pueblo o aldea al momento de que el Tratado fue firmado. En Nuevo
México, de forma contrastante, el Congreso estableció dos diferentes y
sucesivos mecanismos para el reconocimiento y confirmación de mercedes
de tierras españolas y mexicanas. Primero, en 1854, el Congreso
estableció (en la Ley de 1854) la Oficina del Agrimensor General de
Nuevo México dentro del Departamento del Interior. El Agrimensor
General fue encargado de las investigaciones de los reclamos de
mercedes de tierras españolas y mexicanas, remitiendo sus
recomendaciones en cuanto su aceptación o negación al Congreso. El
Agrimensor General fue ordenado a examinar los reclamos aplicando las
leyes españolas y mexicanas, usos y costumbres y considerar la
existencia de una ciudad, pueblo o aldea como clara evidencia de una
merced. Debido al fraude y a otras dificultades con este proceso así
como con el proceso en California, el Congreso estableció un segundo
mecanismo en 1891, la Court of Private Land Claims (CPLC) para resolver
reclamos nuevos y pendientes en Nuevo México y en algunos otros
territorios y estados (excluyendo California, donde los reclamos habían
sido resueltos). Los criterios que el Congreso estableció para la CPLC
para determinar si una merced de tierra debe ser confirmada fueron más
rigurosos que aquellos que había establecido tanto para el Agrimensor
General de Nuevo México como para la Comisión de California. La CPLC
podía confirmar mercedes solamente cuando los títulos habían sido
"legalmente y regularmente derivados" bajo las leyes de España o de
México.
Un número de factores contribuyeron al trasfondo frente a los cuales
las mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México fueron
investigadas y resueltas bajo estos dos procesos. En su mayor parte,
Nuevo México consistía en áreas escasamente pobladas de comunidades que
practicaban la agricultura como medio de subsistencia. Al mismo tiempo
los habitantes no estaban familiarizados con el idioma inglés, el
sistema legal de los Estados Unidos y la cultura norteamericana. El
sistema legal mexicano, por ejemplo, ha consistido, de manera extensa,
en códigos y leyes españolas y mexicanas que fueron usualmente
interpretadas de acuerdo al uso y costumbre locales, siendo que en
México tribunales más formales y las cortes no funcionaban con la misma
importancia en Mexico que en los Estados Unidos en la interpretación y
decisión de asuntos y casos.
La tenencia de la tierra en Estados Unidos y los patrones de propiedad
también difirieron de aquellos en Nuevo México. En aquel entonces, así
como ahora, el sistema de los Estados Unidos ha visto la superficie de
la tierra como una cuadrícula imaginaria extendida sobre una hoja de
papel, y la cartografía y la agrimensura fueron usadas para identificar
características físicas de parcelas particulares. Las medidas exactas
de los terrenos fueron identificadas y localizadas en un mapa, la
posesión de tierra fue primeramente en "pleno dominio" y los títulos
fueron registrados en las oficinas gubernamentales locales. Visto en su
totalidad, este sistema facilitaba el uso de la tierra como una
mercancía que podía ser comprada y vendida. Por el contrario, la
génesis del sistema mexicano y español fue un sistema comunitario de
tenencia de la tierra de base rural que prevalecía en la Europa
medieval. La posesión en este sistema no estaba basado en pleno
dominio; en cambio, la tierra era vista más en relación a su comunidad,
aunque los terrenos podían ser vendidos a individuos después de que la
tierra hubiera sido usada y habitada por un cierto número de años. La
tierra fue usada primeramente para el mantenimiento de la población
local, en vez de una mercancía que se podía intercambiar o vender en un
mercado competitivo. Los límites de la tierra eran definidos en
referencia a puntos sobresalientes del terreno o por propiedades
adyacentes, debido a que estas demarcaciones eran difíciles de
localizar, los registros de tierras españoles y mexicanos a veces
carecían de la precisión del sistema estadounidense.
Resumen de resultados y hallazgos principales:
El Congreso implementó las provisiones de propiedad del Tratado en
Nuevo México a través de dos procedimientos sucesivos:
Como se vio arriba, por un periodo de 50 años empezando en 1854, el
Congreso ordenó la implementación de las provisiones de protección de
propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo en Nuevo México para las
mercedes de tierras comunitarias a través de dos distintos y sucesivos
procedimientos. Primero, en la Ley de 1854, el Congreso estableció la
Oficina del Agrimensor General de Nuevo México dentro de la Oficina de
Tierras Generales del Departamento del Interior (Interior). El
Agrimensor General de Nuevo México fue encargado con la investigación
de los reclamos de mercedes de tierras, y a través del Departamento del
Interior, hacer recomendaciones al Congreso para una determinación
final. La Ley de 1854 ordenó al Agrimensor General hacer sus
conclusiones sobre la validez de las mercedes de tierras aplicando las
"leyes, usos y costumbres" de España y México y siguiendo instrucciones
más detalladas expedidas por el Interior. Estas instrucciones, en
cambio, obligaron al Agrimensor General a reconocer las mercedes de
tierras "de la manera precisa en que México lo hubiera hecho" y suponer
que la existencia de una ciudad, pueblo o aldea, al momento del Tratado
era una clara evidencia de una merced. El Agrimensor General investigó
reclamos bajo este proceso de 1854 a 1891, y el Congreso confirmó la
gran mayoría de mercedes recomendadas para la confirmación antes de la
Guerra Civil en los años 1860. La confirmación del Congreso cesó
durante la guerra y comenzó de nuevo a mediados de los años 1860, pero
se detuvo nuevamente a inicios de los años de 1870 debido a la
preocupación sobre alegaciones de fraude y corrupción. Estas
preocupaciones finalmente fueron tratadas con la llegada de una nueva
administración presidencial en 1885, que realizó un proceso de
escrutinio y nombró un nuevo Agrimensor General. El nuevo Agrimensor
General reconsideró y revocó algunas de las recomendaciones al Congreso
por su predecesor y se acumuló un atraso de reclamaciones de mercedes
de tierras.
Después de varios intentos de reforma, el Congreso finalmente revisó el
proceso de confirmación en 1891 con la aprobación de la Ley de 1891. La
Ley de 1891 estableció una segunda entidad, la Court of Private Land
Claims (CPLC), para resolver tanto nuevas como pendientes demandas de
tierras en Nuevo México (y algunos otros territorios y estados). En
parte para prevenir el tipo de fraude y corrupción que había
caracterizado algunos de los reclamos presentados tanto en Nuevo México
como en California, el Congreso ordenó a la CPLC aplicar criterios
legales más estrictos para la aprobación de mercedes de tierras que el
Congreso había establecido para el Agrimensor General de Nuevo México.
Bajo los nuevos criterios, la CPLC pudo confirmar sólo aquellas
mercedes cuyos reclamantes podían probar que habían sido "legalmente y
regularmente derivadas" bajo la ley española o mexicana y la presunción
de que el Departamento del Interior había ordenado al Agrimensor
General seguir--de hallar favorable una merced en base a la existencia
previa de una ciudad, pueblo o aldea-fue eliminada. Tanto el reclamante
como el gobierno de los Estados Unidos podían apelar, a las decisiones
hechas por la CPLC, a la Corte Suprema de manera directa, la cual podía
revisar los reclamos de novo, esto es, sin asumir la presunción de ser
correcto la determinación que había hecho la CPLC. Sin embargo, como la
CPLC, la Corte Suprema estaba sujeta a los mismos criterios legales
para determinar si una merced debía ser confirmada: el título de tierra
debía haber sido "legalmente y regularmente derivado" de la ley
española o mexicana. La CPLC adjudicó mercedes de tierras de 1891 a
1904. Esto es, durante 50 años de historia de los dos sucesivos
procesos legales de confirmación de mercedes de tierras en Nuevo
México, los estándares y procedimientos legales que se aplicaron para
determinar si una merced de tierra comunitaria debía ser confirmada se
volvieron más rigurosos.
Al discutir los resultados de estos dos procesos de confirmación en
Nuevo México, los especialistas en mercedes de tierra, usualmente han
reportado que solamente el 24 por ciento del área en acres reclamada en
Nuevo México fue otorgada a las mercedes comunitarias e individuales,
en contraste al porcentaje de 73 por ciento del área en acres otorgado
en California. A nuestro juicio, el porcentaje de reclamos de área en
acres que fue otorgado en las mercedes de Nuevo México fue, en
realidad, de 55 por ciento, debido a que el área en acres, que puede
ser observado de manera justa como reclamado, es considerablemente
menor que el citado por los especialistas, resultando en una proporción
mayor de área en acres otorgada. Por ejemplo, los especialistas
incluyen como mercedes de tierras reclamadas en Nuevo México algunas
áreas en acres que se localizan afuera de Nuevo México, áreas en acres
que se consideraban en los reclamos que fueron retractados o nunca
proseguidos, así como áreas que fueron "doblemente contadas". Nosotros
creemos que el área en acres atribuible a estos factores debe ser
excluida de una evaluación justa del proceso de confirmación.
Los reclamos que fueron presentados y seguidos por las 154 mercedes de
tierras comunitarias que se localizan hoy en día en Nuevo México
durante este periodo de 50 años abarcan 9.38 millones de acres de
tierra. La mayoría de estas mercedes de tierras -105 mercedes, o más de
68 por ciento -fueron confirmadas y la mayoría del área en acres
reclamado bajo estas mercedes confirmadas - 5.96 millones de acres, o
el 63.5 por ciento - fue finalmente otorgado, aunque una cantidad
significativa (3.42 millones de acres, o 36.5 por ciento) no fue
otorgada y se convirtió en parte del dominio público de los Estados
Unidos disponible para el poblamiento de la población general. A
algunas de las mercedes confirmadas les fueron otorgadas una área menor
en acres que la que fue reclamada y mercedes que fueron totalmente
rechazadas no se les otorgó ninguna cantidad de área en acres. Los
herederos de mercedes de tierras y los especialistas usualmente se
refieren al área en acres que no fue otorgado durante el proceso de
confirmación como el área de acres "perdido", siendo que se dice que
estas mercedes de tierras "perdieron" 3.42 millones de acres durante el
proceso de confirmación. Las circunstancias alrededor de esta pérdida
ha llamado la atención de los herederos de mercedes de tierras por más
de un siglo.
Los herederos cuestionan que los Estados Unidos no protegieron
adecuadamente las mercedes de tierras durante el proceso de
confirmación, pero el proceso conformó con todas las leyes
estadounidenses:
Un número de herederos de mercedes de tierras, académicos jurídicos y
otros expertos han acusado que, las actividades que se dieron bajo las
dos leyes federales de Nuevo México de los procedimientos de
confirmación de mercedes de tierra, no cumplieron con las obligaciones
legales de los Estados Unidos bajo las provisiones de protección de
propriedad del Tratado. Con respecto a las mercedes de tierra que
fueron confirmadas, los herederos y otros cuestionan si la cantidad
completa de área en acres, que ellos consideran debió otorgarse, fue de
hecho otorgada. Cuestionan también si el área en acres que fue
confirmada y patentada se concedió a los propietarios correctos. Con
respecto a las mercedes que fueron rechazadas, la cuestión principal de
los herederos es que no se haya otorgado ninguna área en acres.
Estudios publicados han identificado tres razones principales para el
rechazo de los reclamos de la mercedes de tierras de Nuevo México,
todas involucran decisiones de la Court of Private Land Claims (CPLC) o
en la apelación, a la Corte Suprema: (1) que bajo la decisión de la
Corte Suprema en el caso los Estados Unidos vs. Sandoval., las cortes
confirmaron mercedes pero las restringieron a lo que se ha llamado
"asignación individual", esto es el área en acres que en realidad es
ocupada por los reclamantes; (2) que bajo las decisiones de la Corte
Suprema en los casos los Estados Unidos vs. Cambuston y los Estados
Unidos vs. Vigil, las cortes rechazaron las mercedes porque fueron
hechas por oficiales no autorizados; y (3) que bajo la decisión de la
Corte Suprema en el caso de Hayes vs. los Estados Unidos, la corte
rechazó las mercedes porque ellas se apoyaban únicamente en copias de
documentos que habían sido hechos por oficiales no autorizados. Estas
tres razones resultaron en el rechazo de reclamos de aproximadamente
1.3 millones de acres de tierra en 17 diferentes mercedes. Si el
Congreso hubiera establecido estándares menos estrictos en la Ley de
1891 para la CPLC, a aplicarse en la evaluación de reclamos para la
mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México, tales como las que se
estableció para la Comisión de California bajo la Ley de 1851 o para el
Agrimensor General de Nuevo México bajo la Ley de 1854, estos
resultados pudieran haber sido diferentes. El Congreso tenía la
discreción para implementar las provisiones del Tratado, sin embargo,
mientras que lo hiciera dentro de los límites de la constitución y
otras limitaciones legales de los Estados Unidos, y siendo el hecho de
que el Congreso estableció diferentes estándares para la confirmación
de mercedes en distintos momentos, no fue muestra de alguna violación o
defecto.
De manera adicional a estas cuestiones por parte de los herederos sobre
la manera de cómo algunos reclamos específicos fueron adjudicados,
algunos herederos y académicos jurídicos sostenían que había más
problemas generales detrás de los procedimientos del Agrimensor General
y la Court of Private Land Claims. Primero, con respecto a los
procedimientos del Agrimensor General, los herederos y académicos
sostienen que estos no alcanzaron los requerimientos de "justicia" del
debido proceso legal bajo la Constitución de los Estados Unidos.
Nosotros, de hecho encontramos, que los procedimientos sí satisficieron
los requerimientos del debido proceso legal constitucional, como las
cortes de aquel entonces los definían, e incluso bajo los estándares de
hoy en día. Todos los reclamantes potenciales de mercedes de tierras
fueron provistos de la notificación requerida del establecimiento de la
Oficina del Agrimensor General y el requerimiento de presentar reclamos
por cualquier merced de tierra por la cual ellos buscaban confirmación
gubernamental (del congreso). Aquellas personas que presentaron
reclamos con el Agrimensor General se les dieron la requerida
oportunidad de ser escuchado en defensa de sus demandas de mercedes de
tierra. De hecho, personas quienes cuestionaban los reclamos que habían
sido presentados al Agrimensor General basados de acuerdo a su título
superior español o mexicano, pero que no interpusieron un reclamo,
también tuvieron una oportunidad de ser escuchado tanto en el proceso
con el Agrimensor General y luego después incluso hasta hoy en día.
Segundo, con respecto al proceso de la CPLC, los herederos y académicos
afirmaron que este no se consideró apropiadamente los principios de
equidad, particularmente en comparación al proceso del Agrimensor
General, aplicando en cambio estándares que eran demasiado técnicos y
"legales." Nosotros encontramos que la CPLC aplicó estándares más
estrictos que el Agrimensor General al decidir si debían aprobar las
mercedes de tierras comunitarias, sin embargo, estas diferencias fueron
el resultado de las diferencias en la autoridad y mandato que el
Congreso estableció entre las entidades. Bajo la Ley de 1854, se le
ordenó al Agrimensor General de observar las "leyes, usos y costumbres
de España y México" al recomendar confirmación de las mercedes al
Congreso, mientras que, con la Ley de 1891 se le ordenó a la CPLC
confirmar sólo aquellas mercedes que habían sido "legalmente y
regularmente derivadas" bajo las leyes de España o de México o
cualquiera de los estados mexicanos. Como lo explicó la Corte Suprema
de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos vs. Sandoval, la
CPLC - y la Corte Suprema - al revisar las decisiones de la CPLC-se
requirió, como cuestión de derecho, que la corte actuara dentro de los
límites que el Congreso había establecido en decidir si confirmar
mercedes bajo la Ley de 1891. Debido a que la Ley de 1891 ordenó a la
CPLC aplicar estándares más estrictos que aquellos que la Ley de 1854
había establecido para el Agrimensor General, la Corte explicó que los
reclamantes debían buscar en el "departamento político" del gobierno de
los Estados Unidos -el Congreso-para dirigir cualquier queja pendiente
sobre las consideraciones de "derechos equitativos". Si la Ley de 1891
consideró apropiadamente los derechos equitativos fue una decisión
hecha al juicio de la política del Congreso en 1891 y sigue siendo eso
hasta hoy en día.
Finalmente, algunos académicos y comentadores jurídicos han cuestionado
si los procesos de confirmación legal para las mercedes de Nuevo México
satisficieron las obligaciones de Estados Unidos bajo el Tratado y la
ley internacional. Ellos sostienen que los requerimientos sustantivos
de los estatutos - los estándares que el Congreso puso para determinar
cuándo una merced debe ser confirmada - fueron inconsistentes con las
condiciones del Tratado y la ley internacional y así, aunque los
Estados Unidos cumplieran con los requerimientos estatutarios, esto no
satisficiera con todas las obligaciones del gobierno. Sin embargo, bajo
la ley de los Estados Unidos como ha sido articulada por la Corte
Suprema en el caso de Botiller vs. Domínguez y otras decisiones, las
cortes están requeridas de cumplir con las condiciones de los estatutos
federales que implementaron un tratado tal como el Tratado de Guadalupe
Hidalgo que no es auto-ejecutable (un tratado no es auto-ejecutable si
requiere poner en marcha legislación antes de ser efectivo). Si un
estatuto implementado entra en conflicto con las condiciones del
tratado, este conflicto se puede tratar sólo como materia de ley
internacional o por la puesta en práctica de legislación adicional. En
el caso del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la evidencia indica que los
requerimientos de los estatutos implementados fueron, de hecho,
llevados a cabo a través de los procedimientos del Agrimensor General y
por la CPLC. Siendo que en cualquier conflicto entre el Tratado y las
leyes de 1854 o 1891 se deberá resolver hoy día como materia de ley
internacional entre los Estados Unidos y México o por una acción
adicional del Congreso. Aunque no sugerimos que tal conflicto exista,
tal como acordado, nosotros no expresamos una opinión sobre si los
Estados Unidos satisficieron sus obligaciones del Tratado como cuestión
de derecho internacional. Por el contraste, cualquier cuestión sobre
los procedimientos específicos que el Congreso, el Agrimensor General o
la CPLC adoptaron, no pueden ser abordados bajo el Tratado o la ley
internacional sino únicamente por los requerimientos legales de los
Estados Unidos tales como los requisitos del debido proceso legal de la
Constitución, y como ha sido anotado, nosotros concluimos que estos
requerimientos se han cumplidos.
A pesar de la conformidad de los dos procesos de confirmación con estos
requerimientos estatutarios y constitucionales, los procesos fueron
ineficientes y crearon adversidad para muchos de los concesionados. Por
ejemplo, como los mismos Agrimensores Generales de Nuevo México
reportaron durante su trabajo de los primeros 20 años: ellos carecían
del lenguaje legal, la destreza analítica y los recursos financieros
para revisar los reclamos de mercedes de tierra de una forma más
efectiva y eficiente. Incluso, retrasos en las revisiones del
Agrimensor General y en las subsecuentes confirmaciones del Congreso,
significaron que algunos de los reclamos debieron ser presentados
múltiples veces a diferentes entidades bajo diferentes estándares
legales. Los procesos de reclamos podían ser onerosos incluso después
de que una merced fuera confirmada debido a la imprecisión y el costo
de la agrimensura de las tierras, un costo que los concesionados debían
acarrear por un número de años. Por política u otras razones, el
Congreso pueda que desee considerar si es que acciones subsiguientes
resulten justificadas.
Los herederos y otros cuestionan que Los Estados Unidos no protegió las
mercedes de tierras communitarias, pero Los Estados Unidos no estaba
obligado a proteger ninguna merced de tierra comunitaria no-indígena
después de su confirmación:
Algunos herederos de mercedes de tierras y defensores de la reforma de
las mercedes de tierras han expresado que los Estados Unidos fracasaron
en asegurar la posesión continua comunitaria de las tierras comunes
después de que las tierras fueran otorgadas durante el proceso de
confirmación. Ellos sostienen que el tratado de Guadalupe Hidalgo
impuso un deber en los Estados Unidos de asegurar que estas tierras no
fueran subsecuentemente perdidas por otros medios, voluntarios o
involuntarios, siendo que los Estados Unidos no tomó esta acción
protectora, ellos sostienen que los Estados Unidos no cumplió con este
supuesto deber "fiduciario" (un deber fiduciario es un deber de actuar
con el mayor grado de lealtad y en mejor interés de la otra parte). Las
áreas en acres de mercedes de tierras se han perdido, por ejemplo, por
el traspaso voluntario de tierras a terceras partes por los herederos,
por acuerdos de honorarios de contingencia entre los herederos y sus
abogados, por juicios de repartimiento que han dividido las mercedes de
tierras comunitarias en parcelas individuales, y por la pérdida de
derechos propietarios por no pagar impuestos. Algunos herederos de
mercedes de tierras también sostienen que el Tratado exenta de
impuestos de manera específica a su merced de tierra. Estas cuestiones
tienen una gran importancia práctica para los reclamantes ya que parece
que casi todos los 5.3 millones de acres de Nuevo México, que les
fueron confirmados a las 84 mercedes comunitarias no indígenas pueblo,
se perdieron entonces por transferirse de la merced comunitaria
original a otras entidades. Esto significa que los reclamantes han
perdido substancialmente más acres después del proceso de confirmación
- casi todos los 5.3 millones de acres que les fueron otorgados-que
ellos creen que han perdido durante el proceso de confirmación - los
3.4 millones de acres que ellos creen se les debieron haber otorgado y
sin embargo no se les otorgó.
Nosotros concluimos que bajo los principios establecidos por la ley
federal, estatal y local, el Tratado no creó una relación fiduciaria
entre los Estados Unidos y las comunidades concesionadas, que no son de
indígenas Pueblo en las cuales los Estados Unidos hubieran asegurado a
los concesionados la continuada posesión de las tierras confirmadas, ni
tampoco exentó tierras confirmadas a estos concesionados de los
requerimientos de propiedad locales o estatales, incluyendo pero no
limitado a responsabilidades de impuestos. Los Estados Unidos tienen
una relación fiduciaria con los indígenas Pueblo en Nuevo México y
protege las tierras comunitarias que los indígenas Pueblo obtuvieron
bajo las mercedes de tierras españolas, pero esta relación es el
resultado de una legislación específica que ubica a los indígenas
Pueblo bajo la misma protección dados a otras tribus indias, más que el
resultado de las obligaciones creadas bajo el Tratado.
Consequentemente, los Estados Unidos no tuvo un incumplimiento de
ningun deber fiduciario a los concesionados comunitarios no indígenas
pueblo.
Observaciones concluyentes y opciones posibles del Congreso en
respuesta a los demás cuestiones sobre las mercedes de tierras
comunitarias:
Como se ha detallado en este reporte, los concesionados y sus herederos
han cuestionado expresivamente por más de un siglo -particularmente
desde el final del proceso de confirmación de mercedes de tierras de
Nuevo México a inicios de los años 1900-de que los Estados Unidos no
trató los reclamos de tierras comunitarias de una manera justa y
equitativa. Como parte de nuestro reporte nos pidieron delinear
opciones posibles que el Congreso pueda querer considerar en respuesta
a los reclamos pendientes. Las posibles opciones que hemos identificado
se basan en parte en nuestra conclusión de que no parece haber una base
legal específica para el desagravio debido a que el Tratado fue
implementado en conformidad a todos los requerimientos legales
aplicables en los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso pueda
determinar que existían exigencias políticas u otras razones para tomar
una acción adicional. Por ejemplo, el Congreso puede no estar de
acuerdo con la decisión sobre Sandoval de la Corte Suprema y determine
que debe ser "anulado de manera legislativa" dirigiéndose a mercedes
afectadas adversamente por esa decisión o tomar otra acción. El
Congreso, en su criterio, también puede hallar otros aspectos del
proceso de confirmación en Nuevo México, tal como la ineficiencia y la
adversidad que se causó a muchos concesionados y que proveen de una
suficiente base para apoyar siguientes pasos en beneficio a los
reclamantes. En base a todos estos factores nosotros hemos identificado
un rango de cinco posibles opciones que el Congreso pueda querer
considerar, las cuales van desde no tomar acción adicional en este
momento, hasta hacer el pago a los herederos de los reclamantes u otras
entidades o transferir tierra federal a las comunidades. Nosotros no
expresamos una opinión, si acaso alguna o ninguna de estas opciones sea
preferible, y el Congreso pueda posiblemente considerar opciones
adicionales más allá de las aquí ofrecidas. Las últimas cuatro opciones
no son necesariamente mutuamente excluyentes y pueden ser usadas en
alguna combinación. Las cinco opciones posibles son las siguientes: :
Opción 1: Considerar no tomar acción adicional en este momento debido a
que la mayoría de las mercedes de tierras comunitarias fueron
confirmadas, la mayor área en acres reclamada fue otorgada y el proceso
de confirmación fue conducido de acuerdo a ley de los Estados Unidos.
Opción 2: Considerar reconocer que el proceso de confirmación de
mercedes de tierras pudiera haber sido más eficiente y menos oneroso y
haber impuesto menos dificultades a los reclamantes.
Opción 3: Considerar el establecimiento de una comisión u otra entidad
para reexaminar reclamos de mercedes que fueron rechazadas o no fueron
confirmadas en la totalidad del área en acres reclamada.
Opción 4: Considerar transferir tierras federales a las comunidades que
no recibieron toda el área en acres originalmente reclamados para las
mercedes de tierras comunitarias.
Opción 5: Considerar hacer pagos financieros a los herederos de los
reclamantes y a otras entidades por la ausencia de uso de tierras
originalmente reclamadas pero no otorgadas.
Como se ha acordado, en el transcurso de nuestras discusiones con los
descendientes de mercedes de tierras en Nuevo México, nosotros les
solicitamos sus observaciones de cómo ellos preferirían que se trataran
sus reclamos. La mayoría indicó que ellos preferirían tener una
combinación de las dos últimas opciones - transferencia de tierra y
pagos financieros.
[Extremo de la sección]
Capítulo 1: Introducción--antecedentes históricos y la controversia
actual:
Perspectiva general:
Desde finales de 1600 hasta 1846, España y más tarde México otorgaron
un total de 295 mercedes de tierra entre lo que ahora son los límites
de Nuevo México. Estas mercedes fueron hechas a individuos, grupos, y
pueblos para promover el desarrollo en las tierras de la frontera que
ahora constituyen el Suroeste Norteamericano. De estas 295 mercedes,
141 fueron hechas a individuos y las restantes 154 fueron hechas a
comunidades, incluyendo 23 mercedes hechas por España a indígenas
Pueblo (aldeas) en reconocimiento a las tierras comunales que la gente
Pueblo había mantenido y usado mucho antes que los pobladores españoles
llegaran. La diferencia principal entre las mercedes de tierras
comunitarias y las mercedes de tierras individuales fue que las tierras
comunes de una merced de tierra comunitaria eran mantenidas a
perpetuidad y no podían ser vendidas. Todas estas mercedes de tierras
satisfacían varios propósitos: fomentar el asentamiento, premiar a
patrones del gobierno español y crear zonas de protección entre las
tribus indias y regiones más pobladas.
Mientras España y luego más tarde México fomentaron el asentamiento a
lo largo de la frontera norte, Inglaterra estableció colonias las
cuales se iniciaban en la costa atlántica y se extendían hacia el
oeste. Los Estados Unidos, después de establecer un gobierno federal en
1789, adquirieron de manera constante tierra y promovieron la expansión
sur hacia Florida, al oeste hacia California y al norte hacia Oregon.
La relativamente facilidad con que los Estados Unidos adquirieron la
Compra de Louisiana (a través del Tratado de 1803 con Francia), los
territorios de Florida (a través del Tratado de 1819 con España), entre
otras áreas, impulsaron la adquisición de tierra por parte de Estados
Unidos y su expansión hacia el oeste. En 1845, cuando Texas logró su
calidad de estado como el estado número 28 de la nación, los intereses
territoriales de Estados Unidos, incluyendo planes para la expansión de
sus asentamientos hacia el Océano Pacífico, se enfrentaron con los
intereses territoriales de México. La guerra entre México y Estados
Unidos empezó poco después sobre el lugar de los límites entre Texas y
México, culminando así una disputa de 9 años. Eventualmente las tropas
de Estados Unidos ocuparon Santa Fé proclamando la anexión de Nuevo
México y establecieron el control gubernamental de Estados Unidos sobre
el territorio. En 1847 las tropas de Estados Unidos ocuparon la Ciudad
de México y México se rindió poco después. La guerra terminó
oficialmente con ratificación en 1848 del Tratado de Paz, Amistad,
Límites y Arreglo, comúnmente referida como el Tratado de Guadalupe
Hidalgo.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo alteró para siempre el panorama
político del continente norteamericano. Entre las provisiones del
tratado estuvo la cesión de México a los Estados Unidos, por la
cantidad de $15 millones, de vastos territorios en el suroeste, desde
California hasta Texas. Los Estados Unidos también aceptaron, bajo el
Tratado, reconocer y proteger la propiedad de los propietarios
mexicanos dentro del territorio cedido y si éstos lo deseaban, admitir
a los ciudadanos mexicanos que vivían en los territorios cedidos como
ciudadanos de Estados Unidos.
Hoy en día, 300 años después de que la primera merced de tierra fuera
hecha por parte de España en Nuevo México y 150 años después de la
firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, persisten conflictos sobre las
mercedes de tierras de Nuevo México. Muchos herederos de éstos reclaman
ser propietarios de tierras comunitarias al momento de que el Tratado
fuera ratificado y aseguran de que los Estados Unidos no cumplieron con
sus obligaciones del tratado. El efecto del alegado fracaso, mantienen
los herederos, es que los Estados Unidos, adquirieron de manera
inapropiada millones de acres de tierra para el dominio público o bien
confirmó área en acres para grupos incorrectos. Para dar asistencia al
Congreso en decidir si es que medidas adicionales pudieran ser
apropiadas en respuesta a estas cuestiones continuas y de ser así,
cuáles medidas el Congreso podría considerar, se le pidió a GAO hacer
estudiar un número de asuntos. Los resultados de este estudio relativo
a estos asuntos han sido presentados en nuestro primer reporte en
septiembre del 2001 y en este segundo y último reporte.
Nuevo México durante el Periodo Español, 1508-1821:
La llegada de Colón al continente norteamericano en 1492 anunció el
inicio por parte de España de una campaña de exploración, conquista, y
asentamiento. En 1513, Ponce de León condujo una expedición a Florida.
Seis años después, Hernando Cortés conquistó el Imperio Azteca en
México central. Para ayudar a gobernar su rápida expansión imperial
colonial, el Rey de España estableció un concejo de Indias en 1524,
fundando el virreinato de Nueva España y más tarde los virreinatos de
Perú, Buenos Aires y Nueva Granada y nombró a un virrey para que
gobernara cada región. El virrey de Nueva España gobernó desde la nueva
capital de la ciudad de México y en el siglo dieciocho nombró a un
comandante general para gobernar de manera local en cada una de las 10
provincias del virreinato, incluyendo Nuevo México y California.
Inicialmente las leyes que gobernaban el imperio provinieron de Las
Siete Partidas de España. Un compendio revisado de las leyes, conocido
como la Nueva Recopilación de las Leyes de España, las remplazó en
1567, seguido por otro compendio en 1680 -la Recopilación de las Leyes
de los Reynos de las Indias - y otro en 1805 - la Novissima
Recopilación de las Leyes de España.
La exploración de Nuevo México y el Gran Suroeste empezó en serio con
la expedición de 1540 de Francisco Vázquez de Coronado, cuya búsqueda
por oro y plata lo llevó a encuentros con las tribus nativas de la
region. Coronado encontró tribus indias que vivían en aldeas, o pueblos
(como son referidos por los exploradores españoles) que habían ocupado
por siglos. (El término pueblo también fue usado para referirse a los
indígenas que vivían en estas comunidades; estas personas fueron
referidas como los indígenas Pueblo o Pueblos). Los pueblos formaron
aldeas comunales que se habían establecido hace mucho tiempo que se
sustentaban por una rica economía agraria.
Asentamientos significativos españoles en Nuevo México se iniciaron en
1598 con el arribo de una expedición liderada por Juan de Oñate. Oñate
llegó nombrado como el primer gobernador provincial de Nuevo México. El
gobernador tenía la autoridad hacer todo lo necesario para asegurar el
funcionamiento apropiado del gobierno provincial, incluyendo la
supervisón de la fundación de los asentamientos y mantenimientos de los
legajos de documentos los cuales más tarde formaron el archivo oficial
en Santa Fé. Los legajos de los gobernadores coloniales y del Cabildo
(el consejo provincial) llegaron a ser el repositorio central para
todos los documentos oficiales, incluyendo el registro, títulos y
escrituras de traspaso. En 1609 Santa Fé se convirtió en la capital
provincial.
Desde 1610 a 1680 muchos pobladores y otros, tales como misioneros
franciscanos migraron a Nuevo México. Los pobladores vinieron a
cultivar y criar ganado y establecieron pueblos y pequeñas comunidades.
Los misioneros vinieron a convertir a los indios que vivían en la
provincia y fundaron misiones, que enseñaron a los indios cristianismo
y la cultura y el idioma español. En un esfuerzo para alentar los
asentamientos españoles y recolectar tributo, España otorgó la
encomienda a ciertas personas preferidas. Bajo el sistema de
encomienda, un colono español tenía el derecho de recolectar un tributo
anual de cada jefe de familia. Por su turno el encomendero era obligado
de defendir la provincia y catequizar a los indígenas, y recolectar
tributo de ellos.
El sistema de encomienda, el cual se sustentaba en el trabajo y la
conversión de los indios, engendró un hondo resentimiento. La gente
Pueblo pronto desarrolló un odio compartido por la encomienda y la
supresión de las prácticas religiosas Pueblo por los misioneros. En
1680, los pueblos hicieron una sublevación y en 11 días todos los
españoles que vivían en Nuevo México huyeron al área del Paso. Los
españoles finalmente regresaron a Nuevo México en 1693 y encontraron
que una parte de los archivos oficiales, que habían servido como el
repositorio central de la documentación de mercedes de tierras, junto
con los documentos privados que los españoles no habian llevado en la
evacuación de Santa Fé, había sido una de las bajas de la sublevación.
Como resultado mucho de la documentación sobre la propiedad de la
tierra en Nuevo México de aquel entonces se perdió.
El decreto de 1684, donde se nombraba a Don Domingo Jironza Petriz de
Cruzate como Gobernador y Capitán General de Nuevo México,
específicamente autorizó el otorgamiento de mercedes de tierra en Nueva
México. Así como en otras provincias, el Gobernador Cruzate era
asistido por alcaldes mayores, quienes servían en múltiples funciones,
incluyendo la investigación de nuevas peticiones de mercedes de tierra
y ubicando a los concesionados en posesión. Los alcaldes también
sirvieron como jueces de paz, jueces condicionales, comisarios,
recolectores de impuestos y capitanes de la milicia.
Desde finales de los años de 1600 hasta 1821, España otorgó mercedes de
tierras a individuos, grupos, poblados y pueblos. Estas mercedes
sirvieron varios propósitos: alentar asentamientos y las industrias
coloniales, premiar a patrones del gobierno Español y crear una zona de
protección entre las tribus indias hostiles y las regiones más
pobladas. Las mercedes que fueron otorgadas a los poblados y otros
grupos de asentamientos en Nuevo México fueron creadas bajo un modelo
similar al de las comunidades creadas en España. En España, el Rey
usualmente otorgaba mercedes de tierra a pequeños poblados adyacentes a
la comunidad para el uso común de todos los residentes del poblado.
Cada poblador recibía de manera adicional al uso común de las tierras,
unos lotes privados para la casa y el cultivo y la ganadería. A pesar
de que ni la ley española ni los documentos de las mercedes de tierras
españolas utilizaron el término "merced de tierra comunitaria" muchas
mercedes se refieren a las tierras reservadas para un uso común general
o para propósitos comunales específicos tales como la caza, pastoreo,
la recolección de madera y la recolección de agua.
Como resultado, los académicos, la literatura sobre las mercedes de
tierras y la terminología popular ha usado comúnmente la frase
"mercedes de tierras comunitarias" para denotar mercedes que reservaron
tierras comunes para el uso de toda la comunidad y nosotros hemos
adoptado este término para nuestros reportes. La referencia principal
entre las mercedes de tierras comunitarias y las mercedes individuales
fue que las tierras comunes de la merced de tierra comunitaria eran
mantenidas a perpetuidad y no podían ser vendidas o de otra manera
enajenadas. España se declaró a si misma guardián de las comunidades
Pueblo, expidiendo mercedes a estos asentamientos en reconocimiento de
su naturaleza comunitaria. El Pueblo de San Felipe, mostrado en la
figura 1, es un ejemplo de una comunidad Pueblo a la que se otorgó uno
de estas mercedes de tierra.
Figura 1: Pueblo de San Felipe, Nuevo México, c. 1880:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
El procedimiento para obtener una merced de tierra del gobernador
provincial de Nuevo México típicamente involucraba varios pasos.
Primero, los posibles propietarios enviaban una petición escrita al
gobernador describiendo el área solicitada y aseverando que se hallaba
vacante. El gobernador entonces, usualmente escribía en los márgenes de
la misma petición dirigiéndose al alcalde mayor que tenía la
jurisdicción sobre la tierra para que desarrollase un dibujo del mapa
del área de la merced propuesta, notando la distancia de asentamientos
vecinos o pueblos y reportando si es que había otras partes que hacían
peticiones adversas. Dependiendo de la información presentada por los
demandantes y el alcalde mayor, un título de la posesión sería
preparada por el gobernador y entregado por el alcalde mayor al
demandante. El alcalde mayor luego remitía un segundo reporte de estos
procedimientos, llamados "el acto jurídico" para documentar la entrega
de la posesión. Después de 4 años de posesión continua del reclamante,
la merced se hacía final. La petición, los reportes del alcalde mayor,
el título de posesión y una merced eran entonces puestas juntas en un
formato oficial llamado expediente. El expediente para una merced de
tierra comunitaria fue raramente completo ya que muchos reclamantes
preferían mantener los registros bajo su posesión de forma privada.
Además, muchos registros originales simplemente se perdieron.
Nuevo México durante el Periodo Mexico 1821-1848:
En 1821, México (incluyendo la provincia de Nuevo México) aseguró su
independencia de España con la firma del Tratado de Córdova. Agustín
Iturbide fue seguidamente elegido emperador de México y se estableció
un concilio nacional, sin embargo, una revolución botó a Iturbide luego
de un año. Los primeros 25 años de soberanía mexicana estuvieron llenos
de inestabilidad y frecuentes cambios políticos en el liderato
político, organización y leyes; por ejemplo, solamente un presidente
mexicano sirvió su periodo completo. Los cambios en los gobernantes
generalmente trajeron con ellos cambios en las leyes; por ejemplo, cada
gobierno, de manera típica, repelió o nulificó las leyes de sus
predecesores. Siendo que, aunque el Tratado de Córdova había adoptado
de manera inicial las leyes españolas existentes para nación mexicana,
los requerimientos legales cambiaron repetidamente.
Este continuo cambio en el régimen legal hizo difícil averiguar cual
oficial estuvo autorizado para otorgar mercedes de tierras en un
momento dado. Una ley de 1681 le dio esta autoridad únicamente al
gobernado provincial pero en 1813, la legislación española otorgó la
autoridad de extender mercedes a la diputación provincial (cuerpo
legislativo). En 1823 la ley de Colonización Mexicana de Iturbide
autorizó ayuntamientos a otorgar las mercedes de tierras, pero las
regulaciones expedidas en 1828 para implementar la Ley Mexicana de
Colonización retornaron toda la autoridad para crear mercedes al
gobernador.[Nota a pie de página 2] Luego, el gobierno mexicano aprobó
incluso más legislación concerniente a las mercedes de tierra. La
promulgación de estas varias leyes también creó incertidumbre sobre si
leyes más tempranas habían sido revocadas. Como lo describió, esta
situación, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el Administrador
de Ely vs. Estados Unidos, 171 U.S. 220, 223 (1898):
Pocos de los casos presentados a esta corte resultan más perplejos que
aquellos que involucran a las mercedes mexicanas. Los cambios en el
poder gobernante, así como en la forma de gobierno, fueron tan
frecuentes que existen tantas indefiniciones y ausencia de precisión en
el lenguaje en sus estatutos y ordenanzas, siendo que los modos de
procedimiento fueron en muchos respectos diferentes a aquellos a los
que estamos acostumbrados, que es muy difícil determinar si una
supuesta merced fue hecha por oficiales que en aquel entonces estaban
autorizados a fungir como el gobierno y fueron realizadas de acuerdo a
las formas del procedimiento entonces reconocidos como esenciales.
Mientras tanto, a inicios de los años de 1800, pioneros de los Estados
Unidos habían empezado a llegar a Nuevo México. En 1807 una expedición
liderada por lugarteniente Zebulon M. Pike fue alcanzada por las tropas
espanolas, detenida and escoltada sur de Chihuahua, México. Pike y sus
tropas fueron puesto en libertad en la dirección de San Antonio. Hacia
1820 el comercio se había desarrollado a lo largo del camino de Santa
Fe extendiéndose desde Independence, Missouri, al oeste de Santa Fe. En
Nuevo México los oficiales expidieron mercedes de tierras a individuos
y comunidades en un esfuerzo por acomodar a la población en expansión.
Por ejemplo, en 1835 México expidió una merced comunitaria al pueblo de
las Vegas (vea figura 2). México identificó al Gobernador de Nuevo
México como el jefe político y la diputación territorial (luego la
asamblea departamental) sirvió como la consejera colectiva principal
del gobernador. Ciudades más grandes en Nuevo México tenían
ayuntamientos. En 1837, el sistema de prefectura (jurisdicción), en
donde un prefecto administraba un área geográfica y se reportaba
directamente con el gobernador, incluyó a los sistemas de
administración llamado el ayuntamiento. Hacia 1844, Nuevo México tenía
tres prefecturas: Río Arriba en el norte, Santa Fe en el centro de
Nuevo México y Río Abajo en el sur.
Figura 2: Pueblo de Las Vegas, Nuevo México, c.1890:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
Todo lo dicho, desde el final del siglo XVII hasta mediados del siglo
XIX, España y México generaron un total de 295 mercedes de tierras-141
mercedes a individuos y 154 mercedes a comunidades incluyendo 23
mercedes a los pueblos de indios. Los pueblos de indios y muchas de las
mercedes de tierras fueron localizadas en el norte de Nuevo México. Las
mercedes de tierras comunitarias usualmente contenían suficiente tierra
y recursos de agua para facilitar los asentamientos y establecer
comunidades. Las mercedes de los pueblos de indios permitían a las
tribus indias asentadas continuar manteniendo a sus comunidades a
través de la agricultura y la cría de animales, siendo que ambas
requerían de tierra. México continuó reconociendo el carácter
comunitario de la tierra de los pueblos de indios y consideraba a sus
residentes como ciudadanos mexicanos. Siendo que el agua era una
importante mercancía en un paisaje desértico, la mayoría de estas
comunidades habían sido fundadas a lo largo del Río Grande y sus
tributarios.
La expansión hacia el oeste y el Destino Manifiesto de los Estados
Unidos:
Después del establecimiento del gobierno de Estados Unidos en 1789, los
Estados Unidos adquirieron de manera constante tierra y promovieron
asentamientos y la expansión al sur a Florida y al oeste a California.
La relativa facilidad en que los Estados Unidos adquirieron la Compra
de Louisiana y los territorios de Florida, entre otras áreas, ayudaron
a la expansión en la adquisición de tierras, asentamientos y la
expansión al lejano oeste. En 1845, John L. O'Sullivan, editor del
United States Magazine and Democratic Review acuñó la frase "destino
manifiesto" para describir lo que se volvió un movimiento nacional para
promover la expansión y el encuentro de personas "civilizadas" en su
camino. A partir de esos años, algunos de los herederos de mercedes de
tierras lucharon en contra de que esta ideología del Destino Manifiesto
que contribuyó a una forma de racismo y arrogancia en detrimento de los
mexicanos que vivían en el territorio de Nuevo México. De acuerdo con
O'Sullivan, al momento el reclamo de los nuevos territorios fue:
"por el derecho del destino manifiesto [americano] de diseminar y de
poseer todo el continente cuya Providencia nos ha dado a nosotros para
el desarrollo del gran experimento de la libertad el gobierno federal
autónomo que se nos ha confiado. Es un derecho tal como el de un árbol
con respecto al espacio del aire y la tierra, apropiado para la total
expansión de su principio y destino de crecimiento."[Nota a pie de
página 3]
O'Sullivan animó a los estadounidenses a resistir cualquier poder
extranjero que atentara a desbaratar "el cumplimiento de nuestro
destino manifiesto de propagar el continente asignado por la
Providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se
multiplican anualmente". O'Sullivan luego argumentó que tal bendición
providencial les dio a los estadounidenses el derecho de llevar los
beneficios de la democracia a lo que ellos consideraban gentes más
retrasadas, refiriéndose a mexicanos e indios y de ser necesario
hacerlo por medio de la fuerza.
Los expansionistas inicialmente pusieron en la mira establecer los
límites entre los dos océanos. Hacia 1900, sin embargo, la expansión
territorial de los Estados Unidos se había expandido más allá de las
fronteras no contiguas de Norteamérica hacia áreas tales como Hawaii,
las Filipinas y Puerto Rico. Mientras que los ciudadanos
estadounidenses celebraron su autoproclamado destino manifiesto, las
tribus indias, mexicanos y europeos, con reclamos en hemisferio
occidental, no lo hicieron. Para ellos el apoyo predominante del
público por la expansión sólo podía interpretarse como una promesa de
conflicto. Los historiadores han conjeturado que un creciente interés
sobre el futuro de la economía de los Estados Unidos quizá se haya
estado detrás de la ideología del destino manifiesto. En ese mismo
sentido, las incertidumbres puede hayan llevado a los políticos a
aseverar que una nueva dirección era necesaria y que la prosperidad de
la nación dependía de una vasta expansión de comercio con Asia. La
figura 3 representa la expansión de los Estados Unidos conforme fue
adquiriendo tierras de Francia, Inglaterra y España.
Figura 3: Representación generalizad de la expansión de los Estados
Unidos:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
La independencia de Texas, su condición de estado y las disputas
fronterizas resultantes entre Estados Unidos y México:
Disputas persistentes entre los gobiernos de México y los Estados
Unidos sobre los límites de Texas conllevaron a un deterioro de las
relaciones entre las dos naciones. España le había otorgado el reclamo
a Texas en 1519 con la expedición de Alonso Alvarez de Pineda y en 1690
se estableció como una provincia española separada con límites
indefinidos. Cuando México logró su independencia de España en 1821, en
Texas había solamente algunos asentamientos españoles - incluyendo
Laredo, Nacogdoches, La Bahía, y San Antonio. Mientras tanto, en 1820,
Moses Austin y luego su hijo Stephen Austin habían pedido a España
permiso para fundar y promover una colonia en Texas. España aprobó la
petición y la colonia probó ser exitosa y próspera. En 1824, México
combinó Texas y Coahuila como un nuevo departamento bajo sus nuevas
leyes de colonización que ofrecían mercedes de tierras liberadas, e
invitaron a más inmigrantes a Texas. El flujo de inmigrantes incrementó
la población de Texas de 3,000 en 1821 a más de 38,000 en 1836.
Inquieto por el crecimiento de una población inmigrante en 1830, México
impidió siguientes inmigraciones de los Estados Unidos. En 1835 el
general mexicano Antonio López de Santa Anna se estableció como
dictador de México. Después de que México negó otorgar la petición de
independencia de Texas e hiciera esfuerzos para reducir el tamaño de la
milicia de Texas entonces una convención de delegados de Texas declaró
su independencia del control mexicano. Santa Anna respondió con una
intervención armada. Los Texanos sufrieron una derrota inicial en el
Álamo, pero ganaron de manera definitiva en la batalla de San Jacinto.
En 1836 la República de Texas afirmó su independencia de México y en
1845 el Congreso aprobó una resolución invitando a Texas a formar parte
de la Unión como un estado. En diciembre 29 de 1845 Texas se convirtió
en el estado número 28. La figura 4 muestra el área reclamada tanto por
la República de Texas y México al momento en que Texas se convirtió en
estado.
Figura 4: Adquisición de tierra de México por los E.U. 1845-1853:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
La Guerra entre México y los Estados Unidos:
El inicio de la guerra entre México y los Estados Unidos ocurrió el 5
de Abril de 1846 cuando al general de los Estados Unidos Zachary Taylor
se le ordenó ocupar el área en disputa entre Texas y México. El
presidente James K. Polk creía que el área en disputa pertenecía a los
Estados Unidos y el 13 de mayo de 1846 declaró que existía un estado de
guerra entre los países. El general brigadier Stephen Watts Kearny
condujo al ejército del oeste de los Estados Unidos fuera del fuerte
Leavenworth, Kansas hacia la conquista de Nuevo México y California. En
agosto de 1846, mientras las tropas del general Kearny llegaron a Santa
Fe, el gobernador en funciones de Nuevo México, Juan Bautista Vigil y
Alarid, rindió oficialmente Nuevo México a los Estados Unidos.
En septiembre de 1846, el general Kearny expidió un grupo de leyes,
conocidas como el 'Código Kearny' para gobernar el territorio de Nuevo
México bajo el régimen militar. Al mismo tiempo el general Kearny
expidió una "Declaración de Derechos" emulando de manera similar a los
amparos contenidos en la Constitución de los Estados Unidos. El Código
Kearny, que estaba parcialmente basado en las leyes de México, Texas y
Missouri, proveyó el establecimiento de un gobierno liderado por un
gobernador designado y apoyado por un sistema de cortes el cual incluía
la designación de alcaldes para resolver asuntos legales menores. El
Código Kearny también estableció la Oficina de Registro de Tierras para
registrar todos los papeles y documentos en el nuevo territorio
"concerniente a tierras e inmuebles" expedidos por los gobiernos
españoles y mexicanos y que se localizaban en los archivos del pasado
gobierno mexicano en Santa Fé. Cualquier persona que reclamase tierras
en Nuevo México bajo las mercedes de tierras mexicana o española podía
llenar una notificación con el Secretario, estableciendo la naturaleza
y del reclamo e incluyendo la merced a ser registrada, la escritura de
traspaso, una orden de medición u otra evidencia del reclamo. El
reclamante podía traer a cualquier oficial autorizado de tomar
juramento de evidencia que indicara la naturaleza y extensión del
reclamo; cuánta tierra había sido plantada y habitada; el reclamo del
título y si existía todavía un documento de merced, si no, porqué o
cómo se había perdido o destruido. Si el reclamante fracasaba en
proveer evidencia escrita de la demanda o de la declaración bajo
juramento luego de 5 años a partir del 1 de enero de 1847, esa demanda
era anulada. Como se discute a bajo, el Congreso habilitó otra
legislación que se inició en 1850 y que le siguió al Código Kearny.
Mientras tanto, poco después de que se inició la guerra en 1846, los
militares se movieron a California. El 10 de enero de 1847, el general
Kearny y el Comodoro Robert E. Stockton capturaron Los Ángeles. En 1848
el descubrimiento de oro en California precipitó uno de los movimientos
poblacionales no antes visto en la historia. Cientos de miles de
personas de todas partes del mundo llegaban en abundancia a California
presentando reclamos de tierras que habían sido previamente ocupadas
por mexicanos. Abrumados por esto, los gobernadores militares
estadounidense en California tomaron los pasos necesarios para proteger
la propiedad de tierra de mexicanos hasta el establecimiento de un
Tribunal de los Estados Unidos que confirmara los títulos de tierra. En
el ínterin los reclamantes fueron aconsejados de hacer medir sus
tierras por un agrimensor calificado.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848):
En agosto de 1847, después que el ejército de los Estados Unidos
ocupara la Ciudad de México, el general mexicano Santa Anna aceptó
entrar en negociaciones para un tratado de paz. El presidente Polk
designó a Nicholas P. Trist para negociar el tratado con México y lo
proveyó con instrucciones específicas y una copia del tratado
propuesto. Luego, tal como ahora, la ley internacional generalmente
requiere que, la soberanía sucesora reconozca los derechos de propiedad
de los ciudadanos de la pasada soberanía en la misma medida en que han
sido provistas bajo las leyes y prácticas del soberano previo.[Nota a
pie de página 4] El tratado propuesto entre México y Estados Unidos no
contenía provisiones explícitas referidas al reconocimiento de las
mercedes de tierras españolas y mexicanas, sin embargo las
instrucciones de Trist especificaban que si el tema de las mercedes era
visto durante las negociaciones, se podía incluir una cláusula,
modelada en base al tratado de la Compra de Louisiana de 1803. El
Articulo III del tratado de la Compra de Louisiana entre Estados Unidos
y Francia preveía que los "habitantes de los territorios adquiridos
debían incorporarse a los Estados Unidos y admitidos, tan pronto como
fuera posible, de acuerdo a la Constitución Federal, para el disfrute
de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos
estadounidenses. Mientras tanto, ellos debían ser mantenidos y
protegidos en su libertad, propiedad y religión.[Nota a pie de página
5]"
El gobierno mexicano cuestionaba la propuesta del tratado de los
Estados Unidos de que no proveyera la protección suficiente para la
propiedad y otros derechos de los ciudadanos que ahora residían en el
territorio estadounidense. Las instrucciones dadas a los negociadores
mexicanos los orientaban a lograr varias protecciones para esos
intereses, específicamente el logro del status de Estado o Territorio
para las tierras transferidas ; preservación del territorio y otros
derechos de los mexicanos que se convertirían en ciudadanos de los
Estados Unidos y continuaran residiendo en las tierras adquiridas, así
como los derechos de los mexicanos que residían fuera de dichas
tierras; inmediata ciudadanía estadounidense para los habitantes de las
tierras adquiridas; reconocimiento de la validez y efecto de las
concesiones de tierras; y protección de la Iglesia Católica y
mantenimiento de los católicos residentes en los Estados Unidos y las
entidades eclesiásticas en México.
Los esfuerzos iniciales de Trist para negociar un tratado no fueron
exitosos y el presidente Polk lo mando llamar de México. Trist
desobedeció las órdenes del presidente, sin embargo, durante los varios
meses siguientes negoció un boceto del tratado que se basó en parte en
la versión mexicana que contenía muchas de las metas de los
negociadores mexicanos. Por ejemplo, la versión preliminar del Artículo
VIII de Trist protegía la propiedad de los antiguos ciudadanos
mexicanos que elegían residir en el nuevo territorio de los Estados
Unidos, permitiéndoles vender su propiedad y dejar el territorio sin
pagar impuestos de los procedimientos. El Artículo VIII también proveyó
de protecciones para la propiedad de los mexicanos que no residían en
el territorio y les dio a las personas restantes en el territorio un
año durante el cual podían determinar si ellos deseaban convertirse en
ciudadanos estadounidenses o permanecer como ciudadanos mexicanos
expatriados viviendo en los Estados Unidos. Si tal determinación no era
hecha, todos los mexicanos viviendo en el territorio cedido se
convertirían automáticamente en ciudadanos de los Estados Unidos.
La versión preliminar del Artículo IX de Trist, similar al artículo III
del tratado de la Compra de Louisiana proveyó que las personas que
eligieran ser ciudadanas estadounidenses bajo el Artículo VIII se
convirtieran en ciudadanos de los Estados Unidos tan pronto como fuera
posible y que gozaran de todos los derechos y beneficios de la
ciudadanía. Mientras tanto, el boceto establecía que "su libertad,
propiedad y derechos civiles deberían ser mantenidos y protegidos." La
versión preliminar del Artículo X de Trist hacía una referencia
específica a las mercedes de tierras mexicanas y establecía que las
mercedes hechas por el gobierno mexicano u otra autoridad competente
serían respetadas en la misma medida tal como si el territorio
adquirido se hubiera mantenido bajo el mandato mexicano. De manera
adicional, los concesionados de tierras en Texas que no hubieran podido
satisfacer todas las condiciones de sus mercedes por causa de los
conflictos entre México y Texas que se les proveyeran de tiempo
adicional para satisfacer esas condiciones. Una oportunidad similar le
fue provista, con respecto a las mercedes localizadas en las áreas
cedidas a los Estados Unidos bajo el Tratado, incluyendo Nuevo México y
California. Estas dos provisiones conciernen a las mercedes incompletas
que se sustentaban en lenguaje del tratado de 1819 entre Estados Unidos
con España para la compra de Florida.[Nota a pie de página 6]
Aunque Trist excedió su autoridad al continuar negociando con México,
el presidente Polk aceptó la mayor parte del boceto por ser
esencialmente consistente con la propuesta original que él le había
dado. El presidente Polk sin embargo, no aceptó el artículo X, el cual
se refería a las mercedes de tierras mexicanas y envío el tratado al
Senado de los Estados Unidos para su aprobación con una recomendación
de rechazo del Artículo X.[Nota a pie de página 7] El presidente Polk
cuestionaba el Artículo X porque el creía que abriría nuevamente la
cuestión de la propiedad de tierras en Texas que habían sido
consideradas como establecidas una vez que Texas se había
independizado de México en 1836. El Senado, que también considerado que
Trist se había excedido su autoridad, aprobó el Artículo VIII, enmendó
el Artículo IX y rechazó el Artículo X.[Nota a pie de página 8]
Tal como fue aprobado, el Artículo VIII, entre otras cosas menciona:
las propiedades de todo género existentes en los expresados territorios
y que pertenecen ahora a mexicanos no establecidos en ellos serán
respetados inviolablemente. Sus actual dueños, los herederos de éstos,
y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato las
indicadas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplia
garantía como si perteneciesen a cuidadanos de los Estados Unidos."
En relación al Articulo IX, como se especificó en las instrucciones
originales del presidente Polk, el senado substituyó una provisión
basada en el Artículo III del tratado de la Compra de Louisiana y los
Artículos V y VI del tratado de la Compra de Florida. Modificaciones
del Artículo IX aseguró que las personas que no preservaron su
nacionalidad mexicana hubieran, en momento adecuado - cuando los
respectivos territorios fueran admitidos como estados de Estados
Unidos-se convirtieran ciudadanos de los Estados Unidos y gozaran de
todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses bajo la
Constitución de los Estados Unidos. Hasta ese entonces, las personas
"serán mantenidas y protegidas en el goce de su libertad y propiedad y
aseguradas en el libre ejercicio de su religión sin restricción
alguna." El Artículo IX también fue modificado para hacer claro que era
el Congreso, en vez del presidente, el que decidía cuándo los
habitantes de un territorio deberían hacerse ciudadanos de los Estados
Unidos. Para las personas que vivían en el territorio de Nuevo México,
este status de ínterin duraría 62 años, hasta que Nuevo México y
Arizona alcanzara su calidad de estado en 1912. Personas que vivieran
en California podían convertirse en ciudadanos de Estados Unidos mucho
antes, ya que California se convirtió en estado en 1850.
Con estas revisiones - y con la provisión, entre otras cosas, del pago
de los Estados Unidos de $15 millones a México y la presunción de los
Estados Unidos por más de 3.2 millones de reclamos en contra de
México[Nota a pie de página 9] - el Senado aprobó el tratado, el
Presidente lo ratificó y fue enviado de vuelta a México para su
ratificación.[Nota a pie de página 10] Sin la seguridad de si México
ratificaría el Tratado tal como fue modificado, los Estados Unidos
enviaron a dos comisionados a México para explicar las revisiones que
los Estados Unidos habían hecho al Ministro Mexicano de Asuntos
Exteriores. Los comisionados expidieron una nota explicatoria al del
Secretario de Estado Buchanan; la nota específicamente se dirigía al
lenguaje en el Artículo IX, que designaba al Congreso, como la rama
del gobierno de Estados Unidos que decidiría cuándo un territorio
sería incorporado a los Estados Unidos. La nota establecía que "no se
puede dudar" que el Congreso "siempre ejercitará el poder tan pronto
como la condición de que los habitantes de cualquier territorio
adquirido sea dada de manera apropiada..el Congreso nunca dará oídos
sordos a la gente ansiosa de disfrutar el privilegio de
autogobernarse. Sus solicitudes para convertirse en un Estado de la
Unión serán otorgadas al momento que pueda darse de manera segura.
[Nota a pie de página 11]" Al explicar la eliminación del Artículo X,
el secretario Buchanan dijo que no sería autorizado y sería injusto
que los Estado Unidos perturbara el título de tierras en Texas al
permitir que mercedes en condiciones incompletas se llevaran a cabo. De
manera similar, el secretario explicó que sería injusto revivir títulos
obsoletos de tierra de esta manera en la región superior a California
y Nuevo México. Él estableció que los Artículos VIII y IX aseguraban
la propiedad de cualquier tipo de pertenencia de los mexicanos ya sea
que ésta fuera mantenida por las mercedes mexicanas u otro tipo.
Basados en la recomendación del Presidente mexicano, ambas cámaras del
Congreso mexicano aprobaron el Tratado tal como había sido modificado
por los Estados Unidos. Los comisionados de Estados Unidos luego
tuvieron conferencias con sus contrapartes mexicanas para discutir el
significado de estas modificaciones. En las conferencias los mexicanos
presentaron un boceto de protocolo, conocido como el Protocolo de
Querétaro, resumiendo lo que ellos creían eran las explicaciones de las
revisiones.[Nota a pie de página 12] El Ministro Mexicano de Asuntos
Exteriores estableció que con estas explicaciones el gobierno mexicano
procedería a ratificar el tratado tal como había sido modificado por
los Estados Unidos. Dos de las tres provisiones del Protocolo
refirieron a las mercedes de tierras. La primera provisión explicó la
revisión del Artículo IX y la substitución del lenguaje basado en el
tratado de la Compra de Louisiana y que contiene todos los privilegios
y garantías que los habitantes de los territorios cedidos hubieran
gozado bajo el artículo IX tal como fue establecido en el boceto
original por el Sr. Trist. La segunda provisión del Protocolo está
relacionada con el fallo del Artículo X por parte de los Estados
Unidos. El Protocolo explicó que no intentaba anular las mercedes de
tierras y que las mercedes mexicanas preservaban "el valor legal que
tengan, los concesionarios pueden hacer valer sus títulos legítimos
ante los tribunales americanos." Títulos legítimos de cualquier clase
de propiedad de California y Nuevo México, tanto reales y de propiedad
privada que fueran adquiridos antes de los inicios de la guerra entre
México y Estados Unidos en 1846, eran considerados títulos legítimos
bajo la ley Mexicana, según lo establecía el Protocolo.
Cuando el Congreso mexicano no presentó objeciones al Protocolo, el
Presidente de México procedió a presentar todos los instrumentos de
ratificación del Tratado, incluyendo el Protocolo a los comisionados de
los Estados Unidos. Sin embargo, el Protocolo no había sido incluido en
la ratificación de los documentos presentados por los Estados Unidos a
México (no se había hecho todavía el bosquejo), ni se había incluido,
por parte del Presidente Polk, el Protocolo en los documentos
concernientes a la ratificación cuando buscó fondos del Congreso para
implementar el Tratado. Algunos miembros del Congreso cuestionaban el
significado del Protocolo y preguntaban si es que modificaba el
Tratado. La posición de la administración era que el Protocolo no era
parte del Tratado y que su contenido de ninguna manera modificaba al
Tratado. México, por otra parte, consideraba que el Protocolo era una
parte esencial del Tratado y una razón principal por la cual había sido
ratificado. En un intercambio de notas entre uno de los comisionados de
Estados Unidos, Nathan Clifford, y el nuevo embajador de México en
Washington, el Sr. Clifford presentó tres asuntos en que ambos países,
desde la perspectiva del Sr. Clifford, habían logrado un acuerdo: (1)
El protocolo no era una adición al Tratado; (2) este no cambiaba o
modificaba el Tratado; (3) el Protocolo era una interpretación correcta
del tratado. El tercer punto de Clifford causó su retiro y los Estados
Unidos informaron a México que la declaración del Sr. Clifford no
representaba la posición de los Estados Unidos. México siguió
manteniendo que el Protocolo era una interpretación correcta del
Tratado y estas interpretaciones conflictivas han continuado hasta el
presente. Por lo tanto, bajo la ley de los Estados Unidos, los
Artículos VIII y IX del Tratado presentan las protecciones de propiedad
dadas a los mexicanos en los nuevos territorios adquiridos con el
Artículo VIII, siendo la fuente primaria de la protección de propiedad
del Tratado en el periodo ínterin antes de que la calidad de estado le
fuera otorgada a los territorios.
El Tratado de la Compra de Gadsden (1853):
Después a las negociaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mexicanos
de rango bajo y oficiales de Estados Unidos llegaron a un compromiso en
dónde delimitar los límites dividiendo los dos países en aquellos
lugares donde el Tratado había dejado sin resolver. El gobierno de los
Estados Unidos rechazó este compromiso por varias razones. Primero,
ingenieros habían aconsejado que la ruta más directa y práctica para el
ferrocarril transcontinental del sur, que se extendía desde El Paso a
California, quedara al sur del límite del compromiso. Segundo, los
Estados Unidos deseaban estar liberados de las obligaciones del
Artículo XI del Tratado para prevenir ataques de los indios en los
asentamientos mexicanos en los Estados Unidos al costado del borde.
Tercero, los Estados Unidos querían tener más seguridad de sus derechos
del tránsito a través del Istmo de Tehuantepec, el cual acortaba
significativamente los viajes entre los Océanos Atlántico y Pacífico.
El descubrimiento de oro en California hizo este atajo más apremiante.
Para resolver estos problemas, los Estados Unidos y México iniciaron un
nuevo tratado en 1853. Bajo este tratado, popularmente conocido como el
tratado de la Compra de Gadsden (nombrada debida al negociador
estadounidense James Gadsden[Nota a pie de página 13]), los Estados
Unidos compraron alrededor de 29 millones de acres de tierra de México
por $10 millones adicionales. Los Artículos V y VI del Tratado de la
Compra de Gadsden se refería específicamente a mercedes de tierras que
habían sido hechas dentro de esta área y el Artículo V hacía las
provisiones de la propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo aplicable
a esta compra adicional de tierra. A diferencia de las provisiones de
propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sin embargo, el Artículo VI
del Tratado de la Compra de Gadsden proveyó que las mercedes mexicanas
no sean consideradas válidas que no hayan sido "situadas y debidamente
registradas en los archivos de México."[Nota a pie de página 14]
La organización del nuevo territorio de los Estados Unidos y los
procedimientos para resolver los reclamos de mercedes de tierras:
Después de la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el
gobierno de los Estados Unidos decidió permitir a los gobiernos locales
permanecer en operación hasta que el Congreso pudiera establecer
gobiernos territoriales en las nuevas tierras adquiridas. Bajo el
compromiso de 1850 - una serie de leyes del Congreso aprobadas durante
agosto y septiembre de 1850 - el Congreso proveyó, entre otras cosas,
para la compra federal de Tejas del área este del Río Grande, que
estaba incluida como parte del territorio de Nuevo México. El Congreso
también proveyó con la creación de los Territorios de Utah y Nuevo
México y la admisión de California en la Unión como el estado número
31.
En 1851 el Congreso aprobó la legislación implementando las provisiones
de protección de propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en
referencia a las mercedes de España y México en California. El Congreso
se centró primero en la mercedes de tierras de California porque quería
incentivar los asentamientos de tierra de dominio público ahí. Desde
finales de los años de 1700 el gobierno de los Estados Unidos ha hecho
tierras federales disponibles para la propiedad de los colonos, una
política que necesitó primero la identificación de cuáles tierras le
pertenecían a los Estados Unidos. La necesidad de efectuar esto se
volvió más urgente en California cuando se descubrió oro ahí en 1848 -
el mismo año en que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado - y
movilizó una multitud de gente en el territorio con la esperanza de
hacer sus fortunas. Para el 9 de septiembre de 1850, cuando California
fue admitida en la Unión, tenía una población de alrededor de 92,600
personas y para el 3 de marzo de 1851 el Congreso promulgó la Ley de
1851.[Nota a pie de página 15] La Ley de 1851, discutida en mayor
detalle más abajo, implementó las provisiones de protección de
propiedad del Tratado en California al crear una comisión de tres
personas para evaluar los reclamos de tierra españoles y mexicanos a
lo largo del estado. El proceso también resultó en la identificación
de las tierras que habían sido parte del dominio público de los Estado
Unidos, porque todas las tierras adquiridas bajo el Tratado que no
fueron cubiertas por las mercedes de tierras se convirtieron en parte
del dominio público.
Por comparación, la necesidad de acordar sobre la propiedad de la
tierra en Estados Unidos y sobre los reclamos de mercedes de tierras en
Nuevo México - con menor población y menos recursos naturales que
California - fue visto como menos urgente y fue presentado al Congreso
tres años más tarde en 1854. Ese año, el Congreso habilitó la ley de
1854. El primero de dos estatutos principales referidos a las mercedes
de tierras en el Territorio de Nuevo México.[Nota a pie de página 16]
La ley de 1854, discutida después también en este capítulo, creó la
Oficina del Agrimensor General de Nuevo México. Además de la rutina de
la agrimensura del nuevo territorio adquirido, como lo hizo su
compañero el Agrimensor General en California,[Nota a pie de página
17] el Agrimensor General de Nuevo México fue encargado, con la ley
1854, con la considerable responsabilidad de evaluar reclamos de
mercedes de tierras privadas y recomendando si el Congreso debía
confirmar las mercedes.
Factores que contribuyen a sistemas diferentes de posesión de tierras
entre México y Estados Unidos:
La adquisición y el asentamiento de los Estados Unidos en Nuevo México
a mediados de los años de 1800 conjuntaron dos distintas sociedades que
diferían en idioma, administración gubernamental, sistemas legales y
patrones de asentamiento. En su mayor parte, Nuevo México consistía en
un área poblada de forma dispersa de comunidades de subsistencia
agrícola hispanohablantes. Excepto por algunos pocos mas grandes
asentamientos como Santa Fé, los residentes no estaban familiarizados
con el idioma inglés y las costumbres estadounidenses. El sistema legal
de Nuevo México, que consistía en códigos y leyes españolas y
mexicanas, descansaban mayormente en la ley sustentada en la costumbre
para resolver conflictos. Debido a que pocos individuos con
entrenamiento legal vivían en Nuevo México, los oficiales locales tales
como el alcalde mayor, usualmente servían como jueces informales para
resolver disputas de la comunidad a través de la conciliación y el
compromiso. Por el contrario el sistema legal de Estados Unidos
introducido en el Territorio de Nuevo México permitió a los individuos
resolver ciertos tipos de disputas a través de un juicio formal ante un
juez, algunas veces con la presencia de un jurado y con la oportunidad
de interrogar a testigos. Aunque este sistema incorporó los valores
característicos centrados en el individuo de la sociedad de los Estados
Unidos, en parte se difieren de los valores centrados en la comunidad
predominantes en Nuevo México antes de su adquisición por Estados
Unidos.
La tenencia de la tierra y los patrones de propiedad también difieren
de aquellos de Nuevo México. El sistema de tenencia de la tierra en
Estados Unidos estaba basado en la observación de la superficie de la
tierra como una cuadrícula imaginaria desplegada sobre una hoja de
papel. La cartografía y la medición eran usadas para identificar las
características físicas de un terreno en particular. Las medidas
exactas de cada terreno eran identificadas y ubicadas en un mapa. La
propiedad de la tierra era en primera instancia "dominio absoluto" que
es el derecho más amplio permitido por la ley de Inglaterra y Estados
Unidos. Los títulos de tierra fueron registrados en las oficinas de
gobierno local las cuales facilitaban el uso de la tierra como
mercancía que podían ser comprados y vendidos. De manera contrastante
el sistema español y mexicano, por el contrario tenía su origen en el
sistema rural de base comunitaria de tenencia de la tierra que había
prevalecido del sistema medieval europeo. El sistema de tenencia de la
tierra no estaba basado en un dominio absoluto de la propiedad sino más
bien era visto en su relación a la comunidad, sin embargo los terrenos
individuales podían ser vendidos después de que la tierra hubiera sido
usada y habitada por un número de años. La tierra era primeramente
usada para mantener a la población local, más que como una mercancía a
ser intercambiada o vendida en un mercado competitivo. Los límites de
la tierra estaban definidos en referencia a mojones de propiedades
adyacentes y no se emplearon métodos estandarizados para la agrimensura
de la tierra. A veces estos mojones eran difíciles de localizar. Los
registros españoles y mexicanos también carecían de la precisión del
sistema de Estados Unidos y frecuentemente la transferencia de la
tierra nunca era registrada en los archivos locales haciendo difícil
que el dueño lo pudiera comprobar.
La legislación de la Comisión de California (Ley de 1851):
En julio de 1848, el Comité de Tierras Públicas del Senado de los
Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en el cual estipulaba que tres
miembros de la comisión y el Agrimensor General investigaran y
reportaran al Congreso, dentro de 2 años, de todos los reclamos de
tierras privadas de California. Cuando el proyecto de ley fue
considerado en 1849, el senador Thomas Hart Benton ofreció un proyecto
de ley substituto en el cual autorizaba la satisfacción de los reclamos
con un registro de títulos de tierras. Todos los reclamos cumplidos
serían automáticamente reconocidos a menos que el procurador de los
Estados Unidos cuestionará la validez de la merced en la corte de
distrito de los Estados Unidos, siendo final la decisión de la corte
para las mercedes valorizadas en menos de $5000. El Senador Benton
creía que este procedimiento era necesario si los Estados Unidos iban a
honrar su compromiso bajo el Artículo VIII del Tratado que las mercedes
de México y España "serán respetadas inviolablemente." Ninguna de estas
propuestas de ley pasaron al Senado y ninguna legislación siguiente fue
introducida hasta después de que California se convirtiera en estado en
1850.
Mientras tanto, para reunir información concreta sobre mercedes de
tierras en California para la consideración del Congreso, se comisionó
a un oficial militar, el Capitán William Hallek, recopilar información,
incluyendo datos de los archivos del anterior gobernador mexicano y las
leyes y regulaciones que se trataban de las mercedes de tierras
públicas, y las propiedades de las Misiones de California. El capitán
Hallek completó su reporte y el presidente Fillmore lo reenvió al
Congreso. Al mismo tiempo, el Secretario del Interior designó al yerno
del senador Benton, William Jones, para que examinara los registros en
los archivos en California y si el tiempo lo permitía, en la ciudad de
México y Nuevo México, observando por el carácter y extensión de los
títulos de las mercedes de tierras en el área en acres adquirida por
los Estados Unidos. El Sr. Jones debía preparar un detallado informe
sobre cada merced de tierra, incluyendo su fecha y área, nombre del
comisionado original, el oficial que le otorgó la merced y la fecha de
aprobación por parte de legislatura territorial. Al Sr. Jones también
se le solicitó separar mercedes bona fide de aquellas que el
consideraba cuestionables y estudiar tierras de las misiones y títulos
indios. El presidente Fillmore transmitió el reporte de Jones al
Congreso en 1850.
El reporte del capitán Halleck concluyó que la mayor cantidad de
títulos de tierras reclamados en California, otorgados tanto por España
y México, eran dudosos. Por lo tanto el urgió de que las mercedes de
tierras fueran examinadas a través de un proceso de un juicio, en el
cual se examine la validez de las mercedes de acuerdo a la ley de
México. Halleck hizo notar que muchas de las mercedes tenían límites
indefinidos, contenían el doble del área en acres autorizado por la
merced y no habían sido aprobadas o remitidas a la legislación
territorial de acuerdo a la ley de México. El halló que las restantes
tierras de misiones que habían sido propiedad de México se habían
convertido en parte del dominio público de los Estados Unidos después
del Tratado. Halleck urgió que este procedimiento fuera establecido
para asegurar la inmediata y definitiva resolución de los reclamos de
tierras en el nuevo estado.
En contraste el Sr. Jones halló que las mercedes mexicanas y españolas
en California tenían "en su mayoría títulos perfectos." Al otorgar tal
cantidad de mercedes se fracasó en la adherencia a los procedimientos
mexicanos, Jones notó que antes a posesión de Estados Unidos,
California había sido un estado subdesarrollado y que las formalidades
legales habían sido mayormente ignorados. En conformidad con las más
altas autoridades mexicanas, la costumbre remplazó la ley escrita.
Jones recomendó que se realizara una medición y que los títulos fueran
rápidamente confirmados una vez hechas las agrimensuras. Jones creía
que debía haber un supuesto de validez para las mercedes mexicanas y
que el gobierno debía oponerse sólo a aquellas mercedes sobre las
cuales tenía una razón para creer que eran inválidas.
Los senadores usaron los reportes de Jones y Halleck para apoyar
proyectos de ley rivales concernientes a los títulos de tierras de
California. Después de que California se convirtió en estado, el
senador Benton reintrodujo su propuesta de legislación de los títulos
de tierras con derecho apelación a una corte federal de distrito. Los
senadores Gwin y Freemont auspiciaron un proyecto de ley alternativo
creando una comisión de tres miembros para evaluar la validez de los
títulos de mercedes de tierras con un representante de los Estados
Unidos que debía estar presente en las reuniones de la comisión y
apelaciones de las decisiones de la comisión estar permitido en la
corte federal de distrito y en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El senador Gwin por lo general deseaba que la comisión fuera similar a
aquella de la resolución de reclamos de tierras durante la Compra de
Louisiana, sin embargo, el senador Benton, creía que tener a un agente
de los Estados Unidos presente en las reuniones de la comisión
conllevaría a una confiscación de facto de los títulos de tierras
mexicanos y se notó que no ha habido un agente de los Estados Unidos
presente en las audiciones de comisiones en la Compra de Louisiana.
Finalmente el proyecto de ley Gwin-Freemont fue aprobado por el Senado,
siguiendo por la Cámara de Representantes (sin registro de debate) y el
proyecto de ley fue promulgado como la Ley de 1851. Como se ha hecho
notar arriba, la ley de 1851 estableció una comisión de tres personas
cuyos miembros eran señalados por el presidente con el consejo y con
consentimiento del senado. El estatuto ordenaba "cada y cualquier
persona que reclame tierras en California por virtud de cualquier
derecho o título derivado del gobierno español o mexicano" presentará
un reclamo por aquellas tierras a la comisión en el transcurso de dos
años a partir de la promulgación del estatuto. Fallar en presentar un
reclamo en ese periodo de tiempo resultará en que las tierras deban ser
"juzgadas, retenidas y consideradas como parte del dominio público de
los Estados Unidos..". Los comisionados se reunirán "en sesión donde y
cuando será dirigido por el Presidente de los Estados Unidos" y "darán
debida noticia pública" de sus sesiones, aunque el estatuto no
especifique cómo esta noticia deba ser dada. Un agente de los Estados
Unidos señalado por la presidencia "entendido en y competente en los
idiomas español e inglés" deberá presentarse a todas las reuniones de
la Comisión para que "supervise los intereses de los Estados Unidos".
La ley ordenaba al agente de los Estados Unidos que debía "recopilar el
testimonio a beneficio de los Estados Unidos" y asistir a cualquier
testimonio de un reclamante.
Los comisionarios estuvieron autorizados para tomar juramento a
testigos, examinar ellos mismos a testigos y testimonios antes que la
comisión los transcribiera. Los comisionarios también tenían que
nombrar a un secretario de la comisión que debía actuar como un
intérprete, mantener los registros de los procedimientos y, bajo pedido
del agente de los Estados Unidos, el procurador local de los Estados
Unidos o cualquier reclamante, expedir citaciones de presencia de
testigos antes que la comisión o cualquier comisionado. Aunque el
proceso de la comisión nominalmente involucraba a representantes de
ambas partes - el reclamante y el gobierno de los Estados Unidos-la
Corte Suprema ha reconocido que la Comisión fue "un cuerpo
administrativo y no una corte" y ha caracterizado a los procedimientos
de la Comisión como "no adversos".[Nota a pie de página 18] Tanto el
reclamante como los Estados Unidos (a través del procurador local de
los Estados Unidos) podían apelar a la decisión de la Comisión a la
corte de distrito de Estados Unidos, siendo que la corte podía
considerar tanto la evidencia presentada a la Comisión, así como nueva
evidencia. Cada una de las partes luego podía apelar la decisión a la
Corte Suprema de los Estados Unidos.
En decidiendo la validez de un reclamo, la Ley de 1851 dirigía, tanto a
la Comisión como a las cortes, usar los estándares legales contenidos
en las siguientes fuentes: los términos del Tratado de Guadalupe
Hidalgo, "la ley de las naciones" (ley internacional), "la leyes, usos,
y costumbres del gobierno del cual la demanda es derivada" (España o
México), "los principios de equidad"[Nota a pie de página 19] y "en la
medida que estas sean aplicables" las decisiones de la Corte Suprema
de los Estados Unidos. De manera adicional, la Ley proveía que si un
reclamante "aprobaba debidamente" que una ciudad, pueblo o poblado
había estado en existencia desde julio de 1846, esta prueba debía
considerarse como prima facie (presunta) evidencia de una merced para
pueblo para el cual se había hecho la merced[Nota a pie de página 20].
Como se ha hecho notar, cualquier tierra para la cual los reclamos se
hubieran negado por la Comisión o las cortes, o para cuyos reclamos no
se hubieran presentado antes de la fecha legal límite de dos años,
fueron juzgadas como parte del dominio público de los Estados Unidos
disponible y puestas para su distribución para los colonos. Para
reclamos que fueron confirmados, la merced debía ser medida por el
Agrimensor General de California y la medición remitida a la Oficina de
Tierras Generales del Departamento del Interior la cual expedía una
"patente" al reclamante.
La Ley de 1851 proveyó de desafíos para terceras partes con respecto a
la propiedad de mercedes de tierras en por lo menos dos diferentes
puntos del proceso de confirmación de las mercedes de tierras. Esto
resultó ser el recurso para las comunidades o individuos que creyeron
que ellos tenían títulos superiores de mercedes a evaluarse por la
Comisión. Primero, la Sección 13 de la Ley especifica que después que
una merced ha sido confirmada pero antes que la patente sea expedida,
una tercera parte puede presentar un juicio en la corte federal de
distrito. La corte decidirá cual de los dos reclamantes mantiene el
título, mientras tanto la corte puede expedir un mandato cautelar
temporal reteniendo la expedición de la patente. Segundo, la Sección 15
de la Ley especifica que las decisiones de propiedad, de ya sea, por
parte de la Comisión o de las cortes de apelación, deban ser
concluyentes en los Estados Unidos y en los reclamantes que han
aparecido ante la Comisión: "los decretos finales rendidos por los
dichos comisionados o por la Cortes de Distrito o la Corte Suprema de
los Estados Unidos, o cualquier patente que sea generado bajo este acto
será conclusive solamente entre los Estados Unidos y los dichos
reclamadores y no deba afectar los intereses de terceras
personas.[Nota a pie de página 21]" Originalmente, las cortes
interpretaron la sección 15 para referirse a las decisiones de la
Comisión donde se les asoció únicamente con personas con mercedes
"imperfectas" (incompletas) que habían presentado un reclamo con la
Comisión.[Nota a pie de página 22] No se creyó que las decisiones
estuvieran asociadas a una persona con mercedes perfectas, ya que se
pensó que la Ley de 1851 no requería de estas personas para presentar
un reclamo a la Comisión para poder confirmar el título a sus tierras.
[Nota a pie de página 23] En Botiller v. Dominguez, 130 U.S. 238
(1889), sin embargo, la Corte Suprema sentenció que incluso personas
con mercedes prefectas debían presentar sus reclamos con la Comisión a
través de la Ley de 1851 dentro de los dos años de plazo. El efecto
práctico de la sentencia Botiller fue que las decisiones de la
Comisión son obligatorias a todas las partes, no importando el hecho
de que los términos de la sección 15 parecían indicar otra cosa.[Nota
a pie de página 24]
Las primeras varias décadas de las decisiones de la Corte Suprema en
que revisó apelaciones de la Comisión de California fueron bastante
liberales al aprobar reclamos de mercedes de tierras, e incluso en
ocasiones, la Corte la dispensó de condiciones esenciales para la
obtención de un título válido bajo la ley mexicana.[Nota a pie de
página 25] Desde la perspectiva de la Corte, los Estados Unidos tenían
un deber afirmativo, bajo el Tratado, de establecer la validez de las
mercedes, en vez de ser una entidad "litigante conflictiva" ante la
Comisión, los Estados Unidos estaban motivados para alcanzar
información que permitiera sobrellevar esta obligación del
reconocimiento de los títulos auténticos.[Nota a pie de página 26] En
1889, sin embargo, después de casi 40 años de decisiones liberales en
California, la Corte Suprema empezó a aplicar un escrutinio mayor en
la evaluación de mercedes de tierras. En el caso Botiller, anotado
arriba - el cual un comentador lo ha descrito como "marca[ando] el
decenso del activismo judicial para la protección de las mercedes de
tierras españolas y mexicanas,"[Nota a pie de página 27] la Corte
Suprema de los Estados Unidos revocó a la Corte Suprema de California
y declaró que la Ley de 1851 requería reclamos para todas las mercedes,
perfectas e imperfectas, a ser presentadas dentro del plazo de dos
años. La corte de Bollier explicó que el Tratado de Guadalupe Hidalgo
podía ser implementado en los Estados Unidos solamente a través de una
acción del Congreso y por reclamos en California, esto significa que
si los términos de la Ley de 1851 entrasen en conflicto con los
términos del Tratado, la ley prevalecería.[Nota a pie de página 28]
También, alrededor de este tiempo, como se ha discutido en el capítulo
2, el Congreso empezó a creer que un número fraudulento de reclamos
habían sido aprobados tanto en California y Nuevo México. Estos y
otros cuestionamientos llevaron, eventualmente, a la creación de una
corte especial de tierra, la Court of Private Land Claims (discutida
abajo), la cual el Congreso le ordenó aplicar estándares legales más
estrictos para evaluar los reclamos de mercedes de tierras en Nuevo
Mexico y en varios otros territorios y estados.
La legislación del Agrimensor General de Nuevo México (Ley de 1854):
Como se hecho notar arriba, el 22 de julio de 1854, el Congreso
promulgó la Ley de 1854, el primero de dos estatutos principales que
implementaban las provisiones de protección de propiedad del Tratado de
Guadalupe Hidalgo con respecto a las mercedes de tierras en Nuevo
México. La ley de 1854 discutida en detalle en el capítulo 2 establece
la Oficina de Agrimensor General de Nuevo México, quien era responsable
de la medición del territorio de Nuevo México. De manera adicional, el
Congreso ordenó al Agrimensor General investigar los reclamos de
mercedes de tierras en el territorio y recomendar, a través del
Secretario del Interior, la aprobación o rechazo del Congreso sobre los
reclamos. La Ley de 1854 también estableció la Oficina del Agrimensor
General para territorios Kansas y Nebraska, siendo que para 1863 el
Congreso había establecido cada una de estas oficinas en cada uno de
los nuevos territorios o estados (vea tabla 1). La Oficina del
Agrimensor General de Nuevo México[Nota a pie de página 29] abrió en
Santa Fé el 28 de diciembre de 1854, como parte de la Oficina General
de la Tierra del Departmento del Interior y de 1854 hasta 1925,
hubieron 16 Agrimensores Generales permanentes en Nuevo México (vea
tabla 2).
Tabla 1: Establecimiento de los Agrimensores Generales para el
Suroeste de los Estados Unidos:
Nombre del estado o territorio: California;
Año de creación del territorio: [A];
Año de admisión del estado: 1850;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1851.
Nombre del estado o territorio: Nuevo México;
Año de creación del territorio: 1850;
Año de admisión del estado: 1912;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1854.
Nombre del estado o territorio: Utah;
Año de creación del territorio: 1850;
Año de admisión del estado: 1896;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1855[B].
Nombre del estado o territorio: Colorado;
Año de creación del territorio: 1861;
Año de admisión del estado: 1876;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1861.
Nombre del estado o territorio: Nevada;
Año de creación del territorio: 1861;
Año de admisión del estado: 1864;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1861[C].
Nombre del estado o territorio: Arizona;
Año de creación del territorio: 1863;
Año de admisión del estado: 1912;
Año de creación de la Oficina del Agrimensor General: 1863[D].
Fuente: Análisis de GAO:
[A] California fue directamente admitida como estado en 1850.
[B] La Oficina del Agrimensor General de Utah fue originalmente abierta
en Salt Lake City, Utah el 27 de julio de 1855, pero la Oficina cerró
de acuerdo a la Ley del 14 de marzo de 1862. Desde 1862 a 1868, cuando
la Oficina reabrió, Utah estaba bajo la jurisdicción del Agrimensor
General de Colorado.
[C] La Oficina del Agrimensor General de Nevada fue originalmente
abierta en Carson City, Nevada el 22 de junio de 1861, pero cerró de
acuerdo a la Ley del 14 de marzo de 1862. Desde 1862 a 1866, cuando la
Oficina reabrió, Nevada estaba bajo la jurisdicción del Agrimensor
General de California.
[D] La Oficina del Agrimensor General de Arizona fue creada
originalmente, de acuerdo a la Ley del 24 de febrero de 1863 y la
oficina abrió en Tucson, Arizona el 25 de enero de 1864. Sin embargo,
la Oficina cerró el 4 de julio de 1864 y desde julio de 1864 a marzo de
1867, el Territorio de Arizona estaba bajo la jurisdicción del
Agrimensor General de Nuevo México. Desde marzo de 1867 a 1870, cuando
la Oficina fue reabierta, el Territorio de Arizona estuvo bajo la
jurisdicción del Agrimensor General de California.
[Extremo de la tabla]
Tabla 2: Agrimensores Generales de Nuevo México, 1854-1925:
Nombre: William Pelham;
Fecha de designación o comisión: Ago. 1, 1854.
Nombre: Alexander P. Wilbar;
Fecha de designación o comisión: Junio 21, 1860.
Nombre: John A. Clark;
Fecha de designación o comisión: Julio 26, 1861.
Nombre: Benjamin C. Cutler;
Fecha de designación o comisión: Julio 29, 1868.
Nombre: T. Rush Spencer;
Fecha de designación o comisión: Abr. 15, 1869.
Nombre: James K. Proudfit;
Fecha de designación o comisión: Julio 23, 1872.
Nombre: Henry M. Atkinson;
Fecha de designación o comisión: Feb. 10, 1876.
Nombre: Clarence Pullen;
Fecha de designación o comisión: Julio 9, 1884.
Nombre: George Washington Julian;
Fecha de designación o comisión: Junio 1, 1885.
Nombre: Edward F. Hobart;
Fecha de designación o comisión: Ago. 3, 1889.
Nombre: Charles F. Easley;
Fecha de designación o comisión: Junio 28, 1893.
Nombre: Quinby Vance;
Fecha de designación o comisión: Julio 26, 1897.
Nombre: Morgan O. Llewellyn;
Fecha de designación o comisión: Ene. 20, 1902.
Nombre: John W. March;
Fecha de designación o comisión: Ene. 13, 1908.
Nombre: Lucius Dills;
Fecha de designación o comisión: Mar. 20, 1914.
Nombre: Manuel A. Sanchez;
Fecha de designación o comisión: Abr. 7, 1922.
Fuente: C. Albert White, A History of the Rectangular Survey System
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1983).
[Extremo de la tabla]
El Agrimensor General de Nuevo México fue el primer Agrimensor General
de los Estados Unidos asignado con la responsabilidad de investigar
reclamos de mercedes de tierras españolas y mexicanas además de sus
deberes usuales de medición. Tal como fue originalmente creado en 1850,
el territorio de Nuevo México se extendía desde Texas a California e
incluía parte de lo que ahora es el sur de Colorado y el extremo sur de
Nevada. Conforme el Territorio modificaba su forma, sin embargo, otras
oficinas de Agrimensores Generales fueron establecidas a lo largo del
oeste, la responsabilidad de investigar estos reclamos fue compartida
por varios Agrimensores Generales. El tamaño y la forma del Territorio
de Nuevo México se modificó con la formación de los Territorios de
Colorado y Arizona en 1861 y 1863, respectivamente. El Agrimensor
General de Colorado fue asignado con la responsabilidad de investigar
los reclamos de mercedes de tierras en el Territorio de Colorado cuando
este fue establecido en 1861[Nota a pie de página 30] y el Agrimensor
General de Arizona fue asignado con la responsabilidad de investigar
los reclamos en el Territorio de Arizona en 1863 y nuevamente en 1870.
[Nota a pie de página 31] Los Agrimensores Generales de Nuevo México,
Colorado y Arizona continuaron investigando los reclamos de tierras de
las mercedes de tierras españolas y mexicanas hasta que el Congreso
estableció la Court of Private Land Claims en 1891.
La legislación de la Court of Private Land Claims (Ley de 1891):
El 3 de marzo de 1891, el Congreso promulgó la Ley de 1891, el segundo
principal estatuto que implementaba las provisiones de protección del
Tratado de Guadalupe Hidalgo con respecto a las mercedes de tierras en
Nuevo México.[Nota a pie de página 32] A la Ley de 1891, que se
discute con mayor detalle en el capítulo 2, le revocó la Ley de 1854
que ha estado en efecto por 37 años. La Ley de 1891 creo a la Court of
Private Land Claims (CPLC) para responder a los reclamos de las
mercedes de tierras en los territorios de Nuevo México, Arizona y Utah
y en los estados de Nevada, Colorado, y Wyoming. La CPLC fue la
primera corte federal especialmente creada por el Congreso para
responder a los reclamos de mercedes de tierras. Las cortes federales
habían jugado previamente un papel en la evaluación de mercedes de
tierras en otras áreas del país: en la Ley de 1851, el Congreso había
autorizado a las cortes federales de jurisdicción general para oir
apelaciones de sentencias administrativas por parte de la Comisión de
California y el Congreso se había dirigido a las cortes federales para
atender reclamos de mercedes de tierras europeos expedidos bajo la
Compra de Louisiana y la adquisición de Florida.[Nota a pie de página
33] De manera adicional, se habían introducido, previamente en varias
ocasiones, proyectos de ley para crear una corte especial de tierras
para aprobar o rechazar mercedes de tierras. Hacia inicios de 1890,
sin embargo, el punto de vista predominante en el Congreso, frente a
las mercedes de tierras fraudulentas, que el Congreso creía que habían
sido aprobadas tanto en California como en Nuevo México, era que una
corte especial de tierras era necesaria para evaluar los reclamos de
mercedes y que esta corte debería aplicar los estándares legales
circunscritos de manera más cuidadosa.
Las cuestiones sobre las mercedes de tierras en Nuevo México hoy en
día:
Hoy en día, más de 300 años después de que España hiciera su primera
merced de tierras en Nuevo México y más de 150 años después que el
Tratado de Guadalupe Hidalgo fuera firmado, cuestiones y amargura sobre
la implementación del Tratado, por parte de los Estados Unidos, todavía
perduran. Convicciones profundamente enraizados y puntos de vista
conflictivos en los herederos de las mercedes de tierras, el consejo de
directores de mercedes de tierras, las organizaciones de defensores,
los expertos legales, los académicos y el equipo de trabajo del abogado
general del estado de Nuevo México de mercedes de tierras del Tratado
de Guadalupe Hidalgo, entre otros, se han centrado en la disputa de los
años recientes de las mercedes de tierras. Como punto central, de las
varias quejas sobre la implementación del Tratado, subyace el alegato
que el gobierno de los Estados Unidos no protegió la propiedad de los
individuos ni de las comunidades de la misma forma en que estas tierras
hubieran sido reconocidas y protegidas bajo las leyes y prácticas de
México. Como un ejemplo de esta dispar percepción, académicos y
herederos de mercedes de tierras usualmente señalan el tratamiento dado
a la merced de tierras de Tierra Amarilla. Herederos de tierras y
académicos alegan hoy en día que el Agrimensor General de Nuevo México
fracasó en cumplir con los requerimientos constitucionales de los
Estados Unidos del "debido proceso legal" durante su investigación de
esta merced y que como resultado el Congreso en 1881, de manera
incorrecta, patentó casi 600,000 acres en beneficio de un individuo en
vez de para la comunidad de Tierra Amarilla.[Nota a pie de página 34]
Cuestiones asociadas, por parte de la comunidad de Tierra Amarilla,
con la percepción de la pérdida de tierras dadas a individuos todavía
crean un sentimiento de amargura y una atmósfera de desconfianza
general dirigida al gobierno federal. Tal como se reflejó en 1967 con
la confrontación entre herederos de mercedes de tierras, sus abogados y
las autoridades estatales y federales en el palacio de justicia en el
pueblo de Tierra Amarilla, Nuevo México.[Nota a pie de página 35]
De manera adicional a esta queja central, existen asuntos colaterales
más allá del alcance de este reporte. Por ejemplo, los herederos de
tierras y sus defensores expresan cuestionamientos, de manera firme, de
que un prejuicio racial contribuyó a defectos en los procesos de
adjudicación de las mercedes de tierras y los resultados de este
proceso. Estos grupos han afirmado que la ideología del Destino
Manifiesto promovió una forma de racismo y arrogancia en el detrimento
de mexicanos o ex-mexicanos que vivieron en el territorio de Nuevo
México. Otros han afirmado que el gobierno de los Estados Unidos
toleraron las ambiciones de individuos inescrupulosos que explotaron la
situación de las mercedes de tierras manipulando leyes de tierras
públicas y confundiendo a mexicanos no familiarizados con el nuevo
sistema legal de los Estados Unidos para enriquecerse y adquirir
tierra.
Los herederos de mercedes de tierras y sus defensores han lanzado hoy
en día una campaña para alentar al Congreso de los Estados Unidos a
resolver cuestionamientos concernientes a las mercedes antiguas de
tierras comunitarias en Nuevo México. Un grupo de defensores de las
mercedes de tierras ha propuesto que alguna forma de "restitución" por
parte del gobierno a las mercedes de tierras y "compensación" debe
hacerse a los herederos de acuerdo a su percepción de la pérdida de
tierras. Otro grupo pretende organizar a las comunidades de mercedes de
tierras de Nuevo México de manera tal que puedan alcanzar
reconocimiento y remediar sus cuestionamientos no resueltos. Para
asistir al Congreso en decidir si es que éste desea tomar alguna medida
adicional en respuesta a estas cuestiones, y de ser así, qué tipos de
medidas desearía considerar, los senadores Jeff Bingaman y Pete
Domenici nos solicitaron estudiar un número de asuntos siendo que el
representante Tom Udall se unió a esta solicitud.
Objetivos, alcance y metodología de este reporte:
Para responder a la solicitud de los senadores Bingaman y Dominici así
como al representante Udall, nosotros acordamos revisar cómo los
Estados Unidos habían implementado las provisiones de protección de
propiedad del Tratado con respecto a las mercedes de tierras
comunitarias en Nuevo México e identificar y evaluar las cuestiones que
se habían hecho sobre este proceso de implementación. Nosotros
acordamos responder estas preguntas en dos reportes.
Primer reporte de GAO:
El 10 de septiembre del 2001 nosotros emitimos, en inglés y español,
nuestro primer reporte sobre mercedes de tierras comunitarias en Nuevo
México.[Nota a pie de página 36] El primer reporte definía el concepto
de mercedes de tierras comunitarias identificando tres tipos de
mercedes que cumplían con esta definición e hicimos una lista de las
mercedes para las cuales encontramos evidencia que apoyaban su
identificación en cada categoría. Nosotros limitamos nuestra revisión
a comunidades de tierras hechas por España o México desde finales de
los años de 1600 hasta 1846 que habían sido parcial o totalmente
ubicadas en los límites actuales del estado de Nuevo México y sujetas
al Tratado de Guadalupe Hidalgo. También incluimos mercedes que México
hizo en la porción de Nuevo México afectada por la Compra de Gadsden
ya que estas mercedes también estaban sujetas al Tratado.
Para definir "mercedes de tierras comunitarias" revisamos documentos de
mercedes de tierras inscritas con el gobierno de los Estados Unidos;
las leyes de la España colonial, México y la actual ley del estado de
Nuevo México; casos de cortes federales, estatales y territoriales; y
la literatura de mercedes de tierras. En nuestro análisis encontramos
que los documentos de mercedes de tierras no usan el término específico
de "mercedes de tierras comunitarias" ni tampoco lo hacen las leyes
españolas o mexicanas. Sin embargo, encontramos que algunas mercedes se
refieren a las tierras puestas a parte para el uso general comunal
(ejidos) o para usos específicos, incluyendo la caza, la pastura,
recolección de leña y recolección de agua (abrevaderos). Los
académicos, la literatura sobre mercedes de tierras y la terminología
popular usan también de manera común la frase "mercedes de tierras
comunitarias" para referirse a mercedes de tierras que han sidos
puestas a parte tierras comunes para el uso de toda la comunidad y
nosotros hemos adoptado esta amplia definición para determinar las que
pueden ser identificadas como mercedes de tierras españolas y
mexicanas.
Al utilizar esta amplia definición identificamos tres categorías de
mercedes de tierras. El primer tipo de merced era una merced en donde
las tierras comunes formaban parte de la merced original. Una merced se
incluía en esta categoría si cumplía unos de los tres siguientes
criterios:
* El documento de merced declaraba que parte de la tierra se hacía
disponible para su uso comunal utilizando términos tales como "tierras
comunes" "uso de pastizales y agua;" o;
* La merced fue hecha con el propósito de establecer un pueblo o un
nuevo asentamiento. Las leyes españolas y costumbres concernientes a
los territorios del nuevo mundo proveían que los nuevos asentamientos,
ciudades y pueblos incluyeran tierras comunitarias; o;
* La merced era expedida a 10 o más colonos. La ley española que
gobernaba los asentamientos en el nuevo mundo establecía que 10 o más
personas casadas podían obtener una merced de tierras si acordaban
formar un asentamiento indicando que la merced contendría tierras
comunitarias:
La segunda categoría de merced de tierras comunitarias que hemos
identificado eran las mercedes para las cuales una persona o personas
han reportado la existencia de tierras comunitarias en su merced. No
existe documentación específica sobre esta merced que apoye esta
aseveración; los reclamantes afirman que la documentación original se
ha perdido o destruido. Sin embargo, las tierras comunes son
mencionadas en otros documentos archivados en la Oficina del Agrimensor
General de Nuevo México o la CPLC. Esta categoría también incluye
mercedes privadas que habían apartado tierras para el uso común de los
pobladores.
La tercera categoría de merced de tierras comunitarias que hemos
identificado abarca mercedes hechas por España a los indígenas de la
cultura pueblo en Nuevo México para proteger tierra comunitaria que
ellos usaron y mantuvieron por siglos antes que los colonos españoles
arribaran. España y México reconocen los asentamientos comunitarios
Pueblo.
Utilizando estos criterios hemos identificado un total de 154 mercedes
de tierras comunitarias o aproximadamente el 52 por ciento del total de
las 295 mercedes de tierras hechas por España y México dentro de Nuevo
México. La tabla 3 identifica el número de mercedes de tierras
españolas y mexicanas por el tipo de categorías.
Tabla 3: Mercedes de tierras españolas y mexicanas en Nuevo México:
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Mercedes de tierras
con documentación original;
Explicación: Mercedes de tierras comunitarias identificadas a través
de documentación original de las mercedes;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 78.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Mercedes de tierras
que se auto-identifican;
Explicación: Mercedes identificadas por herederos, académicos u otros
como tierras comunitarias pero que carecen de la documentación;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 53.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Mercedes de tierras
de los indìgenas Pueblo;
Explicación: Mercedes hechas por España a los indígenas Pueblo;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 23.
Subtotal de mercedes de tierras comunitarias;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 154.
Tipo de merced: Mercedes de tierras individuales;
Explicación: Mercedes hechas a individuos;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 141.
Total;
Número total de mercedes de tierras en Nuevo México: 295.
Fuente: Análisis de GAO:
[Extremo de la tabla]
Segundo reporte de GAO:
En este segundo y último reporte nosotros acordamos: (1) describir los
procedimientos de confirmación a través de los cuales los Estados
Unidos implementaron provisiones de protección de la propiedad del
Tratado con respecto a las mercedes de tierras comunitarias de Nuevo
México y los resultados producidos por estos procedimientos; (2)
identificar y determinar cuestionamientos considerando estos
procedimientos en su pertenencia a la confirmación gubernamental de
estas mercedes desde 1854 a 1904; (3) identificar y determinar
cuestionamientos considerando el área en acres transferida
voluntariamente o involuntariamente después de que los procedimientos
de confirmación se hubieron completado; y (4) delinear posibles
opciones que el Congreso pueda que quiera considerar en respuesta a los
cuestiones restantes de las mercedes de tierras comunitarias. Como se
acordó, GAO no expresa una opinión ya sea que los Estados Unidos
satisfizo sus obligaciones bajo el Tratado como materia de ley
internacional.
Para determinar la manera en que los Estados Unidos implementaron las
provisiones de protección de propiedad del Tratado nosotros hemos
revisado documentación de archivo describiendo los procedimientos
establecidos y seguidos por el Agrimensor General de Nuevo México y la
CPLC, así como numerosos libros y artículos. También hemos entrevistado
a oficiales de agencias locales, estatales y federales y académicos e
historiadores que se hallaban familiarizados con la implementación de
las provisiones de protección de propiedad del Tratado. (El apéndice
VIII de este reporte es una lista completa de todos los individuos,
grupos, y agencias que hemos contactado). Hemos examinado la
legislación en la creación del Agrimensor General y las subsiguientes
instrucciones el Departamento del Interior posteriores al Agrimensor
General y la legislación en la creación de la CPLC. Obtuvimos y
examinamos todas las decisiones juzgadas de las mercedes de tierras
comunitarias y reportes del Agrimensor General de Nuevo México, la CPLC
y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Determinamos el número de
mercedes de tierras que fueron confirmadas y se les otorgó al menos
algo de área en acres y el número de mercedes que en total fueron
rechazadas. También calculamos y revisamos cifras de los porcentajes
del área en acres aprobada en Nuevo México durante el proceso de
confirmación al excluir de nuestro análisis área en acres asociada con
factores que juzgamos inapropiados o engañosos, tales como: (1) área en
acres de mercedes ubicadas primeramente fuera de Nuevo México; (2) área
en acres cuyo reclamo fue hecho pero nunca proseguido (por ejemplo,
debido a la tierra ya había sido confirmado a otra merced o una corte
ya había rechazado reclamos similares como insostenibles); (3) área en
acres solicitados bajo reclamos para los cuales la corte no tenía
jurisdicción; (4) área en acres que había sido contabilizada de manera
doble debido a que más de un reclamante había solicitado la misma
tierra; y (5) mercedes que parecían haber sido totalmente confirmadas
pero que la cantidad originalmente reclamada fue, de manera
inadvertida, sobreestimada. Nosotros, incluso, identificamos y
revisamos estudios existentes y reportes publicados, artículos y libros
sobre los trabajos del Agrimensor General de Nuevo México y la CPLC y
las comparamos con las actividades similares en California bajo el
Tratado de Guadalupe Hidalgo y en Louisiana y Florida bajo los tratados
de Florida y de la Compra de Louisiana. También hemos revisado casos
federales y estatales incluyendo casos de la Corte Suprema de los
Estados Unidos concernientes a la confirmación de mercedes en
California y bajo los tratados de Florida y la Compra de Louisiana en
aquellas localidades.
Para identificar y evaluar las cuestiones, considerando la
implementación del Tratado en lo le compete a la confirmación de las
mercedes de tierras comunitarias en Nuevo México, entrevistamos a
oficiales del Forum de Mercedes de Tierras de Nuevo México, al equipo
de trabajo del Abogado General de Nuevo México del Tratado de Guadalupe
Hidalgo, All Indian Pueblo Council, a varios consejos de fideicomisos
de mercedes de tierras y a herederos de mercedes de tierras a lo largo
de Nuevo México. Identificamos las razones del porqué algo del área en
acres reclamada por los herederos de mercedes de tierras comunitarias
fueron rechazadas por el Agrimensor General de Nuevo México, las CPLC y
la Corte Suprema de los Estados Unidos. En particular, para cada una de
las 154 mercedes de tierras comunitarias, hemos documentado la razón
fundamental subyacente el rechazo o la reducción en el tamaño de las
mercedes cuando la documentación era disponible, porqué los reclamantes
fracasaron en proseguir sus casos y luego desarrollado categorías de
mercedes basadas en esas razones. También identificamos y revisamos
estudios existentes, artículos y reportes publicados sobre los
resultados y críticas a los procesos al Agrimensor General y la CPLC,
incluyendo los materiales criticando los resultados para mercedes
específicas así como materiales críticos a los procedimientos
generales. Para determinar si los procedimientos establecidos para
implementar las provisiones de protección a la propiedad considerando
si las mercedes de Nuevo México se hallaban en conformidad con las
leyes y requerimientos de los Estados Unidos, incluyendo la
Constitución de los Estados Unidos, hemos examinado las provisiones del
Tratado, las decisiones por parte de las cortes federales, tratados
legales y la literatura.
Para identificar y determinar las cuestiones considerando la pérdida
del área en acres después del proceso de confirmación, hemos
entrevistado a académicos jurídicos en mercedes de tierras, herederos
de mercedes de tierras y organizaciones de mercedes de tierras. Hemos
obtenido y revisado estudios y artículos que contienen información de
las diversas maneras en las cuales mercedes de tierras comunitarias
perdieron la propiedad de su tierra. Hemos intentado contactar a los
representantes de cada uno de las 84 mercedes de tierras comunitarias
no indias que fueron confirmadas y recibieron algo del área en acres
para determinar cuánta tierra habían controlado. Luego de una búsqueda
extensiva, hemos hallado a los representantes de 37 de las mercedes y
hemos sido aconsejados por miembros del Foro de Mercedes de Tierras de
Nuevo México que el mejor estimado de área en acres actual que tienen
las 47 mercedes restantes es cero. Para determinar si es que los
Estados Unidos tenían un deber fiduciario bajo el Tratado de proteger a
los herederos de las mercedes de tierras y propiedad de mercedes de
tierras de las acciones gubernamentales y privadas, hemos examinado las
provisiones de protección de propiedad del Tratado, las decisiones por
parte de las cortes federales y estatales de Nuevo México, tratados
legales y la literatura.
Finalmente, para determinar que opciones pueda que el Congreso desee
considerar, si decide que algún tipo de acción adicional pueda que sea
pertinente en respuesta a las continuas cuestiones, nosotros hemos
entrevistado a oficiales locales, estatales y federales, académicos del
asunto de las mercedes de tierras y a herederos de mercedes de tierras.
Durante estas entrevistas les hemos preguntado a los herederos de
mercedes de tierras y a otros que identifiquen acciones específicas que
ellos creen pudieran resolver sus cuestiones. También hemos
identificado y revisado acciones anteriores del congreso designadas a
resolver disputas no relacionadas con el Tratado de Guadalupe Hidalgo,
así como proyectos de ley y audiciones del Congreso anteriores
considerando disputas de mercedes de tierras bajo el Tratado. Como se
detalla en el capítulo 5 en el contexto donde no se aplica el Tratado
de Guadalupe Hidalgo, las acciones del Congreso se han presentado desde
la emisión de una disculpa hasta la creación de comisiones
gubernamentales autorizadas a hacer pagos financieros u otorgar tierra
federal; en el contexto del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se han
introducido proyectos de ley iniciándose en 1971 y recientemente en el
2001 (H.R. 1823, the Guadalupe-Hidalgo Treaty Land Claims Act of 2001,
auspiciado por el Representante Udall) para crear una comisión para
evaluar y dirigirse a reclamos individuales o categorías de reclamos.
Hemos conducido nuestra revisión desde septiembre del 2001 a mayo del
2004 de acuerdo a los estándares de auditoria generalmente aceptados.
Resumen:
En resumen, bajo el Tratado de de Guadalupe Hidalgo de 1848 México
cedió vastos territorios a los Estados Unidos, desde California hasta
Texas. Los Estados Unidos acordó en el Tratado de reconocer y proteger
la pertenencia de la propiedad al interior de los territorios cedidos
que habían sido previamente obtenidos bajo mercedes de tierras
comunitarias e individuales de España y México. La forma en que los
Estados Unidos implementaron las obligaciones del Tratado ha sido
objeto de debate y conflicto por más de un siglo y se le solicitó a GAO
estudiar un número de asuntos para asistir al Congreso en la decisión
si es que alguna medida adicional pudiera ser apropiada en respuesta a
las continuas cuestiones. Los resultados de este estudio sobre estos
asuntos se presentaron en nuestro primer reporte en septiembre del 2001
y en este segundo y último reporte.
[Extremo de la sección]
Capítulo 2: Implementación dirigida del Congreso en el Tratado de
Guadalupe Hidalgo en Nuevo México a través de dos procedimientos
sucesivos:
Perspectiva general:
Por más de 50 años iniciando en 1854, el Congreso dirigió la
implementación de las provisiones de protección de propiedad del
Tratado de Guadalupe Hidalgo en Nuevo México por mercedes de tierras
comunitarias a través de dos procedimientos distintos y sucesivos.
Primero, en la Ley de 1854, el Congreso estableció la Oficina del
Agrimensor General de Nuevo México dentro de la Oficina de Tierras
Generales del Departamento Interior. El Agrimensor General estaba
encargado con la investigación de los reclamos de las mercedes de
tierras y, a través del Departamento del Interior, el hacer
recomendaciones para el Congreso para una acción final. La Ley de 1854
dirigió al Agrimensor General para llegar a sus conclusiones acerca de
la validez de las mercedes de tierras reclamadas al aplicar las "leyes,
usos y costumbres" de España y México y para seguir con instrucciones
más detalladas siendo emitidas por el Departamento del Interior. Estas
instrucciones, de momento, dirigieron al Agrimensor General a reconocer
las mercedes de tierras "precisamente como México lo habría hecho" y
para dar por hecho que la existencia de una ciudad, pueblo o aldea en
el tiempo del Tratado era evidencia clara de una merced. El Agrimensor
General investigó los reclamos bajo este proceso desde 1854 a 1891 y el
Congreso confirmó la gran mayoría de mercedes recomendadas para
confirmación antes de la Guerra Civil en los años de 1860. La
confirmación del Congreso cesó durante la guerra y resumió a partir de
entonces a mediados de los años de 1860, pero lo detuvo de nuevo a
principios de los años de 1870 a causa de la preocupación acerca de
alegaciones de fraude y corrupción. Estas preocupaciones finalmente
fueron dirigidas con la llegada de una nueva administración
Presidencial en 1885, la cual escudriñó el proceso de confirmación y
nombró un nuevo Agrimensor General. El Agrimensor General nuevo
reconsideró y cambió algunas de las recomendaciones predecesoras para
el Congreso y un atraso de los reclamos de merced de tierras se
desarrolló.
Después de algunos atentados para reformar, finalmente el Congreso
revisó el proceso de confirmación en 1891 con la Ley de 1891. La Ley de
1891 estableció una segunda entidad, la Court of Private Land Claims
(CPLC), para adjudicar tanto reclamos nuevos y los remanentes para las
tierras en Nuevo México (y por supuesto otros territorios y estados).
En parte, para prevenir el tipo de fraude y corrupción la cual había
caracterizado algunas de los reclamos presentados tanto en Nuevo México
y California, el Congreso dirigió a la CPLC aplicar un estándar legal
más estricto para la aprobación de las mercedes de tierras que el
Congreso había establecido por el Agrimensor General de Nuevo México.
Bajo el estándar nuevo, la CPLC confirmaría sólo aquellas mercedes que
los reclamantes pudieran probar que sus titulos habían sido "legalmente
y regularmente derivados" bajo la ley española o mexicana, y la
presunción que el Departamento del Interior había dirigido al
Agrimensor General a seguir--favorecer a una merced basada en la
existencia previa de una ciudad, pueblo o aldea--era eliminada. Tanto
el reclamante o el gobierno de los Estados Unidos podía apelar las
decisiones de la CPLC directamente a la Corte Suprema de los Estados
Unidos, la cual revisaría los reclamos de novo, que es, sin dar una
presunción de exactitud a las decisiones de la CPLC. Como la CPLC, sin
embargo, la Corte Suprema estaba obligada por el mismo estándar legal
que un reclamo habría estado "legalmente y regularmente derivado" bajo
la ley español y mexicano. La CPLC adjudicó los reclamos de mercedes de
tierras de1891 a 1904. De este modo, por más de 50 años de historia de
los dos estatutos sucesivos de los procesos de confirmación de las
mercedes de tierras en Nuevo México, los estándares legales y los
procedimientos aplicados en determinar si una merced de tierra
comunitaria debería ser confirmada llegó a ser más rigurosos.
Al discutir los resultados de estos dos procedimientos de confirmación
en Nuevo México, los expertos de las mercedes de tierras con frecuencia
han reportado que sólo el 24 por ciento de los acres de tierra
reclamados en Nuevo México fue otorgado, tanto para las mercedes de la
comunidad como individual, en comparación con el porcentaje de los
acres de tierras otorgado en California de 73 por ciento. A nuestro
juicio, el porcentaje de acres de tierra reclamados que fue otorgado
para las mercedes de Nuevo México eran en realidad el 55 por ciento,
debido a que los acres de tierra que justamente pueden ser vistos como
que han sido "reclamados" es considerablemente mucho menos de lo citado
por los expertos de las mercede de tierras, resultando una gran
proporción de acres de tierra otorgados. Por ejemplo, los expertos
incluyen como mercedes de tierras reclamadas en Nuevo México las cuales
estaban ubicadas a las afueras de Nuevo México, los acres de tierra que
estaban cubiertos por reclamos que fueron retirados o nunca se les dio
seguimiento y acres que eran "contados-dobles." Creemos que los acres
de tierra atribuibles para estos factores deben ser excluidos desde una
justa evaluación de los procesos de confirmación.
Los reclamos que fueron presentados y se les dio seguimiento para las
154 mercedes de tierras comunitarias ubicadas actualmente en Nuevo
México durante este período de 50 años incluyó 9.38 millones de acres
de tierra. La mayoría de estas mercedes de tierras--105 mercedes ó más
del 68%--fueron confirmadas y la mayoría de acres de tierra reclamados
bajo estas mercedes confirmadas -5.96 millones de acres ó 63.5 por
ciento--fueron finalmente otorgados, aunque una cantidad significante
(3.42 millones de acres ó 36.5 por ciento) no fue otorgado y llegó a
ser parte del dominio público de los Estados Unidos disponible para su
asentamiento por la población general. Algunas de las mercedes
confirmadas fueron otorgadas con menos acres de tierra que lo reclamado
y mercedes que fueron totalmente rechazadas no se les otorgó ningún
acre de tierra del todo. Los herederos de la mercedes de tierras y
eruditos comúnmente se refieren a acres de tierra que no fueron
otorgados durante el proceso de confirmación como acre de tierra
"perdido", por lo tanto se ha dicho que las mercedes de tierras de la
comunidad tuvo una "pérdida" de 3.42 millones de acres durante el
proceso de confirmación. Las circunstancias alrededor de esta pérdida
ha sido una preocupación de los herederos de mercedes de tierras por
más de un siglo.
El Agrimensor General de Nuevo México investigó los reclamos de 1854 a
1891:
Como se vio en el capítulo 1, el Congreso empezó la implementación del
Tratado de Guadalupe Hidalgo en Nuevo México por la promulgación de la
Ley de 1854 el 22 de julio de 1854 creando la Oficina del Agrimensor
General de Nuevo México dentro de la Oficina de Tierras Generales del
Departamento del Interior. El Agrimensor General fue asignado con
responsabilidades de medición similares a aquellas de otros
agrimensores generales de territorios y estados.[Nota a pie de página
37] Además, el Congreso asignó para el Agrimensor General de Nuevo
México la responsabilidad considerable de investigación y hacer
recomendaciones sobre la validez de los reclamos de mercedes de
tierras de España y México. Comprobar la validez de estos reclamos era
importante para los Estados Unidos tanto para cumplir con sus
obligaciones bajo el Tratado y para identificar cuáles tierras fueron
tituladas como tierras públicas de los Estados Unidos (es decir, las
tierras restantes después de que las reclamaciones de las mercedes de
tierras habían sido resueltas) por lo que podría hacerse disponible
para asentamientos de la población en general.
El Agrimensor General de Nuevo México procesó los reclamos de mercedes
de tierras desde 1854 a 1891.[Nota a pie de página 38] Durante este
período de 37 años, las reclamaciones fueron presentadas con respecto
a 208 de 295 mercedes de tierras mexicanas y españolas que habían sido
hechas dentro de Nuevo México. De estas 208 mercedes, el Agrimensor
General recomendó 181 mercedes para la acción final; el Congreso
confirmó 67 de estas mercedes. El Congreso confirmó la mayoría de
estas antes de la Guerra Civil en los años de 1860, a este punto la
confirmación de mercedes cesó. La confirmación del Congreso prosiguió
después de la guerra a mediados de los años de 1860, pero lo detuvo de
nuevo en los primeros años de 1870 debido a la preocupación sobre las
alegaciones de fraude y corrupción en la especulación de tierra, como
lo ejemplificado por la confirmación de varias mercedes muy grandes.
Estas cuestiones fueron finalmente tratadas con la venida de una
administración Presidencial nueva en 1885, la cual examino el proceso
y proclamó a un Agrimensor General nuevo. El Agrimensor General nuevo
reconsideró y cambió algunas de las recomendaciones de sus predecesores
al Congreso.
El Agrimensor General se le asignó la responsabilidad de investigar los
reclamos en 1854:
Tres años después de que el Congreso creó el proceso de la Comisión
para resolver las reclamaciones de las mercedes de tierra en California
en la Ley de 1851, promulgó la Ley de 1854, dándole al Agrimensor
General de Nuevo México la responsabilidad de evaluar las reclamaciones
de las mercedes de tierras declaradas sobre las tierras ubicadas dentro
del Territorio de Nuevo México recientemente formado. La sección 8 de
la Ley de 1854 (ver figura 5) dirigió al Agrimensor General evaluar, en
conformidad con las instrucciones emitidas por el Departamento del
Interior, todas reclamaciones de propiedad de Nuevo México surgidas
bajo la mercedes de tierras españolas y mexicanas basándose sobre las
"leyes, usos y costumbres" de España y México. Para llevar a cabo estas
responsabilidades, la Ley de 1854 autorizó explícitamente al Agrimensor
General -como la Ley de 1851 había autorizado la Comisión o su
Secretaría--para "dar noticias, citar a personas como testigos,
juramentar y hacer y desempeñar todos los demás actos necesarios" para
investigar las reclamaciones de las mercedes de tierras. En contraste
con la Ley de 1851, sin embargo, la cual establece un plazo de 2 años
para presentar los reclamos de las mercedes de tierras, la Ley de 1854
no contenía un límite de tiempo.[Nota a pie de página 39] Una vez que
el Agrimensor General obtenía la información pertinente, la Ley de
1854 le ordenaba hacer recomendaciones al Congreso, a través del
Departamento del Interior, sobre la "validez o invalidez" de cada
demanda. El Congreso entonces confirmaría las mercedes legítimas,
mientras tanto todas las tierras reclamadas eran protegidas de venta u
otra disposición.[Nota a pie de página 40] Los Estados Unidos, sin
embargo, consideró toda la tierra dentro del territorio de Nuevo
México ser parte del dominio público a menos que se probará de manera
distinta. Esto se hizo contraste con el tratamiento de las tierras de
Florida y la Compra de Louisiana donde sólo la tierra que le había
pertenecido a los soberanos era tratado como parte del dominio público
de los Estados Unidos.
Figura 5: Provisiones de la Ley de 1854 con respecto a los
reclamos españoles y mexicanos:
"Sec. 8. Y que sea además promulgado, Que debe ser la obligación del
Agrimensor General, de acuerdo a las dichas instrucciones de la manera
en que han sido dadas por el Secretario del Departamento del Interior,
averiguar el origen, naturaleza, carácter y extensión de todas las
reclamaciones de tierras bajo las leyes, usos y costumbres de España y
México; y por este propósito, puede dar noticias, citar a personas como
testigos, juramentar y hacer y desempeñar todos los demás actos
necesarios en el local. El deberá hacer un reporte completo de todas
dichas reclamaciones de acuerdo a como se hayan originado antes de la
cesión del territorio de los Estados Unidos de acuerdo al tratado de
Guadalupe Hidalgo, de mil ochocientos cuarenta y ocho, indicando los
varios grados de título, con su decisión respecto a la validez o la
invalidez de cada uno de los mismos bajo las leyes, usos y costumbres
del país antes de la cesión a los Estados Unidos; y deberá también
hacer un reporte con respecto a todos los pueblos existentes en el
Territorio, mostrando la extensión y ubicación de cada uno,
estableciendo el número de habitantes en dichos pueblos respectivamente
y el carácter esencial de sus títulos de la tierra. Este reporte, debe
realizarse de acuerdo a la forma en que sea prescrita por el Secretario
del Departamento del Interior; el reporte será ser puesto ante el
Congreso para que dicha acción sea estimada justa y propia, con una
opinión para confirmar concesiones en buena fe y darle vigor total al
tratado de mil ochocientos cuarenta y ocho entre Estados Unidos y
México; y hasta la acción final del Congreso de tales reclamaciones,
todas las tierra cubiertas así deberán ser reservadas de la venta u
otra disposición por parte del gobierno, y no deberán estar sujetas a
donaciones concedidas por las provisiones previas a este acto.".
Fuente: 10 Stat. A 309.
[Extremo de la figura]
Como dirigido, un mes después de la promulgación de la Ley de 1854, el
Departamento del Interior generó instrucciones adicionales extensas
para el Agrimensor General de Nuevo México detallando que él estaba
para investigar los reclamos de las mercedes de tierras. Generalmente,
el Agrimensor General dirigido por el Departamento del Interior
reconoce todos los títulos privados y de los pueblos de indios
"precisamente como México lo habría hecho si no hubiera cambiado la
soberanía. Nosotros estamos obligados a reconocer todos los títulos
como éste lo habría hecho--llegar hasta ahí y no ir más lejos."
Específicamente, además de ser autorizado por el estatuto para citar
personas como testigos y juramentar, el Departamento del Interior
dirigió instrucciones al Agrimensor General a desempeñar los siguientes
"actos necesarios" [Nota a pie de página 41]
* Llegar a familiarizarse con el sistema de tierra de España, al
examinar las leyes de España; sus ordenanzas, sentencias y
regulaciones; y leyes del congreso y decisiones de la Corte Suprema de
los Estados Unidos que habían tratado las mercedes de tierras Españolas
en otras partes de los Estados Unidos.
* Obtener, organizar y analizar todos los documentos de los archivos
territoriales relacionados a las mercedes de tierras de España y
México.
* Dar una notificación pública, tanto en inglés como en español, en el
periódico con mayor circulación en el área de Santa Fé y en otras áreas
en donde el Agrimensor General llevaba a cabo las sesiones (las cuales
eran "tales lugares y períodos para conveniencia pública que podía
sugerir"), de la "disposición a recibir noticias y testimonios en apoyo
de las reclamaciones de tierras" del Agrimensor General bajo el Tratado
de Guadalupe Hidalgo.
* Requiere una sumisión escrita de cada reclamante detallando: (1)
nombre del reclamante actual; (2) nombre del reclamante original; (3)
naturaleza de la reclamación--si es "perfecto" o "imperfecto";[Nota a
pie de página 42] (4) fecha que la merced fue establecida; (5)
autoridad donde el título original fue derivado; (6) la cantidad de la
tierra reclamada; (7) ubicación, notificación, y extensión de
cualquier reclamación en conflicto; (8) una prueba de una
transferencia de derecho de un concesionario original al presente
concesionario; y (9) un plano de agrimensura de la parcela, si es
solicitado, u otra evidencia mostrando la ubicación precisa y la
extención del trecho reclamado.
* Tratar la existencia de una ciudad, pueblo o aldea al tiempo que los
Estados Unidos tomó posesión como prima facie (presunta) evidencia de
una merced. (Esta misma suposición había sido incluida en la Ley de
1851 dirigiendo la adjudicación de las mercedes de tierras reclamadas
de España y Mexico en California). Específicamente, instrucciones
proveídas por el Departamento Interior:
En el caso de cualquier lote de pueblo, lote de granja o lote de
pastura contenidos bajo una merced para cualquier corporación o pueblo
cuyas tierras sean concedidas para el establecimiento de un pueblo, por
los gobiernos de España o México, o autoridades legítimas de ahí o en
el caso de cualquier ciudad, pueblo, o poblado existía al momento de
que Nuevo México fue tomado como posesión por las autoridades de
Estados Unidos, la reclamación de lo mismo puede ser presentada por las
autoridades corporativas; o donde la tierra de la mencionada ciudad,
pueblo o poblado, fue originalmente concedido a un individuo, la
reclamación puede ser presentada por o en nombre del mismo individuo; y
el hecho probado a usted de la existencia de dicha ciudad, pueblo o
poblado en el periodo cuando los Estados Unidos tomaron posesión, puede
ser considerado por usted como evidencia prima facie de una mercedes a
tal corporación, o los individuos bajo quienes los poseedores de los
lotes reclaman; y cuando cualquier ciudad, pueblo o poblado deba estar
en existencia en la aprobación del decreto de 22 de julio, 1854, las
reclamación por la tierra abarcada entre los límites de la misma deba
hacerse y probarse antes frente a usted por la autoridad corporativa de
la ciudad mencionada, pueblo o poblado. Siendo este el principio
sancionado por el decreto del 3 de marzo de 1851, por el juzgamiento de
las reclamaciones españolas y mexicanas en California; y yo pienso su
solicitud apropiada y adopción en relación a las reclamaciones en Nuevo
México. (Énfasis añadido.)
* Proteger contra reclamaciones fraudulentas. Las instrucciones del
Departamento del Interior advierte contra la aceptación de mercedes que
han sido antedatados con la finalidad de parecer válidos y dirige al
Agrimensor General de solicitar la sumisión de documentos originales
del título, copias autentificadas o una explicación satisfactoria de
cómo los documentos del título han sido extraviados.
* Lista de los oficiales españoles y mexicanos quienes habían sido
autorizados para expedir las mercedes de tierras y describir el alcance
de su autoridad, desde la época de los primeros inicios de asentamiento
Español en el territorio hasta la adquisición del territorio de los
Estados Unidos.
* Identificar todos los pueblos de indios existentes en el Territorio,
mostrando la extensión y ubicación de cada uno, indicando el número de
habitantes que viven ahí e indicando los títulos de los residentes de
las tierras.
En base a los requisitos anteriores, el Agrimensor General estaba para
preparar un reporte resumiendo sus hallazgos sobre la validez o
invalidez de cada reclamación y entregar el reporte a la Oficina de
Tierras Generales del Departamento Interior en Washington, D.C. Después
de revisar los reportes, la Oficina General de Tierras estaba para
remitirlos a la Secretaría del Departamento del Interior para la
sumisión al Congreso para su acción final.
El proceso de investigación y recomendación seguido por el Agrimensor
General:
En conformidad con la Ley de 1854 y las instrucciones del Departamento
del Interior, el Agrimensor General publicó la notificación requisita
en el periódico, en inglés y en español, anunciando su disposición para
recibir las reclamaciones de las mercedes de tierras y su testimonio de
apoyo.[Nota a pie de página 43] En respuesta a esta notificación, el
Agrimensor General finalmente recibió reclamaciones conformando 208 de
un total de 295 mercedes de tierras comunitarias e individual españolas
y mexicanas ubicadas parcialmente o totalmente en Nuevo México.[Nota a
pie de página 44] (Vea tabla 4.) El Agrimensor General encontró que un
número de las sumisiones de los reclamos presentados estaban
incompletas, significando que éstos no contenían todos los documentos
requeridos o información necesaria para iniciar una investigación. El
reporte anual del Agrimensor General de 1885, por ejemplo, identificó
seis reclamos pendientes cuyos documentos de apoyo no se habían
entregado y en su reporte anual de 1890 identificó 14 reclamos
incompletos.
Tabla 4: Perspectiva general de los resultados del proceso de
confirmación del Agrimensor General de las mercedes de tierras
españolas y mexicanas en Nuevo México, 1854-1891:
Tipo de la merced: Merced de tierras comunitarias: Documentación
original de mercedes comunitarias;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 78;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 68;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 57;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 21.
Tipo de la merced: Merced de tierras comunitarias: Mercedes
comunitarias auto-identificadas;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 53;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 39;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 32;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 9.
Tipo de la merced: Merced de tierras comunitarias: Mercedes
comunitarias de pueblo;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 23;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 23;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 22;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 18.
Subtotal;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 154;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 130;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 111;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 48.
Tipo de la merced: Mercedes individuales;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 141;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 78;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 70;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 19.
Total;
Total del número de mercedes de tierras en Nuevo México: 295;
Número de mercedes reclamadas que fueron presentadas al Agrimensor
General: 208;
Número de mercedes reportadas por el Agrimensor General: 181;
Número de Mercedes confirmadas por el congreso: 67.
Fuente: GAO análisis.
[Extremo de la tabla]
Para investigar la validez, naturaleza y extensión de una merced, el
Agrimensor General investigaba en parte los documentos en los archivos
del territorio relacionados a las mercedes de tierras de España y
México.[Nota a pie de página 45] Además, el Agrimensor General se
apoyaba en el contenido de los documentos presentados por los
reclamantes y sobre sus testimonios. La gran mayoría de los reclamantes
eran representada por un abogado en sus negociaciones con el Agrimensor
General, y algunas veces el abogado o los reclamantes mismos llamaban a
testigos adicionales para dar apoyo a su testimonio. La evidencia
también indica que había un contra-interrogatorio de testigos en
algunos de los procedimientos, cuando menos en 20 ejemplos diferentes,
realizados tanto por el abogado de la parte de quien disputaba el
reclamo, por un abogado de los Estados Unidos o por el Agrimensor
General o su personal.[Nota a pie de página 46]
Actualmente, como se comentará con más detalle en el capítulo 3,
algunos expertos reclaman que el proceso de los años 1800 careció de
algunos elementos de "debido proceso legal" constitutional y ellos
mantienen que se hubiera dado notificación verdadera a todas las
personas que pudieran haber tenido algún interés en una merced. Estos
expertos también reclaman que con el debido proceso legal requerido da
como posibilidad a las personas interesadas una oportunidad al
contrainterrogatorio de los testigos que dieron testimonio a favor de
un reclamo. Algunos Agrimensores Generales y Comisionarios del
Departamento Interior de la Oficina de Tierras Generales también era
crítico del proceso del Agrimensor General, como se comenta más tarde
en éste capítulo. Sin embargo, como se comenta en el capítulo 3,
nosotros concluimos que el proceso del Agrimensor General cumplió con
los requerimientos del debido proceso legal como aquellos requisitos
fueron definidos por las cortes a ese tiempo y aún también bajo los
estándares legales actuales.
Sobre el transcurso de los 37 años de actividad de la Oficina del
Agrimensor General, la oficina reportó sobre un total de 181 mercedes
de tierras,[Nota a pie de página 47] 159 de estas fueron tratadas
antes de que el proceso de confirmación llegará a ser más riguroso en
1885 seguido por la controversia de fraude y corrupción y confirmación
de un gran número de grandes mercedes de tierras (comentadas más tarde
en este capítulo). Prácticamente, todos los reportes del Agrimensor
General antes del año de 1885 (151 ó 95 por ciento) recomendó la
aprobación de la merced, cuando sólo 8 recomendó su rechazo. (Vea
tabla 5.) De 1885 a 1891, después de que un Agrimensor General nuevo
fuera nombrado, muchas de las decisiones previas del Agrimensor General
fueron revisadas y "revocadas" a través de los reportes suplementarios
y reportes iniciales que fueron preparados para las 22 mercedes
restantes. De estas 22 mercedes, 15 (68.2 por ciento) fueron
recomendadas por aprobación y 7 fueron recomendadas rechazarlas.
Tabla 5: Mercedes recomendadas para rechazar en decisiones
originales por el Agrimensor General de Nuevo México, 1854-1891.
Recomendaciones para rechazarlas, 1854-84[B]:
Nombre de la merced: Jornado del Muerto;
Número del reporte: 26;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Condiciones de la merced no
cumplidas.
Nombre de la merced: Galisteo (Pueblo de);
Número del reporte: 60;
Tipo de merced[A]: C;
Razones(s) para recomendar su rechazo: (1) Insuficiente prueba de una
merced; (2) Copia de los documentos de la merced hecha por un oficial
no autorizado para hacer copias.
Nombre de la merced: Ojo del Apache;
Número del reporte: 72;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Oficial no autorizado para
otorgar la merced.
Nombre de la merced: San Cristóbal;
Número del reporte: 110;
Tipo de merced[A]: OI;
Razones(s) para recomendar su rechazo: (1) Merced no registrada en
archivos;
(2) Condiciones de la merced no cumplidas;
(3) Oficial no autorizado para otorgar mercedes.
Nombre de la merced: Orejas del Llano de los Aguajes;
Número del reporte: 117;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Falsificación.
Nombre de la merced: José Domínguez;
Número del reporte: 120;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Nombre de la merced: Bartolome Baca;
Número del reporte: 126;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Permiso de pastoreo;
no una merced.
Nombre de la merced: Sebastian De Vargas[C];
Número del reporte: 137;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Recomendaciones para rechazarlas, 1885-91:
Nombre de la merced: Domingo Valdez;
Número del reporte: 141;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Nombre de la merced: Ocate;
Número del reporte: 143;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Condiciones de merced no
cumplidas.
Nombre de la merced: San Antonio de las Huertas;
Número del reporte: 144;
Tipo de merced[A]: C;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Nombre de la merced: Guadalupita;
Número del reporte: 152;
Tipo de merced[A]: OI;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Oficial no autorizado para
otorgar mercedes.
Nombre de la merced: Las Lagunitas;
Número del reporte: 154;
Tipo de merced[A]: OI;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Nombre de la merced: José García;
Número del reporte: 160;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Insuficiente prueba de una
merced.
Nombre de la merced: Nuestra Senora del los Dolores Mine;
Número del reporte: 162;
Tipo de merced[A]: I;
Razones(s) para recomendar su rechazo: Permiso de minería; no una
merced.
Fuente: Análisis GAO.
Nota: El Congreso actuó en sólo una de estas recomendaciones por
rechazo. La sección 5 de la Ley del 2 de Junio de 1860 permitió a los
reclamantes de la merced del Jornado del Muerto presentar sus
reclamaciones a la Corte Suprema del Territorio de Nuevo México. La
decisión de la Corte Suprema de Nuevo México estaba apelado a la Corte
Suprema de los Estados Unidos, la cual ultimadamente rechazó la
reclamación en United States v. Vigil, 80 U.S. 449 (1871) (comentada en
el capítulo 3). Los reclamantes para las otras mercedes eran libres de
someter sus reclamaciones para la CPLC porque el Congreso no actuó
sobre estas. Las reclamaciones para la merced de San Cristobal, la
merced de José Dominguez y la merced de Las Lagunitas no sometieron sus
reclamos a la CPLC.
[A] "C" se refiere a las mercedes de tierra comunitarias identificadas
a través de documentación original de la merced. "OI" se refiere a las
mercedes identificadas por herederos de las mercedes, expertos, u otros
como teniendo tierras comunes pero careciendo de documentación de apoyo
para la merced. "I" se refiere a las mercedes otorgadas a individuos.
[B] El Agrimensor General originalmente recomendó aprobar la merced de
tierra individual de Uña del Gato en 1874. Esa decisión fue revisada y
revocada en 1879. En la decisión de 1879, el Agrimensor General
Atkinson determinó que los documentos de la merced fueron falsificados
y que la reclamación era un fraude. El Congreso no actuó sobre esta
reclamación y no fue sometida a la CPLC.
[C] Esta fue la única merced que originalmente fue recomendada por
rechazó pero más tarde fue recomendada para aprobarse en un reporte
supletorio. La documentación adicional fue sometida en apoyo de la
demanda, y en el reporte supletorio de 1886 de la merced, el Agrimensor
General Julian recomendó que el Congreso lo confirmara.
[Extremo de la tabla]
Evaluando la validez de reclamaciones de mercedes de tierras
comunitarias, el Agrimensor General siguiendo las instrucciones del
Departamento del Interior para suponer que la existencia de una ciudad,
pueblo o aldea en el tiempo del Tratado era evidencia prima facie de
una merced. Antes de 1885, el Agrimensor General casi siempre recomendó
que el Congreso aprobara las mercedes y la mayoría del pequeño número
de recomendaciones por rechazo implicaban las mercedes de tierras
individuales en lugar de las mercedes comunitarias. Aún cuando el
Agrimensor General originalmente recomendó que cinco mercedes de tierra
comunitarias fueran rechazadas, no todas las mercedes de tierras
comunitarias, como el GAO había definido que el término para propósitos
de nuestros reportes, se evidenciaron por la existencia de una ciudad,
pueblo o aldea.[Nota a pie de página 48] El efecto directo de esta
presunción a favor de pueblos es ilustrado por una comparación de las
recomendaciones del Agrimensor General para la merced de tierra
individual del Ojo del Apache y las mercedes de tierras comunitarias de
San Antonio del Río Colorado. Como se mostró en la tabla 5, el
Agrimensor General Proudfit recomendó que la merced Ojo del Apache
fuera rechazada porque ésta fue otorgada por un juez de paz quien, bajo
la ley mexicana, no eran autorizada para la emisión de mercedes de
tierras. En apoyo de su decisión, el Agrimensor General Proudfit citó a
los Estados Unidos v. Cambuston, 61 U.S. 59 (1857), una decisión de la
Corte Suprema de los Estados Unidos en 1857 que había rechazado una
reclamación de una merced de tierra de California porque fue hecha por
una persona sin estar autorizada bajo la ley mexicana.[Nota a pie de
página 49] Poco tiempo después de ésta recomendación a rechazar, el
Agrimensor General Proudfit recomendó la aprobación de la merced de San
Antonio del Río Colorado, aún cuando esta también había sido hecha por
un juez de paz. Como lo notificado en el reporte en enero de 1874 del
Agrimensor General, el juez de paz otorgó la merced para más de 30
familias, quienes entonces establecieron una villa. El Agrimensor
General se apoyo sobre el hecho adicional y la suposición en favor de
ciudades, pueblos y aldeas estableciendo que no importa "si todos los
procedimientos originales eran regulares o no."
De 1854 a 1891, por la promulgación de una serie de siete estatutos de
confirmación, el Congreso confirmó 67 de las mercedes de tierras que el
Agrimensor General había remitido, a través del Departamento del
Interior, para la acción final. (Vea tabla 6.) El Congreso no confirmó
todas las mercedes de tierras que el Agrimensor General había
recomendado, ni concedió todos los acres reclamados por aquellas
mercedes que se confirmaron. La primera confirmación del estatuto,
promulgada en diciembre de 1858, confirmó 22 mercedes, incluyendo 17
mercedes de indígenas Pueblo. Para el 21 de junio de 1860, el Congreso
había actuado sobre todas las recomendaciones pendientes del Agrimensor
General antes de esa fecha. La Guerra Civil dio lugar a una
paralización del proceso de confirmación del Congreso a principios de
los años de 1860. Las confirmaciones del Congreso se reanudaron después
de la guerra, como se reflejan en la tabla 6, pero como se comenta a
continuación, ellos rápidamente llegaron a confundirse en la
controversia sobre el tamaño de algunas mercedes grandes de acres de
tierras. Similar a las provisiones de la Ley de 1851 para las mercedes
en California, todos de esos estatutos de confirmación para las
mercedes de tierras de Nuevo México especificaron que ellos sólo
resolvieron el título que los Estados Unidos tuvo en contra de un
reclamante, y sin excluir que otros afirmaron recusaciones que ellos
tuvieron título superior al reclamante original.[Nota a pie de página
50] A pesar de la Ley de 1851, sin embargo, las cortes confirmaron
esta limitación sobre el efecto de los estatutos de confirmación de
Nuevo México, además habilitando más tarde recusaciones para los
propietarios de las mercedes de tierras comunitarias.[Nota a pie de
página 51]
Tabla 6: Estatutos de confirmación de las mercedes de tierras
españolas y mexicanas en Nuevo México, 1854-1891:
Ley de confirmación: Ley de Dic. 22, 1858;
Cita: 11 Stat. 374;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 22;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 0;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 22.
Ley de confirmación: Ley de Junio 21, 1860;
Cita: 12 Stat. 71;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 23;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 13;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 36[A].
Ley de confirmación: Ley de Marzo 1, 1861;
Cita: 12 Stat. 887;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 0;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 1;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 1.
Ley de confirmación: Ley de Junio 12, 1866;
Cita: 14 Stat. 588;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 0;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 1;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 1.
Ley de confirmación: Ley de Feb. 9, 1869;
Cita: 15 Stat. 438;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 1;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 0;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 1.
Ley de confirmación: Ley de Marzo 3, 1869;
Cita: 15 Stat. 342;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 1;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 4;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 5.
Ley de confirmación: Ley de Enero 28,1879;
Cita: 20 Stat. 592;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 1;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 0;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 1.
Total;
Mercedes de tierras comunitarias confirmadas: 48;
Mercedes de tierras individuales confirmadas: 19;
El número total de mercedes de tierras confirmadas: 67.
Fuente: Análisis GAO.
Nota: Había tres estatutos de confirmación adicionales de1854 a 1891:
(1) la Ley del 1 de julio de 1870, la cuál confirmó la merced de tierra
de Gervacio Nolan en Colorado (16 Stat. 646); (2) la Ley del 6 de junio
de 1878, la cuál aprobó una merced ubicada en Nuevo México otorgada por
Texas por Benjamin E. Edwards (20 Stat. 537); y (3) la Ley del 1 de
oct. de 1888, la cuál aprobó una merced localizada en Nuevo México
otorgada por Texas por Henry Volcker (25 Stat. 1194). Además, el
Congreso retroactivamente confirmó la merced de tierra del Pueblo de
Zuni en 1931 (46 Stat. 1509). La merced de tierra Zuni fue ubicada
totalmente dentro de la reservación del Pueblo establecida por la orden
ejecutiva en 1877, al modificarse en 1883, 1885 y 1917.
[A] La Ley del 21 de junio de 1860 cubrió un total de 38 mercedes de
tierras. La Ley confirmó la merced de tierra Las Animas ubicada
totalmente en el Estado de Colorado. El Territorio de Nuevo México como
se creó originalmente en 1850, incluyó parte de lo que es ahora el
sureste de Colorado. El Territorio de Colorado no fue creado hasta en
1861. La ley también cubrió la merced de tierra individual del Jornado
del Muerto. En 1859, el Agrimensor General Pelham recomendó que el
Congreso rechazara esta merced porque los reclamantes no habían
cumplido las condiciones de la merced. En la Ley del 21 de junio de
1860, sin embargo, en lugar de rechazar el reclamo total, el Congreso
permitió a los reclamantes declarar su caso ante la Corte Suprema del
Territorio de Nuevo México. Ultimadamente, la Corte Suprema de Estados
Unidos rechazó la reclamación en United States v. Vigil, 80 U.S. 449
(1871).
[Extremo de la tabla]
La medición de las mercedes de tierras por la Oficina del Agrimensor
General usualmente ocurría sólo después que el Congreso había
confirmado una merced y era un proceso controversial. El propósito de
una medición era para determinar la ubicación exacta y el tamaño de la
merced, pero el proceso era abierto para el abuso a causa de las
descripciones vagas de los límites usados en los documentos de la
merced original y el hecho que algunas de las mercedes de tierras
tenían más de 100 años. En algunos casos, ninguna documentación de los
límites de las mercedes existieron; en otros casos, la descripción de
los límites fueron vagos; y todavía en otros casos, las descripciones
de las limitaciones entraron en conflicto con las descripciones
narrativas con respecto a la cantidad de tierra otorgada. Tales
problemas llevó al Agrimensor General a depender en los reclamantes
para ayudarle a identificar los límites de la merced, una situación que
dio un incremento a algunos fuertes conflictos de intereses. Primero,
era generalmente en el interés del reclamante el tratar de obtener
tanto terreno aprobado como fuera posible. Segundo, debido a que el
Agrimensor General se apoyo sobre el contrato de agrimensores quienes
eran pagados por la milla, este era en el interés del contrato de
agrimensores para hacer las mediciones tan grandes como fueran
posibles. Como los reclamantes y el Agrimensor General trataban de
lograr el acuerdo sobre los límites de mercedes, no era extraño la
medición de las mercedes un múltiple de veces. Para ciudades, pueblos y
aldeas que carecían descripciones de límites finitas, el Agrimensor
General usó una medida fijada de 4 leguas cuadradas, ó 17,361.11 acres,
basándose sobre una interpretación de la ley española y mexicana. Por
ejemplo, nueve indígenas Pueblo fueron aprobados por mercedes para
cerca de 4 leguas cuadradas cada uno. Similarmente, el Agrimensor
General aprobó los reclamos de mercedes de tierras para los pueblos de
Albuquerque y Santa Fé para 4 leguas cuadradas.
Tercero, había una controversia incluyendo cuál partido llevaría el
gasto de conducir la medición. El gobierno de los Estados Unidos pagó
para las mediciones de 1854 hasta a mediados de 1862. En mayo y junio
de 1862, en parte como un esfuerzo de conservar los fondos de la Guerra
Civil, el Congreso promulgó dos estatutos requiriendo reclamantes para
pagar el costo completo de la medición de sus mercedes de tierras.
[Nota a pie de página 52] Los reclamantes pagaron los costos completos
de la investigación hasta la segunda ley que fue revocada en marzo de
1875.[Nota a pie de página 53] Sin embargo, el Congreso promulgó un
requerimiento similar cerca de un año más tarde, en julio de 1876, y
reclamantes fueron una vez requeridos para pagar el costo completo de
medición.[Nota a pie de página 54]
Una vez que la medición había sido aprobada y pagada, una "patente"
sería expedida, estipulaba que la confirmación pertinente del estatuto
había dirigido tal promulgación. La patente era un documento firmado
por el Presidente de los Estados Unidos, transfiriendo todos los
derechos e intereses que los Estados Unidos tendría en una merced de
tierra española y mexicana. Precisamente como la confirmación de los
estatutos del Congreso eran equivalente sólo a una escritura de
finiquito de los Estados Unidos y no a una cuota de un simple traspaso
de título, las patentes también no eliminaron ninguno de los derechos
superiores para otorgar lo que otras personas habrían hecho. Tal tercer
partido fue autorizado, de acuerdo a los términos de las patentes, para
recusar la posesión de las mercedes de tierras en una acción de corte
separada.
Críticas tempranas sobre el proceso de confirmación de mercedes de
tierras bajo la supervisión del Agrimensor General:
Entre los críticos más sonados de la decisión para asignar la tarea de
revisar las mercedes de tierras españolas y mexicanas reclamadas a la
Oficina del Agrimensor General de Nuevo México estaban los Agrimensores
Generales por si mismos. El primer Agrimensor General, William Pelham,
quien sirvió casi por 6 años, fue abrumado con la posibilidad de
revisar más de 250 años los registros de las mercedes de tierras
españolas y mexicanas además a sus otras responsabilidades como
Agrimensor General. Semejante, el Agrimensor General Pelham y siete de
sus sucesores creyeron que determinando la validez de las mercedes de
tierras españolas y mexicanas eran una tarea "cuasi-judicial" (como
corte) que podrían ser mucho mejor desempeñada por alguien con un
entrenamiento legal. El Agrimensor General por lo tanto abogó
fuertemente que el Congreso tanto promulgara la legislación para
establecer una comisión, similar a una que se había establecido en
California, o estableciera que una corte juzgara los reclamos de las
mercedes de tierra. In 1858, 4 años después que el congreso había
asignado la tarea de evaluación de la merced para el Agrimensor
General, una ley fue introducida para transferir esta responsabilidad
para tal comisión,[Nota a pie de página 55] pero la ley nunca fue
promulgada y la reforma completa del proceso de la confirmación de la
merced de tierra no fue intentada de nuevo hasta los últimos de los
años de 1870.
Otra preocupación que los primeros Agrimensores Generales de Nuevo
México tenían acerca de sus propios procesos era que el interes de los
Estados Unidos no estaba siendo representado adecuadamente. A
diferencia de la confirmación del proceso en California, donde un
Agente de Estados Unidos era requerido para estar presente con la
finalidad de "supervisar" el interés del gobierno en cada caso y aún
cuando los Estados Unidos tuvieron un interés posible en cada merced en
Nuevo México porque cualquier rechazo de mercedes de tierras eran
consideradas tierras públicas de los Estados Unidos, los Estados Unidos
no se le requería estar representado separadamente en el proceso de
Agrimensor General. El Agrimensor General creyó que un mínimo, un
abogado representante de los Estados Unidos debe ser incluído en el
proceso para presentar el caso de gobierno y para refutarlo, como
adecuado, los argumentos presentados por un abogado de reclamantes.
Además de estas grandes preocupaciones con el proceso, los primeros
Agrimensores Generales expresaron un número de preocupaciones más
técnicas. Notando que la Ley de 1854 no especificara cualquier plazo de
tiempo para la presentación de demandas, los Agrimensores Generales
recomendaron que el Congreso enmendaran la ley para crear tal plazo
límite. El retraso de la presentación y adjudicación de reclamos lo
habían hecho extremadamente difícil para distinguir entre tierras
públicas y privadas en el Territorio de Nuevo México. Agrimensor
General Pelham, el primer Agrimensor General, lamentó este hecho en su
primer reporte anual, notando que sólo 20 reclamaciones fueron
presentadas durante los primeros 9 meses de la operación de la Oficina.
El notó que al no especificar un límite de tiempo de presentación, el
Congreso hubiera fallado para asegurar el objetivo por el cuál el
proceso del Agrimensor General era intencionado, sabiendo, la
resolución inmediata de las reclamaciones de merced de tierras. Algunos
sucesores del Agrimensor General Pelham comentaron sobre las razones
adicionales que podrían haber contribuido para este número limitado de
presentaciones, tales como los gastos implicados en la presentación y
el seguimiento de la demanda (las cuotas de los abogados, costos de
presentación de testigos y costos de medición). Algunos de los
Agrimensores Generales mismos estaban preocupados acerca de la
responsabilidad de los costos de la medición, como se mencionaron en el
párrafo anterior, el Congreso dirigió que en 1862 debe ser pagado por
los reclamantes. Ambos reclamantes y algunos de los Agrimensores
Generales mantuvieron que un requisito tal violado del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, y reclamantes generalmente negaron el pago para la
medición, escogiendo en lugar de apoyarse sobre la confirmación del
Congreso respectiva del estatuto como prueba de su título. Dentro de su
reporte anual de 1874, el Agrimensor General Proudfit reportó que sólo
seis reclamantes habían pagado para tener sus mercedes medidas en los
12 años anteriores.
Los reportes anuales del Agrimensor General constantemente repitieron
la llamada para un nuevo proceso de confirmación basado sobre todas
estas dificultades, como lo muestra en la figura 6:
Figura 6: Declaraciones por el Agrimensor General de Nuevo
México y Comisionados de la Oficina de Tierras Generales con respecto
al proceso de confirmación del Agrimensor General de las mercedes de
tierras:
"Las dificultades y gastos los cuales las partes que presentan
reclamaciones en esta oficina incurren representarán un número
limitado de los que han sido presentados; y yo recomiendo
respetuosamente que la legislación vaya más lejos sobre la cuestión,
ya que la ley actual ha fallado completamente para asegurar el
propósito por el cual este fue designada.”
William Pelham, Agrimensor General, 1855;
"Bajo la ley del Congreso aprobada el 2 de junio de 1862, el
reclamante, incluyendo el gasto de establecimiento de su demanda por
prueba, es requerido pagar el costo total de la medición, con otros
gastos, en muchos casos, más del valor en efectivo del terreno
reclamado.”
John A. Clark, Agrimensor General, 1862;
"La ley actual en vigor, requiriendo al agrimensor general averiguar
el origen, naturaleza, carácter, y extensión de todas las reclamaciones
para regirlas bajo las leyes, usos, y costumbres de España y México,'
...después de trece años de experiencia, ha fallado completamente para
efectuar los propósitos designados con eso. La gran injusticia es
responsable de haberlo hecho, como tanto para reclamantes como para el
gobierno, por esta manera anómala de determinar los derechos de las
partes. El Agrimensor General no es permitido incurrir a ningún gasto
en el llamado de testigos, la notificación no es requerida para dar a
ninguna parte en interés por publicación o de otra forma, y, como una
consecuencia, casi todas las investigaciones han sido ex parte..El
gobierno en estas confirmaciones podrían no tener ninguna injusticia
para individuos, o separado con el título a ninguna tierra lo cual
propiamente le correspondía, pero es su responsabilidad de hacerlo
bajo las circunstancias sea manifestada. Yo he, por lo tanto, de nuevo
exhortado que el Congreso hiciera la provisión para la mayor seguridad
de los derechos de individuos y de gobierno dentro de los
asentamientos de estas colonias.”
John A. Clark, Agrimensor General, 1867;
"Yo indebidamente no he magnificado la importancia para el gobierno y
la gente del Territorio de un asentamiento temprano de estos reclamos.
La corriente de emigración es dirigida fuertemente en esta dirección.
Las controversias están constantemente surgiendo entre los nuevos
asentados y reclamantes bajo estos títulos sin ajustar. Además la
inmigración se desanima, el progreso de asentamientos refrenados y el
desarrollo de los recursos de los Territorios aplazados.”
John A. Clark, Agrimensor General, 1868;
"Yo he estado convencido que una nueva ley tiene que ser promulgada
por el Congreso dentro de la materia de estas mercedes de los
gobiernos anteriores. La ley del 22 de julio de 1854 bajo lo que ellos
hasta ahora han sido juzgados, es muy crudo y defectuoso...es muy
posible que algunas mercedes que han además sido confirmadas que no
podrían haber pasado la escrutinidad de una comisión especial de
habilidad legal, estipulado con el abogado del Gobierno, significa el
imponer el asistir de testigos y otras facilidades para prevención o
revelación de fraude.”
James K. Proudfit, Agrimensor General, 1873;
"Sin embargo, un agrimensor general debe ser capaz, competente y
valioso como oficial ejecutivo, al conducir los negocios comunes que
surjan en la oficina del agrimensor general, él puede y probablemente
podrá, carecer de conocimientos técnicos legales los cuales le
permitirá hacer frente exitosamente al los voluminosos papeles de
título, complicados por la sofistería de la habilidad de los
abogados.”
S.S. Burdett, Comisionado, Oficina de Tierras Generales, 1875;
"La experiencia del pasado demuestra totalmente que después que estas
reclamaciones han sido reportadas al Congreso, como lo exigido
anteriormente dicho en la Ley de 1854, el Congreso se resiste a
aceptarlas y confirmarlas sin más conocimientos definitivos con
respecto su veracidad, extensión y ubicación; lo cuál es imposible
tenerla bajo el presente sistema defectuoso.”
J.A. Williamson, Commissionado, Oficina de Tierras Generales, 1876.
Fuente: Departamento del Interior de E.U.
[Extremo de la figura]
Las confirmaciones del Congreso terminaron después de la controversia
sobre el tamaño en acres de las grandes mercedes (el Caso Tameling):
Aunque las confirmaciones de Congreso recomendadas por el Agrimensor
General de las mercedes de tierras proseguidas después de la Guerra
Civil, el Congreso nuevamente detuvo la confirmación de las mercedes de
tierras--esta vez, permanentemente--después de la controversia
estallada sobre la confirmación de algunas mercedes de tierras grandes
y la Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvieron estas
confirmaciones por la decisión de 1876 en el Tameling v. United States
Freehold & Emigration Co., 93 U.S. 644 (1876).[Nota a pie de página
56] Dentro de dos decisiones tempranas de la Corte Suprema (en 1855 y
1859) incluyendo las mercedes de tierras reclamadas en California, la
Corte había declarado que bajo la ley mexicana, los gobernadores
mexicanos habían sido sólo autorizados para otorgar un máximo de 11
leguas cuadradas (cerca de 48,800 acres o 74 millas cuadradas) para
cualquier particular.[Nota a pie de página 57] Aún porque el Agrimensor
General de Nuevo México no estaba originalmente autorizado para la
medición de las mercedes de tierras reclamadas hasta después que el
Congreso los confirmó, nunca había sido medido. Como una consecuencia,
el Congreso estaba confirmando mercedes dentro de un vacío sin
conocimiento de que tan grandes mercedes podrían estar.
Las mercedes de Maxwell y Sangre de Cristo en Nuevo México son un
ejemplo de los problemas que este acuerdo creó. Cada una de estas
mercedes eran otorgadas sólo a dos individuos, y bajo las reglas de la
Corte Suprema en los casos de California, cada merced deben haber sido
limitada a un total de 22 leguas cuadradas ó 97,650.96 acres (11 leguas
cuadradas por persona multiplicadas por dos personas). Aún cuando las
mercedes no habían sido medidas todavía, sin embargo, el Congreso las
confirmó en 1860 sin conocimiento que ellos de hecho contaban con 1.7
millones y 1 millón de acres respectivamente.[Nota a pie de página 58]
Desde los últimos de años de 1860 a principios de los años 1870, los
reclamantes Maxwell y Sangre de Cristo solicitaron que sus mercedes
fueran investigadas de acuerdo a la manera que habían sido definidas
en los reportes del Agrimensor General, pero el Departamento Interior
rechazó estas solicitudes y en su lugar autorizó mediciones de sólo 22
leguas cuadradas para cada merced (11 leguas cuadradas por merced).
Los reclamantes de Sangre de Cristo apelaron esta decisión y el caso
finalmente culminó en la decisión de Tameling en 1876 en la Corte
Suprema de los Estados Unidos. En Tameling, la Corte Suprema mantuvo la
merced de Sangre de Cristo por la cantidad completa de acres de tierras
contenidas en la descripción original del Agrimensor General. La Corte
analizó que aún cuando, bajo sus decisiones previas de la merced de
California, la autoridad de los gobiernos mexicanos para otorgar tierra
bajo la ley mexicana había sido limitada a 11 leguas cuadradas por
persona, el Congreso en su estatuto de confirmación de 1860 había
aprobado independientemente la merced de Sangre de Cristo para la
extensión de los límites definidos por el Agrimensor General, sin
ninguna limitación de tamaño. Justice Davis declaró que el estatuto de
confirmación del Congreso conclusivamente confirmó los hallazgos en la
recomendación del Agrimensor General, el cuál dirigió tanto la entidad
que recibió el título y los límites de la merced. Los reclamantes
originales fueron prohibidos de recusar esas confirmaciones del
Congreso.[Nota a pie de página 59] De acuerdo con Justice Davis, en
sus estatutos de confirmación, el Congreso "pasa el título de los
Estados Unidos tan eficazmente como si este contuviera en términos una
merced de novo."[Nota a pie de página 60] Basándose en Tameling, el
Agrimensor General midió todas las mercedes de Maxwell y Sangre de
Cristo, y las mercedes estaban patentadas en 1879 y 1880,
respectivamente, cerca de 1.7 millones y 1 millones de acres. Una
cronología de eventos clave que envolvían estas dos mercedes es
presentada en la Tabla 7.
Tabla 7: Cronología de eventos clave para las mercedes de tierras
Maxwell y Sangre de Cristo:
Ley del 22 de julio de 1854 - El Congreso creó la Oficina del
Agrimensor General de Nuevo México y le asignó la responsabilidad de
investigar las reclamaciones de mercedes de tierras españolas y
mexicanas en el Territorio de Nuevo México (10 Stat. 308- 09):
Merced de tierra Sangre de Cristo: 11 de Oct. de 1855 - Reclamación
presentada por la merced de Sangre de Cristo.
Diciembre de 1855 - la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que
bajo la ley mexicana, el gobernador mexicano sólo tenía autoridad para
otorgar 11 leguas cuadradas para cualquier individuo (U.S. v. Larkin,
incluyó la apelación de una decisión sobre la reclamación de merced de
tierra de California):
Merced de tierra Sangre de Cristo: 30 de Dic. de1856 -El Agrimensor
General recomendó aprobación de la merced de la Sangre de Cristo sin
conocimiento de su tamaño.
Merced de tierra Maxwell: 23 de feb. 1857 - Reclamación presentada por
la merced de Maxwell.
Merced de tierra Maxwell: 17 de Sept. de 1857 - El Agrimensor General
recomienda aprobar la merced de Maxwell sin conocer su tamaño.
Diciembre de 1859 - En otro caso de merced de tierra de California, la
Corte Suprema de los Estados Unidos de nuevo regula que las mercedes
deberían ser limitadas a 11 leguas cuadradas por persona basándose en
la ley mexicana (U.S. v. The Widow, Heirs, and Executors of William E.
P. Hartnell).
Ley del 21 de junio de 1860 - El Congreso confirma las Mercedes de
tierra Sangre de Cristo y Maxwell sin ninguna limitación en el tamaño
(12 Stat. 71). La ley no autorizó al Agrimensor General a la medición
o patentar las mercedes.
30 de mayo y 2 de junio de 1862 - El Congreso promulga leyes
autorizando la medición de las reclamaciones de las mercedes de
tierras a las expensas del reclamante (12 Stat. 409, 12 Stat. 410).
3 de marzo de 1869 - El Congreso autorizó al Agrimensor General
patentar las Mercedes de tierra previamente confirmadas en Nuevo
México (15 Stat. 342):
Merced de tierra Maxwell: 31 de mayo de 1869 - Los reclamantes
solicitaron para una medición remitiéndola al Departamento del
Interior.
Merced de tierra Maxwell: 31 de Dic. de 1869 - Decisión por el
Secretario del Departamento del Interior limitar la medición a 22
leguas cuadradas(11 leguas cuadradas por persona para 2 individuos)
basándose sobre las decisiones previas de la Corte Suprema de los
Estados Unidos. Los reclamantes no aceptan la decisión;
Merced de tierra Maxwell: 27 de julio de 1871 - Un nuevo Secretario
del Interior confirma las decisiones previas para limitar la medición.
Los reclamantes no aceptaron esta decisión.
Merced de tierra Sangre de Cristo: 30 de Oct. 1872 - Los reclamantes
solicitan una medición.
Merced de tierra Sangre de Cristo: 5 de dic. de 1872 - Respuesta por
el Departamento del Interior para limitar la medición a 22 leguas
cuadradas (11 leguas cuadradas por persona para 2 individuos).
Merced de tierra Sangre de Cristo: Feb. 1874 - Decisión por la Corte
Suprema del Territorio Colorado que el Congreso aprobó la merced sin
ninguna limitación de tamaño (Tameling v. United States Freehold Land
and Emigration Co.).
Merced de tierra Sangre de Cristo: Oct. 1876 - La Corte Suprema de los
Estados Unidos, en la decisión de Tameling, afirma la decisión de la
corte de Colorado.
Merced de tierra Maxwell: 16 de marzo 1877 - Basado en la decisión
Tameling de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la cuál la Corte
sostuvo que el Congreso no está limitado en la cantidad de acres de
tierra eso podría incluir en un de novo, o nueva, merced, el Agrimensor
General está dirigida para medir la totalidad de la merced Maxwell.
Merced de tierra Maxwell: 19 de mayo de 1879 - La merced Maxwell es
patentada por más de 1.7 millones de acres.
Merced de tierra Maxwell: Dentro de los años de 1880 - La patente de la
merced Maxwell es recusada a mediados de los años de 1880 y es
confirmada por la Corte Suprema, en el caso Maxwell Land-Grant Case,
basándose en la decisión del Tameling [A];
Merced de tierra Sangre de Cristo: 20 de dic. de 1880 - La merced de
la Sangre de Cristo es patentada por cerca de 1 millón de acres.
Fuente: Análisis GAO.
[A] Vea Maxwell Land-Grant Case, 121 U.S. 325, reh'g denied, 122 U.S.
365 (1887). La Corte Suprema basando su decisión en Maxwell en el hecho
de que todas las tierras en exceso de 11 leguas cuadradas pertenecieron
a los Estados Unidos como parte del dominio público. En efecto, por
consiguiente, la Corte Suprema confirmó 11 leguas cuadradas basándose
en la cantidad para cada concesionado bajo la ley mexicana y otorgó 1.6
millones de acres de las tierras públicas de los Estados Unidos
adicionales.
[Extremo de la tabla]
Las agrimensuras y patentados de las mercedes de Maxwell y Sangre de
Cristo para tales acres de tierra sustanciales provocó un escándalo
político y dio un aumento a un movimiento anti-merced de tierra en el
norte de Nuevo México sur de Colorado. Los pobladores dentro de los
límites de las dos mercedes participaron en un conflicto abierto con
los nuevos propietarios, quienes empezaban a tomar pasos para desalojar
los pobladores como "intrusos." Los pobladores organizaron y trataron
de pelear su desalojo a través de procesos políticos y las cortes pero
sin éxito. Miles de pobladores se habían cambiado a la merced de
Maxwell entre el tiempo que fue otorgada en 1841 hasta el tiempo que
fue patentada en 1879, particularmente después de enero de 1874, cuando
el Secretario del Departamento del Interior ordenó la merced para ser
abierta para fincar (después el Secretario rechazó las solicitud de los
reclamantes de una medición del total de la merced). Similares eventos
ocurrieron en la merced de tierra de Sangre de Cristo. Los pobladores
sobre estas dos mercedes reclamaron que el gobierno defraudó de más de
2.5 millones de acres de tierra porque las mercedes deben haber sido
restringidas cada una a 22 leguas cuadradas (97,650.96 acres por
merced). Como se mostró en la tabla 8, la decisión Tameling afectó
otras tres mercedes de tierras mexicanas confirmadas por el Congreso,
además para la merced de tierras de Maxwell y Sangre de Cristo.
Tabla 8: Mercedes de tierras mexicanas confirmadas por el
Congreso excedente al 11 leguas cuadradas por persona en Nuevo México,
1854-1891:
Nombre de la merced: Maxwell;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 97,650.96;
Acres de tierra otorgados: 1,714,764.94;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 1,617,113.98.
Nombre de la merced: Sangre de Cristo;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 97,650.96;
Acres de tierra otorgados: 998,780.46;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 901,129.50.
Nombre de la merced: Pablo Montoya;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 48,825.48;
Acres de tierra otorgados: 655,468.07;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 606,642.59.
Nombre de la merced: Preston Beck, Jr;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 48,825.48;
Acres de tierra otorgados: 318,699.72;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 269,874.24.
Nombre de la merced: Bosque Del Apache;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 48,825.48;
Acres de tierra otorgados: 60,117.39;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 11,291.91.
Nombre de la merced: Total;
Acres de tierra limitados bajo la ley mexicana: 341,778.36;
Acres de tierra otorgados: 3,747,830.58;
Excedentes de acres de tierras otorgados: 3,406,052.22.
Fuente: Análisis GAO.
Nota: Todas las mercedes que han sido confirmadas por la Ley del 21 de
junio de 1860 salvo la merced de Pablo Montoya, la cuál fue confirmada
por la Ley del 3 de marzo de 1869.
[Extremo de la tabla]
Mientras tanto, después de la controversia sobre la merced de Maxwell
que culminó en los últimos de 1869, cuando los reclamantes intentaron
de hacer medir todo los acres de la merced cubiertos por la descripción
del Agrimensor General, el Congreso virtualmente detuvo cualquier
confirmación adicional de mercedes de tierras en Nuevo México. El
Congreso habían confirmado 67 mercedes en Nuevo México y Colorado en
ese tiempo, pero después de la decisión de Tameling en 1876, eso
confirmó sólo 2 mercedes de tierras españolas y mexicanas adicionales-
-uno en Colorado y un en Nuevo México. Sabiendo del significado legal
de su confirmación de decisiones después de Tameling, el Congreso
confirmó la merced de Gervacio Nolan en Colorado en julio de 1879 por
sólo 11 leguas cuadradas. El Congreso también confirmó la merced de
Mesita de Juana Lopez en Nuevo México en enero de 1879, la única merced
aprobada por el Congreso en Nuevo México después de Tameling, pero el
tamaño de la merced no era afectado por Tameling porque, al contrario
de muchas otras mercedes, la merced había sido medida en 1877, antes
que el Congreso confirmaba la merced y confirmó su medición de
42,022.85 acres.[Nota a pie de página 61]
La investigación del Agrimensor General de los reclamos de las mercedes
de tierras se volvieron más rigurosas en 1885:
Seguido por la controversia alrededor del tamaño de las mercedes de
Maxwell y Sangre de Cristo y las alegaciones de fraude y corrupción en
las reclamaciones siendo sometidas al Agrimensor General, la
investigación del Agrimensor General de mercedes de tierras reclamadas
se volvieron más rigurosas. El reporte anual de 1885 por el Comisionado
de la Oficina de Tierras Generales notificó que en muchas secciones del
país, entradas por las tierras públicas habían sido ficticias y
fraudulentas. Un comisionario anterior había notado que investigaciones
por su despacho habían encontrado que "esas grandes cantidades de
carbón valuable y tierras de hierro, bosque de madera y las tierras de
agricultura disponibles en toda las regiones de campo de apacentamiento
han sido monopolizadas." El Presidente Grover Cleveland dirigió un
cambio de administración en Washington, D.C. en 1885, y para tratar
estas alegaciones de fraude y corrupción y reforma del proceso de
confirmación de la merced de tierras, el nombró a George Washington
Julian como el nuevo Agrimensor General de Nuevo México el mismo año.
La Oficina del Departamento Interior de Tierras Generales dio
instrucciones al Agrimensor General Julian de reexaminar muchas de la
mercedes de tierras que ya habían sido favorablemente reportadas al
Congreso, y dentro de los próximos 4 años--de 1885 a 1889--el
Agrimensor General Julian revisó muchos de las recomendaciones de sus
predecesores para aprobar y "revocar" 28 de estos al expedir reportes
suplementarios. (Vea tabla 9.)
Así como las recomendaciones originales de sus predecesores, el
Agrimensor General Julian recomendó aprobar las mercedes de tierras
comunitarias en una proporción significativamente mayor que las
mercedes de tierras individuales. El Agrimensor General Julian
recomendó la aprobación de cerca de la mitad de las mercedes de tierra
comunitarias bajo la revisión (11 de 21) pero recomendó el rechazo de
casi todas las mercedes de tierras individuales. La presunción a favor
de ciudades, pueblos y aldeas que el Departamento del Interior dirigió
al Agrimensor General que aplicara era claramente reflejado dentro de
estos reportes suplementarios. En especial, el nuevo Agrimensor General
notó que aún cuando siete de las mercedes de tierras comunitarias no
satisfacían todos de los rigurosos requerimientos legales, él sin
embargo recomendó su aprobación como reclamaciones equitativas. Por
ejemplo, en el caso del pueblo de la Cieneguilla, el Agrimensor General
original había encontrado que aunque los reclamantes no probaron
legalmente sus reclamos, "parecía que un asentamiento fue encontrado en
la Cieneguilla hace algunos setenta u ochenta años cuando menos, y que
los pobladores originales, y aquellas propiedades conforme a ellos, se
ha creído que ellos tuvieron una merced de la tierra reclamada." En su
reporte suplementario, el Agrimensor General Julian aprobó la
reclamación de la merced de tierra para el pueblo de Cieneguilla como
un reclamo equitativo.
Table 9: Resultados de los reportes suplementales del Agrimensor
General Julian, 1885-1889:
Resultados de los reportes suplementales: Recomendaciones para aprobar
cambiadas a recomendaciones para el rechazo;
Mercedes de tierras comunitarias: 10;
Mercedes de tierras individuales: 18;
Total del número de mercedes de tierras: 28.
Resultados de los reportes suplementales: Recomendaciones para aprobar
cambiadas a recomendaciones calificadas para la aprobación[A];
Mercedes de tierras comunitarias: 7;
Mercedes de tierras individuales: 0;
Total del número de mercedes de tierras: 7.
Resultados de los reportes suplementales: Recomendaciones para aprobar
que permanecieron recomendaciones para aprobar[B];
Mercedes de tierras comunitarias: 4;
Mercedes de tierras individuales: 1;
Total del número de mercedes de tierras: 5.
Resultados de los reportes suplementales: Recomendaciones para
rechazar cambió a recomendaciones para aprobación;
Mercedes de tierras comunitarias: 0;
Mercedes de tierras individuales: 1;
Total del número de mercedes de tierras: 1.
Resultados de los reportes suplementales: Total;
Mercedes de tierras comunitarias: 21;
Mercedes de tierras individuales: 20;
Total del número de mercedes de tierras: 41[C].
Fuente: Análisis GAO.
[A] El Agrimensor General Julian determinó que siete de las mercedes de
tierras comunitarias no tenían el derecho legal de la merced que ellos
estaban reclamando pero en lugar había una "reclamación equitativa."
[B] La merced de tierra comunitaria de Santo Tomas de Yturbide (SGR No.
139) es incluida en esta categoría. El reporte original recomendó la
aprobación de la merced. El reporte suplemental del Agrimensor General
Julian, fechado el 25 de Agosto de 1885, recomendó que la merced era
rechazada, después de que la información de apoyo era sometida. El 1 de
julio de 1886, el Agrimensor General Julian notificó que si tuviera
esta información adicional que había sido disponible cuando el expidió
su decisión suplemental, él tendría que llegar a una conclusión
diferente.
[C] El Agrimensor General Julian preparó un total de 43 reportes
suplementales. Los dos reportes suplementales para la merced de tierra
Juan Bautista Valdez son consolidados en la tabla de arriba, y el
reporte suplemental de la merced de tierra Gaspar Ortiz no esta
incluida en la tabla. La merced de tierra comunitaria Juan Bautista
Valdez tuvo dos reportes originales (SGR Nos. 55 y 113) y dos reportes
suplementarios. Ambos de los reportes originales recomendaron la
aprobación y ambos de los reportes suplementarios recomendaron
rechazarlos. La merced de tierra individual Gaspar Ortiz (SGR No. 31)
fue confirmada por el Congreso por la Ley del 21 de junio de 1860.
Debido a la reclamación de la merced de tierra Gaspar Ortiz en SGR No.
31 había estado congresionalmente confirmado, la reclamación en SGR No.
87 fue recomendada para rechazarla en el reporte suplementario.
[Extremo de la tabla]
Intentos repetidos para reformar el proceso de confirmación de mercedes
de tierras fueron finalmente exitosos:
Como se describe arriba, a través de un periodo de 37 años en que las
mercedes de tierras comunitarias en Nuevo México fueron evaluadas por
el Agrimensor General, numerosas peticiones fueron hechas para reformar
el proceso. En general, el Congreso actuó en sólo 68 mercedes de
tierras de las 181 que el Agrimensor General había reportado; 67 de
estas fueron confirmadas y las otras fueron finalmente rechazadas por
la Corte Suprema de los Estados Unidos. Las 113 mercedes de tierras
restantes que aguardaban para la acción del Congreso, el Agrimensor
General había recomendado el aprobar 71 mercedes y rechazar las otras
42. Casi cada Agrimensor General de Nuevo México había recomendado
enmiendas legislativas para mejorar el proceso de revisión de mercedes
de tierras reclamadas, incluyendo el establecimiento de una
presentación con un plazo de tiempo como el Congreso lo había
promulgado para las mercedes de tierras en California, con la finalidad
de obligar a los reclamantes a presentar sus reclamos. Después que el
Congreso detuvo totalmente la confirmación de mercedes de tierra en
1879 y un aumento de retraso de recomendaciones acumuladas, ahí estaba
una presión elevándose por encontrar una solución permanente. El
Congreso estaba cuestionando acerca del gran tamaño de algunas de las
mercedes que habían sido confirmadas, la especulación y fraude en los
títulos de tierra que estaban tomando lugar y la seguridad de
información contenida en los reportes de los Agrimensores Generales.
Por consiguiente, iniciando en 1858 varios proyecto de ley fueron
presentadas en el Congreso proponiendo una solución para estos
problemas. Ninguno de estos proyectos de ley fueron promulgados, de
cualquier modo, porque el Senado y la Casa de los Representantes no
podían acordar como los problemas deberían ser dirigidos. La Casa
prefirió la creación de una comisión similar a una establecida en
California, cuando el Senado dio preferencia a la adjudicación de
reclamantes en las cortes locales. Los Senadores previeron que las
cortes se habían enfocado primeramente en la perfección del título
imperfecto remediar de sus defectos proporcionándole al reclamante un
título legal limpio. En otras palabras del Senador Ranson de Carolina
del Norte, las cortes de tierras serán "una corte de ley y una corte de
equidad--una corte claramente para considerar reclamos y títulos
equitativos."[Nota a pie de página 62] En el mensaje anual del
Presidente Benjamín Harrison para el Congreso en 1889, él hizo
presente el hecho que lo inestable del estado por títulos de tierras
obstaculizó seriamente el desarrollo de Arizona y Nuevo México; Por lo
tanto, recomendó pasar la legislación para provocar la resolución del
problema. En un intento por romper el estancamiento entre el Senado y
la Casa, el Presidente Harrison le recordó al Congreso en un mensaje
del 1 de julio de 1890, que los Estados Unidos tenía un deber con
México el confirmar todas las mercedes protegidas bajo el Tratado de
Guadalupe Hidalgo.[Nota a pie de página 63] Los repetidos atentados
para reformar el proceso fue finalmente un éxito con el
establecimiento de la Court of Private Land Claims en 1891.
La Court of Private Land Claims adjudicó los reclamos de 1891 a 1904:
En 1891, el Congreso pasó la Ley de 1891 creando la Court of Private
Land Claims (CPLC). La CPLC estaba encargada de tratar todas las
reclamaciones de tierra sin resolver en los Territorios de Nuevo
México, Arizona y Utah y de los estados de Nevada, Colorado y Wyoming.
Durante sus 13 años de historia, la CPLC dirigió reclamos incluyendo
211 de las 295 mercedes de tierras de la comunidad e individuales de
España y México en Nuevo México.[Nota a pie de página 64] La CPLC no
trató los méritos reales de 72 de estas 211 mercedes de tierra, sin
embargo, fue porque los reclamantes no siguieron sus casos antes de
CPLC o porque la CPLC determinó que no tenía la autoridad legal
(jurisdicción) para escuchar los reclamos. La CPLC decidió que las 139
mercedes restantes sobre sus méritos, y tanto reclamantes o el
gobierno de los Estados Unidos, ambos de quienes habían tenido el
derecho de apelar las decisiones de CPLC para la Corte Suprema de los
Estados Unidos, apelaron decisiones con respecto a un total de 57
mercedes. La Corte Suprema revocó las decisiones de CPLC en 10 casos y
confirmó las decisiones para otras 47 mercedes. En total, las cortes
(la CPLC y la Corte Suprema) confirmó y otorgó cuando menos algunos
acres para 84 mercedes de tierras y rechazó las 55 mercedes restantes.
Para las mercedes de tierras comunitarias en particular, las cortes
confirmaron 56 mercedes (73 por ciento) y rechazó 21 mercedes (27 por
ciento). Nuestra revisión de ocho mercedes de tierras comunitarias
seleccionadas que fueron rechazadas muestra que aquellos que vivieron
dentro de los límites de una merced comúnmente les fueron permitidos de
mantener su lote de casa individual bajo la disposición en la Ley de
1891 de reclamaciones de pequeña propiedad de tierra, pero ya no tenía
acceso para las tierras comunes.[Nota a pie de página 65]
La legislación de la CPLC estableció requerimientos específicos para la
adjudicación de mercedes de tierras:
La Ley de 1891 estableciendo la CPLC impuso requerimientos y
procedimientos especÌficos de la CPLC a seguir. El Congreso dio a la
CPLC autoridad para adoptar todas las reglas y regulaciones necesarias
para llevar a cabo sus operaciones, pero como se comenta abajo, este
autorizó la CPLC confirmar sólo aquellas mercedes de tierras que los
reclamantes podrían probar estaban "legalmente y regularmente
derivadas" bajo las leyes de España o México. La Ley de 1891 revocó la
Sección 8 de la Ley de 1854 dirigiendo al Agrimensor General de Nuevo
México a investigar y reportar la validez de las reclamaciones de las
mercedes de tierras, pero el Agrimensor General quedó responsable por
conducir las mediciones de las mercedes confirmadas. La Ley de 1891
también estableció la composición de la CPLC--un juez principal
presidente de la corte suprema y cuatro jueces asociados--todos de
quienes estaba para ser nombrados por el Presidente con el
consentimiento del Senado. El Presidente también estaba requiriendo
nombrar un Abogado de los Estados Unidos, confirmado por el Senado,
para representar los Estados Unidos en los procedimientos de CPLC. La
CPLC en turno estaba requiriendo nombrar un actuario, un delegado del
actuario, un estenógrafo, y un traductor con fluidez tanto en inglés y
español. Una vez que el CPLC estaba organizado, estaba requiriendo la
publicación de la noticia en los periódicos de su existencia, en inglés
y español, para un periodo de 90 días en Washington, D.C., y en las
capitales de los Territorios de Nuevo México y Arizona y del Estado de
Colorado. Además, era necesario, la CPLC estaba requiriendo de mantener
las sesiones en los estados y territorios sobre el cual había
jurisdicción y para publicar la noticia en los periódicos de sus
sesiones, en ambos idiomas inglés y español, una vez por semana por dos
semanas, en un periódico en la capital del estado o territorio donde
las sesiones tomarían lugar. La segunda notificación tuvo que aparecer
cuando menos 30 días antes de que el CPLC se reuniera.
La ley requirió a todos losreclamantes de quien las mercedes no estaban
completas y "perfectas" presentar los reclamos con la CPLC; aquellos
con mercedes perfectas podrían presentar sus reclamaciones pero no era
requerido de hacerlo. La Sección 6 de la Ley de 1891 requirió aquellos
con mercedes imperfectas presentar la siguiente información en sus
peticiones para la revisión de la CPLC: (1) la naturaleza de las
mercedes de tierra; (2) fecha y forma de la merced; (3) nombre del
oficial de otorgamientos; (4) el nombre de los reclamantes; (4) la
cantidad de tierras reclamadas; (5) los límites de tierra reclamada;
(6) la ubicación de la merced y un mapa mostrando la ubicación; y (7)
notificación de si el reclamante ya había sido confirmado, considerado
o actuado seguido por el Congreso u otras autoridades de los Estados
Unidos. Los reclamos que habían sido actuados sobre el Congreso no
podían ser reconsiderados por la CPLC. El abogado de los Estados Unidos
por la CPLC era responsable de representar los intereses de los Estados
Unidos, principalmente por hacer recusaciones apropiadas para reclamos
que fueran presentados. La Ley de 1891 fijó un límite de tiempo de dos
años después de que la ley llegó a ser efectiva para la presentación de
peticiones, significando que estos tenían que ser presentados a más
tardar el 3 de marzo de 1893. El incumplimiento de presentar dentro del
tiempo significaba que las reclamaciones por mercedes imperfectas
serían consideradas abandonadas y siempre enlistadas. La ley autorizó
tanto a los reclamantes y al gobierno de los Estados Unidos de apelar
las decisiones de la CPLC directamente para la Corte Suprema dentro de
los 6 meses de la decisión.[Nota a pie de página 66]
Bajo la Ley de 1891, la CPLC también requirió cumplir con los
siguientes requerimientos:
* En decidir sobre la validez de una reclamación, la ley dirigió la
CPLC para aplicar los requerimientos técnicos legales de España, México
o cualquier de los estados mexicanos que "posea la legítima autoridad
para hacer mercedes de tierras." Específicamente, como requerido por
"los principios de ley publica [internacional]" y el Tratado de
Guadalupe Hidalgo, Sección 13 de la Ley de 1891 requirió la CPLC para
aprobar sólo reclamos basado en un título legalmente y regularmente
derivado por parte del Gobierno de España o México," o de estados
mexicanos, los cuales--excepto por la transferencia de soberanía de
México a los Estados Unidos--los reclamantes habrían tenido "un derecho
legítimo para hacerlo perfecto."
* La CPLC no podía confirmar una merced si: (1) las tierras reclamadas
ya habían sido actuadas y confirmadas para otra parte por el Congreso o
bajo sus autoridad; (2) el reclamo interfirió con cualquier título
indígena o derecho para la tierra; o (3) cualquier "condiciones
antecedentes o subsiguientes" (condiciones que tuvieron que ser
satisfechas tanto antes o después que una merced llegaría a ser válida)
no fueron completadas dentro del tiempo y en la manera declarada.
* La CPLC no podía confirmar un reclamo imperfecto por más de 11 leguas
cuadradas (cerca de 48,800 acres o 74 millas cuadradas) para cualquier
concesionario o reclamante. (Esto era consistente con los límites
puestos bajo la ley mexicana en las mercedes que los gobernadores
pudieran otorgar, como se comentó arriba.)
* La "práctica" de la CPLC estaba para ser cumplida tan de cerca como
era posible de acuerdo a los procedimientos seguidos por las cortes de
equidad de los Estados Unidos (Este aspecto de las operaciones de CPLC
es comentada en más detalle abajo.)
* La obligación de probar era sobre los reclamantes. De acuerdo a las
decisiones de la Corte Suprema en Whitney v. United States, 167 U.S.
529, 547 (1897), y United States v. Elder, 177 U. S. 104, 109 (1900),
los reclamantes tuvieron que demostrar por una "preponderancia de la
evidencia" (el estándar general aplicado en los casos civiles en los
Estados Unidos) que sus reclamaciones fueran válidas.
* Como en las Leyes de 1851 y 1854, la Ley de 1891 con tal que las
decisiones de la CPLC (y, en la revisión, la Corte Suprema de los
Estados Unidos) estuvieran obligándolos sólo sobre personas que hacían
demandas a las cortes, y resolvieron los derechos de estas personas
solo en contra de los Estados Unidos. Las decisiones de la CPLC y la
Corte Suprema no obligaron a las terceras partes no envueltas en los
procesos de corte quienes creyeron que ellos tuvieron un título
superior de merced de tierra. Aquellas personas pudieron --y de hecho,
tienen --presentar acciones subsecuentes en la corte federal o estatal
para establecer sus intereses de posesión.[Nota a pie de página 67]
Aunque la Ley de 1891 no requería técnicamente aquellos quienes
mantienen mercedes perfectas para presentar reclamaciones con el CPLC
con la finalidad para confirmar el título de sus mercedes, ellos
tuvieron la opción de presentarlas voluntariamente si ellos deseaban
sus mercedes confirmadas y patentadas. Un concesionario con una merced
perfecta podría considerar que la confirmación de la CPLC agregaría
validez a su reclamación y de este modo decidir a presentarla
voluntariamente. (Además, el Abogado de los Estados Unidos presentaría
un caso ante la CPLC para impugnar el título de un concesionario quien
reclamara mantener una perfecta merced. Tales casos serían decididos de
acuerdo a la "ley, justicia y provisiones del [la Ley de 1891].") No
obstante, había un incentivo práctico para los poseedores de mercedes
perfectas para presentar reclamaciones con la CPLC. A diferencia de la
Ley de 1854, estableciendo el proceso del Agrimensor General y la Ley
de 1851 estableciendo el proceso de la Comisión de California, la
tierra reclamada bajo la Ley de 1891 no era reservada del dominio
público mientras la conclusión de un caso de merced de tierra reclamada
estaba pendiente. Por consiguiente, cuando un caso estaba pendiente, el
gobierno podía todavía patentar el terreno cubierto por la reclamación
bajo su legislación regular de merced de tierra, incluyendo las leyes
de fincas.[Nota a pie de página 68] El único recurso que un reclamante
tenía si su merced estaba confirmada pero ya había sido decidida antes
de ser patentada era obtener compensación del gobierno por $1.25 por
una acre. Mientras el término de CPLC era originalmente listo a
finalizar el 31 de diciembre de 1895, el Congreso extendió su
existencia siete veces hasta que la corte cesara la operación en junio
de 1904.
"Legalmente y regularmente derivado" el estándar legal que el Congreso
estableció para la CPLC para ser aplicadas en las evaluaciones de las
reclamaciones que era más restrictivo que el estándar legal que este
había establecido para tanto el Agrimensor General de Nuevo México o
para la Comisión de California. Como lo anteriormente comentado, el
Agrimensor General estaba para aplicar las "leyes, usos, y costumbres"
de España o México en evaluar la validez de un reclamante, como también
la presunción en favor de las mercedes de tierras donde la existencia
de un pueblo u otros asentamientos serían demostrados. Similarmente,
las Comisiones de California estaban para aplicar los mismos dos
requerimientos, como también como "los principios de equidad," las
provisiones del Tratado, decisiones de la Corte Suprema y la ley de las
naciones (ley internacional).
El alcance de la autoridad equitativa de la CPLC no era claro:
No fue claro hasta que punto, si del todo, la CPLC fue autorizada por
el Congreso a considerar los principios sustantivos de "equidad" en la
evaluación de las reclamaciones, además para considerar estrictamente
principios "legales." La Ley de 1851 al crear la Comisión de California
había autorizado explícitamente la Comisión y revisión de cortes para
considerar los principios de equidad en evaluar las mercedes
reclamadas, y en algunos casos, mercedes basadas únicamente en derechos
equitativos estaban confirmadas.[Nota a pie de página 69] Al crear la
Ley de 1891 el CPLC, a diferencia, sólo indicaba que los procesos
serían dirigidos tan cercanas como fuera posible de "acuerdo a la
práctica de las cortes de equidad de los Estados Unidos," en lugar de
indicar que la corte debe aplicar las reglas sustantivas de las cortes
de equidad.[Nota a pie de página 70] Sin embargo, en un sentido, el
papel sustantivo que el Congreso asignó para la CPLC sería considerado
equitativo en naturaleza: la corte estaba para hacer las mercedes
"imperfectas" "perfectas" al revisar los materiales presentados por el
reclamante para determinar si el título de la merced sería
considerado "legalmente y regularmente derivado." Todavía la Ley de
1891 limitó esta autoridad para casos en los cuales el reclamante podía
mostrar que el habría tenido el "legítimo"--no equitativo--derecho
para hacer la merced perfecta si la tierra hubiera permanecido bajo la
regla mexicana. La yuxtaposición de estas dos provisiones en la Ley de
1891 suscitó la pregunta de cómo la autoridad sustantiva del CPLC
confirma sólo el título "legal" que estaba para ser ejercitado de
acuerdo al la "práctica" procesal de las cortes de equidad.
Las decisiones de la Corte Suprema no proveen una respuesta honesta
para esta cuestión. En Cessna v. Estados Unidos, 169 U.S. 165, 188
(1898), la Corte decidió que la CPLC no tuviera autoridad equitativa
sustantiva. Un poco después de la decisión Cessna, sin embargo, en
Ely's Administrator v. Estados Unidos, 171 U.S. 220 (1898), la corte
determinó que la CPLC empleara su poder equitativo para ampliar la
evidencia introducida para establecer el título legal a una
merced.[Nota a pie de página 71] Similarmente, aún antes del caso del
Administrador Ely, la Corte Suprema había establecido que bajo la Ley
de 1891, la evidencia oral (versus evidencia documentaria) sería usada
para probar que una merced estaba "legalmente y regularmente derivada"
cuando los documentos no fueran disponibles.[Nota a pie de página 72]
La Corte Suprema habló claramente sobre este asunto, sin embargo, en
Estados Unidos v. Sandoval, 167 U.S. 278 (1897), comentado con más
detalle después en este capítulo y en el capítulo 3. La Corte concluyó
en Sandoval que la Ley de 1891 no autorizó la CPLC para confirmar las
mercedes de tierras basándose únicamente en un derecho equitativo del
reclamante. Al rechazar la reclamación para tierras comunes dentro de
la merced de tierra de San Miguel del Vado porque ninguna de las
reclamaciones tuvieron título legal para aquellas tierras, la Corte
Sandoval explicó que en virtud de las restricciones en la Ley de 1891,
"[e]s para el departamento político"--que es, para el Congreso, en
lugar de que las cortes--"tratar con los derechos equitativos
envueltos."[Nota a pie de página 73]
El proceso de confirmación de mercedes de tierras tal como fue
implementado por la CPLC:
La CPLC dirigió su trabajo para los seis territorios y estados
cubiertos en dos distritos geográficos: el Distrito de Nuevo México y
el Distrito de Arizona. La CPLC se reunió por primera vez en Santa Fe
el 1 de diciembre de 1891, y se reunió por primera vez en Tucsón un año
más tarde el 6 de diciembre de 1892. Como la corte original de 5
miembros, el Presidente Benjamin Harrison nombró a Joseph R. Reed como
el Juez Principal y Thomas C. Fuller, William M. Murray, Wilbur F.
Stone, y Henry C. Sluss como Jueces Asociados [Nota a pie de página
74] (Vea figura 7.) El Presidente también nombró a Matthew G. Reynolds
para servir como el abogado de los Estados Unidos representando al
gobierno en los procedimientos de CPLC.
Figure 7: Figura 7: La CPLC, 1891:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
Al final del su primer año de operaciones en 1891, la CPLC completó su
organización al nombrar un actuario, traductor y un estereógrafo, y
publicó tres noticias de periódico anunciando su existencia. Además,
para 1892, 3,000 avisos en español habían sido distribuidos por todas
partes del territorio, y un número igual en inglés, para proveer
notificación del establecimiento de la CPLC.[Nota a pie de página 75]
Desde 1891 a 1904, los reclamantes estaban presentando con la CPLC
incluyendo 211 de las 295 mercedes de tierras de la comunidad e
individual localizadas parcialmente o enteramente en Nuevo México.
[Nota a pie de página 76] (Vea tabla 10.) Cerca del 60 por ciento de
las reclamaciones de las mercedes de tierra incluían las mercedes de
tierras las que sus reclamaciones habían sido previamente presentadas
con el Agrimensor General de Nuevo México.
Tabla 10: Mercedes de tierras españolas y mexicanas en Nuevo
México donde sus reclamaciones fueron presentadas con la CPLC, 1891-
1904:
Tipo de merced: Mercedes de tierra comunitarias: Documentación
original de las mercedes comunitarias;
Número de mercedes con reclamaciones re-presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 45;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 10;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 55;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 78.
Tipo de merced: Mercedes de tierra comunitarias: Mercedes comunitarias
auto-identificadas;
Número de mercedes con reclamaciones re-presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 25;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 13;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 38;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 53.
Tipo de merced: Mercedes de tierra comunitarias: Mercedes comunitarias
de los inígenas Pueblo;
Número de mercedes con reclamaciones re-presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 3;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 0;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 3;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 23.
Subtotal;
Número de mercedes con reclamaciones re- presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 73;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 23;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 96;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 154.
Tipo de merced: Mercedes individuales;
Número de mercedes con reclamaciones re-presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 52;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 63;
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 115;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 141.
Total;
Número de mercedes con reclamaciones re- presentadas de nuevo del
Agrimensor General: 125[A];
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones nuevas fueron
presentadas: 86[B];
Número total de mercedes por las cuales reclamaciones fueron
presentadas con la CPLC: 211;
Total del número de mercedes de tierra en Nuevo México: 295.
Fuente: Análisis GAO.
[A] Las reclamaciones incluyeron 17 de 208 mercedes españolas y
mexicanas presentadas con el Agrimensor General de Nuevo México no
fueron re-presentadas de nuevo con el CPLC. El Congreso no había
actuado sobre 140 de aquellas mercedes, y las reclamaciones se
presentaron de nuevo con la CPLC incluyendo 123 de las 140 mercedes,
como también las 2 mercedes en Nuevo México que el Congreso ya había
actuado sobres éstas.
[B] La mayoría de estas reclamaciones nuevas fueron retiradas cuando
las demandas llegaron a juicio. Sólo 12 de las 86 mercedes de tierras
de las cuales reclamaciones nuevas fueron presentadas con la CPLC
fueron confirmadas finalmente.
[Extremo de la tabla]
La gran mayoría--casi el 75 por ciento--de las reclamaciones nuevas
presentadas con el CPLC para mercedes en Nuevo México incluían mercedes
individuales en lugar de mercedes comunitarias. Una proporción
sustancial de todas las reclamaciones basadas en Nuevo México fueron
presentadas inmediatamente antes del plazo límite de dos años. Más del
40 por ciento de las reclamaciones presentadas con el Distrito de Nuevo
México de la CPLC, por ejemplo, fueron presentadas dentro de los 3
últimos días precedentes al plazo límite del 3 de marzo de 1893. Eso
parece que un número de estas reclamaciones fueron presentadas
"protectivamente," simplemente para cumplir el plazo límite legal de
presentación. Como se comenta abajo, muchos reclamantes nunca
desarrollaron o siguieron sus reclamaciones: once de los reclamantes
fueron presentados cubriendo un total de 2.7 millones de acres, desde
tan lejos como California, pero nunca se les dio continuidad.
A diferencia del proceso del Agrimensor General, el cual había colocado
la mayoría del gran trabajo de investigación sobre el Agrimensor
General y sus empleados (y el cual resultó en recomendaciones de
aprobación para la mayoría de las mercedes de tierras), el proceso de
CPLC asignó una considerable responsabilidad a la Oficina del Abogado
de los Estados Unidos del CPLC para recopilar y evaluar grandes
cantidades de testimonios y evidencias. El resultado fue que el CPLC
era capaz de analizar las reclamaciones de las mercedes de tierra mas a
fondo que el Agrimensor General, cuando menos con el respeto a los
intereses de los Estados Unidos. Cuando una reclamación era presentada
con el CPLC, el abogado de los Estados Unidos evaluaba la petición para
determinar si era presentado un caso propio en contra de los Estados
Unidos. Entre otras cosas, el Abogado de los Estados Unidos determinó
si los documentos presentados eran genuinos y correctamente traducidos,
y si los límites y ubicaciones de las reclamaciones estaban propiamente
ubicados e indicados.[Nota a pie de página 77] El Abogado de los
Estados Unidos reunió evidencia mediante la investigación de materiales
en los archivos, identificando y cuestionando testigos, y concediendo
citaciones y tomando declaraciones. La ley española y mexicana fue
investigada para determinar si la merced de tierra había sido
"legalmente y regularmente derivada."[Nota a pie de página 78] El
Abogado de los Estados Unidos algunas veces encontró otras personas
afectadas por una reclamación con la finalidad de incluirlos en el
caso. Cuando una reclamación llegaba a juicio, el Abogado de los
Estados Unidos o un Asistente del Abogado de los Estados Unidos
presentaban el caso del gobierno y el abogado del reclamante
presentaba el caso del reclamante. Ambos lados podían interrogar y
contrainterrogar, objetar evidencia inadmisible, y hacer cualquier
moción necesaria.
Muchos casos que finalmente la CPLC rechazó no fueron rechazados por
razones sustantivas, sino porque los reclamantes decidieron más tarde
no proseguir con sus reclamaciones. Cuando los casos llegaron a juicio,
por ejemplo, los reclamantes con frecuencia anunciaban a la CPLC que
ellos ya no deseaban continuar con sus demandas, hasta el punto de que
el CPLC los rechazó. Además, la CPLC rechazó demandas porque la CPLC
determinó que ellos estaban fuera de la jurisdicción que el Congreso
había establecido por la corte en la Ley de 1891. Por ejemplo, la Ley
de 1891 no autorizó a la CPLC dar audiencia a las mercedes cuando estas
entran en conflicto o coinciden con otras mercedes ya confirmadas por
el Congreso. Por esta razón, la corte rechazó las reclamaciones de la
merced individual del Rancho el Rito, la merced comunitaria del Cañon
de San Diego y la merced de Las Animas en Colorado, todos los que el
Congreso había dirigido. A todos se les dijo que cerca del 34 por
ciento de 211 mercedes basadas en Nuevo México que llegaron antes a la
CPLC (72 reclamaciones) fueron rechazadas por estas razones procesales.
(Vea tabla 11.)
Tabla 11: Número de mercedes de Nuevo México dónde sus
reclamaciones fueron presentadas con la CPLC y cómo se resolvieron:
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Documentación original de mercedes comunitarias;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 55;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 8;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 47.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Mercedes comunitarias auto-identificadas;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 38;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 11;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 27.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Mercedes comunitarias de indígenas Pueblo;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 3;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 0;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 3.
Subtotal;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 96;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 19;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 77.
Tipo de merced: Mercedes individuales;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 115;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 53;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 62.
Total;
Total de mercedes cuales reclamos fueron presentados con la CPLC: 211;
Total de reclamos que no se les dio seguimiento o que había problemas
jurisdiccionales: 72;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por CPLC: 139.
Fuente: Análisis GAO.
[Extremo de la tabla]
Para los reclamos que incluían las 139 mercedes de tierras restantes
basadas en Nuevo México, la CPLC llegó a una decisión basada en los
hechos de cada caso. Finalmente, la CPLC confirmó y otorgó cuando
menos algunos acres a 84 mercedes (cerca del 60 por ciento) de las 139
mercedes sobre las cuales dirigía. (tabla 12) Un número de las
mercedes confirmadas recibió menos acres que las reclamadas a causa de
las disputas de límites, conflictos con mercedes confirmadas
previamente y ciertas otras razones legales incluyendo los
requerimientos de la Ley de 1891 de restringir ciertas mercedes a 11
leguas cuadradas. El CPLC rechazó las 55 mercedes restantes (o cerca
del 40 por ciento) por una variedad de razones, incluyendo que las
mercedes habían sido hechas por oficiales sin autoridad para hacer la
merced, que los reclamantes fallaron en cumplir con las condiciones de
la merced y que no había suficiente evidencia de la existencia de una
merced. En total, para las 77 mercedes de tierra comunitarias en Nuevo
México las cuales las decisiones fueron hechas, la CPLC confirmó 56
mercedes (73 por ciento) y rechazó 21 mercedes (27 por ciento).
Tabla 12: Número de mercedes en Nuevo México confirmadas o rechazadas
por la CPLC, 1891-1904:
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Documentación original de mercedes comunitarias;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
34[A];
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 13;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 47.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Mercedes de comunidad auto-identificadas;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
20;
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 7;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 27.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias:
Mercedes comunitarias de indígenas Pueblo;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
2;
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 1;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 3.
Subtotal;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
56;
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 21;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 77.
Tipo de merced: Mercedes Individuales;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
28;
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 34;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 62.
Total;
Número de mercedes que fueron confirmadas y otorgaron acres de tierra:
84[A];
Número de mercedes que fueron rechazadas y no otorgaron acres de
tierra: 55;
Total de reclamos decididos por razones sustantivas por la CPLC: 139.
Fuente: Análisis GAO.
Nota: La información presentada en esta tabla son basados en los
resultados finales para cada merced de tierra, incluyendo acciones por
la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Congreso.
[A] Esta cantidad incluye las mercedes de tierra comunitarias de Santa
Fé y la ciudad de Albuquerque. Ambas mercedes fueron aprobadas por la
CPLC, entonces rechazadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.,
después confirmadas por el Congreso a través de la legislación en 1901
y 1900, respectivamente.
[Extremo de la tabla]
Tanto los reclamantes y el gobierno de los Estados Unidos tuvieron un
derecho de apelar las decisiones de la CPLC a la Corte Suprema de los
Estados Unidos. Aún cuando la Corte Suprema revisó las decisiones de
novo en evaluar la ley y hechos--que es, la aplicación de su propio
juicio sin deferencia a la decisión de la CPLC--la Corte Suprema
estaba obligada por el mismo estándar "legalmente y regularmente
derivado" y otras condiciones en la Ley de 1891 como la CPLC. Las
decisiones incluían 57 mercedes de tierras que fueron apeladas a la
Corte Suprema de los Estados Unidos: los reclamantes apelaron las
decisiones incluyendo 34 de las mercedes, el gobierno de los Estados
Unidos apeló decisiones que incluían 22 mercedes, y ambos lados
apelaron una merced. La Corte Suprema revocó la decisión de la CPLC en
10 de estas 57 mercedes y mantuvo las decisiones de las 47 mercedes
restantes. En dos ejemplos--en cuanto las mercedes de Santa Fé y del
pueblo de Albuquerque--el Congreso más tarde decidió confirmar las
mercedes después de que la Corte Suprema las había rechazado, en
efecto haciendo mercedes de novo de la propia tierra de gobierno. (Vea
tabla 13.)
Tabla 13: Decisiones de la CPLC revocadas por la Corte Suprema de
Estados Unidos:
Decisiones apeladas sólo por el gobierno de los Estados Unidos:
Nombre de la merced: Santa Féa;
Cita: U.S. v. Santa Fe, 165 U.S. 675 (1897);
Decisión original CPLC: Confirmada;
4 leguas cuadradas;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
insuficiente prueba de una merced.
Nombre de la merced: San Miguel del Vado;
Cita: U.S. v. Sandoval, 167 U.S. 278 (1897);
Decisión original CPLC: Confirmada;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Confirmada;
restringida para asignaciones individuales.
Nombre de la merced: Albuquerque (Pueblo de)[A];
Cita: U.S. v. City of Albuquerque, 171 U.S. 685 (1898);
Decisión original CPLC: Confirmada;
4 leguas cuadradas;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
insuficiente prueba de una merced.
Nombre de la merced: Cuyamungé;
Cita: U.S. v. Conway, 175 U.S. 60 (1899);
Decisión original CPLC: Confirmada;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Confirmada;
para la extensión sin conflictos con indígenas Pueblo.
Nombre de la merced: Petaca;
Cita: U.S. v. Peña, 175 U.S. 500 (1899);
Decisión original CPLC: Confirmada;
restringida a 11 leguas cuadradas;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Confirmada;
restringida por asignaciones individuales.
Nombre de la merced: Sierra Mosca;
Cita: U.S. v. Ortiz, 176 U.S. 422 (1900);
Decisión original CPLC: Confirmada;
restringida a 11 leguas cuadradas;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
legitimidad de la merced cuestionada.
Nombre de la merced: Cebolla;
Cita: U.S. v. Elder, 177 U.S. 104 (1900);
Decisión original CPLC: Confirmada;
límites en disputa;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
insuficiente prueba de una merced.
Nombre de la merced: Baltazar Baca;
Cita: U.S. v. Baca, 184 U.S. 653 (1902);
Decisión original CPLC: Confirmada;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
contenida dentro de las mercedes confirmadas por el congreso
previamente.
Decisiones apeladas sólo por los reclamantes:
Nombre de la merced: Cañada de Cochiti;
Cita: U.S. v. Whitney, 167 U.S. 529 (1897);
Decisión original CPLC: Confirmada;
límites en disputa;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Confirmada;
límites alargados.
Decisiones apeladas tanto por el gobierno de Estados Unidos y los
reclamantes:
Nombre de la merced: Bartolomé Baca;
Cita: Bergere v. U.S., 168 U.S. 66 (1897);
Decisión original CPLC: Confirmada;
restringida a 11 leguas cuadradas;
Decisión sobre apelación para la Corte Suprema de Estados Unidos:
Rechazada;
la merced no legalmente y regularmente derivada.
Fuente: Análisis GAO.
[A] Como lo indica la tabla 12, cuando la Corte Suprema de Estados
Unidos rechazó las mercedes para las ciudades de Albuquerque y Santa
Fé, el Congreso más tarde decidió confirmar ambas mercedes.
[Extremo de la tabla]
La acción de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar la
confirmación de la CPLC de la merced de tierra de San Miguel del Vado,
en el caso mencionado arriba de United States v. Sandoval, merece una
atención más cercana y es comentada en detalle en el capítulo 3. En
breve, la Corte estableció que las tierras comunes de una merced
pertenecieron a los soberanos--México y entonces los Estados Unidos--en
lugar de que a la comunidad, por eso consideraron más de 300,000 acres
de tierra reclamados por la comunidad para ser las tierras públicas de
los Estados Unidos seguido por la firma del Tratado de Guadalupe
Hidalgo.
Después de que la CPLC confirmó una merced de tierra, el Agrimensor
General de Nuevo México midió la merced de acuerdo con el decreto de
confirmación de la CPLC. La mitad de los costos de la medición estaban
para ser llevados por el reclamante. Como lo requerido por la Sección
10 de la Ley de 1891, cuando la medición era completada, el Agrimensor
General emitía una notificación pública en el periódico local de los
resultados de la medición y requerían cualquier comentario dentro de 90
días. Si protestas eran presentadas, la CPLC tenía que decidir si la
medición debería ser aprobada o rechazada. La CPLC también tuvo que
examinar la medición para determinar si había sido ejecutada de acuerdo
con el decreto de confirmación. Si la CPLC no aprobaba la medición, una
nueva medición era ordenada y el proceso de medición empezaría de
nuevo.
La CPLC rechazó un gran número de mediciones cuando menos una parte,
pero el Agrimensor General de Nuevo México creyó que la mayoría de la
responsabilidad de estos rechazos provenían de las descripciones vagas
e indefinidas de la CPLC en cuanto las mercedes de tierras, lo que hace
extremadamente difícil para medir con precisión las tierras.[Nota a
pie de página 79] Una vez que la medición era terminada y aprobada, el
Comisionado del Departamento Interior de la Oficina de Tierras
Generales expedía una patente para los reclamantes. Como se comentó
arriba, la Ley de 1891 estipuló que la patente sólo establecía título
entre el reclamante y los Estados Unidos. Las terceras partes quienes
creían que ellos tenían un título superior podían todavía presentar
una demanda en otro foro, tales como en cortes territoriales o
federales, para establecer sus intereses.
Actualmente, algunos eruditos afirman que el proceso de la CPLC era
inadecuado porque esta no dio una consideración adecuada a los
principios de equidad. Un comentarista ha indicado que la CPLC definió
sus poderes equitativos tan cerrados que se negó a reconocer las
mercedes que México habría considerado validas antes de la cesión del
territorio en 1846 a los Estados Unidos.[Nota a pie de página 80] Como
se discutió en el capítulo 3, sin embargo, la CPLC y la Corte Suprema
de los Estados Unidos actuaron dentro de las limitaciones que el
Congreso estableció en la Ley de 1891--para confirmar sólo las mercedes
apoyadas por un título estrictamente legal, no un título equitativo.
Esos criterios eran más estrictos que los estándares legales que el
Congreso había establecido para el Agrimensor General de Nuevo México
y para la Comisión de California, pero esto era una política a escoger
dentro de la prerrogativa del Congreso. A pesar de que esta obediencia
legal, el proceso de la CPLC, como el proceso del Agrimensor General,
era gravoso y creó privación para cuando menos algunos concesionarios,
y el Congreso puede desear el considerar, como un asunto de política,
si las medidas adicionales pueden ser apropiadas para dirigir las
preocupaciones restantes.
El gobierno federal otorgó los reclamos de pequeñas propiedades en los
límites de las mercedes de tierras rechazadas:
Para las mercedes que la CPLC o la Corte Suprema de los Estados Unidos
rechazaron, los reclamantes o cualquiera que viviera en la merced tenía
la opción de adquirir título para sus tramos individuales como una
"pequeña propiedad" de tierra reclamada. Las secciones 16 hasta la 18
de la Ley de 1891 autorizaron las reclamaciones de pequeñas propiedades
hasta 160 acres de tierra por persona. Bajo estas disposiciones, los
reclamantes originalmente tenían 2 años desde el 3 de marzo de 1891
para presentar una solicitud con el Agrimensor General de Nuevo México,
buscando una patente hasta 160 acres de tierra donde el reclamante, sus
ancestros, otorgantes, o sus sucesores legales en títulos o posición
habían estado en "posesión real adversa continua" por 20 años.[Nota a
pie de página 81] El plazo de tiempo para la presentación de
reclamaciones de pequeñas propiedades fue finalmente extendida por 14
años hasta el 4 de marzo de 1917, posiblemente para explicar el hecho
de que los reclamantes estaban esperando por la adjudicación final de
sus reclamos de las mercedes de tierras españolas y mexicanas.[Nota a
pie de página 82] Actualmente, Despacho de la Administración de Tierras
del Departamento del Interior (el sucesor de la Oficina de Tierras
Generales quien alojo al Agrimensor General) estima que cerca de
73,000 acres de tierra fueron otorgados sobre la base de reclamaciones
de pequeñas propiedades. Aún cuando los acres exactos de estas
reclamaciones son desconocidos, nosotros revisamos 8 mercedes de
tierra comunitarias seleccionadas que habían sido rechazadas y
encontramos que las reclamaciones de pequeñas propiedades fueron
otorgadas en cada caso. Por ejemplo, dentro de la merced de tierra de
la comunidad de Embudo que fue rechazada por 25,000 acres, residentes
de la merced fueron capaces de obtener más de 900 acres de tierra como
reclamaciones de tierra de pequeña propiedad.
El porcentaje de tierras en acres otorgados durante los dos procesos de
confirmación es bastante mayor a lo que es comúnmente reportado:
En discusión a los resultados de los procesos del Agrimensor General y
la CPLC en Nuevo México, los expertos de mercedes de tierras han
reportado con frecuencia que sólo el 24 por ciento de los acres de
tierra reclamados por las mercedes de tierras comunitarias e individual
en Nuevo México fueron otorgados.[Nota a pie de página 83] Esta
cantidad de 24 por ciento para Nuevo México es entonces comparada con
el 73 por ciento de los acres de tierras reclamados aprobados en
California, con la desigualdad está demostrando que el proceso de
confirmación de mercedes de tierras en Nuevo México debe haber sido
inadecuado en alguna manera. Como se comenta abajo, sin embargo, en el
juicio GAO, muchas diferencias entre las situaciones en California y
Nuevo México, incluyendo las diferencias en los procedimientos de
confirmación y otros factores, hacen de estas comparaciones matemáticas
inapropiadas. Además, la cantidad más exacta de acres de tierra para la
mercedes de tierras comunitarias e individuales otorgadas en Nuevo
México, en nuestro juicio, fue actualmente el 55 por ciento, no el 24
por ciento,[Nota a pie de página 84] y la cantidad más exacta para el
número de mercedes comunitarias e individuales confirmadas eran en
realidad el 73 por ciento, no el 52 por ciento. Además, de las
mercedes comunitarias en Nuevo México, nosotros encontramos que el 83
por ciento de las mercedes reclamadas fueron confirmadas más que el 68
por ciento, y el 64 por ciento de los acres de tierra reclamados
fueron otorgados, en lugar del 44 por ciento. La tabla 14 resume los
acres de tierra normalmente reportados como confirmados para las
mercedes comunitarias e individuales en Nuevo México durante el
periodo del Agrimensor General (cerca de 9.4 millones de acres de
tierra, de casi 12 millones de acres de tierra reclamados) y el
periodo de CPLC (más de 1.9 millones de acres, de casi 35 millones de
acres reclamados), como también nuestras cantidades ajustadas por los
acres de tierra reclamados y confirmados bajo proceso.
Tabla 14: Acres de tierras otorgados para las mercedes de
tierras comunitarias e individuales durante los procesos de
confirmación de las mercedes de tierras del Agrimensor General y la
CPLC en Nuevo México Con y Sin ajustes (substracciones) por la GAO:
Proceso de confirmación: Agrimensor general;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
reclamados: 11,993,307.91;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
confirmados: 9,446,108.16;
Porcentaje de acres de tierra comúnmente reportados como confirmados:
78.8;
Total ajustado de acres de tierra reclamdos: 9,915,634.69;
Total ajustado de acres de tierra confirmados: 7,915,634.69;
Porcentaje ajustado de acres de tierra confirmados: 80.1.
Proceso de confirmación: CPLC;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
reclamados: 34,653,340.62;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
confirmados: 1,934,986.39;
Porcentaje de acres de tierra comúnmente reportados como confirmados:
5.6;
Total ajustado de acres de tierra reclamdos: 7,997,756.21;
Total ajustado de acres de tierra confirmados: 1,961,789.17;
Porcentaje ajustado de acres de tierra confirmados: 19.9.
Proceso de confirmación: Total;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
reclamados: 46,646,648.53;
Total de acres de tierra comúnmente reportados como
confirmados: 11,381,094.55;
Porcentaje de acres de tierra comúnmente reportados como confirmados:
24.4;
Total ajustado de acres de tierra reclamdos: 17,913,390.9;
Total ajustado de acres de tierra confirmados: 9,877,423.86;
Porcentaje ajustado de acres de tierra confirmados: 55.1.
Fuente: Análisis GAO.
Note: La información presentada en esta tabla es basada en los
resultados finales para cada merced de tierra, incluyendo acciones por
la Corte Suprema de los Estados Unidos y Congreso.
[Extremo de la tabla]
La cantidad de 24 por ciento citada por los eruditos para los acres de
tierras otorgados en Nuevo México fue, a nuestro juicio, calculado
incorrectamente. Este compara los acres de tierras otorgados (el
"numerador") con los acres de tierras reclamados (el "denominador"),
pero el último incluye los acres de tierras que deberían ser excluidos
por un número de razones según una evaluación del proceso de
confirmación. El efecto de este error es que indica una baja proporción
de los acres de tierras confirmados de lo que realmente ocurrió.
Primero, los acres de tierra reclamados fuera de Nuevo México fueron
incluidos en el cálculo. Dos mercedes grandes caen en esta categoría
eran la merced de Los Conejos en Colorado y la merced de "Peralta (2)"
en Arizona; combinando, estas mercedes representaron casi 15 millones
de acres. (Vea tabla 15.) Segundo, los acres de tierra reclamados
incluyeron reclamaciones que fueron presentadas pero nunca se les dio
seguimiento. El reporte final de la CPLC, expedido en 1904, muestra 68
mercedes, representando 4.9 millones de acres, como acres de tierras
rechazados, pero nuestro análisis muestra que las reclamaciones de
estas 68 mercedes fueron desestimadas por la CPLC "sin prejuicio"
(significa que estas pudieron ser presentadas de nuevo) o fueron
desestimadas porque los reclamantes en primer instancia abandonaron el
seguimiento de sus reclamaciones. Tercero, los acres de tierra
reclamados incluían cuatro mercedes llegando a 4.7 millones de acres
que la CPLC no estaba autorizada para juzgarlas porque una reclamación
de esas mercedes había sido previamente decretada y decidida por el
Congreso. Cuarto, los acres de tierra reclamados incluyeron 20
reclamaciones por mercedes que eran "contadas dobles." Peticionarios
múltiples presentaron reclamaciones para la misma área de tierra y la
CPLC rechazó las mercedes para esas tierras ya habían sido confirmadas.
Como un resultado, el rechazo de los acres de tierra por estas
mercedes--1.8 millones de acres--era contado doble: una vez cuando este
fue confirmado y una segunda vez cuando este fue rechazado con respecto
a un segundo reclamante. Quinto, aunque el reporte de la CPLC de 1904
indica que las reclamaciones para otros 300,000 acres fueron
rechazadas, nuestro análisis muestra que estas mercedes fueron en
realidad completamente confirmadas. Excluyendo los acres de tierras
asociados con todos los factores anteriores, los acres de tierras
otorgados en Nuevo México para mercedes comunitarias e individuales
incrementaron de 24 a 55 por ciento de los acres de tierra reclamados.
(Vea tabla 16.)
Tabla 15: Resumen de acres de tierra ajustados reclamados en el reporte
de CPLC 1904:
Bases para el ajuste GAO: Mercedes localizadas primariamente en otros
estados;
Acres de tierra ajustados (substracción): -14,967,456.
Bases para el ajuste GAO: Mercedes que reclamantes abandonaron su
seguimiento;
Acres de tierra ajustados (substracción): -4,919,763.
Bases para el ajuste GAO: Mercedes con cuestiones jurisdiccionales;
Acres de tierra ajustados (substracción): -4,682,726.
Bases para el ajuste GAO: Mercedes que fueron contadas dobles;
Acres de tierra ajustados (substracción): -1,777,722.
Bases para el ajuste GAO: Mercedes que fueron confirmadas totalmente;
Acres de tierra ajustados (substracción): -307,917.
Total;
Acres de tierra ajustados (substracción): -26,655,584.
Fuente: Análisis GAO.
[Extremo de la tabla]
Tabla 16: Porcentaje de acres de tierra otorgados para las mercedes de
tierra comunitarias e individuales españolas y mexicanas en Nuevo
México, ajustados por GAO:
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Documentación
original de mercedes comunitarias;
Acres de tierra reclamados: 6,545,194.53;
Acres de tierra confirmados: 4,083,720.98;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 62.4.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Mercedes
comunitarias auto-identificadas;
Acres de tierra reclamados: 1,782,434.15;
Acres de tierra confirmados: 1,273,245.93;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 71.4.
Tipo de merced: Mercedes de tierras comunitarias: Mercedes
comunitarias de indígenas Pueblo;
Acres de tierra reclamados: 1,051,725.50;
Acres de tierra confirmados: 602,035.03;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 57.2.
Subtotal;
Acres de tierra reclamados: 9,379,354.18;
Acres de tierra confirmados: 5,959,001.95;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 63.5.
Tipo de merced: Mercedes de tierras individuales;
Acres de tierra reclamados: 8,534,036.72;
Acres de tierra confirmados: 3,918,421.91;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 45.9.
Total;
Acres de tierra reclamados: 17,913,390.90;
Acres de tierra confirmados: 9,877,423.85;
Porcentaje de acres de tierra otorgados: 55.1.
Fuente: Análisis GAO:
Nota: Debido al redondeo los números no son exactos:
[Extremo de la tabla]
Nuestro ajuste del número de 55 por ciento de acres de tierra aprobados
en Nuevo México, como también la cantidad de 24 por ciento comúnmente
citada, es más baja que las mercedes de tierras en acres de 73 por
ciento aprobadas en California. Estas cantidades, sin embargo, no se
prestan así mismas para una fácil comparación. Los procesos que el
Congreso y el Departamento del Interior estableció para confirmar las
reclamaciones de mercedes de tierras en California y Nuevo México eran
diferentes en algunos aspectos importantes y fueron implementados bajo
diferentes circunstancias. Como se discutió en el capítulo 1, la
condición de estado de California y el incremento de la población del
estado durante la Era de Oro hicieron las cuestiones de población de
tierra una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Como
resultado, el Congreso rápidamente estableció la Comisión de tres
miembros para evaluar y resolver los reclamos de las mercedes de
tierras, así que esto identificaría el resto del dominio público de los
Estados Unidos y lo haría disponible para su población. Esto también
debe ser notado que aunque el proceso de la Comisión de California
cedió proporciones altas de confirmación, había también muchas
alegaciones de fraude y abuso con respecto a las reclamaciones
presentadas y aprobadas allí. En comparación, para el Territorio de
Nuevo México, el Congreso estableció que los procesos del Agrimensor
General y el CPLC, y la mayoría de las mercedes de tierra que estos
tribunales dirigieron eran diferentes de aquellas en California. Por
ejemplo, una vez que pueblos y presidios (fortalezas) fueran
establecidos en California, los oficiales españoles y mexicanos
hicieron mercedes de tierras allí, conocidas como "mercedes de
ranchos," para animar a la agricultura e industria. Estas mercedes de
rancho, las cuales comprendían la mayoría de las mercedes de tierras en
California, eran similares en tamaño y estaban generalmente limitadas a
un máximo de 11 leguas cuadradas. La mercedes de tierras en Nuevo
México, por el contrario, variaban en tamaño y tipo. Estos incluyeron
mercedes individuales, mercedes para 10 o más pobladores, y mercedes
para pueblos, poblados u otros establecimientos.
Además, como también se comentó en el capítulo 1, los primeros 40 años
de las decisiones de las mercedes hechas por la Comisión de California
y las cortes de revisión fueron consideradas ser muy liberales, al ser
las mercedes aprobadas aun cuando estas no siempre satisfacían los
estándares legales que el Congreso había establecido en la Ley de 1851.
Verdaderamente, las preocupaciones eran muy grandes acerca de algunas
de las decisiones por parte de la Comisión de California (y mas tarde
el Agrimensor General de Nuevo México) que dirigía para la creación de
la CPLC y sus mas rigurosos derechos sustantivos y estándares
procesales.
Por razones similares, nuestro análisis muestra que correcciones
similares estan garantizadas al calcularse el índice de confirmación
para numerosas mercedes (en lugar de cantidad de acres de tierra)
reclamadas en Nuevo México. Durante un periodo de confirmación de 50
años en Nuevo México, el Congreso y la CPLC confirmó 152 (52 por
ciento) de las 295 mercedes de tierra. Sin embargo, estas 295 mercedes
incluyeron 86 mercedes donde los reclamantes abandonaron el seguimiento
de sus reclamos o donde la CPLC desestimó los reclamos con permiso de
presentarlos de nuevo. Excluyendo estas 86 mercedes, el índice global
de confirmación para las mercedes de tierra en Nuevo México, tanto las
mercedes comunitarias e individuales aumentan de 52 a 73 por ciento.
(Vea tabla 17.) Con respecto a sólo las mercedes de tierra
comunitarias, nuestro análisis muestra que el Congreso y la CPLC
confirmaron 105 de las 154 mercedes de tierras comunitarias en Nuevo
México, para un índice del 68 por ciento de confirmación. Excluyendo
las 27 mercedes de tierras donde los reclamantes abandonaron el
seguimiento de sus demandas, el índice de confirmación aumento de 68 a
83 por ciento.
Tabla 17: Porcentaje de mercedes de tierras españolas y
mexicanas confirmadas en Nuevo México, ajustadas y no ajustadas para
reclamaciones sin seguimiento:
Tipo de merced: Mercedes de tierra comunitarias;
Total del número de mercedes confirmadas: 105;
Total de número de mercedes no ajustadas: 154;
Índice de porcentaje de confirmación no ajustadas: 68;
Número de mercedes que reclamantes suspendieron el seguimiento: 27;
Total del número de mercedes ajustadas: 127;
Índice de porcentaje de confirmación: 83.
Tipo de merced: Mercedes de tierra individuales;
Total del número de mercedes confirmadas: 47;
Total de número de mercedes no ajustadas: 141;
Índice de porcentaje de confirmación no ajustadas: 33;
Número de mercedes que reclamantes suspendieron el seguimiento: 59;
Total del número de mercedes ajustadas: 82;
Índice de porcentaje de confirmación: 57.
Total;
Total del número de mercedes confirmadas: 152;
Total de número de mercedes no ajustadas: 295;
Índice de porcentaje de confirmación no ajustadas: 52;
Número de mercedes que reclamantes suspendieron el seguimiento: 86[A];
Total del número de mercedes ajustadas: 209;
Índice de porcentaje de confirmación: 73.
Fuente: Análisis GAO.
[A] Este nŽmero incluye reclamaciones involucrando 16 mercedes de
tierras que fueron presentadas con el Agrimensor General, no llevado a
cabo por el Congreso y no presentado de nuevo con la CPLC, y una merced
que no fue presentada con el Agrimensor General o la CPLC. Para las 69
restantes, los reclamantes presentaron sus peticiones con la CPLC, pero
no dieron seguimiento a la demanda.
[Extremo de la tabla]
Resumen:
En resumen, las reclamaciones de las mercedes de tierra comunitarias de
Nuevo México que eran presentadas y seguidas durante el período de
confirmación de 50 años abarcaba 9.8 millones de acres de tierra de hoy
en día en Nuevo México. La mayoría de los acres reclamados (5.96
millones de acres ó 63.5 por ciento) fueron otorgados para las mercedes
de tierras comunitarias, pero una cantidad significante (3.42 millones
de acres ó 36.5 por ciento) no fue otorgada y llegó a ser parte del
dominio público de los Estados Unidos, disponibles para su población
para el público en general. Las circunstancias implican esta perdida
percibida de 3.42 millones de acres durante el proceso de confirmación
han sido una preocupación de mercedes de tierra heredadas por más de un
siglo.
[Extremo de la sección]
Capítulo 3: Los herederos y otros cuestionan que los Estados Unidos no
protegió las mercedes de tierras comunitarias durante el proceso de
confirmación, pero el proceso conformó con todas las leyes
estadounidenses:
Perspectiva general:
Un número de herederos de mercedes de tierras, académicos jurídicos y
otros expertos alegan que las actividades bajo los dos estatutos
federales de los procesos de confirmación de mercedes comunitarias de
Nuevo México no satisficieron las obligaciones legales de los Estados
Unidos bajo las provisiones de protección de propiedad del Tratado. De
las 154 mercedes comunitarias de Nuevo México, 105 mercedes -más del 68
por ciento-fueron confirmadas por lo menos en parte y las 49 mercedes
restantes - alrededor del 32 por ciento-fueron totalmente rechazadas.
Con respecto a las mercedes confirmadas, los herederos y otros han
cuestionado si la suma total del área en acres que ellos creían
debieran haberse otorgado fue de hecho otorgado, así como el área en
acres otorgado fue confirmado y patentado a los legítimos propietarios.
Con respecto a las mercedes rechazadas, el alegato principal es que no
se otorgó ninguna área en acres. Estudios publicados han identificado
tres razones principales para el rechazo de los reclamos de mercedes de
tierras en Nuevo México, todas las cuales involucran las decisiones de
la Court of Private Land Claims (CPLC) o decisions apeladas a la Corte
Suprema de los Estados Unidos: (1) que bajo la decisión de la Corte
Suprema en el caso United States v. Sandoval, las cortes confirmaron
mercedes pero las restringieron a las así llamadas "asignaciones
individuales" que es el área en acres actualmente ocupada por los
reclamantes; (2) que bajo las decisiones de la Corte Suprema en los
casos de United States v. Cambuston y United States v. Vigil las cortes
rechazaron mercedes porque éstas habían sido hechas por oficiales no
autorizados; y (3) que bajo las decisiones de la Corte Suprema en el
caso Hayes v. United States, las cortes rechazaron mercedes porque
estas se basaban únicamente en copias de documentos que habían sido
hechos por oficiales no autorizados. Estas tres razones resultaron en
el rechazo de reclamos de aproximadamente 1.3 millones de acres de
tierra en 17 diferentes mercedes. Si el Congreso hubiera establecido
estándares menos rigurosos en la Ley de 1891 para que la CPLC los
aplicara en la evaluación de los reclamos para las mercedes de tierras
comunitarias de Nuevo Mexico, como los que estableció para la Comisión
de California bajo la Ley de 1851 o el Agrimensor General de Nuevo
México bajo la Ley de 1854, estos resultados pudieran haber sido
diferentes. El Congreso tenía la discreción de cómo implementar las
provisiones del Tratado, mientras lo hiciera dentro las limitaciones
constitucionales y otras limitaciones legales de Estados Unidos, y el
hecho que el Congreso estableció estándares diferentes para la
confirmación de mercedes en distintos momentos no reflejan ninguna
violación legal o defecto.
En adición a estas preocupaciones sobre como algunos reclamos
específicos fueron adjudicados, algunos herederos y académicos
jurídicos han afirmado que había problemas generales subyacentes a los
procesos del Agrimensor General y de la Court of Private Land Claims.
Primero, con respecto a los procedimientos del Agrimensor General, los
herederos y académicos alegan que ellos no alcanzaron los
requerimientos de "justicia" del debido proceso legal bajo la
Constitución de los Estados Unidos. Nosotros determinamos que los
procedimientos, de hecho, satisfacen los requerimientos
constitucionales del debido proceso legal, tal como los definieron las
cortes e incluso bajo los estándares de hoy en día. A todos los
solicitantes de los reclamos posibles de mercedes de tierras se los
proveyó una notificación de la Oficina del Agrimensor General y el
requisito de presentar reclamos por cualquier merced para la cual ellos
buscaran confirmación gubernamental (del Congreso). Aquellas personas
que presentaron reclamos con el Agrimensor General se se les dio la
necesaria oportunidad de ser escuchado en defensa de las mercedes de
tierras reclamadas. De hecho, aun personas que hubiesen cuestionado
reclamos que habían sido presentados al Agrimensor General basados en
el alegato de un título superior español o mexicano, pero que no lo
hubieran presentado ellos mismos, tuvieron la oportunidad de ser
escuchado, tanto durante el proceso del Agrimensor General y después -
incluso hasta el presente día. Segundo, con respecto al proceso de la
CPLC, los herederos y académicos alegan que ésta no consideró de forma
apropiada los principios de equidad, particularmente en comparación al
proceso del Agrimensor General, y pero en cambio aplicó estándares
técnicos y "legales" excesivos. Nosotros determinamos aunque que la
CPLC aplicó estándares más estrictos que el Agrimensor General al
decidir aprobar mercedes de tierras comunitarias, estas diferencias
fueron el resultado de las diferencias en la autoridad y mandatos que
el Congreso estableció para estas dos entidades. Bajo la Ley de 1854,
se le ordenó al Agrimensor General observar las "leyes, usos, y
costumbres de España y México" al recomendar una merced de tierra al
Congreso para su confirmación, mientras que con la Ley de 1891, se le
ordenó a la CPLC confirmar sólo aquellas mercedes que hubieran sido "
legalmente y regularmente derivadas" de las leyes de España, México y
de cualquiera de los estados mexicanos. Como lo explicó la Corte
Suprema de los Estados Unidos en el caso United States v. Sandoval, la
CPLC - y la Corte Suprema al revisar las decisiones de la CPLC -fue
requerida, bajo la ley de Estados Unidos, de actuar dentro de los
linderos que el Congreso estableció para confirmar mercedes bajo la Ley
de 1891. Debido a que la Ley de 1891 ordenó a la CPLC aplicar
estándares más estrictos que los de la Ley de 1854 había establecido
para el Agrimensor General, la Corte explicó que los reclamantes debían
dirigirse al "departamento político" del gobierno de los Estados Unidos
- el Congreso - para resolver cualquier cuestión restante sobre
"derechos equitativos". La manera en la cual la Ley de 1891 consideró
los derechos equitativos era una decision política del Congreso de 1891
y como tal permanece así hoy en día.
Finalmente, algunos académicos y comentaristas jurídicos han sacado a
la luz preguntas sobre si los procedimientos de confirmación de los
estatutos para las mercedes de Nuevo México satisficieron las
obligaciones de los Estados Unidos bajo el Tratado y la ley
internacional. Ellos alegan que los requerimientos esenciales de los
estatutos - los estándares que el Congreso asignó para determinar
cuándo una merced debía ser confirmada-eran inconsistentes con las
condiciones del Tratado y la ley internacional y que aún si los Estados
Unidos hubiera llevado a cabo los requerimientos de los estatutos,
éstos no hubieran satisfecho todas las obligaciones del gobierno. Sin
embargo, bajo la ley establecida en los Estados Unidos, tal como lo
articuló la Corte Suprema en el caso Botiller v. Dominguez y en otras
decisiones, las cortes están requeridas a cumplir con las condiciones
de los estatutos federales que implementan un tratado tal como el
Tratado de Guadalupe Hidalgo que no se auto-ejecuta. (Un tratado no se
auto-ejecuta si es que requiere legislación en implementación antes de
ser efectivo). Si un estatuto de implementación está en conflicto con
las condiciones del tratado, tiene que ser resuelto bajo la ley
internacional o por la promulgación de legislación adicional. En el
caso del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la evidencia indica que los
requerimientos esenciales de los estatutos implementados fueron, de
hecho, llevados a cabo a través del Agrimensor General y los
procedimientos de la CPLC. Por esto, cualquier conflicto entre el
Tratado y las leyes de 1854 y de 1891 deberán de ser resuelto hoy en
día bajo la ley internacional entre Estados Unidos y México o por
acción adicional del Congreso. Mientras que nosotros no sugerimos que
tal conflicto existe, como se ha acordado, nosotros no expresamos una
opinión sobre si los Estados Unidos ha satisfecho las obligaciones del
tratado bajo la ley internacional. Por el contraste, cualquier
cuestionamiento sobre procedimientos específicos que el Congreso, el
Agrimensor General o la CPLC adoptaron no pueden ser resueltos bajo el
Tratado o la ley internacional sino solamente bajo los requisitos
legales de los Estados Unidos, tales como bajo los requerimientos de
debido proceso legal de la Constitutción, y como se ha anotado,
nosotros hemos concluido que dichos requerimientos fueron satisfechos.
No obstante, la conformidad de los dos procesos de confirmación con
estos requerimientos estatutarios y constitucionales, los procesos
fueron ineficientes y crearon adversidad para muchos concesionados. Por
ejemplo, como lo reportaron los Agrimensores Generales de Nuevo México
a sí mismos, durante los primeros 20 años de su trabajo, ellos
carecieron de las habilidades legales, idiomáticas, analíticas y de los
recursos financieros para revisar los reclamos de una manera más
efectiva y eficiente. Incluso, demoras en las revisiones del Agrimensor
General y las subsecuentes confirmaciones del Congreso significaron que
algunos de los reclamos debieran ser presentados múltiples veces a
diferentes entidades bajo diferentes estándares legales. Los reclamos
podían ser onerosos incluso después que una merced fuese confirmada
debido a la imprecisión y al costo de hacer medir las tierras, un costo
que los concesionados debían sobrellevar por un número de años. Por
política o por otras razones, el Congreso pueda querer considerar si
acción adicional sea necesaria para tratar con las cuestiones
restantes.
Los herederos y otros cuestionan los resultados de los procesos de
confirmación de mercedes de tierras comunitarias:
Los herederos de mercedes de tierras, académicos jurídicos y otros
expertos han cuestionado tanto los procedimientos que el Congreso
estableció para determinar reclamos de mercedes de tierras comunitarias
en Nuevo México como los resultados de estos procedimientos de
confirmación. De las 154 mercedes de tierras comunitarias, 105 mercedes
- más de 68 por ciento - fueron confirmadas al menos en parte y las
restantes 49 mercedes - alrededor del 32 por ciento - fueron totalmente
rechazadas. Con respecto a la cantidad total del área en acres, dos
asuntos principales han sido señalados: (1) si es que la cantidad total
de área en acres que los herederos de mercedes de tierras y otros creen
que debieron haber sido otorgadas fueron de hecho otorgadas; y (2) si
es que el área en acres fue otorgada y patentada a los propietarios
correctos. De las 49 mercedes de tierras comunitarias, el asunto
principal es que fueron rechazadas en su totalidad y los reclamantes no
recibieron ninguna cantidad de área en acres. Estos asuntos y las
razones subyacentes a ellos son discutidos en detalle a continuación.
Cuestiones sobre los acres y la concesión de patentes en relación a las
105 mercedes de tierras comunitarias confirmadas:
A pesar de que cada merced de tierra en Nuevo México tiene su propia
historia y cuestiones, la tabla 18 indica los resultados generales de
los procesos de confirmación para las 105 mercedes de tierras
comunitarias que fueron confirmadas al menos de manera parcial. [Nota a
pie de página 85] Como lo indica la tabla 18, estos resultados caen
dentro de ocho categorías básicas.
Tabla 18: Resultados de las 105 mercedes de tierras comunitarias en
Nuevo México confirmadas parcialmente o en su totalidad:
Proceso de Confirmación del Agrimensor General, 1854-1891:
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes confirmadas por el Congreso;
Mercedes comunitarias con documentación original: 21;
Mercedes auto- identificadas: 9;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 18;
Total: 48[A].
Procesos de la CPLC, 1891-1904:
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes a las que parece se les ha
otorgado la totalidad del área en acres[B];
Mercedes comunitarias con documentación original: 11;
Mercedes auto-identificadas: 8;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 19.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes con linderos en disputa;
Mercedes comunitarias con documentación original: 6;
Mercedes auto- identificadas: 6;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 2;
Total: 14.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes a las que se les otorgó la
totalidad del área en acres;
Mercedes comunitarias con documentación original: 8;
Mercedes auto-identificadas: 4;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 12.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes restringidas únicamente a
asignaciones individuales;
Mercedes comunitarias con documentación original: 7;
Mercedes auto-identificadas: 0;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 7.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes confirmadas por una acción
especial del congreso[C];
Mercedes comunitarias con documentación original: 2;
Mercedes auto-identificadas: 0;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 2.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Mercedes restringidas a 11 leguas
cuadradas[D];
Mercedes comunitarias con documentación original: 0;
Mercedes auto-identificadas: 2;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 2.
Subtotal de la CPLC;
Mercedes comunitarias con documentación original: 34;
Mercedes auto- identificadas: 20;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 2;
Total: 56.
Resultados de las comunidades de mercedes de tierras confirmadas
parcialmente o en su totalidad: Pueblo de Zuñí (confirmado por el
Congreso en 1931)[E];
Mercedes comunitarias con documentación original: 0;
Mercedes auto-identificadas: 0;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 1;
Total: 1.
Total;
Mercedes comunitarias con documentación original: 55;
Mercedes auto-identificadas: 29;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 21;
Total: 105.
Fuente: Análisis GAO.
[A] Todas las 48 mercedes excepto la merced de John Scolly fueron
confirmadas sin ninguna limitación. Hubo una disputa sobre si la merced
de John Scolly era 5 leguas cuadradas o un cuadro de 5 leguas, lo cual
equivaldría a un cuadro de 25 leguas. Al confirmar la merced, el
Congreso restringió el tamaño de la merced a 5 leguas cuadradas.
[B] Esta categoría incluye: (1) mercedes a las que parece se les otorgó
el área en acres completa aunque la lista del Reporte Anual de 1904 de
la CPLC las menciona como área de acres "rechazada" y (2) mercedes a
las que les fueron otorgadas el área de acres en todo su extensión
posible. Luego de llenar un reclamo con la CPLC, los reclamantes fueron
requeridos de estimar el tamaño de su reclamo. Algunos de estos
cálculos fueron muy bajos y otros muy altos. En aquellos casos donde el
cálculo del reclamo era más bajo que el área en acres otorgada, la
cifra del área en acres reclamada fue en última instancia incrementada
hasta alcanzar el área en acres otorgada, tal como lo refleja el
Reporte Anual de la CPLC de 1904. Por lo tanto, ninguna merced muestra
haber recibido más área en acres que la que fue reclamada. Por ejemplo,
el Reporte Anual de 1892 de la CPLC enumera el reclamo de área en acres
de la merced de tierra comunitaria de Doña Ana Bend Colony de 19,323.57
acres. Este estimado de área en acres reclamada se basó en una medición
aprobada por el Agrimensor General de Nuevo México en 1876. En el
Reporte Annual 1904 de la CPLC, sin embargo, el área en acres reclamada
se incrementó a 35,399.017 acres para alcanzar el área en acres
otorgada - 35,399.017 acres reclamados, 35,099.017 acres otorgados,
cero acres rechazados.
De manera contrastante, cuando lo opuesto sucedió y los estimados
fueron muy altos, parece que los cambios correspondientes no siempre
fueron hechos para lograr el equivalente del estimado de área en acres
estimado con el área en acres otorgado. Por lo tanto el Reporte Anual
de 1904 de la CPLC enlista algunas mercedes con área en acres
rechazados aunque parece que los reclamantes recibieron toda la tierra
dentro de los linderos de la merced. Por ejemplo, el Reporte Annual de
1892 de la CPLC enlista la merced de tierras de la comunidad de
Cristóbal de la Serna con un reclamo de un estimado de 30,000 acres y
un estimado aprobado de 30,000 acres. Aunque el Agrimensor General
recomendó la aprobación de esta merced, esta no había sido medida antes
de ser presentada a la CPLC. El Agrimensor General reportó que el área
en acres era de solamente 20,000 acres. Después que una merced fue
confirmada por la CPLC y medida por el Agrimensor General, el área en
acres fue determinada en 22,232.57 acres. En el Reporte Annual de 1904
de la CPLC, la merced de Cristóbal de la Serna está listada como un
reclamo de 30,000 acres, 22,232.57 acres otorgados y 7,767.43 acres
rechazados. Esta merced parece haber otorgado toda el área en acres que
había sido reclamada. Nosotros fuimos incapaces de determinar una razón
por la cual el área en acres fue "rechazada" más allá de que el
estimado del área en acres difiere del área en acres actual. El segundo
mayor grupo de razones en esta categoría son las mercedes que existen y
parcialmente imbrican con las mercedes de tierras confirmadas por el
Congreso. Parece que la CPLC aprobó mercedes en esta categoría para
toda el área en acres reclamada que no estaba en conflicto con las
mercedes confirmadas por el Congreso.
[C] Las mercedes de los pueblos de Albuquerque y Santa Fé fueron
aprobadas por la CPLC, luego rechazadas por la Corte Suprema de los
Estados Unidos y finalmente confirmadas por el Congreso a través de la
legislación de 1901 (31 Stat. 796 y 1900 ((31 Stat. 71)
respectivamente.
[D] La CPLC restringió dos mercedes de tierras - Chaca Mesa (CPLC No.
34) y Antonio Baca (CPLC No. 70)--a 11 leguas cuadradas. En tres otros
casos --Bartolomé Baca (CPLC No. 58), Sierra Mosca (CPLC No. 87), y
Petaca (CPLC No. 99, No. 153, y No. 233) --la CPLC confirmó las
mercedes pero las restringió a 11 leguas cuadradas o alrededor de 48,
825 acres. Los Estados Unidos apelaron tres de los cinco casos a la
Corte Suprema de los Estados Unidos, donde dos mercedes fueron
rechazadas --Bartlomé Baca (vea 168 U.S. 66 (1897)) y Sierra Mosca (vea
176 U.S. 422 (1900)) --y la otra merced, Petaca, fue restringida a sus
asignaciones individuales (vea 175 U.S. 500 (1899)). La CPLC restringió
las dos mercedes restantes --Chaca Mesa y Antonio Baca--a 11 leguas
cuadradas y estas decisiones no fueron apeladas.
[E] La reserva del pueblo de los Zuñi fue establecida por una Orden
Ejecutiva en 1877 y fue modificada en 1883, 1885 y en 1917. En 1931 el
Congreso confirmó de forma retroactiva la merced del pueblo de los Zuñi
en cuatro leguas cuadradas a localizarse al interior de su reservación
existente.
[Extremo de la tabla]
Los herederos cuestionan los varios asuntos que afectan el área en
acres otorgada por las mercedes de tierras confirmadas:
Los herederos alegan que tres grupos de asuntos afectan de manera
adversa el otorgamiento del área en acres para las mercedes de tierras
confirmadas en Nuevo México: (1) la imprecisión de las medidas de
tierras; (2) linderos en disputa; y (3) decisions legales. Con respecto
a los asuntos de medición de tierras los herederos alegan que técnicas
imprecisas de medición redujeron, de manera inapropiada, el área en
acres otorgada a algunas de las mercedes de tierras comunitarias.[Nota
a pie de página 86] Disputas en la medición existen, por ejemplo, para
la merced del pueblo de Tomé, la merced del pueblo de Sandía y la
merced de Los Trigos, todas las cuales el Congreso confirmó sin
imponer ninguna limitación en el tamaño. Los herederos de la merced
del pueblo de Tomé afirman que la medición para su merced de tierras
debió haber reflejado 100,000 acres adicionales. De manera similar el
pueblo de Sandia reclama que debido a una medición incorrecta de su
merced - ellos afirman que la medición debió, aunque no fue así,
extenderse a la cima de las montañas Sandia (vea figura 8) - 10,000
acres de su merced no fueron atorgados. La merced de Los Trigos fue
medida tres veces - en 1860, 1877 y 1893 - resultando cada vez en
diferentes cifras de área en acres.[Nota a pie de página 87] Aunque
los reclamantes originales para la merced de Los Trigos no tuvieron un
cálculo específico del tamaño de la merced cuando presentaron su
reclamo, sus herederos de hoy en día reclaman que ellos perdieron
tierras a través del proceso de medición.
Figura 8: Área de la montaña detrás del pueblo Sandía, Nuevo
México, c 1880:
[Vea el PDF para la imagen]
[Extremo de la figura]
Con respecto a las disputas linderas, éstos algunas veces se dieron
durante la adjudicación de una merced incluso antes que la merced fuera
aprobada y medida. (Vea tabla 19). En estos casos la CPLC escuchó el
testimonio y juzgó sobre los linderos disputados como parte de su
decisión de la merced. Por ejemplo, la CPLC halló que los papeles para
la merced de la Cañada de Santa Clara eran genuinos pero que disputaba
el área del reclamo. Los reclamante y el gobierno no estaban de acuerdo
en la ubicación del lindero oeste y en el ancho de la merced de norte a
sur. En su decisión la corte mantuvo que los papeles limitaban la
merced al área reclamada por el gobierno y confirmó la merced a esa
extensión.
Tabla 19: Mercedes de tierras comunitarias con linderos en
disputa adjudicados por la CPLC, 1891-1904:
Nombre de la merced: Bartolomé Sánchez;
Número(s) de registro de la CPLC: 264;
Área en acres reclamada: 10,000.00;
Área en acres otorgada: 4,469.83;
Diferencia (acres): 5,530.17.
Nombre de la merced: Bernalillo (pueblo de);
Número(s) de registro de la CPLC: 146, 208, 217, 258;
Área en acres reclamada: 11,674.37;
Área en acres otorgada: 3,404.67;
Diferencia (acres): 8,269.70.
Nombre de la merced: Cañada de Santa Clara;
Número(s) de registro de la CPLC: 17;
Área en acres reclamada: 90,000.00;
Área en acres otorgada: 490.62;
Diferencia (acres): 89,509.38.
Nombre de la merced: Francisco de Anaya Almazán;
Número(s) de registro de la CPLC: 214, 243;
Área en acres reclamada: 45,244.00;
Área en acres otorgada: 3,202.79;
Diferencia (acres): 42,041.21.
Nombre de la merced: Juan Bautista Valdez;
Número(s) de registro de la CPLC: 179;
Área en acres reclamada: 60,000.00;
Área en acres otorgada: 1,468.57;
Diferencia (acres): 58,531.43.
Nombre de la merced: Ojo Caliente;
Número(s) de registro de la CPLC: 88, 94;
Área en acres reclamada: 40,000.00;
Área en acres otorgada: 2,244.98;
Diferencia (acres): 37,755.02.
Nombre de la merced: Ojo de San José;
Número(s) de registro de la CPLC: 130, 182, 259;
Área en acres reclamada: 30,000.00;
Área en acres otorgada: 4,336.91;
Diferencia (acres): 25,663.09.
Nombre de la merced: Plaza Colorado;
Número(s) de registro de la CPLC: 2;
Área en acres reclamada: 19,200.00;
Área en acres otorgada: 7,577.92;
Diferencia (acres): 11,622.08.
Nombre de la merced: Pueblo of Laguna;
Número(s) de registro de la CPLC: 133;
Área en acres reclamada: 101,510.00;
Área en acres otorgada: 17,328.91;
Diferencia (acres): 84,181.09.
Nombre de la merced: Ranchito;
Número(s) de registro de la CPLC: 157;
Área en acres reclamada: 87,360.00;
Área en acres otorgada: 4,945.24;
Diferencia (acres): 82,414.76.
Nombre de la merced: Colonia Refugio Civil;
Número(s) de registro de la CPLC: 150, 193;
Área en acres reclamada: 26,000.00;
Área en acres otorgada: 11,524.30;
Diferencia (acres): 14,475.70.
Nombre de la merced: San Antonio de las Huertas;
Número(s) de registro de la CPLC: 90, 269;
Área en acres reclamada: 130,000.00;
Área en acres otorgada: 4,763.85;
Diferencia (acres): 125,236.15.
Nombre de la merced: San Clemente;
Número(s) de registro de la CPLC: 64;
Área en acres reclamada: 95,000.00;
Área en acres otorgada: 37,099.29;
Diferencia (acres): 57,900.71.
Nombre de la merced: Santa Rosa de Cubero;
Número(s) de registro de la CPLC: 267;
Área en acres reclamada: 5,000.00;
Área en acres otorgada: 1,945.50;
Diferencia (acres): 3,054.50.
Total: 14 mercedes;
Área en acres reclamada: 750,988.37;
Área en acres otorgada: 104,803.38;
Diferencia (acres): 646,184.99.
Fuente: Análisis GAO:
[Extremo de la tabla]
Finalmente, con respecto al impacto de las cortes, varias decisiones
legales resultaron en las restricciones del área en acres otorgada para
algunas de las mercedes de tierras confirmadas. Por ejemplo la CPLC y
la Corte Suprema decidió que ciertas mercedes comunitarias debieran
limitarse a las así llamadas "asignaciones individuales", esto es el
área en que en la actualidad es ocupada por los reclamantes. Al imponer
esta limitación en su decisión United States v. Sandoval, 167 U.S. 278
(1897), de 1897, la Corte Suprema de los Estados Unidos explicó que las
tierras comunes al interior de la merced no había pertenecido a la
comunidad sino al anterior gobierno - México. Consecuentemente, cuando
el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado, estas tierras fueron
transferidas de la soberanía anterior a la nueva soberanía - los
Estados Unidos - y se volvieron parte del dominio público de los
Estados Unidos. Siete mercedes de tierras fueron restringidas a sus
asignaciones individuales por esta razón, resultando en la pérdida de
alrededor de 1 millón de acres de tierra reclamada. Las decisiones de
Sandoval y de las seis CPLC llegaron a este mismo resultado y son
discutidas con mayor detalle más adelante en este capítulo:
Los herederos también cuestionan si el área en acres otorgada fue
confirmada y patentada a los legítimos propietarios:
Los herederos y otros han señalado cuestionamientos sobre si las
mercedes que fueron confirmadas fueron de hecho confirmadas y
patentadas a los legítimos propietarios. Los herederos alegan que las
mercedes en vez de haber sido confirmadas como individuales debieron
haberse confirmado y patentado como mercedes comunitarias. Una
ilustración de este cuestionamiento es la merced de Tierra Amarilla en
el norte de Nuevo México. Esta tierra fue concesionada en 1832 a
"Manuel Martinez, conjuntamente con ocho niños varones y otros puede
que voluntariamente lo acompañaron." En agosto de 1856 Francisco
Martinez, uno de los hijos de Manuel Martinez, presentó un reclamo con
el Agrimensor General de Nuevo México. El Agrimensor General investigo
la demanda y en septiembre de 1856 recomendó que fuera aprobada al
presente reclamante -Francisco Martinez. La familia Martinez y otros no
han sido capaces de establecer un asentamiento permanente en la merced
debido a la presencia de de indios hostiles. El Congreso confirmó la
merced el 21 de junio de 1860 como merced individual, pero Francisco
Martinez luego estableció la merced como una merced de tierra
comunitaria, dando lotes individuales con acceso a tierras comunes a
los pobladores. La familia Martinez luego vendió las tierras comunes y
ocurrió una disputa entre los pobladores de Tierra Amarilla y los
compradores de las tierras communes, resultando en la pérdida de los
derechos de los pobladores a utilizar las tierras comunes. Hoy en día
los herederos de los pobladores reclaman que el gobierno de los Estados
Unidos debió haber aprobado y patentado la merced de tierra de Tierra
Amarilla como una merced de tierra comunitaria en vez de como una
merced individual.
Algunos de estos retos para confirmar mercedes individuales, así como
los retos para confirmar mercedes comunitarias han sido retrocedidos
por las cortes sin alcanzar el mérito de los reclamos. Cuando las
mercedes habían sido evaluadas bajo el proceso del Agrimensor General y
subsecuentemente confirmadas por el Congreso, las cortes hallaron que
carecían de la autoridad para revisar decisiones previas de
confirmación del Congreso. Sólo el Congreso, por sí mismo, como lo
declaró las cortes, puede rectificar los errors alegados al promulgar
legislación adicional. La Corte Suprema de los Estados Unidos
estableció este precedente básico en su decisión de 1876 en Tameling v.
U.S. Freehold & Emigration Co., 93 U.S. 644 (1876), donde la corte
afirmó el derecho del reclamante de mantener su propiedad a través de
la confirmación de la ley de 1860 al echar a pobladores que vivían en
160 acres ubicados dentro de los linderos de la merced confirmada de
Sangre de Cristo. Como se ha discutido en el capítulo 2, la merced
original fue hecha a dos individuos pero fue expedida para un área
mucho más grande que las 11 millas cuadradas por individuos permitida
bajo la ley mexicana. Por esto el Agrimensor General de Nuevo México
posiblemente no debió recomendar la aprobación de la merced de este
tamaño y el Congreso, posiblemente, no debió haber confirmado este
tamaño. Sin embargo, la corte de Tameling juzgó que "la acción final en
cada reclamo, reservada al Congreso, es por supuesto, concluyente y por
lo tanto no está sujeta a revisión en este o cualquier otro foro"
Tameling, 93 U.S. at 662.
La corte de Tameling explicó era un derecho y obligación del Congreso
establecer los procedimientos a través de los cuales las provisiones de
protección de propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo podría ser
implementado: "el deber de proveer la manera de proteger [los derechos
de propiedad] y satisfacer las obligaciones que el tratado de cesión
impuso, estaba dentro del territorio apropiado del departamento
político del gobierno [Congreso]". Id. 661. Debido a que el
procedimiento que el Congreso estableció para mercedes específicas bajo
revisión en Tameling, fue el proceso de confirmación del Agrimensor
General/Congreso creado por la ley de 1854-el que resultó en decisiones
que no podían ser apeladas en ninguna corte, en vez de por ejemplo, el
proceso de Comisión usado en California resultando en decisiones que
podían se apeladas en cortes - la Corte Suprema halló que estaba
obligada en la decisión que el Congreso había hecho sobre la
confirmación en el estatuto de 1860. Esta decisión tuvo el efecto de
una "merced de novo" por los Estados Unidos, explicó la corte,
transfiriéndole al concesionado cualquiera título que los Estados
Unidos mantendría para la propiedad con el mismo efecto que de una
patente Id. 663.[Nota a pie de página 88] El mismo razonamiento y
resultados de Tameling fueron seguidos en otras cuatro decisiones de
cortes involucrando disputas de mercedes de Tierra Amarilla y otras
tres Mercedes.[Nota a pie de página 89] Cada una de estas decisiones
se refirió al asunto sobre si el Congreso había confirmado la merced a
la parte correcta.
Es importante hacer notar que Tameling y estas otras decisiones de las
cortes se referían solamente a la cuestión sobre cual entidad, entre
los Estados Unidos y los reclamantes, estaba autorizada para poseer
bajo la misma merced de tierra española o mexicana. Con la merced de
Tierra Amarilla, por ejemplo la cuestión era si la merced era una
merced de tierra comunitaria o una merced individual y por lo tanto
deba pertenecer al pueblo o a los individuos. Esto es diferente a la
situación referida por las leyes de 1851 y de 1891 y los estatutos de
confirmación expedidos bajo la ley de 1854, todos los cuales proveen
que las decisiones de confirmaciones hechas bajo aquellas autoridades
estaban vinculadas a los Estados Unidos y a los reclamantes sobre la
merced en expedida, pero no se hallaban vinculadas a personas que
reclamaban que tenían un derecho superior bajo una diferente merced o
diferentes aspectos de la ley española o mexicana.[Nota a pie de
página 90] Por lo tanto, por ejemplo, a pesar de que el Congreso
confirmó la merced de tierra Tecolote en 1858 en su primera
confirmación del estatuto aprobado bajo la Ley de 1854 y una patente
fue expedida de manera subsiguiente al pueblo por más de 48,000 acres,
algunos herederos han presentado juicio en contra de la merced en la
corte del estado de Nuevo México en el caso de Montoya v. Tecolote Land
Grant, alegando entre otras cosas que ellos tenían un título superior
bajo la ley mexicana. Debido a que el estatuto de confirmación de 1858
del Congreso confirió sólo el título mantenido por los Estados Unidos
y no afectaría el título de ninguna otra persona, que los herederos
habían afirmado--basados en parte en una merced por parte del gobierno
mexicano en 1825 y en una decisión administrativa en 1838--que sus
ancestros recibieron un título superior de una porción de la merced. A
la fecha de este reporte la merced de tierra Tecolote había acordado
que los herederos tenían un título superior de algo del área en acres
en disputa,[Nota a pie de página 91] y la corte había decidido que los
herederos tenían un título superior a otra área en acres en disputa.
[Nota a pie de página 92]
Cuestiones en relación a las 49 mercedes de tierras comunitarias
totalmente rechazadas:
Los herederos de tierras han señalado sus cuestiones sobre las 49
mercedes de tierras comunitarias las cuales fueron totalmente
rechazadas por el gobierno. Las mercedes fueron rechazadas por una
variedad de razones, siendo lo más común que los reclamantes fallaron
en presentar o proseguir sus reclamos. En la tabla 20, hemos agrupado
los resultados para las 49 mercedes de tierras comunitarias totalmente
rechazadas en cuatro categorías basados en la razón del rechazo. Como
lo muestra la tabla 20, 27 de las 49 mercedes rechazadas, o el 55 por
ciento, fueron rechazadas por razones no relacionadas con los méritos
de los reclamos, ya sea porque los reclamantes fallaron en proseguir
sus reclamos o porque la CPLC no tenía la autoridad para adjudicar un
reclamo previamente confirmado por el Congreso.
Tabla 20: Resultados para las 49 mercedes de tierras
comunitarias totalmente rechazadas en Nuevo México:
Resultados para las mercedes de tierras comunitarias totalmente
rechazadas: Mercedes para las cuales los reclamantes fallaron en
proseguir y mercedes descalificadas por la CPLC debido a que la corte
no tiene autoridad para adjudicar a mercedes de tierras previamente
confirmadas por el Congreso;
Documentación original de mercedes comunitarias: 9;
Mercedes que se auto-identifican: 17;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 1; Total: 27.
Resultados para las mercedes de tierras comunitarias totalmente
rechazadas: Mercedes rechazadas por una variedad de razones legales
fuera de aquellas relacionadas con oficiales no autorizados o copias no
autorizadas;
Documentación original de mercedes comunitarias: 7;
Mercedes que se auto-identifican: 3;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 1;
Total: 11.
Resultados para las mercedes de tierras comunitarias totalmente
rechazadas: Mercedes rechazadas porque ellas fueron hechas por
oficiales mexicanos no autorizados;
Documentación original de mercedes comunitarias: 6;
Mercedes que se auto-identifican: 2;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 8.
Resultados para las mercedes de tierras comunitarias totalmente
rechazadas: Mercedes rechazadas porque los reclamantes se basaron
únicamente en copias de documentos de mercedes que fueron hechos por
oficiales no autorizados;
Documentación original de mercedes comunitarias: 1;
Mercedes que se auto-identifican: 2;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 0;
Total: 3.
Total;
Documentación original de mercedes comunitarias: 23;
Mercedes que se auto-identifican: 24;
Mercedes comunitarias de los indígenas Pueblo: 2;
Total: 49.
Fuente: Análisis GAO.
[Extremo de la tabla]
Los reportes de la CPLC y otros documentos que hemos revisado no
siempre detallan el porqué los reclamantes fallaron en proseguir sus
reclamos ante la CPLC. En algunas instancias, parece que los
reclamantes retractaron sus reclamos después de enterarse que el
Congreso o la CPLC ya habían confirmado la tierra bajo otra merced, o
que la CPLC había rechazado previamente reclamos similares. Por
ejemplo, tierras reclamadas en las mercedes de José Ignacio Alarí,
Angostura de Pecos, y Bartolomé Trujillo se ubicaban dentro de otras
mercedes que el Congreso ya había confirmado y estos reclamos para
estas tierras se hallaban fuera de la jurisdicción de la corte. De
manera adicional, algunos herederos nos mencionaron que los reclamantes
no prosiguieron sus reclamos debido a que carecían de los fondos
necesarios o no hablaban inglés y no entendían plenamente los
procederes de la CPLC. La tabla 21 menciona a las 27 mercedes de
tierras comunitarias para las cuales los reclamos no fueron proseguidos
así como la posible razón por la cual no fueron proseguidos:
Tabla 21: Mercedes de tierras comunitarias que fallaron en
proseguir el reclamo y posible explicación de esta falla:
Documentación Original de mercedes de tierras comunitarias:
Nombre de merced: Angostura del Pecos;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de las mercedes de tierras de los pueblos de Antón Chico y
Preston Beck Jr.
Nombre de merced: Bartolomé Trujillo;
Número de registro de CPLC: 257, 263;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de la
merced de tierra de Juan José Lovato.
Nombre de merced: Cadillal;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de la
merced de tierra de Domingo Fernández.
Nombre de merced: Chaperito (Pueblo de);
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicado
dentro de la merced de tierra de Antonio Ortiz.
Nombre de merced: Los Manuelitas;
Número de registro de CPLC: 242;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de las mercedes de tierras de los pueblos Las Vegas y Mora.
Nombre de merced: Mesita Blanca;
Número de registro de CPLC: 159;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Merced
otorgada por un oficial mexicano no autorizado.
Nombre de merced: Pueblo of Quemado;
Número de registro de CPLC: 171, 212;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: La Corte
Suprema de los Estados Unidos rechazó concesiones similares al pueblo
de Albuquerque (171 U.S. 685 (1898)) y Santa Fé (l65 U.S. 675 (1897)).
Nombre de merced: Santo Toribio;
Número de registro de CPLC: 256;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Conflicto
con la merced de tierra de Ojo de San José.
Nombre de merced: Vallecito (de San Antonio);
Número de registro de CPLC: 141;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
predominantemente dentro de la merced de tierras de Juan José Lovato.
Mercedes de tierras que se auto-identifican:
Nombre de merced: Antonio de Salazar;
Número de registro de CPLC: 235;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Conflicto
con la mercedes de tierras de Bartolomé Sánchez, Juan José Lovato,
Pueblo de San Juan, y Pueblo de Santa Clara.
Nombre de merced: Arkansas;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Conflicto
con la merced de Maxwell Grant rechazada por la Colorado Federal
Circuit Court (41 F. 275 (Colo. Cir. Ct. 1889) y la Corte Suprema de
los Estados Unidos (139 U.S. 569 (1891)).
Nombre de merced: Arquito;
Número de registro de CPLC: 145;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Merced
hecha por un oficial mexicano no autorizado.
Nombre de merced: Candelarios (Pueblo de);
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo:
Desconocido.
Nombre de merced: El Rito (Pueblo de);
Número de registro de CPLC: 224;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo:
Desconocido.
Nombre de merced: Guadalupita;
Número de registro de CPLC: 131;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Merced
hecha por un oficial mexicano no autorizado y ¾ de la merced en
conflicto con mereced de tierra del pueblo de Mora.
Nombre de merced: Hacienda del Álamo;
Número de registro de CPLC: 155;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo:
Desconocido.
Nombre de merced: José Ignacio Alarí;
Número de registro de CPLC: 227;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de la
merced de tierra de Ojo Caliente.
Nombre de merced: José Trujillo;
Número de registro de CPLC: 115, 268;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Conflicto
con las mercedes de tierras del Pueblo de Pojoaque, Pueblo de San
Ildefonso, y Pueblo de Santa Clara.
Nombre de merced: Juan de Ulibarrí;
Número de registro de CPLC: 253;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Merced
revocada y la merced se re-otorgó como parte de la merced de tierra a
Bartolomé Sanchez.
Nombre de merced: Las Lagunitas;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo:
Recomendada para su rechazo por el Agrimensor General debido pruebas
insuficientes de la merced.
Nombre de merced: Montoya;
Número de registro de CPLC: [B];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: No se ha
presentado reclamo con el Agrimensor General o la CPLC.
Nombre de merced: Ojito de Galisteo;
Número de registro de CPLC: 164;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: El
gobierno de los Estados Unidos reclamó que los documentos de merced
eran falsificados.
Nombre de merced: Río del Oso;
Número de registro de CPLC: 177;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de la
merced de tierra de Juan José Lovato.
Nombre de merced: San Cristóbal;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo:
Recomendada para su rechazo por el Agrimensor General debido a que no
se registro ninguna merced en los archivos;
la merced no cumplió con las condiciones necesarias;
y un oficial no autorizado otorgó la merced.
Nombre de merced: Santa Rita del Cobre;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Reclamo de
mina y no de merced de tierra.
Nombre de merced: Tacubaya;
Número de registro de CPLC: 239;
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Ubicada
dentro de la
merced de Domingo Fernández.
Mercedes de tierras comunitarias Pueblo:
Nombre de merced: Pueblo of San Cristóbal;
Número de registro de CPLC: [A];
Explicación posible de la falla por no proseguir el reclamo: Pueblo
extinto.
Total: 27 mercedes.
Fuente: Análisis de GAO:
[A] Los reclamos para esta merced fueron presentados sólo con el
Agrimensor General de Nuevo México, no con la CPLC.
[B] No se presentó un reclamo en esta merced, ya sea con el Agrimensor
General de Nuevo México o la CPLC.
[Extremo de la tabla]
La CPLC y la Corte Suprema rechazaron 11 mercedes de tierras
comunitarias adicionales por una variedad de razones. Por ejemplo,
como se muestra en la tabla 22, los reclamos fueron rechazados debido
a que las mercedes se ubicaban fuera de Nuevo México, debido a que las
mercedes carecían de suficiente prueba y debido a que los reclamos
pertenecían a licencias de pastoreo en vez de para mercedes de tierras.
Tabla 22: Mercedes de tierras comunitarias rechazadas por una variedad
de razones legales no relacionadas con la autoridad de oficial que
otorga o el oficial que copia las mercedes:
Documentación original de mercedes de tierras comunitarias:
Nombre de la merced: Barranca;
Número de registro de CPLC: 97, 265;
Área en acres: 25,000;
Razones de rechazo: Merced revocada por el gobernador mexicano.
Nombre de la merced: Cebolla;
Número de registro de CPLC: 108;
Área en acres: 17,159;
Razones de rechazo: Rechazada por la Corte Suprema de los Estados
Unidos por pruebas insuficientes sobre la merced (United States v.
Elder, 177 U.S. 104 (1900)).
Nombre de la merced: Gervacio Notan;
Número de registro de CPLC: 46;
Área en acres: 575,968;
Razones de rechazo: Reclamo no permitido por la Ley de 1 julio de 1870
(16 Stat. 646) que le otorgó a Gervacio Nolan 11 leguas cuadradas de
tierra en Colorado.
Nombre de la merced: Los Conejos;
Número de registro de CPLC: 109;
Área en acres: [A];
Razones de rechazo: No se alcanzaron con las condiciones de la merced y
el oficial no tenía la autoridad para re- otorgar o validar el reclamo.
Nombre de la merced: Rancho de Ysleta;
Número de registro de CPLC: 33;
Área en acres: [B];
Razones de rechazo: Localizada en Texas.
Nombre de la merced: San Joaquin del Nacimiento;
Número de registro de CPLC: 144, 203, 213, 252;
Área en acres: 131,000;
Razones de rechazo: Merced revocada por el gobierno español y el
oficial no tenía la autoridad para re-otorgar la tierra.
Nombre de la merced: Vallecito de Lovato (Pueblo de);
Número de registro de CPLC: 142, 204, 236;
Área en acres: 114,000;
Razones de rechazo: Pruebas insuficientes de la merced;
la CPLC afirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Peabody v.
United States, 175 U.S. 546 (1899)).
Mercedes de tierras que se auto-identifican:
Nombre de la merced: Heath;
Número de registro de CPLC: 59;
Área en acres: 108,000;
Razones de rechazo: Merced revocada por el Gobierno Mexicano y re-
otorgada a otras partes;
la decisión de la CPLC afirmada por la Corte Suprema (Cessna v. United
States, 169 U.S. 165 (1898)).
Nombre de la merced: Real de Dolores del Oro (pueblo de);
Número de registro de CPLC: 111;
Área en acres: 17,361;
Razones de rechazo: Pruebas insuficientes para la merced;
localizada dentro la merced de tierra de Ortiz Mine;
la decisión de la CPLC afirmada por la Corte Suprema de los Estados
Unidos (Real de Dolores del Oro v. United States, 175 U.S. 71(1899)).
Nombre de la merced: Río Tesuque (pueblo de);
Número de registro de CPLC: 123, 215;
Área en acres: 7,300;
Razones de rechazo: Pruebas insuficientes para la merced.
Mereceds de tierras comunitarias Pueblo:
Nombre de la merced: Pueblos de Zía, Jémez, & Santa Ana;
Número de registro de CPLC: 50;
Área en acres: 276,000;
Razones de rechazo: Reclamo para licencia de pastoreo, no para una
merced de tierra;
afirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Pueblo of Zía v.
United States, 168 U.S. 198 (1897)).
Total: 11 mercedes.
Fuente: Análisis GAO.
[A] El área en acres fue de 2.5 millones de acres y se ubicaba
principalmente en Colorado. No incluimos esta área en acres reclamada
en nuestro análisis para Nuevo México:
[B] El área en acres reclamada fue de alrededor de 67,000 acres y se
ubicaba en Texas, No incluimos esta área en acres en nuestro análisis
de área en acres otorgado y rechazado en Nuevo México.
[Extremo de la tabla]
Las dos razones finales de interés particular por las cuales las
mercedes fueron rechazadas, según los herederos de las mercedes de
tierras y los académicos, son de preocupación. La CPLC rechazó ocho
mercedes de tierras comunitarias después de determinar que los
oficiales mexicanos que las hicieron no estaban autorizados para
hacerlo y rechazaron las mercedes de tierras comunitarias porque los
reclamantes se basaban únicamente en copias de documentos que fueron
hechos por oficiales que no estaban autorizados para hacer tales
copias. Estas dos categorías de mercedes rechazadas junto con las
mercedes confirmadas restringidas a sus asignaciones individuales bajo
la decisión de la Corte Suprema Sandoval son discutidas en más detalles
líneas abajo.
Los estudios se han centrado en tres razones fundamentales por las
cuales fueron rechazadas las áreas en acres:
Varios estudios publicados se han centrado en tres de las razones
fundamentales, notadas líneas arriba, como las razones fundamentas del
porqué las mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México fueron, ya
sea, restringidas en el área en acres o totalmente rechazadas.[Nota a
pie de página 93] Todas estas razones se hayan reflejadas en
decisiones de la CPLC o en apelaciones a la Corte Suprema. Nosotros
hallamos que de manera colectiva estas razones resultaron en el
rechazo de demandas de aproximadamente 1.3 millones de acres en 17
diferente mercedes. Como se ha discutido líneas abajo, las tres razones
fueron: (1) restricción de mercedes confirmadas a sus asignaciones
individuales (afectando siete mercedes y aproximadamente 1.1 millones
de acres); rechazo de mercedes ya que estas fueron hechas por
oficiales no autorizados (afectando 8 mercedes y aproximadamente
93,000 acres); y (3) rechazo de mercedes debido a que los reclamos se
basaron solamente en copias de documentos hechas por oficiales no
autorizados (afectando 2 mercedes y aproximadamente 69,000 acres). El
Agrimensor General de Nuevo México había recomendado la confirmación
de la mayoría de estas mercedes, pero cuando el Congreso no actúo
sobre las recomendaciones del Agrimensor General, los reclamos fueron
presentados nuevamente a la CPLC. Si el Congreso hubiera establecido
un estándar menos riguroso para la CPLC, similar, por ejemplo, al
mandato que estableció para el Agrimensor General de Nuevo México o el
de la Comisión de California-los resultados para estas mercedes
hubieran sido diferentes. Sin embargo, como lo ha reconocido la Corte
Suprema en el caso Sandoval en 1897, el Congreso limitó la autoridad
de la CPLC a confirmar solamente aquellas mercedes que habían sido
"legalmente y regularmente derivadas" bajo la ley española o mexicana.
Esto ubicó el asunto de tener que averiguar los "derechos equitativos"
que tendrían los reclamantes dentro del "departamento político" - el
Congreso de los Estados Unidos. Vea Sandoval, 167 U.S. at 298.
Las cortes restringieron siete mercedes confirmadas a las asignaciones
individuales (el Caso Sandoval):
De manera colectiva la CPLC y la Corte Suprema de los Estados Unidos
restringieron 7 de las 105 mercedes de tierras comunitarias confirmadas
a sus asignaciones individuales. Como resultado los reclamantes de
estas siete mercedes no adquirieron 1.1 millones de acres de tierras a
los cuales ellos creían estaban autorizados. (Vea tabla 23). El asunto
ante las cortes era si las comunidades o el anterior soberano -México-
habían sido propietarios de tierras comunes dentro de los linderos de
la merced de tierra. Como se ha notado líneas arriba, en 1897 la Corte
Suprema de los Estados Unidos resolvió este asunto en el caso Sandoval
al concluir que fue México, el pasado soberano y no la comunidad, el
que fue propietario de las tierras comunes. La Corte ha mantenido que
estas tierras (en caso particular del caso Sandoval, las tierras
comunes dentro de la merced de San Miguel del Vado) pasaron a una
soberanía--los Estados Unidos--cuando los Estados Unidos asumieron el
control del nuevo territorio bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se
convirtieron en parte de los dominios de los Estados Unidos. Los
herederos de tierras, académicos y expertos legales no están de acuerdo
con esta decisión debido a que, como se discute líneas abajo, ellos
creyeron que esto refleja una aplicación imprecisa de la ley española y
mexicana.
Tabla 23: Mercedes de tierras comunitarias restringidas a sus
asignaciones individuales:
Nombre de merced: Cañón de Carnue;
Número de registro de la CPLC: 74;
Área en acres reclamada: 90,000.00;
Área en acres otorgada: 2,000.59;
Diferencia (acres): 87,999.41.
Nombre de merced: Cañón de Chama;
Número de registro de la CPLC: 107;
Área en acres reclamada: 472,737.00;
Área en acres otorgada: 1,422.62;
Diferencia (acres): 471,314.38.
Nombre de merced: Don Fernando de Taos[A];
Número de registro de la CPLC: 54;
Área en acres reclamada: 1,889.00;
Área en acres otorgada: 1,817.24;
Diferencia (acres): 71.76.
Nombre de merced: Galisteo (pueblo de);
Número de registro de la CPLC: 149;
Área en acres reclamada: 22,000.00;
Área en acres otorgada: 260.79;
Diferencia (acres): 21,739.21.
Nombre de merced: Petaca;
Número de registro de la CPLC: 99,153, 233;
Área en acres reclamada: 186,977.00;
Área en acres otorgada: 1,392.10;
Diferencia (acres): 185,584.90.
Nombre de merced: San Miguel del Vado;
Número de registro de la CPLC: 25, 60, 198;
Área en acres reclamada: 315,300.00;
Área en acres otorgada: 5,024.30;
Diferencia (acres): 310,275.70.
Nombre de merced: Santa Cruz;
Número de registro de la CPLC: 181, 194;
Área en acres reclamada: 48,000.00;
Área en acres otorgada: 4,567.60;
Diferencia (acres): 43,432.40.
Total: 7 mercedes;
Área en acres reclamada: 1,136,903.00;
Área en acres otorgada: 16,485.24;
Diferencia (acres): 1,120,417.76.
Fuente: Análisis de GAO.
[A] En el Reporte Annual de 1897 de la CPLC, la merced de tierra de Don
Fernando de Taos fue enlistada con un reclamo estimado de 38,400 acres,
una aprobación estimada a 1,000 acres y un estimado 37,400 acres
rechazados. La merced fue confirmada por la CPLC el 5 de octubre de
1897. Las cifras presentadas en la tabla 23 son del Reporte Anual de la
CPLC de 1904.
[Extremo de la tabla]
Los reclamos que involucran a todas estas siete mercedes que
originalmente fueron presentadas al Agrimensor General de Nuevo México.
El Agrimensor General investigó y reportó sobre seis de las mercedes
(todas excepto la merced de Santa Cruz) y de estas seis mercedes, el
Agrimensor General recomendó al Congreso cinco para su confirmación y
una -la merced del pueblo de Galisteo-para su rechazo. El Agrimensor
General Spencer reportó que la merced de Galisteo fue "destituida de
origen y fundación legítimas y no tenía existencia legal". En 1886, el
Agrimensor General Julian re-examinó tres de las cinco recomendaciones
positivas originales y expidió reportes suplementarios para todas las
tres: la merced del Cañón de Chama, la merced de Petaca y la merced de
San Miguel del Vado. En cada caso, el Agrimensor General Julián
encontró que las mediciones preliminares habían sido incorrectas y
habían extendido grandemente los linderos reales de la mercedes.
Mientras que Agrimensor General Julián siguió recomendando que las tres
mercedes fueran aprobadas por el Congreso, el afirmó que éstas debían
ser restringidas al tamaño que actualmente ocupaban sus habitantes
(i.e., restringidas a sus asignaciones individuales) y no debieran
exceder las 4 leguas cuadradas. El Congreso no actuó sobre las
recomendaciones del Agrimensor General en ninguna de las seis mercedes
y los reclamos que involucraron las siete mercedes fueron presentados
nuevamente a la CPLC.
La merced de tierra de San Miguel del Vado fue la primera de estas
siete mercedes en ser adjudicada por la CPLC. En abril de 1894, la CPLC
confirmó en su totalidad a la merced por más de 315,000 acres. El
gobierno de los Estados Unidos apeló la decisión de la CPLC a la Corte
Suprema de los Estados Unidos argumentando que los Estados Unidos
tenían el título de estas tierras. Cinco meses después, en septiembre
de 1894, mientras la apelación de los Estados Unidos se hallaba
pendiente ante la Corte Suprema, la CPLC expidió decisiones para la
merced de Cañón de Chama, la merced del Pueblo de Galisteo y la merced
del Cañón de Carnue (vea tabla 24). De manera contrastante a su
decisión sobre la merced de San Miguel del Vado, la CPLC estuvo de
acuerdo con los argumentos del gobierno de los Estados Unidos con las
tres mercedes adicionales y decidió que el título de las tierras
comunes le pertenecía al soberano. Por lo tanto, la CPLC restringió las
mercedes a sus asignaciones individuales y los reclamantes de la merced
del Cañón de Chama apelaron a la decisión de la CPLC a la Corte
Suprema, donde la apelación del gobierno sobre la merced de Miguel del
Vado en la CPLC estuvo pendiente.
La merced de Petaca fue la quinta de estas siete mercedes adjudicadas
por la CPLC. La corte confirmó la merced en septiembre de 1896 pero la
restringió a 11 leguas cuadradas. El gobierno de los Estados Unidos
apeló la decisión a la Corte Suprema basándose en la idea que la merced
debería haberse restringido a la tierra que cubrían las 36 asignaciones
individuales. Finalmente, la CPLC restringió las dos mercedes restantes
- las mercedes de Don Fernando de Taos y Santa Cruz-a sus asignaciones
individuales en 1897 y 1899 respectivamente.
Tabla 24: Decisiones de la CPLC sobre las siete mercedes de
tierras comunitarias que fueron restringidas a sus asignaciones
individuales:
Mercedes decididas por la CPLC antes de la decisión del caso Sandoval
de 1897 de la Corte Suprema EEUU.:
Nombre de la merced: San Miguel del Vado[A];
Número de registro de la CPLC: 25, 60, 198;
Fecha de la decisión: Abr. 26, 1894;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
área en acres completamente otorgada.
Nombre de la merced: Cañón de Carnue;
Número de registro de la CPLC: 74;
Fecha de la decisión: Sept. 29, 1894;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
restringida a asignaciones individual.
Nombre de la merced: Cañón de Chama[B];
Número de registro de la CPLC: 107;
Fecha de la decisión: Sept. 29, 1894;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
restringida a asignaciones individual.
Nombre de la merced: Galisteo (pueblo de);
Número de registro de la CPLC: 54;
Fecha de la decisión: Sept. 29, 1894;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
restringida a asignaciones individual.
Nombre de la merced: Petaca[C];
Número de registro de la CPLC: 99, 153, 233;
Fecha de la decisión: Sept. 5, 1896;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
no debe exceder 11 leguas cuadradas.
Mercedes decididas por la CPLC después de la decisión del caso Sandoval
de 1897 de la Corte Suprema EEUU.:
Nombre de la merced: Don Fernando de Taos;
Número de registro de la CPLC: 149;
Fecha de la decisión: Oct. 5, 1897;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
restringida a asignaciones individual.
Nombre de la merced: Santa Cruz;
Número de registro de la CPLC: 181,194;
Fecha de la decisión: Sept. 5, 1899;
Decisión de la CPLC: Confirmada;
restringida a asignaciones individual.
Fuente: Análisis GAO.
[A] La Corte Suprema en el caso Sandoval revocó la decisión de la CPLC
y decidió sólo se podían confirmar asignaciones individuales a los
pobladores.
[B] En el mismo día que la Corte Suprema decidió el caso Sandoval
también afirmó la decisión de la CPLC de restringir las mercedes de
tierras a asignaciones individuales en Río Arriba Land & Cattle Co. v.
United States, 167 U.S. 298 (1897).
[C] En United States v. Peña, 175 U.S. 500 (1899), la Corte Suprema
revocó la decisión de la CPLC y confirmó la merced para incluir
solamente asignaciones individuales.
[Extremo de la tabla]
La primera de estas apelaciones de la Corte Suprema a ser decididas fue
el caso de la merced San Miguel del Vado, que la Corte dictaminó en
1897 en el caso Sandoval. La corte revocó la decisión de la CPLC que
había confirmado la totalidad de la merced en más de 315,000 acres, y
en cambio sólo aprobó alrededor de 5,000 acres en lotes individuales.
Basándose en su reciente decisión del caso United States v. Santa Fé,
167 U.S. 278 (1897), donde la corte había concluido que bajo el dominio
español y mexicano la posesión de tierras del pueblo en Nuevo México
había permanecido en su soberanía (España y después México), la Corte
de Sandoval concluyó que tierras comunes dentro de la merced de San
Miguel del Vado habían, así mismo, pasado a un nuevo soberano -a los
Estados Unidos--bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como resultado la
Corte confirmó solamente las tierras que no eran "comunales" al
interior de la merced, esto es, tierras que habían sido asignadas a
pobladores de manera individual. A pesar de que los reclamantes
argumentaron que sus "derechos equitativos"[Nota a pie de página 94]
en las tierras comunes habían sido reconocidos y confirmados, la Corte
halló que no tenía autoridad legal para hacer tal reconocimiento. La
Corte explicó que bajo la Ley de 1891 al crear la CPLC, el Congreso
había restringido la autoridad de la CPLC (y por lo tanto de la Corte
Suprema al revisar las decisiones de la CPLC) al confirmar tierras en
donde los reclamantes tuvieran un título legal estricto: "A la fecha
del tratado de Guadalupe Hidalgo," la Corte declaró, "ni estos
pobladores ni este pueblo pudieron haber demandado el título legal de
esas tierras del gobierno pasado y la Court of Private Land Claims
tampoco tenía los poderes para aprobar el título." Sandoval, 167 U.S.
a 298. La Corte explicó que el efecto de esta limitación del Congreso
es porque le correspondía "al departamento político" -el Congreso-"de
tratar con los derechos equitativos involucrados en este caso." Id.
La Corte Suprema luego expidió decisiones concernientes a la merced del
Cañón de Chama en 1897 (en Río Arriba Land & Cattle Co. v. United
States, 167 U.S. 298), y en la merced de Petaca en 1899 (en United
States v. Peña, 175 U.S. 500). Basándose en el razonamiento de la
decisión de Sandoval, la Corte en la decisión de Río Arriba (expedida
el mismo día de Sandoval) afirmó la decisión de la CPLC de restringir
la merced del Cañón de Chama a asignaciones individuales. A pesar de
que el Congreso había confirmado mercedes similares a la del Cañon de
Chama como parte del proceso del Agrimensor General bajo la Ley de
1854, la Corte explicó que el Congreso tenía la autoridad bajo la
Cláusula de la Constitución de la Propiedad de disponer de tierras del
dominio público así como lo estimara conveniente.[Nota a pie de página
95] Debido a que el Congreso no le había dado tal autoridad a la CPLC
o a la Corte Suprema pero en cambio había restringido su autoridad al
confirmar mercedes de tierras mantenidas por título legal, la Corte
Suprema determinó que estaba obligada a seguir las limitaciones que el
Congreso había establecido. Por la misma razón, la Corte Suprema en su
decisión sobre la merced de Peña revocó la decisión de la CPLC en la
merced de Petaca y la confirmó al incluir solamente asignaciones
individuales de los 36 reclamos originales.
Sandoval y estas relacionadas decisiones de la corte han generado una
cantidad substancial de la controversia que rodea a las mercedes de
tierras de Nuevo México. Los herederos de mercedes de tierras ven a
Sandoval como el ejemplo más flagrante del supuesto fracaso del
gobierno de los Estados Unidos para implementar las provisiones de
protección a la propiedad del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Algunos
académicos han argumentado que la Corte Suprema no entendió la ley
española y mexicana y aseguran que: (1) el pueblo o asentamiento, no el
soberano, es propietario de las tierras comunes bajo la ley española y
mexicana;[Nota a pie de página 96] y (2) incluso si el pueblo no es
propietario de las tierras comunes, los pobladores tienen un derecho
permanente sobre el uso de esas tierras (un "usufructo") que los
Estados Unidos estaba obligado a reconocer bajo el Tratado y la ley
internacional.[Nota a pie de página 97] Como se ha notado en el
capítulo 1 de este reporte, la principal diferencia entre la merced de
tierras comunitaria y la merced individual es que las tierras comunes
de una merced de tierras comunitarias eran mantenidas a perpetuidad y
no podían ser vendidas. Los académicos han notado que pueblos españoles
medievales, por ejemplo, que eran propietarios de sus tierras comunes
sirvieron como modelos para los pueblos hispánicos o asentamientos en
el nuevo mundo. De manera adicional, los académicos se refieren al
Plan de Pitic, preparado en 1789 para un pueblo de Sonora, México, el
cual influenció los asentamientos posteriores en Nuevo México y que
proveyó la posesión de propiedad comunitaria de las tierras comunes.
Los asentamientos españoles en Nuevo México también fueron
influenciados por los modelos de propiedad de los indígenas Pueblo,
cuyas tierras eran poseídas comunalmente y donde muchos pobladores
españoles vivieron en proximidad cercana a estos asentamientos.[Nota a
pie de página 98]
Aún a pesar del hecho que la Corte Suprema en Sandoval sugirió que
posiblemente hubieran querido reconocer estos derechos de propiedad
extra-legales como "derechos equitativos", reconoció que no tenía la
autoridad legal de hacerlo debido a los límites que el Congreso ha
puesto a su jurisdicción. Por esto la Corte ha ubicado de manera
efectiva el tratamiento de cualquier asunto de "derechos equitativos"
con el Congreso para que los traten como materia de política.
La CPLC rechazó mercedes hechas por oficiales no autorizados (Los casos
Cambuston y Vigil):
Ocho de las 49 mercedes de tierras comunitarias que fueron totalmente
rechazadas - que totalizan alrededor de 93,000 acres-fueron rechazadas
por la CPLC debido a que habían sido hechas por oficiales mexicanos no
autorizados para expedir tales mercedes. (Vea tabla 25). Los reclamos
que involucraban siete de estas ocho mercedes (todas excepto la merced
de Badito) fueron originalmente presentadas con el Agrimensor General
de Nuevo México, quien investigó y recomendó cuatro de estas mercedes
para su aprobación - Cañada de San Francisco, Gotera, Maragua y San
Antonio del Río Colorado. El Agrimensor General Julian presentó un
reporte suplementario sobre la merced de San Antonio de Río Colorado en
1886 en el cual declaró que aunque los reclamantes no tenían una base
legal para su reclamo, los reclamos de todas maneras deberían ser
aprobados como "reclamos equitativos". Cuando el Congreso no actuó en
la confirmación de estas mercedes, éstas fueron presentadas nuevamente
en la CPLC.
Tabla 25: Mercedes de tierras comunitarias durante el Periodo Mexicano
que fueron rechazadas por la CPLC debido a que el oficial otorgador
carecía de la autoridad de otorgar mercedes bajo la ley mexicana:
Nombre de la merced: Badito;
Número de registro de la CPLC: 197;
Año de otorgamiento: 1835;
Otorgamiento oficial: Alcalde;
Acres rechazados: 1,350.
Nombre de la merced: Cañada de Los Mestaños;
Número de registro de la CPLC: 163;
Año de otorgamiento: 1828;
Otorgamiento oficial: Alcalde;
Acres rechazados: 16,000.
Nombre de la merced: Cañada de San Francisco;
Número de registro de la CPLC: 98;
Año de otorgamiento: 1840;
Otorgamiento oficial: Prefecto;
Acres rechazados: 1,590.
Nombre de la merced: Gotera;
Número de registro de la CPLC: 83;
Año de otorgamiento: 1830;
Otorgamiento oficial: Deputación territorial;
Acres rechazados: 1,800.
Nombre de la merced: Maragua;
Número de registro de la CPLC: 276;
Año de otorgamiento: 1826;
Otorgamiento oficial: Deputación territorial;
Acres rechazados: 1,042.
Nombre de la merced: Río Del Picurís;
Número de registro de la CPLC: 65;
Año de otorgamiento: 1832;
Otorgamiento oficial: Deputación territorial;
Acres rechazados: 20,000.
Nombre de la merced: San Antonio del Río Colorado;
Número de registro de la CPLC: 4;
Año de otorgamiento: 1841;
Otorgamiento oficial: Prefecto;
Acres rechazados: 18,955.
Nombre de la merced: San Antoñito[A];
Número de registro de la CPLC: 27;
Año de otorgamiento: 1840;
Otorgamiento oficial: Prefecto;
Acres rechazados: 32,000.
Total: 8 mercedes;
Acres rechazados: 92,737.
Fuente: Análisis GAO.
Nota: Mercedes de tierras individuales hechas durante el periodo
mexicano, como las mercedes de tierras comunitarias, fueron también
rechazadas debido a que los oficiales mexicanos carecían de autoridad
para otorgarlas. Dos de las decisiones en mercedes de tierras
individuales fueron apeladas a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En ambos casos la Corte Suprema mantuvo las decisiones de la CPLC :
Hayes v. United States, 170 U.S. 637, (1898), y Chavez v. United
States, 175 U.S. 552 (1899).
[A] La Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvo la decisión de la
CPLC en Crespin v. United States, 168 U.S. 208 (1897).
[Extremo de la tabla]
Al rechazar las ocho mercedes, la CPLC se apoyó en dos decisiones
previas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, United States v.
Cambuston, 61 U.S. 59 (1857), y United States v. Vigil, 80 U.S. 449
(1871). Cambuston era una merced de tierra en California en la cual la
Corte Suprema había concluido que un estatuto mexicano de 1824 y sus
regulaciones de implementación de 1828 había autorizado sólo a
gobernadores mexicanos a otorgar mercedes de tierras y por tanto sólo
en absoluta conformidad con los términos y condiciones del estatuto y
regulaciones. Al decider que un reclamo debería haber sido rechazado
porque estos términos y condiciones no se cumplían, la Corte Suprema
declaró:
La pregunta aquí no es el hecho de si mercedes de tierras otorgadas
habitualmente por gobernadores mexicanos...a pobladores y también el
modo y manera tradicional adoptado al otorgar estas mercedes, no
proporcionan presunta evidencia tanto de la existencia del poder y de
la obediencia con las formas de ley en la ejecución? Estemos de acuerdo
que la afirmación de estas preguntas ha sido frecuentemente determinado
por esta corte, en casos que involucran los títulos españoles...Pero
ninguna de estas presunciones son necesarias o admisibles con respecto
a los títulos mexicanos otorgados desde la Ley de…1824 y las
regulaciones de.. 1828. La autoridad para hacer las mercedes es ahí
expresamente otorgada a los gobernadores así como los mandatos y
condiciones prescritos sobre los cuales ellas deben ser hechas. La
corte debe observar estas leyes tanto por el poder para otorgar la
merced y por la forma y manera en que debe ejercerse y ellas deben ser
substancialmente seguidas excepto como hasta llegar a ser modificadas
por el uso y costumbres del gobierno bajo el cual dichos títulos son
derivados, los principios de equidad, y las decisiones de esta
corte."[Nota a pie de página 99]
De manera similar en el caso Vigil, la Corte Suprema notó que bajo el
estatuto de 1824 y las regulaciones de 1828, solamente el gobernador
mexicano tenía la autoridad de otorgar mercedes de asentamientos y no
la Asamblea Departamental.[Nota a pie de página 100] Debido a que las
ocho mercedes presentadas a la CPLC no habían sido hechas por
oficiales autorizados de acuerdo con el estatuto de 1824 y las
regulaciones de 1828, la corte las rechazó.
A pesar de que Cambuston y Vigil estuvieron en efecto durante el
periodo del Agrimensor General de Nuevo México (1854-1891), tuvieron un
efecto práctico limitado en ese tiempo. Las mercedes comunitarias que
no fueron hechas de acuerdo con el estatuto de 1824 o las regulaciones
de 1828 pudieron de todas maneras ser aprobadas bajo el requerimiento
de la Ley de 1854 donde reclamos pueden ser decididos de acuerdo con
las "leyes, usos y costumbres" españolas y mexicanas, debido a que bajo
una directiva del Interior al Agrimensor General, este estándar
estatutario incluyó la presunción en favor de las ciudades, pueblos y
aldeas. Dos años después de Cambuston, por ejemplo, en 1859 el
Agrimensor General Pelham aprobó reclamos para las mercedes del pueblo
de Torreón y del pueblo de Tejón, a pesar de que las mercedes habían
sido hechas por oficiales no autorizados debido a que calificaban para
la presunción en favor de los pueblos.[Nota a pie de página 101] Una
vez que se efectuara la Ley de 1891 que estableció la CPLC, permitiendo
la aprobación de las mercedes sólo si los reclamantes podían probar que
eran "legalmente y regularmente derivadas" bajo la ley española o
mexicana -sin presunción a favor de una ciudad, pueblo o poblado-la
decisióna de Cambuston y Vigil tuvo un mayor efecto en mercedes que no
habían sido otorgadas por oficiales autorizados. El resultado de estas
ocho mercedes pudiera haber sido diferente si el Congreso hubiera
establecido presunciones estatutarias para las ciudades, pueblos o
aldeas en los casos ante la CPLC como lo había hecho en la Ley de 1851
para casos ante la Comisión de California. De manera adicional el
resultado para las cuatro mercedes recomendadas para su aprobación por
el Agrimensor General pudiera haber sido diferente si el Congreso
hubiera actuado para confirmar las mercedes antes la creación de la
CPLC.
La CPLC rechazó mercedes que dependían de copias hechas por oficiales
no autorizados (El Caso Hayes):
La CPLC rechazó dos mercedes de tierras comunitarias, totalizando
alrededor de 69,000 acres únicamente porque los reclamantes se basaban
en copias de los documentos de las mercedes hechos por oficiales no
autorizados. Las dos mercedes fueron la merced del pueblo de
Cieneguilla (43,961 acres) y la merced de Embudo (25,000 acres)[Nota a
pie de página 102] Reclamos que involucrando ambas mercedes habían
sido originalmente presentados al Agrimensor General, pero el
Agrimensor General investigó y reportó sólo la merced de Cieneguilla.
En 1872 el Agrimensor General Rush Spencer reportó que a pesar de que
los únicos documentos que apoyaban para esta merced eran copias no
autorizadas, de todas maneras él recomendó la merced para su
aprobación. El Agrimensor General notó que el pueblo de Cieneguilla era
conocido por ser uno de los más antiguos asentamientos en Nuevo Mexico
y había existido por lo menos 51 años antes de la adquisición de
Estados Unidos de los Territorios de Nuevo México. El Agrimensor
General Julian presentó un reporte suplementario sobre la merced del
pueblo de Cieneguilla en 1886 haciendo notar que aunque los reclamantes
no tuvieran una base legal para su reclamo parecía "justo justificar la
existencia de un título equitativo" basado en la presunción en favor de
los pueblos. El Congreso no actuó con estas recomendaciones y los
reclamos para ambas mercedes Cieneguilla y Embudo fueron presentadas
nuevamente con la CPLC.
La CPLC evaluó reclamos apoyados por copias de documentos de mercedes
sobre la base de la totalidad de la evidencia presentada. Aunque el
gobierno de los Estados Unidos de manera rutinaria rechazaba la
admisión de copias en vez de los documentos originales en los
procedimientos de la corte, al menos tres casos concernientes a las
mercedes de La Majada, Black Mesa y el pueblo de Bernalillo, la CPLC
rechazó la objeción del gobierno y permitió la aceptación de copias
como parte de la evidencia. (Vea tabla 26). Para la merced de la Majada
había habido evidencia original corroborante que fue reunida por el
Agrimensor General en los archivos documentales. Para la merced de
Black Mesa la CPLC aceptó una copia de los documentos de la merced
hechos por un juez mexicano. Para la merced del pueblo de Bernalillo la
CPLC aceptó copias de los documentos de la merced hechos por un
alcalde.[Nota a pie de página 103]
Tabla 26: Mercedes de tierras comunitarias adjudicadas por la CPLC
que involucraron disputas sobre las copias de los documentos de las
mercedes:
Nombre de la merced: La Majada;
Número de registro de la CPLC: 89;
Año de otorgamiento: 1695;
Año de decisión de de la CPLC: 1894;
Resultado final: Confirmada; se otorgó completamente el área en acres.
Nombre de la merced: Black Mesa;
Número de registro de la CPLC: 56;
Año de otorgamiento: 1743;
Año de decisión de de la CPLC: 1894;
Resultado final: Confirmada; Parece que se otorgó completamente el
área en acres.
Nombre de la merced: Cieneguilla (Pueblo de);
Número de registro de la CPLC: 84;
Año de otorgamiento: 1795;
Año de decisión de de la CPLC: 1896;
Resultado final: Rechazada basado en copias no autorizadas.
Nombre de la merced: Bernalillo (Pueblo de);
Número de registro de la CPLC: 146, 208, 217, 258;
Año de otorgamiento: 1708;
Año de decisión de de la CPLC: 1897;
Resultado final: Confirmada; se otorgó parcialmente el área en acres
debido a un asunto de linderos.
Nombre de la merced: Sanguijuela;
Número de registro de la CPLC: 170;
Año de otorgamiento: 1843;
Año de decisión de de la CPLC: 1898;
Resultado final: Rechazada por razones relacionadas con asuntos de
copias entre otras razones.
Nombre de la merced: Embudo;
Número de registro de la CPLC: 173;
Año de otorgamiento: 1725;
Año de decisión de de la CPLC: 1898;
Resultado final: Rechazadabasado en copias no autorizadas.
Fuente: Análisis GAO:
[Extremo de la tabla]
Para la merced del pueblo de Cieneguilla, sin embargo, la CPLC rechazó
la merced porque "ninguna ley ni usos" le dio la autoridad al
Secretario del Concejo Municipal de Taos de hacer copias de los
documentos de la merced. De manera similar, dos años más tarde, la CPLC
rechazó las mercedes de Sanguijuela y Embudo. La corte dictaminó que
los documentos de apoyo para la merced de Sanguijuela eran deficientes
en un número de aspectos incluyendo las razones relacionadas a las
copias; incluso la corte carecía de jurisdicción debido a que la merced
estaba totalmente contenida entre la merced del pueblo de Las Vegas que
ya había sido confirmada por el Congreso.
La merced de tierra de Embudo es la merced más controversial que fue
rechazada por razones relacionadas a copias. Tal como en el caso de la
merced de Bernalillo, las copias de Embudo fueron hechas por un alcalde
no autorizado. A diferencia de la merced de Bernalillo, sin embargo,
que la CPLC había aprobado el 2 de junio de 1897, la CPLC rechazó la
merced de Embudo el 15 de julio de 1898 por un voto de tres a dos. La
CPLC se basó en la decisión de la Corte Suprema en Hayes v. United
States, 170 U.S. 637 (1898), expedida apenas siete semanas antes de la
decisión de la CPLC en donde la Corte Suprema había rechazado una
merced individual otorgada por un oficial no autorizado basándose en el
requerimiento de la Ley de 1891 donde la CPLC sólo podía confirmar
mercedes que han sido "legalmente y regularmente derivadas."[Nota a
pie de página 104] Al escribir por la mayoría de la CPLC, el juez
Murray afirmó, "[n]osotros sabemos a partir de una examinación de
muchos reclamos en este territorio bajo mercedes españolas que era una
práctica común para los alcaldes hacer copias de los papeles de las
mercedes a pedido de las partes cuyos mercedes se hallaban rotas o
mutiladas". Sin embargo el juez Murray decidió que "los alcaldes no
eran los custodios legales de las mercedes de tierras y no tenían el
poder o la autoridad que les confería por ley a perpetuar evidencia de
títulos de tierras al hacer copias de las mercedes, ni existe una ley
para realizar copias de evidencia de títulos… Nosotros no tenemos el
poder de asumir que el alcalde tenía la autoridad legal para perpetuar
evidencia de tierra al hacer copias de las mercedes...."[Nota a pie de
página 105] El presidente Reed de la CPLC Reed y el juez Stone
disentían de la opinión mayoritaria de la CPLC. El presidente de la
CPLC creía que la corte debía haber confirmado la merced de Embudo así
como lo había hecho con la merced de Bernalillo debido a que el mismo
tipo de evidencia había sido presentado en ambos casos.
El "asunto de las copias" es una ilustración práctica de cómo la Ley de
1891 al establecer la jurisdicción de la CPLC era más estricta que la
Ley de 1854 y las directivas del Interior suplementarias estableciendo
la jurisdicción del Agrimensor General de Nuevo México. En su reporte
suplementario de la merced de Cieneguilla, el Agrimensor General Julian
había reconocido que la merced sufría de problemas "legales", pero que
el decidió aprobarla como un reclamo equitativo basado en la presunción
en favor de los pueblos. Para cuando la CPLC rechazó las mercedes de
Cieneguilla y Embudo, ambos pueblos habían estado en existencia por más
de 100 años, lo que significaba que muy probablemente habrían sido
aprobadas bajo la presunción en favor de los pueblos. El Congreso había
cambiado los estándares estatutarios, sin embargo, y la CPLC no estuvo
autorizada a aplicar esa presunción.
Los herederos de mercedes de tierras y otros tienen preocupaciones
adicionales sobre la justicia y equidad de los procedimientos de
confirmación seguidos en la evaluación de los reclamos de mercedes de
tierras comunitarias:
Algunos de los herederos de mercedes de tierras y académicos jurídicos
alegan que los procesos de confirmación del Agrimensor General
establecidos por la Ley de 1854 no satisfizo los requerimientos
fundamentales de justicia tal como son requeridos por las provisiones
del debido proceso legal de la Constitución de los Estados Unidos. Los
herederos también han alegado que los procedimientos de confirmación de
la CPLC creados por la Ley de 1891 no refleja de una manera propia los
principios de equidad. Basados en los requerimientos legales de la
época, sin embargo, e incluso para los estándares legales de hoy en
día, hemos concluido que ambos procedimientos satisficieron los
requerimientos legales pertinentes.[Nota a pie de página 106]
Justicia y cuestiones del debido proceso legal percibida con los
procedimientos del Agrimensor General:
Algunos herederos y académicos alegan que el proceso del Agrimensor
General no cumplió con los requerimientos del debido proceso legal.
Ellos concentran en dos supuestas deficiencias constitucionales: (1)
que la notificación del procedimiento no fue provista a todos los
individuos que hubieran tenido un interés posible en la merced de
tierras; y (2) que no se proveyó una oportunidad a tales individuos a
contrainterrogar a aquellos individuos que habían presentado evidencia
para apoyar a los reclamos de mercedes de tierras.[Nota a pie de página
107] Nosotros no conocemos ningún caso reportado en donde una corte
haya determinado la constitucionalidad de los procedimientos del
Agrimensor General. Basados en los requerimientos legales de la época,
e incluso de acuerdo a los estándares de hoy en día, hemos concluido
que el proceso satisfizo los requerimientos del debido proceso legal.
La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ratificada
en 1791 como parte de las Leyes de Derechos de la Constitución,
requiere que cuando el gobierno federal prive a cualquier persona de
"vida, libertad o propiedad" debe hacerlo a través del "debido proceso
legal." La Décimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, impuso el mismo
requerimiento a los gobiernos estatales. El procedimiento específico
requerido por la Quinta y la Décimocuarta Enmienda - qué "proceso" es
"debido"-ha ido evolucionando con el tiempo y varía dependiendo de
circunstancias particulares en cada caso.[Nota a pie de página 108] La
Corte Suprema de los Estados Unidos expidió su primera decisión
discutiendo sobre lo que constituye el debido proceso legal bajo la
Quinta Enmienda en 1856,[Nota a pie de página 109] y se ha hecho claro
desde entonces que el debido proceso legal no requiere necesariamente
un procedimiento formal de una corte.[Nota a pie de página 110] Más
bien, como lo explicó la Corte Suprema en 1877, donde existe una
notificación en que el interés propietario está en juego y una
oportunidad para un procedimiento que es "apropiado para la naturaleza
del caso, la decisión en dichos procedimientos no se puede decir que
priven al propietario de su propiedad sin un debido proceso legal,
aunque sea detestable a otras objeciones."[Nota a pie de página 111]
Como lo comentó la Corte Suprema a inicios de los años de 1900 "[e]l
requisito fundamental del debido proceso legal es la oportunidad de ser
escuchado."[Nota a pie de página 112]
Con el transcurso del tiempo, la Corte Suprema ha aclarado que la
oportunidad de ser escuchado debe ser proporcionada "en un tiempo
significativo y de una manera significativa." Mathews v. Eldridge, 424
U.S. 319, 333 (1976). Consecuentemente, debe haber tanto "una
notificación y una oportunidad de ser escuchado. Vea, e.g., Dusenbery
v. United States, 534 U.S. 161, 167 (2002). Como se discute líneas
abajo, hemos concluido que los procedimientos del Agrimensor General de
Nuevo México satisfacen estos dos requerimientos fundamentales del
debido proceso legal tal como las cortes los definieron en aquel
entonces e incluso hoy en día.
Notificación adecuada proveída a los reclamantes de mercedes de
tierras:
En la época del proceso del Agrimensor General a mediados de 1800, el
tipo de notificación requerida, incluso para un procedimiento formal de
la corte dependía en gran parte en si la jurisdicción de la corte se
consideraba a ser "in rem," "quasi in rem," o "in personam."[Nota a
pie de página 113] Si un procedimiento era "in rem" o "quasi in rem"--
el último incluyendo la confirmación del Agrimensor General/Congreso
en Nuevo México--entonces una notificación "constructiva" podía ser
suficiente. La notificación podía darse a través de una publicación en
el periódico, por ejemplo, particularmente si la categoría de personas
posibles cubiertas era descrita en dicha notificación.[Nota a pie de
página 114] Por otra parte, si un procedimiento era in personam,
entonces notificaciones adicionales --por ejemplo, notificación
personal dirigida a individuos específicos --pudieran ser requeridas.
[Nota a pie de página 115]
Hacia mediados de los años de 1900 la Corte Suprema había dejado atrás
sus distinciones de in rem/in personam. Tal como lo hizo notar la Corte
en Walker v. City of Hutchinson, 352 U.S. 112, 115 (1956), es imposible
establecer una "fórmula rígida sobre el tipo de notificación que debe
darse, [y la notificación requerida variará según las circunstancias y
condiciones". En vez de esto la Corte declaró que el debido proceso
legal simplemente requiere una "notificación razonablemente calculada
bajo todas la circunstancias que notifique a las partes interesadas de
la acción pendiente y les permita una oportunidad para presentar sus
objeciones." Mullane v. Central Hanover B. & T. Co., 339 U.S. 306, 314
(1950). La notificación a través de una publicación es
constitucionalmente suficiente, la Corte determine en Mullane, "Allí
donde no sea razonablemente posible o no sea práctico dar una
advertencia adecuada" tal como en el caso de personas desaparecidas o
desconocidas" o aquellos "cuyos intereses sean conjeturales o futuros"
Id. en 317. Por el contraste, una notificación adicional más allá de la
publicada es requerida cuando los nombres específicos y direcciones de
las partes interesadas son conocidos. En la determinación de cual nivel
de notificación es requerido, la Corte Mullane también consideró la
naturaleza del procedimiento, el esfuerzo necesario para identificar
las partes interesadas y sus direcciones, los costos asociados con
dicha identificación y si la notificación dada podría llegar a las
partes interesadas en el procedimiento.[Nota a pie de página 116]
Hoy en día incluso aún con la tecnología avanzada de las comunicaciones
del siglo 21 el debido proceso legal no requiere una notificación
personal a todos los individuos cuyos posibles intereses propietarios
puedan estar en peligro. En vez de esto la Corte Suprema ha continuado
su atención en lo que es razonablemente posible en la notificación
según las circunstancias. Como lo ha confirmado recientemente la Corte
en Dusenbery, el debido proceso legal no requiere..esfuerzos heroicos
por parte del Gobierno.." 534 U.S. at 170.[Nota a pie de página 117]
Por supuesto el esfuerzo estándar por parte del gobierno necesita ser
solamente razonablemente calculado para notificar a las partes de las
acciones pendientes; "el criterio no es la posibilidad de un daño
concebible sino solamente el carácter justo y razonable de los
requerimientos .." Id. 170-71, citana Mullane, 339 U.S. a 315.
Basado en lo anterior, hemos concluido que la notificación provista a
los reclamantes posibles bajo los procedimientos del Agrimensor General
de Nuevo México satisfizo el debido proceso legal. Como un asunto de
límites, se puede argumentar que los requerimientos del debido proceso
legal ni siquiera se aplicaban al proceso del Agrimensor General. La
Corte Suprema ha dictaminado que el debido proceso legal no se aplica
cuando la propiedad de una persona o derecho de intereses sean apenas
afectados - no privados-por el gobierno. Los procedimientos ante las
entidades del gobierno que no tienen el poder de determinar derechos
legales, por ejemplo, no pueden privar a una persona de la vida, la
libertad o la propiedad. En Hannah v. Larche, 363 U.S. 420 (1960), por
ejemplo, la Corte Suprema mantuvo que el debido proceso legal no se
aplicaba a las personas cuya reputación (en donde ellas tuvieran una
propiedad e intereses de libertad) pudiera ser dañada por las
investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles. La Corte razonó que
la Comisión estaba comprometida sólo en la investigación de los hechos
y no estaba autorizada a adjudicar responsabilidad, expedir órdenes o
"hacer cualquier determinación privándole a quien fuera de la vida, la
libertad o la propiedad...[L]a Comisión no puede tomar ninguna acción
afirmativa que afecte los derechos legales de los individuos. El único
propósito de su existencia es encontrar los hechos que pueden ser
consecuentemente utilizados como la base de una acción legislativa o
ejecutiva" id. at 441. En Jenkins v. McKeithen, 395 U.S. 411 (1969), en
contraste, la Corte distinguió Hannah v. Larche y dictaminó que una
persona al ser investigada por la comisión del estado cuyos hallazgos
supuestamente tuvieran el efecto práctico de determinaciones
adjudicadas tenía el derecho al debido proceso legal, aun cuando la
comisión no podía oficialmente hacer dichas determinaciones.
El Agrimensor General, así como la Comisión de Derechos Civiles en
Hannah v. Larche no tenía autoridad para hacer determinaciones legales
de propiedad. El actuó como un investigador y como un descubridor de
hechos y aplicó los derechos de la ley española y mexicana para
formular recomendaciones al Congreso. Por lo tanto, así como en Hannah,
"[e]l único propósito de la existencia [Agrimensor General] [fue]
hallar los hechos que pudieran posteriormente ser usados como base de
una acción legislativa". Por otra parte, las recomendaciones del
Agrimensor general, como los hallazgos de la comisión del estado en la
decisión más reciente de la Corte Suprema Jenkins v. McKeithen,
posiblemente tuvieron el efecto práctico de determinaciones oficiales.
A pesar que el Congreso no adoptó todas las recomendaciones del
Agrimensor General, como fue anotado en el capítulo 2, por lo menos
ellas tuvieron un peso sustancial en la decisión del Congreso ya sea
que se otorgara o no la merced.
Asumiendo que los requerimientos del debido proceso legal se aplicaron
al proceso del Agrimensor General, la notificación que fue provista en
el periódico a todos lo posibles reclamantes de mercedes de tierras
cumplió el requisito constitucional de notificación, llamado
notificación razonable bajo las circunstancias del establecimiento de
la Oficina del Agrimensor General de Nuevo México y el requerimiento de
presentar un reclamo por cualquier merced de tierra para la cual la
confirmación gubernamental (del Congreso) se buscaba. Como se discutió
líneas arriba, bajo los estándares legales de los años 1800, la
notificación en el periódico y no la notificación individual a todos
los posibles reclamantes, era suficiente en los procedimientos en quasi
in rem tales como el proceso del Agrimensor General. Como se detalla en
el capítulo 2, al menos el Agrimensor General le dio la notificación
del periódico requerida por las instrucciones del Interior, tanto en
español como en inglés a todas las personas que hubieran podido tener
un interés en las mercedes de tierras comunitarias. La notificación que
fue publicada repetidamente afirmaba que los reclamos debían ser
presentados a la Oficina del Agrimensor General y especificó qué tipo
de información y testimonio sería requerido para validar el reclamo.
Aunque estas notificaciones fueran publicadas o no a lo largo de Nuevo
México o sólo en Santa Fe, todas las personas interesadas fueron
provistas con una notificación idéntica y la evidencia sugiere que
alcanzó a su pretendida audiencia: reclamos que involucraban 130 de las
154 mercedes de tierras comunitarias en Nuevo México y 208 del total de
295 mercedes de tierras fueron presentadas con el Agrimensor
General.[Nota a pie de página 118] Así como en los casos de Huling y
Broderick's Will (pie de página 114), el hecho de que algunos
reclamantes posibles no hayan visto la notificación en el periódico no
significa que haya sido constitucionalmente deficiente. Incluso, la
evidencia sugiere que los reclamantes posibles pudieran haber visto la
notificación en el periódico pero demoraron en responder debido a que
la notificación no especificaba una fecha límite de entrega.[Nota a
pie de página 119]
Aún bajo los estándares modernos del debido proceso legal, nosotros
concluimos que la notificación del Agrimensor General en el periódico
fue suficiente debido a que fue razonablemente calculada bajo las
circunstancias de informar a las partes interesadas del proceso
pendiente del Agrimensor General. Ni el Agrimensor General o cualquier
oficial gubernamental de aquel entonces supo o podía razonablemente
averiguar los nombres y direcciones de todas las personas con posibles
interés en una o más de las 295 mercedes de tierras al interior de
Nuevo México. De forma adicional, los intereses de estas personas eran
conjeturales - virtualmente todos los residentes tenían, un interés
posible, pero si ellos tenían de hecho un interés competente bajo los
términos de la Ley de 1854 era desconocido; determinar esto era el
propósito principal del procedimiento del Agrimensor General. De manera
adicional, aún si los nombres y direcciones de los reclamantes posibles
hubieran sido conocidos, millones de acres estaban involucrados y no
había un método práctico a finales de los años de 1800 para ponerse en
contacto personalmente con todas las personas que vivían en esta vasta
area.[Nota a pie de página 120] A diferencia de hoy en día, no había
entrega a domicilio del correo, ni sistema telefónico y por supuesto
ni Internet o sistema electrónico de correo. Los periódicos eran los
medios más comunes de comunicación de información al público,
particularmente en áreas rurales.[Nota a pie de página 121] Mientras
que en teoría hubiera sido posible, con gran esfuerzo y costo recorrer
el campo para identificar a reclamantes posibles, este "debido proceso
legal no requería...esfuerzos heroicos por parte del Gobierno" tal
como lo explicó la Corte Suprema en Dusenbery.
La conclusión de que la notificación a través del periódico fue
razonable bajo las circunstancias se apoya por el hecho de que el
proceso del Agrimensor General no fue la única oportunidad que tuvo el
reclamante para establecer su título. Como se discutió en el capítulo
2, la Ley de 1854 proveyó que las personas que tenían un título
superior bajo la ley española o mexicana de una merced confirmada pero
que no presentaron un reclamo con el Agrimensor General podían --y
todavía pueden hoy en día, como se evidencia en la descripción al
inicio de este capítulo en el juicio de Montoya v. Tecolote Land Grant-
-traer una subsiguiente acción de la corte cuestionando estas
decisiones de confirmación del Congreso. Esta falta de resolución
significa que los reclamantes posibles tenían efectivamente dos
oportunidades para insistir en sus demandas - ya sea con el Agrimensor
General o en la corte del estado - y que estos procesos no requerían
que se diera una notificación personal del proceso del Agrimensor
General. Vea Mullane, 339 U.S. a 314 ("Un requerimiento elemental y
fundamental del debido proceso legal en cualquier procedimiento a la
cual se le da la finalidad es la notificación...[y una] oportunidad
para presentar sus objeciones") (énfasis añadido).
Algunos han sugerido que, como se ha hecho notar arriba, que la
notificación del Agrimensor General en el periódico fue
constitucionalmente deficiente. La base para esta notificación parece
ser la creencia de que los reclamantes posibles tenían el derecho a una
notificación inicial advirtiéndoles del proceso del Agrimensor General
y luego una segunda notificación advirtiéndoles que un reclamo había
sido solicitado en relación a una merced de tierra. Sin embargo, el
debido proceso legal no requiere notificación de todos los pasos
subsiguientes de un procedimiento una vez que la notificación inicial
ha sido provista. Más bien, personas que reciben una notificación
inicial adecuada y no se unen al procedimiento no son consideradas como
partes que no tienen derecho a ninguna notificación especial y se les
presume como capaces de afirmación y protección de sus derechos
específicos.[Nota a pie de página 122] Aunque algunos académicos
comparan el proceso del Agrimensor General de manera no favorable a lo
que ellos han caracterizado como el "relativamente justo sistema
judicial empleado en California", el proceso de California tampoco
requirió una notificación específica a todos los reclamantes posibles.
La ley de 1851 que estableció la Comisión de California requirió que
sólo "una notificación obligatoria y pública" fuera dada en las
sesiones de la Comisión (énfasis añadido), tal como lo confirma la
Corte Suprema en United States v. O'Donnell, 303 U.S. 501, 516 (1938)
(La Ley de 1851 "no requiere que una notificación fuera dada a ninguna
tercera parte"). Tampoco los reglamentos de la Comisión requieren
notificación a reclamantes posibles adversos después que un reclamo
haya sido presentado para una merced en particular. Los reglamentos
requieren únicamente que la Comisión dé "la debida notificación"; al
reclamante original y al agente de los Estados Unidos cuando la
Comisión fuera a tomar testimonio del reclamo. Vea Organization, Acts
and Regulations of the U.S. Land Commissioners for California (San
Francisco: 1852), pág. 5. Finalmente, a pesar de qué notificación fuera
técnicamente requerida en California, nosotros no conocemos ninguna
evidencia de la notificación que fue, de hecho, entregada a todas las
personas con un interés posible en una merced de tierra en un
cualquier reclamo particular en California una vez que el reclamo
había sido presentado. En síntesis, aunque que la notificación del
Agrimensor General en un periódico haya o no dado noticia a cada
reclamante posible, sí proveyó la adecuada notificación constitucional
bajo esas circunstancias.[Nota a pie de página 123]
Oportunidad suficiente para que los reclamantes de mercedes de tierras
sean escuchados:
Otro defecto constitucional del proceso del Agrimensor General, de
acuerdo a algunos académicos, fue la supuesta ausencia de la
oportunidad para las personas con reclamos posibles de mercedes de
tierras para contrainterrogar a aquellos que habían presentado reclamos
al Agrimensor General. La controversia es que el proceso del Agrimensor
General era procedimiento desigual "ex parte" sin el escrutinio
necesario que sólo un contrainterrogatorio pudiera proveer. Como se
discute líneas abajo, sin embargo, el debido proceso legal no requiere
necesariamente una oportunidad para llevar a cabo un
contrainterrogatorio, más bien requiere una oportunidad de ser
escuchado. El proceso del Agrimensor General proporcionó la oportunidad
requerida de ser escuchado a las partes relevantes en los puntos
relevantes del proceso. De hecho, los reclamantes con un título
superior español o mexicano tienen todavía esta oportunidad hoy en día.
De la misma forma que la notificación requerida por el debido proceso
legal varía de caso en caso, así también varía el tipo de "audiencia"
que debe estar disponible. Como lo subrayó la Corte Suprema en Goss v.
Lopez, 419 U.S. 565, 579 (1975), una persona privada de la protección
de sus intereses "debe [tan sólo] ser proporcionada algún tipo de
notificación y permitirse algún tipo de audiciencia." (Énfasis en el
original.) Al mismo tiempo del proceso de confirmación del Agrimensor
General de Nuevo México a mediados de los años de 1800, la ley no
estaba bien establecida al referirse a cuáles procedimientos
particulares constitucionales eran requeridos en qué tipo de casos
civiles después de que la notificación fuera entregada.[Nota a pie de
página 124] Sin embargo, como se ha discutido líneas arriba es claro
que en ese entonces el debido proceso legal no siempre requería una
audiencia formal de tipo judicial y así permanece la ley de hoy en día.
Vea, e.g., Matthews v. Harney County, Oregon, 819 F.2d 889, 892 (9th
Cir. 1987) (el debido proceso legal " no tiene que ser una audición
completa de la parte adversa") (énfasis añadido). Bajo la ley moderna,
si un derecho de contrainterrogatorio es constitucionalmente requerido
depende en los hechos particulares de cada caso. En el caso Hannah v.
Larche, mencionado líneas arriba por ejemplo, la Corte Suprema negó los
derechos de contrainterrogatorio a la persona que era objeto de un
testimonio negativo ante la Comisión de Derechos Civiles, en parte
porque la Comisión no estaba autorizada a tomar acción de privar a la
persona de sus derechos de propiedad o libertad.[Nota a pie de página
125] La Corte también estaba influenciada por la necesidad de asegurar
un proceso administrativo tranquilo y hubiera resultado trastornante
si partes externas hubieran sido permitidas de intervenir y hacerse
contrainterrogatorios. Este resultado es consistente con los factores
que las cortes balancean hoy en día para determinar si procedimientos
de audiencia son requeridos: (1) los intereses privados que serán
afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una privación errónea
de ese interés a través de los procedimientos utilizados y el valor
probable de protecciones adicionales; (3) el interés del gobierno en no
proveer una protección, incluyendo la imposición de cargas financieras
y administrativas. Mathews v. Eldridge, 424 U.S. en 334-35.
Basado en lo anterior, hemos concluido que el proceso del Agrimensor
General proveyó una oportunidad razonable para ser escuchado bajo las
circunstancias, incluyendo los derechos apropiados de
"contrainterrogación". Como se ha discutido en el capítulo 2, el
proceso del Agrimensor General sirvió un propósito discreto y limitado:
determinar a quién le pertenecía una asignación de tierra entre un
reclamante particular y los Estados Unidos (un caso quasi rem), no a
quien le pertenecía las tierras entre todas la partes (una caso in
rem).[Nota a pie de página 126] La única parte directamente adversa al
reclamante --y la parte que el reclamante pudiera haber tenido el
derecho a contrainterrogar--era los Estados Unidos. Aunque la
evidencia no indica que los reclamantes literalmente contrainterrogaron
a los representantes de los Estados Unidos, la gran mayoría de los
reclamantes fueron representados por un consejero legal y tuvieron la
oportunidad, durante el transcurso de presentar sus reclamos para
referir deficiencias en la documentación o en otra documentación de
apoyo identificada por el Agrimensor General. El reclamante debió, por
lo tanto, tener alguna oportunidad para hacer un "contrainterrogatorio
" a los Estados Unidos, ya sea a través de preguntas del Agrimensor
General o de manera más directa en casos donde un representante de los
Estados Unidos se hallaba presente.[Nota a pie de página 127] Este
grado de interrogatorio fue apropiado con los factores que las cortes
consideran hoy en día en Mathews v. Eldridge ya que el valor adicional
que hubiera provisto una contrainterrogatación formal a los Estados
Unidos, hubiera resultado abrumador por las cargas financieras y
administrativas que hubiera impuesto.
Con respecto a las personas que no se hallaban ante el Agrimensor
General - es decir, partes con intereses posibles adversos quienes no
presentaron ellos mismos un reclamo-tenían derecho constitucional para
presentarse y conducir una contrainterrogación en un procedimiento en
proceso, como alegan algunos académicos, nosotros concluimos que ellos
no tenían tal derecho. Aquellas personas recibieron una notificación
idéntica del proceso del Agrimensor General como personas que
presentaron reclamos, y ellas hubieran tenido los mismos derechos de
contrainterrogación que los reclamantes si ellas también hubieran
presentado un reclamo. Así como en el caso del procedimiento del
Agrimensor General, se requiere de acuerdo a la constitución que se
expida una notificación, ya que el debido proceso legal no garantiza el
derecho de contrainterrogatación a personas que no respondan a la
notificación presentando un reclamo o tomando otra acción requerida.
Las aseveraciones de que el proceso del Agrimensor General fue un
procedimiento anticonstitucional ex parte en torno a los que no
presentan reclamos son contrarias a las decisiones como Hannah v.
Larche, donde una contrainterrogación fue negado a personas que
alegaron daño por el testimonio dado anteriormente a una investigación
por parte del cuerpo del gobierno. Tal como lo explicó la Corte en
Hannah, el permitir a partes externas intervenir y confrontar testigos
"hará que la investigación vaya a rastras y agobie a la agencia en la
recolección de los hechos". Hannah, 363 U.S. at 444. Mientras que el
proceso del Agrimensor General era menos complejo que las
investigaciones de la agencia en tiempos modernos, permitir a las
partes adicionales a participar le hubiera sumado una carga financiera
y administrativa al gobierno sin asegurarle un resultado más preciso en
el único asunto que enfrentaba el Agrimensor General: si es que el
reclamante primario tenía un título superior al de los Estados Unidos,
y no en torno a todas las otras partes. El Agrimensor General Clark
reconoció que era el gobierno el que estaba en riesgo en su Reporte
Anual de 1867, observando que "[e]s posible hacer gran injusticia tanto
a los reclamantes como al gobierno por maneras anómalas al determinar
los derechos de las partes". (Vea capítulo 2, figura.6 (énfasis
añadido)).
De hecho, terceras partes con reclamos de mercedes de tierras
posiblemente competitivos se hallaban en una mejor posición a los
cuales se le negaron derecho de contrainterrogatorios en Hannah.
Mientras que las partes en Hannah no tenían medios alternativos para
asegurar que su posición fuera escuchada, los reclamos de mercedes de
tierras, a convertirse, tenían varias. Primero, y de manera más
directa, ellos pudieron haber presentado su propio reclamo ante el
Agrimensor General tal como el reclamante original lo hubiera hecho.
Segundo, a pesar de que partes adversas no tenían un derecho
constitucional para intervenir y hacer un contrainterrogatario de los
reclamantes en casos en proceso, a los alegatos escritos de los
reclamantes originales al Agrimensor General se les requería que
identificaran cualquier reclamo adverso conocido. Tal como se hizo
notar en el capítulo 2 (pie de página 46), los reclamantes adversos se
presentaron y condujeron contrainterrogaciones de reclamos principales
en algunos casos y los reclamos principales también fueron examinados
en contrainterrogaciones por un representante de los Es tados Unidos o
por el mismo Agrimensor General en un número de instancias. Tercero,
incluso después que una merced de tierra había sido confirmada tanto
entre el reclamante principal y los Estados Unidos, una parte alegando
un título superior de la merced bajo la ley española o mexicana podía
presentar un subsiguiente juicio en la corte del estado, tal como lo
hicieron los herederos en caso actual de Montoya v. Tecolote Land
Grant. Incluso hoy en día, al proveer este tipo de oportunidad--de
tener una audiencia después, en vez de antes, se puede privar de un
derecho de propiedad --satisface el debido proceso legal donde hay una
necesidad urgente del gobierno de actuar.[Nota a pie de página 128] En
los años de 1800, las cortes les otorgaron incluso más deferencia a la
necesidad del gobierno de adelantar un importante interés público al
determinar si la confiscación de propiedad ex parte fue constitucional.
Vea United States v. James Daniel Good Real Property, 510 U.S. 43,
59-60 (1993) (resumiendo los casos de 1856-1889 permitiendo
confiscaciones ex parte basadas en lo que la Corte Suprema llamó una
"urgencia ejecutiva"). Debido a que reclamos de terceras partes con
títulos superiores podrían (y todavía pueden) afirmar sus derechos a
través de un subsiguiente juicio, "cualquier privación de audiencia"
de propiedad que pudiera haber ocurrido durante el proceso del
Agrimensor General pudiera ser justificada por la necesidad del
gobernador a finales de los años de 1800 para resolver los derechos de
propiedad de las tierras en el suroeste para poder así promover el
asentamiento. Incluso como se ha hecho notar, esto sería la tercera
oportunidad que los reclamantes adversos tendrían para ser oídos.
Finalmente, los académicos han hecho notar las diferencias en las
prácticas de contrainterrogatación entre los procesos del Agrimensor
General y la Comisión de California como evidencia de que el proceso
del Agrimensor General fue anticonstitucional. Es decir un
procedimiento no viola el debido proceso legal simplemente porque otro
procedimiento provee de derechos adicionales.[Nota a pie de página
129] El Congreso y otros cuerpos administrativos usualmente proveen
derechos más allá de lo mínimo requerido y en el proceso de la
Comisión de California, a las personas que presentaron un reclamo se
les permitió presentar una solicitud para intervenir y conducir un
contrainterrogatario en otro caso donde la tierra que ellos reclamaban
fue en disputa[Nota a pie de página 130] No existe evidencia ninguna,
sin embargo, que la Comisión creyera que este procedimiento fuera
constitucionalmente requerido y el hecho de la Comisión retiene el
derecho de negar dichos requerimientos, indica que no lo hizo. Incluso
además, en la explicación de la Comisión del porqué, con un voto
dividido de 2-1, ésta adoptó este proceso de intervención/
contrainterrogatario, los tres Comisionados enfatizaron que la
Comisión no estaba realizando una función judicial --donde el
contrainterrogatario puede ser algunas veces requerido--sino más bien
una función política.[Nota a pie de página 131]
La naturaleza no-jurídica y sin presencia de adversarios de los
procedimientos de la Comisión fue discutida en extenso por la Corte
Suprema en el caso de United States v. O'Donnell, discutida en el
capítulo 2 (pies de páginas [17 y 23]). La Corte de O'Donnell rechazó
el argumento de que una de las determinaciones de confirmación de la
Comisión debe ser rechazada debido a que no era el resultado del
supuesto "proceso vigoroso" de la Comisión. O'Donnell, 303 U.S. at 523.
Por el contrario como explicó la Corte Suprema, el proceso de la
Comisión no intentaba ser vigorosa o contenciosa:
El Gobierno no tenía el deber hacia el [reclamante contencioso] para
refutar el reclamo [principal] [debido a que].. el procedimiento ante
el Consejo no fue adversario..El Consejo era un cuerpo administrativo
creado..'para averiguar y normalizar los reclamos de tierras privadas
del estado de California', a través de procedimientos que no eran
requeridos a ser controversiales. Se iniciaba sin notificación a
ninguna de las partes. Mientras la asistencia por el 'agente' de los
Estados Unidos era requerida para que él 'supervisara los intereses de
los Estados Unidos', no apareció bajo el rol de litigante..El Consejo
era un cuerpo administrativo, no una corte.. Como [la Ley de 1851] no
requería de procedimientos contenciosos, la validez de su determinación
administrativa no se afectadó por su ausencia.
Id. at 523-24. En la aprobación de la Corte Suprema del procedimiento
de confirmación de California se hallaba implícito el hecho que el
debido proceso legal no requería de procesos contenciosos, porque en
ninguna parte de la extensiva discusión de los procedimientos de
California la Corte ni acaso menciona posibles preocupaciones del
debido proceso legal.[Nota a pie de página 132] En resumen, el proceso
del Agrimensor General en Nuevo México proveía la oportunidad
constitucional requerida para ser escuchado.
Cuestiones sobre la percepción de equidad con el proceso de la CPLC:
Algunos herederos y académicos afirman que el proceso de la CPLC no fue
equitativo debido a que la corte permitió bajo la Ley de 1891 confirmar
sólo aquellas mercedes que habían sido "legalmente y regularmente
derivadas" bajo la ley española o mexicana. Particularmente en
comparación con el proceso del Agrimensor General --bajo el cual los
derechos equitativos podían ser considerados si es que ellos eran
reconocidos bajo "las leyes de usos y costumbres de España y México" o
en el contexto de la presunción de la existencia de un pueblo al
momento del Tratado fue evidencia clara de una merced--algunos
herederos y académicos creen que el proceso de la CPLC fue
excesivamente técnico y "legal".
Aunque las diferencias percibidas entre el Agrimensor General y la CPLC
fueron reales, ellos reflejan las diferencias permisibles creadas por
el Congreso. El Congreso les dio diferente autoridad legal y diferente
mandato a las dos entidades, reflejando con el proceso de la CPLC una
evolución en el criterio del Congreso en relación a qué procedimientos
fueron apropiados siguiendo sus experiencias de los procesos de
California y del Agrimensor General durante los anteriores 40 años.
Basado en esta experiencia, el Congreso decidió crear estándares más
estrictos para la CPLC para decidir cuándo aprobar una merced de tierra
comunitaria y la CPLC no tuvo otra alternativa que la de cumplir con
dichos límites. Tal como lo hizo notar la Corte Suprema en su decisión
Sandoval de 1897, la limitación de las autoridades de la CPLC (y de la
autoridad de la misma Corte Suprema al revisar apelaciones de
decisiones de CPLC) significó que reclamos de mercedes no podían ser
aprobados basados solamente en un "título de equidad" o derechos
menores tales como los derechos de "usufructo" del uso de la tierra.
Aunque la corte sugirió que hubiera querido tener la oportunidad de
considerar bases de equidad al determinar posesión, reconoció que el
estatuto no permitía esto y que era "para el departamento político" -
el Congreso-"vérselas con los derechos equitativos involucrados" de las
mercedes de tierras comunitarias. Sandoval, 167 U.S. at 298. Como se
discute líneas abajo, en la medida que los procedimientos de la CPLC y
las cortes revisoras continuaran cumpliendo con el debido proceso legal
- y no hay ninguna sugerencia que éste no fuera el caso --le pertenecía
al Congreso la discreción de decidir los procedimientos a través de los
cuales los Estados Unidos pudieran implementar sus obligaciones de
protección de propiedad bajo el Tratado. Por lo tanto el alcance
estatutario de la jurisdicción de la CPLC era el apropiado y era una
política de criterio del Congreso de 1891 y como tal permanece hoy en
día.
Cualquier conflicto entre los estatutos de confirmación y el Tratado
tendría que ser resuelto bajo ley internacional o por acción adicional
del Congreso:
Finalmente, de manera adicional a las cuestiones sobre si las
decisiones particulares de los procesos de confirmación bajo la Ley de
1854 y la Ley de 1891 fueron apropiados y si los procesos fueron justos
y equitativos bajo la Constitución de los Estados Unidos y otras leyes,
los herederos de mercedes de tierras y otros han cuestionado que las
provisiones sustantivas de los mismos estatutos -que identifican los
estándares bajo los cuales las mercedes de tierras debieran ser
confirmados - fueron inconsistentes con las provisiones de protección
de la propiedad del Tratado, o por lo menos con la doctrina de la ley
internacional donde el soberano sucesor debe proteger los derechos de
propiedad de las personas que viven en áreas adquiridas recientemente
siguiendo la ley del antiguo soberano. Como se ha discutido líneas
arriba, los herederos y académicos alegan que los procesos del
Agrimensor General y la CPLC no aseguraron de manera adecuada que los
derechos de propiedad hubieran sidos protegidos de la misma manera en
que se hubiera hecho bajo la ley y la costumbre española y mexicana. El
proceso de la CPLC ha sido visto como problemático debido a que el
estándar que la CPLC fue dirigido a aplicar--la aprobación solamente de
aquellas mercedes que habían sido "legalmente y regularmente derivadas"
bajo la ley española y mexicana--no permitió a las cortes reconocer
intereses menores tales como el título de equidad que pudiera haber
sido reconocido por los soberanos previos.
Sin embargo, estas cuestiones solamente pueden ser abordadas hoy en día
por una acción adicional del Congreso o como un asunto de ley
internacional. Como se ha hecho notar en el capítulo 1, el Tratado de
Guadalupe Hidalgo no era un tratado que se auto-ejecutaba y por lo
tanto requirió la implementación de una acción del Congreso para que
tenga efecto en los Estados Unidos. Aunque los tratados y estatutos
federales generalmente tienen estatus equivalentes bajo la Constitución
de los Estados Unidos (junto con la Constitución misma, ambos son
considerados "supremos" sobre las leyes del estados bajo el Artículo
VI, cláusula 2 de la Constitución), bajo la ley de los Estados Unidos,
una corte debe aplicar y seguir después la legislación promulgada aún
si hay conflicto con una de las provisiones del tratado.[Nota a pie de
página 133] La Corte Suprema aplicó esta regla en el contexto del
Tratado de Guadalupe Hidalgo en Botiller v. Dominguez, 130 U.S. 238
(1889), en el cual se concluyó que el plazo límite de dos años de la
Ley de 1851 para presentar reclamos en California aplicó a todas las
mercedes (ambas perfectas e imperfectas) a pesar del hecho que el
Tratado mismo no tenía un límite de tiempo. Aún si el plazo límite de
dos años tuvo conflicto con el Tratado, sin embargo, la Corte declaró,
que sería "un caso en el cual la corte esta obligada a seguir las
promulgaciones estatutarias de su propio gobierno" y por lo tanto
"ningún título para tierras en California, que dependen de las
mercedes españolas o mexicanas no pueden tener cualquier validez que
no se ha sometido y confirmado por el consejo proveído para ese
propósito en la ley de 1851…." Id. 247, 256. Las disputas restantes
serían "una materia de cuestión internacional" para ser abordada como
una materia de ley internacional, la Corte sostuvo; "[es]ta corte...no
tiene poder para estructurarse por si misma como el instrumento para
esforzar las provisiones de un tratado con una nación extranjera..."
Id. 247. Las decisiones posteriores de la Corte Suprema las cuales
revisaron las sentencias por la CPLC refleja esta regla Botiller,
reconociendo que cuando la Ley de 1891 establece la autoridad de la
CPLC puede o no puede ser más severa que el Tratado, la Ley tiene
prioridad como una materia de la ley de los Estados Unidos. Debido de
que los requerimientos fundamentales de las Leyes de 1854 y 1891
fueron de hecho llevados a cabo, como se comentó arriba, las
cuestiones restantes basadas en cualquier conflicto entre los términos
de las leyes y el Tratado tendrían que ser resueltas como una materia
de ley internacional o por acción adicional del Congreso. Aunque
nosotros no sugerimos que no existan tales conflictos, como acuerdo,
nosotros no expresamos una opinión en cuanto si los Estados Unidos
cumplieron sus obligaciones del Tratado como una materia de ley
internacional.
A diferencia, cualquier cuestión acerca de los procedimientos de
confirmación específicos que el Congreso adoptó--por ejemplo, si una
notificación y una audiencia formal serían proporcionados--no pueden
ser abordados bajo el Tratado o ley internacional pero sólo bajo la ley
de los Estados Unidos, y como se describió, nosotros concluimos que
estos requerimientos fueron satisfechos. Las obligaciones de los
Estados Unidos bajo el Tratado fue "político," no legal, y además los
Estados Unidos tuvo una completa discreción a la materia de la ley
internacional en los procedimientos que seleccionó para llevar a cabo
estas obligaciones. En United States v. O'Donnell, involucrando el
proceso de confirmación de California, la Corte Suprema explicó que
"[l]as obligaciones por lo tanto asumidas por los Estado Unidos [bajo
el Tratado]...fueron de carácter político, para ser descargadas en
tal manera y sobre tales términos como los Estados Unidos pudieran
considerar conveniente en conformidad para sus obligaciones del
tratado… Cuando el tratado proporcionó que los reclamantes bajo
mercedes mexicanas pudieran causar sus títulos ser reconocidos antes de
los tribunales Americanos, fue mudo en cuanto a la forma de seleccionar
o crear tales tribunales. A los Estados Unidos se le dejó libre de
proveerles a su propio criterio." O'Donnell, 303 U.S. a 511. La misma
regla aplica para la confirmación de mercedes de tierras en Nuevo
México: los Estados Unidos fue arbitrario para establecer cualquier
procedimiento (dentro de los límites constitucionales) considerado
apropiado. De hecho, como la corte de O'Donnell específicamente
reconoció en discutir el proceso de California, el Congreso pudiera
haber decidido resolver los reclamos de las mercedes de tierra
españolas y mexicanas por una combinación de procesos administrativos y
del Congreso--la justa combinación que el Congreso más tarde adoptó
para Nuevo México en la Ley de 1854. Vea O'Donnell, 303 U.S. a 515
("Aún después de la sumisión de…reclamos para el Consejo de
Comisionados [California] [de los Estados Unidos] podía quitarles de la
decisión del Consejo y cortes y adjudicarles por acción del
Congreso…[Los Estados Unidos tuvieron] latitud completa...en la
elección de los modos de disposición de estos reclamos..."). Por lo
que las cuestiones acerca de supuestas deficiencias en procedimientos
específicos que el Congreso adoptó para las mercedes de tierras de
Nuevo México pueden ser abordadas actualmente sólo para la extensión
que ellos incrementaron las cuestiones bajo la ley de los Estados
Unidos, lo que nosotros concluimos no lo hacen.
A pesar de esta conformidad legal con requerimientos de estatutarios y
constitucionales, los procesos de confirmación de Nuevo México fueron
ineficientes y crearon adversidades para muchos concesionarios,
particularmente comparados con el proceso de la Comisión que el
Congreso había establecido para California bajo la Ley de 1851. Por
política u otras razones, por consiguiente, es posible que el Congreso
quisiera considerar si cualquier otra acción pudiera ser ordenada para
abordar cuestiones restantes. Por ejemplo, como se describió en este
capítulo y el capítulo 2, este tomó casi los 50 años una vez que el
Tratado fue ratificado para el gobierno de los Estados Unidos para
finalizar su análisis de reclamos de las mercedes de tierras de Nuevo
México, y los Agrimensores Generales mismos de Nuevo México reportaron
que durante sus primeros 20 años ellos carecieron de destrezas legales
e idioma y habilidades analíticas y recursos financieros para revisar
los reclamos de las mercedes de tierras en la mayoría de manera
efectiva y eficiente. Aunque algunas reclamaciones fueron resueltas
rápidamente, un número significante de reclamos estuvieron inactivos
por largos periodos de tiempo. La falta de familiaridad con el idioma
inglés y sistema legal americano hizo que los reclamantes se detenían
en entregar los documentos de las mercedes de tierras y con frecuencia
les requirieron contratar abogados que hablaran ingles, algunas veces
necesitaban vender parte de sus tierras reclamadas--para muchos, su
recurso principal--para cubrir gastos legales. Además, debido a las
tardanzas del Agrimensor General en cuanto a las revisiones y
posteriormente las confirmaciones del Congreso--causadas por la
intervención de la Guerra Civil, cuestiones acerca de reclamos
fraudulentos y otras razones--algunos reclamos tuvieron que ser varias
veces presentados a diferentes entidades bajo diferentes estándares
legales. En algunos casos, un solo reclamo estaba sujeto a una decisión
original por el Agrimensor General de Nuevo México, una decisión
suplemental posterior por un Agrimensor General de Nuevo México, una
decisión por la Court of Private Land Claims, y sobre apelación, una
decisión por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, aún
después que una confirmación era confirmada, los procesos de reclamos
eran pesados debido a la imprecisión y costo de tener las tierras
medidas, un costo que los concesionados tuvieron que incurrir por un
número de años. Por lo que aspirar una reclamación de merced de tierra
podía ser un trabajo prolongado, arduo y caro.
Resumen:
En resumen, los herederos de las mercedes de tierras, académicos y
comentaristas han aumentado un número de cuestiones hechas acerca de
determinadas mercedes de tierras comunitarias bajo los dos procesos de
confirmación de Nuevo México y acerca de la naturaleza de los procesos
por si mismos. Algunos estudios publicados han identificado tres
razones centrales del porqué las CPLC y las decisiones de la Corte
Suprema de los Estados Unidos restringieron o completamente rechazaron
los acres de tierra para 17 de estas mercedes que comprometieron cerca
de una tercera parte del total de los acres de tierra reclamados (1.28
millones de acres de tierras de 3.45 millones de acres reclamados). Si
el Congreso había establecido menos estándares estrictos a la CPLC para
aplicar en las reclamaciones evaluadas para estas mercedes de tierras,
tales como aquellas habían establecido para la Comisión de California o
el Agrimensor General de Nuevo México, los resultados de estas 17
mercedes pudieron haber sido diferentes, particularmente si el Congreso
había dado a la CPLC el mismo tipo de jurisdicción equitativa que le
dio a la Comisión de California. Como las más amplias cuestiones con
los dos procedimientos de confirmación de Nuevo México, la evidencia
indica que el proceso del Agrimensor General cumplió con los requisitos
constitucionales del debido proceso legal y que el proceso de la CPLC
consideró los derechos equitativos hasta el punto que el Congreso había
designado apropiado, como era su perrogativa. Finalmente, aun cuando
hubiera conflictos entre los estándares substantivos que el Congreso
estableció en los procesos del Agrimensor General y la CPLC y los
requerimientos del Tratado u otras leyes internacionales, lo que
nosotros no sugerimos que los hubiera, esto debe ser resuelto como una
materia de ley internacional o por la acción adicional del Congreso.
Por lo contrario, cualquier cuestión acerca de los procedimientos
particulares que el Congreso, el Agrimensor General o la CPLC adoptaron
no pueden ser abordadas bajo el Tratado u otras leyes internacionales
pero sólo bajo los requisitos legales de los Estados Unidos tales como
son los requisitos del debido proceso legal de la Constitución. No
obstante la conformidad de los procedimientos de confirmación de Nuevo
México con requerimientos relevantes estatuarios y constitucionales de
los Estados Unidos, los procesos de confirmación fueron ineficientes y
crearon penurias para muchos concesionados. El Congreso puede desear
considerar si cualquier otra acción puede ser ordenada para abordar las
cuestiones restantes.
[Extremo de la sección]
Capítulo 4: Los herederos y otros cuestionan que Los Estados Unidos no
protegió las mercedes de tierras communitarias, pero Los Estados Unidos
no estaba obligado a proteger ninguna merced de tierra comunitaria no-
indígena después de su confirmación:
Perspectiva general:
Algunos herederos de las mercedes de tierras y defensores de la reforma
de la merced de tierra han cuestionado que los Estados Unidos no
cumplieron en asegurar la posesión continua de la propiedad comunitaria
de tierra comunes después de que las tierras fueron otorgadas durante
el proceso de confirmación. Ellos alegan que el Tratado de Guadalupe
Hidalgo impuso un deber a los Estados Unidos para asegurar que estas
tierras no fueran después perdidas a través de otros medios, ya sea
voluntariamente o involuntariamente, y debido a que los Estados Unidos
no tomaron tal acción de protección, ellos alegan que los Estados
Unidos no cumplieron con este supuesto deber "fiduciario." (Un deber
fiduciario es un deber a actuar con el más alto grado de lealtad y en
el mejor interés de la otra parte). Los acres de la mercedes de tierras
han sido perdidos, por ejemplo, por el traspaso voluntario de tierras a
terceras partes por los herederos, por acuerdos de honorarios de
contingencia entre los herederos y sus abogados, por juicios de
repartimiento que han dividido las mercedes de tierras comunitarias en
parcelas individuales, y por la pérdida de derechos propietarios por no
pagar impuestos. Algunos herederos de las mercedes de tierras también
afirman que el Tratado exenta de impuestos específicamente a sus
mercedes de tierras confirmadas. Estas cuestiones tienen gran
importancia práctica para los reclamantes porque parece que
virtualmente todos de los 5.3 millones de acres en Nuevo México que
fueron confirmados por las 84 mercedes de tierras comunitarias de
pueblos no-indígenas han sido perdidos por el traspaso de concesionados
comunitarios originales a otras entidades. Esto significa que los
reclamantes han perdido substancialmente más acres de tierras después
del proceso de confirmación--casi todo de los 5.3 millones de acres de
tierras que fueron otorgados--los que ellos creen que perdieron durante
el proceso de confirmación--los 3.4 millones de acres de tierra
debieron que ellos creen que haber sido otorgados pero no lo fueron.
Nosotros concluimos que bajo los principios establecidos de leyes
federales, estatales y locales, el Tratado no creó una relación
fiduciaria entre los Estados Unidos y los concesionados de las
comunidades no-indígenas en donde los Estados Unidos garantizaría a los
concesionados la posesión continua de propiedades de tierras
confirmadas, ni exentó las tierras confirmadas para estos concesionados
de los requerimientos de propiedad del estado o local, incluyendo, pero
no limitado a, responsabilidades de impuestos. Los Estados Unidos tiene
una relación fiduciaria con los indígenas Pueblo en Nuevo México y ésta
protege las tierras de la comunidad que los indígenas Pueblo obtuvieron
bajo las mercedes de tierras españolas, pero esta relación es el
resultado de una legislación específica, trayendo a los indígenas
Pueblo bajo la misma protección general dada a otras tribus indígenas,
en lugar del resultado de obligaciones creadas bajo el Tratado.
Los herederos reclaman que los Estados Unidos tenía un deber fiduciario
de proteger las mercedes de tierras confirmadas:
Desde los últimos años de 1800 y a principios de los años de 1900,
cuando las 84 mercedes de tierras comunitarias no-indígenas fueron
confirmadas en Nuevo México, parece que los propietarios de la gran
mayoría de los acres de tierras confirmadas han sido perdidos y muchos
más pueden estar en riesgo actualmente. Esto significa que los
reclamantes han perdido substancialmente más acres después de la
finalización del proceso de confirmación (hasta unos 5 millones de los
5.3 millones de acres confirmados) de los que ellos creen que perdieron
durante el proceso de confirmación (los 3.4 millones de acres que ellos
creyeron que debieron haber sido otorgados pero no lo fueron, como se
comentó en el capítulo 2). Como se comentará abajo, los concesionados
han perdido propiedades a través de acciones voluntarias de las
comunidades mismas; acuerdos de honorarios de contingencia entre los
herederos y sus abogados; por juicios de repartimiento que han dividido
las mercedes de tierras comunitarias en parcelas individuales; y por la
pérdida de derechos propietarios por no pagar impuestos. A pesar de
cómo la propiedad fue perdida, algunos herederos alegan que bajo el
Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo un
deber fiduciario de proteger la propiedad de sus tierras aún después
que el proceso de confirmación fuera finalizado. Como resultado de esta
perdida de propiedad, las mercedes de tierras confirmadas originalmente
contienen sólo una fracción de las tierras que los concesionados
originales recibieron. Para las 37 mercedes de tierras comunitarias no-
indígenas para las cuales nosotros pudimos obtener información actual,
sólo alrededor de 322,000 acres de tierra permanecen bajo propiedad
comunitaria, significando que cerca del 94 por ciento de los acres de
tierras originales confirmados para aquellas mercedes de tierras han
sido traspasadas a otros. La Tabla 27 muestra los acres de tierras
originales y las restantes de estas 37 mercedes, como también como un
cálculo de acres de tierras de cero, para las 47 mercedes de tierras
restantes.[Nota a pie de página 134]
Tabla 27: Mercedes de tierras comunitarias no-indígenas con
acres de tierra originalmente confirmados y acres de tierra actualmente
poseídos:
Mercedes de tierras con documentación original:
Nombre de la merced: Abiquiú ( Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 16,708.16;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 16,425.00;
Diferencia de acres de tierra: 283.16.
Nombre de la merced: Albuquerque (Ciudad de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 17,058.10;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 17,058.10.
Nombre de la merced: Antón Chico (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 383,856.10;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 104,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 279,856.10.
Nombre de la merced: Atrisco (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 82,728.72;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 68,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 14,728.72.
Nombre de la merced: Belen (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 194,663.75;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 194,663.75.
Nombre de la merced: Casa Colorado (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 131,779.37;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 131,779.37.
Nombre de la merced: Cañón de Carnue;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 2,000.59;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 500.00;
Diferencia de acres de tierra: 1,500.59.
Nombre de la merced: Cebolleta (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 199,567.92;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 32,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 167,567.92.
Nombre de la merced: Chililí (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 41,481.00;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 30,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 11,481.00.
Nombre de la merced: Don Fernando de Taos;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 1,817.24;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 1,817.24.
Nombre de la merced: Cubero (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 16,490.94;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 13,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 3490.94.
Nombre de la merced: Juan Bautista Valdez;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 1,468.57;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 1,468.57;
Diferencia de acres de tierra: 0.
Nombre de la merced: Las Trampas (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 28,131.67;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 50.00;
Diferencia de acres de tierra: 28,081.67.
Nombre de la merced: Las Vegas (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 431,653.65;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 10,340.00;
Diferencia de acres de tierra: 421,313.65.
Nombre de la merced: Los Trigos;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 7,342.06;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 1.00;
Diferencia de acres de tierra: 7,341.06.
Nombre de la merced: Manzano (Pueblo de );
Acres de Tierra confirmados originalmente: 17,360.24;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 117.00;
Diferencia de acres de tierra: 17,243.24.
Nombre de la merced: Mora (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 827,621.01;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 200.00;
Diferencia de acres de tierra: 827,421.01.
Nombre de la merced: Nuestra Señora del Rosario, San Fernando, y
Santiago;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 14,786.58;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 14,786.58;
Diferencia de acres de tierra: 0.
Nombre de la merced: San Antonio de las Huertas;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 4,763.85;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 700.00;
Diferencia de acres de tierra: 4,063.85.
Nombre de la merced: San Miguel del Vado;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 5,024.30;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 7.00;
Diferencia de acres de tierra: 5,017.30.
Nombre de la merced: San Pedro;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 31,594.76;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 250.00;
Diferencia de acres de tierra: 31,344.76.
Nombre de la merced: Santa Bárbara;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 30,638.28;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 100.00;
Diferencia de acres de tierra: 30,538.28.
Nombre de la merced: Santa Fé;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 16,228.58;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 16,228.58.
Nombre de la merced: Santa Cruz;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 4,567.60;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 1,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 3,567.60.
Nombre de la merced: Sevilleta;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 261,187.90;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 261,187.90.
Nombre de la merced: Socorro (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 17,371.18;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 17,371.18.
Nombre de la merced: Tejón (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 12,801.46;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 500;
Diferencia de acres de tierra: 12,301.46.
Nombre de la merced: Tierra Amarilla;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 594,515.55;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 594,515.55.
Nombre de la merced: Tomé (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 121,594.53;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 121,594.53.
26 mercedes de tierras restantes con documentación original[A];
Acres de Tierra confirmados originalmente: 566,917.32;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 566,917.32.
Subtotal de mercedes de tierra con documentación original;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 4,083,720.98;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 293,445.15;
Diferencia de acres de tierra: 3,790,275.83.
Nombre de la merced: Mercedes de tierras comunitarias
autoidentificadas:
Nombre de la merced: Alameda (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 89,346.00;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 89,346.00.
Nombre de la merced: Bartolomé Sánchez;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 4,469.83;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 2,700.00;
Diferencia de acres de tierra: 1,769.83.
Nombre de la merced: Cristóbal de la Serna;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 22,232.57;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 20,000.00;
Diferencia de acres de tierra: 2,232.57.
Nombre de la merced: Francisco Montez Vigil;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 8,253.74;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 8,253.74.
Nombre de la merced: Mesita de Juana López;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 42,022.85;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 12.00;
Diferencia de acres de tierra: 42,010.85.
Nombre de la merced: Santo Domingo de Cundiyó;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 2,137.08;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 1,400.00;
Diferencia de acres de tierra: 737.08.
Nombre de la merced: Sebastián Martin;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 51,387.20;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 51,387.20.
Nombre de la merced: Tecolote (Pueblo de);
Acres de Tierra confirmados originalmente: 48,123.38;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 4,545.00;
Diferencia de acres de tierra: 43,578.38.
21 mercedes de tierras comunitarias autoidentificadas restantes[A];
Acres de Tierra confirmados originalmente: 1,005,273.28;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 0;
Diferencia de acres de tierra: 1,005,273.28.
Subtotal de mercedes de tierra comunitarias autoidentificas;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 1,273,245.93;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 28,657.00;
Diferencia de acres de tierra: 1,244,588.93.
Total;
Acres de Tierra confirmados originalmente: 5,356,966.91;
Acres de tierras comunitarias actualmente en posesión: 322,102.15;
Diferencia de acres de tierra: 5,034,864.76.
Fuente: Análisis GAO y datos de los herederos de las mercedes de
tierras.
[A] Después de una búsqueda extensiva, nosotros no logramos obtener
ninguna información sobre las 47 de las 84 mercedes de tierras y de
acuerdo a los miembros de New Mexico Land Grant Forum, el mejor cálculo
de los acres de tierras en posesión de estas mercedes es cero.
[Extremo de la tabla]
Los herederos transfirieron algunas tierras comunitarias a propiedad
privada:
Algunas mercedes de tierras comunitarias han perdido acres de tierra
como un resultado de acciones tomadas directamente por los mismos
herederos de mercedes de tierras.
El Territorio, y después el Estado, de Nuevo México promulgó leyes que
autorizaron la incorporación de las mercedes de tierras comunitarias,
con consejos de administración y sus ordenanzas y autorizó estos
consejos para transferir o vender porciones de las tierras comunes,
tanto a las familias individuales de las mercedes de tierra o a
intereses externos.[Nota a pie de página 135] Actualmente, cerca de 20
mercedes de tierras comunitarias están buscando readquirir las tierras
que han sido perdidas de esta manera. Las mercedes de tierras
familiares que recibieron mercedes de tierras comunitarias confirmadas
también vendieron grandes cantidades de esta tierra a intereses
externos. Además, enemistades dentro y en medio de las familias para
ganar el control de las mercedes de tierras frecuentemente dejaron a
las familias vulnerables al perder la propiedad de tierras a través del
fraude o prácticas injustas porque especuladores pudieron de
capitalizar en las divisivas que resultaron de los desacuerdos
internos. Por ejemplo, en 1955, algunos de los herederos del Pueblo
Tomé, una corporación de merced de tierra comunitaria de Nuevo México,
quienes no eran dueños de ganado y no vieron beneficios de la política
de merced del uso de las tierras comunes para apacentamiento, votaron
para transformar la corporación de la merced de tierra comunitaria a la
Tomé Land and Improvement Company (Tomé Land), una corporación privada.
En 1968, la Tomé Land vendió casi todas de sus tierras comunes a una
compañía de desarrollo privado. Otros herederos demandaron reclamando
que en 1955 el Pueblo de Tomé no tenía autoridad para cambiarse por sí
mismo a una corporación privada de valores.[Nota a pie de página 136]
Ellos no cuestionaron la venta de las tierras comunes para desarrollar
la compañía, pero sólo buscaron participar en los ingresos de tal
venta. Revirtiendo una decisión de la corte inferior, en 1978 la Corte
Suprema de Nuevo México decidió que el Pueblo de Tomé no estaba
autorizado para convertirse en una corporación privada en 1955 y
dirigió al Condado de Valencia de la Corte del Distrito a "hacer una
determinación de todos los herederos legítimos" para la merced de
tierra de Tomé y a distribuir los ingresos de la venta como
corresponde.[Nota a pie de página 137]
El Pueblo de Atrisco, Nuevo México, tuvo una experiencia similar. Los
herederos del Pueblo de Atrisco aprobaron la incorporación de la
Westland Development Company, Inc. Se inició litigio de 1970 a 1976
para determinar los derechos de valores de los 225 incorporadores
originales en la nueva corporación. A cada incorporador se le otorgaron
3,175 acciones de valores, y en 1979, Westland les pagó el primer
dividendo. No todos los herederos estuvieron complacidos con este
resultado, sin embargo, y en los años de 1970, algunos herederos
formaron una organización llamada el Atrisco Land Rights Council, el
cuál alegó que la decisión de La Westland Development Company, Inc., de
hacerse una organización de beneficio violó el carácter y la ley del
Tratado de Guadalupe Hidalgo. Actualmente, el consejo ha llamado a que
se regresen las tierras comunes, y con frecuencia presenta sus
protestas al foro público cuando Westland (que ahora tenía 5,723
accionistas) trata de vender o desarrollar las tierras.
Arreglos privados con abogados resultaron en la pérdida de las tierras
comunitarias:
Una segunda razón por la cual los propietarios han perdido sus acres de
mercedes de tierras comunitarias después de que fueron confirmadas, es
porque los concesionados transfirieron las tierras a sus abogados en
pago por representación legal. Muchos reclamantes de las mercedes de
tierras buscaron asistencia legal en la presentación de reclamos
durante el proceso de confirmación debido a las complejidades legales
envueltas en el proceso. Debido a que los reclamantes rara vez podían
pagar por estos servicios legales en efectivo, los honorarios de los
abogados eran comúnmente pagados en tierra. Si una merced era
confirmada, los abogados obtenían o un porcentaje del interés en la
merced de tierra comúnmente poseída por sus clientes o, en algunos
casos, el título de cierta cantidad de tierra como pago por sus
servicios. Reflejando, un acuerdo común de honorarios de contingencia
entre el cliente y su abogado, los concesionados normalmente acordaban
dar al abogado una tercera parte no dividida del interés total de la
merced de tierra si el abogado tenía éxito en asegurar la confirmación
de la merced, o, si la confirmación era rechazada, el abogado no
recibiría nada. Los abogados también recibieron tierras por los
servicios externos al proceso de confirmación prestados a los herederos
de las mercedes de tierras. Por ejemplo, de acuerdo a los herederos de
la merced del Pueblo de Antón Chico, los abogados que representaron la
merced en una disputa legal con la merced Preston Beck Jr. tomaron
posesión de un tercio de 383,856 acres de la merced Antón Chico, o más
de 100,000 acres de tierra.
Juicios de repartimiento resultaron en la división de las tierras
comunitarias:
Una tercera razón por la cual los acres de las mercedes de tierras
comunitarias habían sido perdidos después de la confirmación es por el
resultado de "juicios de repartimiento." Estos juicios legales han
resultado en la subdivisión de las mercedes comunitarias copropietarias
poseídas por "tenedores-en-común" a parcelas reconocidas
individualmente que podrían fácilmente ser usadas o vendidas.[Nota a
pie de página 138] Por ejemplo, si hay 15 individuos cada uno
propietario de un interés integro de 1/15 como tenedores-en-común de
una merced de tierras comunitarias de 45,000 acres, uno de los
propietarios podría solicitar a la corte el repartimiento de la merced
en quince parcelas de 3,000 acres (asumiendo que cada una de las
parcelas es de igual valor). Después de la repartición, cada individuo
poseería el 100 por ciento de una parcela de 3,000 acres, en lugar de
un interés integro de 1/15 de la merced de 45,000 acres de tierra.
El repartimiento no era permitido en Nuevo México antes de 1876, cuando
esto llegó a ser autorizado bajo un estatuto territorial de Nuevo
México.[Nota a pie de página 139] A través de esta ley, por la
solicitud de una de las mercedes co-propietarios, una corte podía
requerir una merced de tierra de propiedad conjunta fuera dividida
entre sus dueños o vendida para pagar cuentas debidas a los abogados u
otras cuotas legales. De acuerdo con los herederos y académicos, con
frecuencia los abogados instigaban los juicios de repartimiento
después que ellos habían tenido éxito en obtener la confirmación de una
merced, para obtener los pagos por honorarios debidos bajo un acuerdo
de honorarios de contingencia. El honorario estándar para obtener la
confirmación de una merced variaba desde un cuarto a un tercio de
interés integro en la tierra común, pero como poseer tierras en común
con clientes no era una opción atractiva para la mayoría de los
abogados, los abogados, quienes eran entonces copropietarios de la
merced, presentaban juicios de repartimiento para forzar la venta de
tierra común y obtener dinero en efectivo al vender el resultado de la
parcela individual.
Algunos herederos y expertos legales alegan que bajo la ley Española y
Mexicana, una merced de tierra comunitaria no podría ser poseída por
"tenencia en común" y por lo tanto llegar a ser repartida. La
repartición era vista como lo contrario a los sistemas de tenencia de
tierras españolas y mexicanas, en las cuales cuyas tierras en común
tenían que permanecer intactas para que sirvieran como un recurso
perpetuo para la comunidad. Los herederos y académicos además
sostuvieron que el proceso de confirmación de los Estados Unidos, en
que permitieron las tenencias en común, creó un patrón de tenencia de
tierras que no existió en Nuevo México para las mercedes de tierras
comunitarias y resultó en la repartición que probablemente nunca
hubiera ocurrido bajo la Ley Española o Mexicana. Como un investigador
sostuvo, muchos concesionados indiscutiblemente no estaban aun
conscientes de que ellos eran tenedores en común, y ellos continuaron
ocupando y usando la tierra bajo la suposición de que ellos no tenían
ningún interés privado en ella.[Nota a pie de página 140]
Frecuentamente la presentación de un juicio de repartimiento era lo
que por primera vez hacía enterer a los herederos el concepto de
tenencia en común y era a través de estos juicios que los
concesionados por primera vez aprendieron que las entidades privadas
habían tomado posesión de sus tierras comunes. En caso de la Merced de
Tierra del Cañón de San Diego, por ejemplo, las mercedes comunes
fueron repartidas y vendidas, y el nuevo propietario empezó a cobrar a
los residentes por el derecho de apacentar y recolectar leña--derechos
que habían sido previamente disfrutados sin costo.
Impuestos de propiedad y la subsiguiente pérdida de derechos
propietarios resultaron en la pérdida de las tierras:
La última razón por la pérdida en acres de las mercedes de tierras
comunitarias post-confirmación ha sido la pérdida de derechos
propietarios por la falta de pago de impuestos de la propiedad. La
pérdida de derechos propietarios de tierras ha surgido en parte como el
resultado de la falta de familiaridad de los concesionados con el
concepto del pago anual de los impuestos de propiedad. De acuerdo a un
estudio comisionado por el estado de Nuevo México en 1971, la
evaluación directa de la propiedad de los impuestos en Nuevo México no
empezó hasta los años de 1870, a ese punto los concesionados tuvieron
que aprender rápidamente con respecto a los impuestos y las
consecuencias de la falta de pago.[Nota a pie de página 141] El pago de
impuestos de propiedad fue difícil porque las actividades de los
concesionados granjeros y rancheros eran de subsistencia y no de
naturaleza comercial y por lo tanto no producían ingresos en efectivo.
La imposición del pago en efectivo de la responsabilidad tributaria
sobre la tierra por lo tanto requería no sólo la revisión del
entendimiento de impuestos de los herederos, pero también un cambio en
su sistema del uso de tierra en la economía completa. Cuando los
propietarios de mercedes eran incapaces de pagar los impuestos sobre
las tierras comúnmente mantenidas para apacentar, los condados del
gobierno embargaban la propiedad y la vendían en una subasta para
pagar los impuestos de propiedad de delincuencia frequentemente por
una cantidad menor que la delincuencia de impuestos. El Condado de
Taos, por ejemplo, obtuvo un juicio de impuesto delincuentes de la
Primera Corte del Distrito Judicial de Nuevo México en contra de
algunas mercedes de tierras y ofreció las mercedes en una subasta
pública con la finalidad de recolectar lo que se debía. El Condado
vendió la Merced de Tierras de Arroyo Hondo en una subasta pública
debido a los impuestos delincuentes por los años de 1893-95, 1897 y
1898.
La merced de tierra Sevilleta, la merced más grande confirmada por la
Court of Private Land Claims, es otro ejemplo de una merced que perdió
tierra a consecuencia de impuestos delincuentes. Los herederos de las
mercedes alegan que el gobierno federal no cumplió en proteger a los
concesionados al permitir el agravo de impuestos a las tierras y
venderlas. Los herederos alegan que sus antepasados no hablaban el
inglés con fluidez lo cual agravió el problema porque ellos no
entendieron los conceptos legales acerca de los impuestos y porque los
abogados u oficiales intimidaron y presionaron a los concesionados a
tomar decisiones perjudiciales a sus propios intereses. Los herederos
alegan que no fue hasta que Nuevo México llegó a ser estado en 1912 que
la merced de la Sevilleta se enfrentó a dificultades, cuando el Condado
de Socorro impuso impuestos sobre la merced. El Consejo Fideicomisaria
de la merced no pagó los impuestos porque asumió que no tenía que
hacerlo, y a mediados de los años de 1920, la merced tenía con un
atraso de pago cerca de 137,000 dólares. El Condado de Socorro entonces
demandó por la falta de pago de los impuestos y la corte juzgó a favor
del condado. Como resultado, el total de la merced fue vendida a un
terrateniente en 1936, y luego se transformó en un refugio de la vida
silvestre.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo no proveyó de protecciónes especiales a
las mercedes de tierras comunitarias:
Aun cuando los herederos de la merced de tierra de y otros alegan que
el Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a los Estados Unidos que
continuara dando protección a las mercedes de tierras comunitarias aun
después de que estas fuera confirmadas, particularmente con respecto al
pago de impuestos de estas tierras, nosotros concluimos que bajo los
principios establecidos de las leyes federales, estatales y locales, el
Tratado no creó una relación fiduciaria, ni exentó tierras confirmadas
de los requisitos de propiedad estatal o local, incluyendo, pero no
limitado a, responsabilidades tributarias. En Havasupai Tribe v. United
States, 752 F. Supp. 1471 (D. Ariz. 1990), por ejemplo, la Corte de
Distrito de los Estados Unidos concluyó que el Tratado de Guadalupe
Hidalgo no creó una responsabilidad fiduciaria para los Estados Unidos
para proteger los derechos de las tribus indígenas para el libre
ejercicio de religión, a pesar del texto del Articulo IX del Tratado,
el cual proveyó que los mexicanos que decidieran llegar a ser
ciudadanos de los Estados Unidos estarían "asegurados en la libre
decisión de su religión sin restricción." Esta protección aplicó hasta
que el territorio de Nuevo México llegara a ser estado, cuando los
mexicanos podrían disfrutar los mismos derechos constitucionales como
ciudadanos de los Estados Unidos.
El razonamiento de la corte en el caso de Havasupai Tribe también
aplica a la cuestión de si el tratado creó un deber fiduciario para
proteger los derechos de propiedad de las mercedes de tierras
comunitarias. El Artículo IX similarmente proveyó que hasta que o Nuevo
México se hiciera estado, los mexicanos (individuales) serían
"mantenidos y protegidos en la libre posesión de sus…propiedades,"
cuando ellos podrían disfrutar de los mismos derechos constitucionales
como los ciudadanos de los Estados Unidos.[Nota a pie de página 142] La
otra provisión del Tratado perteneciente a la propiedad, el Artículo
VIII, declaró que los derechos de los mexicanos propietarios y sus
herederos y de "todos los mexicanos quienes en lo sucesivo adquiriera
dicha propiedad por contrato," sería "inviolablemente respetada" y que
esas personas poseerían las mismas garantías con respecto a sus
propiedades como las garantías dadas a los ciudadanos de los Estados
Unidos. De este modo, ni el Artículo VIII ni el Artículo IX crearon un
deber fiduciario de los Estados Unidos para proteger propietarios de
acres de mercedes de tierras comunitarias confirmadas en una manera
especial superior para las protecciones ofrecidas a otros ciudadanos de
los Estados Unidos. Más bien, los propietarios de las mercedes de
tierras comunitarias tendrían la misma protección de propiedad,
garantías y responsabilidades que todos los ciudadanos de los Estados
Unidos tuvieran, las cuales incluirían la obligación de pagar los
impuestos de propiedad y estar sujetos a la pérdida de las tierras por
falta de pago de impuestos, como también estarían sujetos a los juicios
de repartición, juicios de posesiones adversas y cualquier otro
mecanismo legal resultando en pérdida de la posesión real de la
propiedad.[Nota a pie de página 143] (Como se comentará abajo, los
Estados Unidos tiene un deber fiduciario para proteger los acres de las
mercedes de tierras otorgados a los indígenas Pueblo, pero este deber
se debe a un estatuto específico aplicable solo para los indígenas
Pueblo.)
Las cortes han aplicado este razonamiento para el Tratado de Guadalupe
Hidalgo en un contexto relacionado en Amaya v. Stanolind Oil & Gas Co.,
158 F.2d 554, 557 (5th Cir.), cert. denied, 331 U.S. 808 (1947), un
caso que aplica un estatuto de posesión adversa de Texas a las
reclamaciones de tierras petroleras de ciudadanos mexicanos. En
Stanolind Oil, la Corte de Apelaciones, Quinto Circuito, de los Estados
Unidos concluyó que nada dentro del texto del Tratado, incluyendo la
provisión del Artículo VIII a los mexicanos de las mismas garantías de
propiedad relacionada como aquellas de los ciudadanos de los Estados
Unidos, sugirió que la propiedad de los ciudadanos mexicanos "no
estarían sujetas a las leyes propietarias válidas y no discriminatorias
del Estado de Texas." El Tratado tampoco garantizó que los mexicanos
"nunca perderían su título…por la falta de pago, la venta bajo
ejecución, entrada ilegal en la propiedad, posesiones adversas y otros
actos no gubernamentales." Id. at 558. Esto es cierto aún cuando las
tierras fueron detenidas fraudulentamente de los poseedores de los
títulos.[Nota a pie de página 144] Las cortes de Nuevo México asimismo
han reconocido que el título para tierras comunes y tierras de las
mercedes comunitarias sin asignarse pueden ser adquiridas por la
posesión adversa[Nota a pie de página 145]. En resumen, nosotros
concluimos que el Tratado no creó un deber fiduciario de los Estados
Unidos para asegurar la continuidad de posesión de tierras confirmadas.
El Tratado no protegió específicamente a las mercedes de tierras
comunitarias de los impuestos estatales o locales o impuestos de ventas
de la pérdida de derechos de tierra de propietarios. El Artículo VIII
contenía una inmunidad única limitada de pagar impuestos relacionados a
la propiedad: los mexicanos entonces viviendo en territorios adquiridos
por los Estados Unidos, incluyendo Nuevo México, no tendrían que pagar
"contribución, impuestos o cualquier cargo" cobrado a ellos sobre los
ingresos de ventas o traspaso de tierras que ellos poseyeron dentro de
aquellos territorios. Los herederos han sostenido que el Artículo VIII
creó una cobertura y una excepción permanente de todos los impuestos,
pasados y presentes, de las mercedes de tierras. Sin embargo, las
excepciones de impuestos bajo tratados son escritos en un lenguaje muy
preciso y son limitados a las circunstancias específicas de ese
lenguaje. En el caso del Artículo VIII, la única excepción de impuestos
ocurrió cuando las tierras fueron inicialmente vendidas o transferidas,
no cuando estas eran poseídas en el curso normal de propiedad. El
lenguaje del Artículo VIII es estándar en los tratados de los Estados
Unidos de adquisiciones de tierras en los siglos XVIII y XIX.
Discutiblemente la interpretación de esta provisión para exentar
herederos quienes son ahora ciudadanos de los Estados Unidos puede
constituir una preferencia sobre los no herederos que viola la
provisión de Igual Protección de la Constitución de los Estados
Unidos.[Nota a pie de página 146]
Ni se puede inferir cualquier exención universal de impuestos de
propiedad del lenguaje general del Artículo VIII a "respetar sin
violar" los derechos de propiedad de los propietarios en Nuevo México y
proveerles con las mismas "garantías" permitidas a los ciudadanos de
los Estados Unidos. En Chadwick v. Campbell, 115 F.2d 401, 405 (10th
Cir. 1940), un caso que consideró si, bajo el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, los impuestos ad valorem de Nuevo México aplicaban a una
merced de tierra comunitaria, la Corte de Apelaciones, Decimo Circuito,
de Los Estados Unidos encontró que no había "nada en tanto a cualquier
de las provisiones del tratado [Artículos VIII y IX] que garantiza la
exención e inmunidad de los impuestos de ad valorem regularmente
calculados y recaudados." La Corte Suprema de Nuevo México dictaminó
también que las tierras de una merced de tierra comunitaria están
sujetas a impuestos.[Nota a pie de página 147]
El Gobierno de los Estados Unidos actualmente posee un deber fiduciario
para proteger las tierras de los indígenas Pueblo:
A diferencia de las mercedes de tierras no-indígenas, el gobierno de
los Estados Unidos actualmente tiene un deber fiduciario, o
"responsabilidad fideicomisaria," para proteger las tierras indígenas
que el gobierno de los Estados Unidos mantuvo en fideicomiso por los
indígenas Pueblo en Nuevo México. Esta responsabilidad fiduciaria para
los indígenas Pueblo fue establecida mucho después de la ratificación
del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Hasta que Nuevo México llegó a ser un
estado en 1912, las mercedes de tierra no-Indígenas y mercedes de
tierras de los indígenas Pueblo eran generalmente tratadas en la misma
manera, que era diferente de la manera en que los Estados Unidos trató
a otras tribus de indígenas con quienes tuvo una relación
fiduciaria.[Nota a pie de página 148]
Los indígenas Pueblo habían vivido por siglos en poblados de
comunidades agrícolas en los valles de ríos, principalmente el del Río
Grande, y eran considerados como ciudadanos mexicanos. Ellos
generalmente fueron tratados como otras comunidades mexicanas y no
estaban sujetos a las mismas protecciones o leyes aplicables a otros
grupos de indígenas. Entre las primeras mercedes de tierras confirmadas
por el Congreso estaban aquellas de 17 indígenas Pueblo en 1858. En
1876, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en la United
States v. Joseph, 94 U. S. 614, 619 (1876), que los indígenas Pueblo no
eran indígenas de tribu dentro del contexto de un estatuto proveyendo
una multa de asentamientos en tierras de tribu.
Sin embargo, empezando en 1872, el Congreso aprobó la legislación (La
ley de 1872) que puso a los Estados Unidos en una trayectoria más
tradicional, una relación protectiva con los indígenas Pueblo semejante
a la que los Estados Unidos tenía con otras tribus.[Nota a pie de
página 149] La Ley de 1872 suministró fondos para las actividades de
los indígenas Pueblo y proporcionó agentes de gobierno para proteger
sus intereses. En 1905, en respuesta a una decisión de la Corte
Suprema de Nuevo México confirmando los impuestos de las tierras de
los indígenas Pueblo,[Nota a pie de página 150] el Congreso eximió tal
propiedad de todo tipo de impuestos.[Nota a pie de página 151] En 1910,
la Ley de Autorización de Nuevo México de 1910 amplió la definición de
"indígena" y "tierra indígena" para incluir los indígenas Pueblo,[Nota
a pie de página 152] sujetando las tierras de indígenas Pueblo a la
prohibición de introducir el licor dentro de la tierra indígena. En
1912, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la decisión
expuesta en el caso de Joseph --que los indígenas Pueblo no eran
indígenas de tribu--aplicaba únicamente a un estatuto en particular
involucrado en ese caso y no más ampliamente.[Nota a pie de página
153] Esta decisión de 1912 sostuvo que el Congreso tenía autoridad
para pasar la Ley de Autorización de Nuevo México de 1910 para regular
las actividades de los indígena Pueblo porque ellos eran "indígenas."
La Corte no estuvo de acuerdo con la descripción de los indígenas
Pueblo contenida en el caso Joseph y consideró los indígenas Pueblo de
ser gente dependiente, como otros indígenas, con necesidad de la
protección de los Estados Unidos. Actualmente, cada uno de los
indígenas Pueblo se considera una tribu indígena federalmente
reconocida y recibe asistencia a través de una variedad de programas
de gobierno de los Estados Unidos.
Como un resultado de la relación fiduciaria entre el gobierno de los
Estados Unidos y los indígenas Pueblo, el gobierno de los Estados
Unidos tomó algunos pasos desde que Nuevo México se hizo estado para
resolver disputas de tierras de los indígenas Pueblo pendientes,
generalmente por el pago de dinero o la transferencia de
tierras.[Nota a pie de página 154] Estas disputas han envuelto la
violación por pobladores no-indígenas dentro de las confirmadas
mercedes de tierras poseídas por los indígenas Pueblo y expedidas por
los españoles, como también las reclamaciones de tierras aborígenes
que se extendieron más allá de las mercedes españolas. En la Ley de las
Tierras de los Indígenas Pueblo de 1924, el Congreso estableció el
Consejo de Tierras de Indígenas Pueblo para que tratara la violación
por pobladores no-indígenas sobre las tierras de indígenas Pueblo y
prohibir futuras adquisiciones de tierras de indígenas Pueblo sin
aprobación federal.[Nota a pie de página 155] El Consejo de Tierras de
Indígenas Pueblo era responsable de investigar, determinar y reportar
sobre el estatus de tierra dentro de los linderos de todas las tierras
reclamadas por los indígenas Pueblo. En 1946, el Congreso estableció la
Comisión de Reclamaciones Indígenas para decidir las reclamaciones de
tierras históricas aborígenes. Bajo estos dos procesos, muchos de los
indígenas Pueblo han recibido pago en efectivo como compensación por
la pérdida de sus derechos de tierras y agua; ya para Octubre del 2002,
los indígenas Pueblo colectivamente recibieron más de $130 millones
bajo este proceso (en dólares fijos de 2001) para asentar sus
reclamaciones. (Vea tabla 28). Algunos indígenas Pueblo también han
recibido pagos monetarios a través de la Corte Federal de Reclamos de
los Estados Unidos o a través de la legislación del Congreso y los
indígenas Pueblo han usado algunos de estos pagos para readquirir
tierras cuando se hacen disponibles. Además algunos indígenas Pueblo
han recibido la tierra directamente a través de la legislación del
Congreso.[Nota a pie de página 156] El efecto neto de esta relación
especial fiduciaria entre el gobierno de los Estados Unidos y los
indígenas Pueblo es reflejado en sus actuales posesiones de la tierra
actual. A diferencia de las mercedes de tierras comunitarias no-
indígenas, la mayoría de los indígenas Pueblo tienen más acres de
tierra de lo que ellos recibieron por las mercedes de tierras
españolas originales. (tabla 29).
Tabla 28: Pagos hasta la fecha de octubre 2002 para saldar las
reclamaciones de tierras de los indígenas Pueblo en Nuevo México:
Procesos de pagos: Consejo de Tierras de Indígenas Pueblo, 1927-1939;
Saldos de pagos en dólares fijos de 2001: $14,160,255.67.
Procesos de pagos: Comisión de Reclamaciones Indígenas y la Corte
Federal de Reclamos de los Estados Unidos;
Saldos de pagos en dólares fijos de 2001: 116,757,838.44.
Total;
Saldos de pagos en dólares fijos de 2001: $130,918,094.11.
Fuente: Análisis y datos del Deparment of the Interior's Bureau of
Indian Affairs.
[Extremo de la tabla]
Tabla 29: Comparación de los acres de tierras confirmadas por las
mercedes de tierras españolas para los Indígenas Pueblo con sus acres
de tierras actuales hasta el 31 de Diciembre del 2000:
Nombre de la merced: Pueblo de Acoma;
Acres de tierra confirmados: 95,791.66;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 378,262.41;
Acres de tierra en exceso de merced: 282,470.75.
Nombre de la merced: Pueblo de Cochití;
Acres de tierra confirmados: 24,256.50;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 50,681.46;
Acres de tierra en exceso de merced: 26,424.96.
Nombre de la merced: Pueblo de Isleta;
Acres de tierra confirmados: 110,080.31;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 301,120.92;
Acres de tierra en exceso de merced: 191,040.61.
Nombre de la merced: Pueblo de Jémez;
Acres de tierra confirmados: 17,510.45;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 89,619.13;
Acres de tierra en exceso de merced: 72,108.68.
Nombre de la merced: Pueblo de Laguna;
Acres de tierra confirmados: 17,328.91;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 491,387.13;
Acres de tierra en exceso de merced: 474,058.22.
Nombre de la merced: Pueblo de Nambé;
Acres de tierra confirmados: 13,586.33;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 19,093.83;
Acres de tierra en exceso de merced: 5,507.50.
Nombre de la merced: Pueblo de Pecos[A];
Acres de tierra confirmados: 18,763.33;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 0;
Acres de tierra en exceso de merced: -18,763.33.
Nombre de la merced: Pueblo de Picurís;
Acres de tierra confirmados: 17,460.69;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 15,034.49;
Acres de tierra en exceso de merced: -2,426.20.
Nombre de la merced: Pueblo de Pojoaque;
Acres de tierra confirmados: 13,520.38;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 12,004.20;
Acres de tierra en exceso de merced: -1,516.18.
Nombre de la merced: Pueblo de San Felipe;
Acres de tierra confirmados: 34,766.86;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 48,929.90;
Acres de tierra en exceso de merced: 14,163.04.
Nombre de la merced: Pueblo de San Ildefonso;
Acres de tierra confirmados: 17,292.64;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 26,197.75[B];
Acres de tierra en exceso de merced: 8,905.11.
Nombre de la merced: Pueblo de San Juan;
Acres de tierra confirmados: 17,544.77;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 12,236.33;
Acres de tierra en exceso de merced: -5,308.44.
Nombre de la merced: Pueblo de Sandía;
Acres de tierra confirmados: 24,187.29;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 22,890.28[C];
Acres de tierra en exceso de merced: -1,297.01.
Nombre de la merced: Pueblo de Santa Ana;
Acres de tierra confirmados: 17,360.56;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 76,982.93;
Acres de tierra en exceso de merced: 59,622.37.
Nombre de la merced: Pueblo de Santa Clara;
Acres de tierra confirmados: 17,859.14;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 45,969.21[D];
Acres de tierra en exceso de merced: 28,110.07.
Nombre de la merced: Pueblo de Santo Domingo;
Acres de tierra confirmados: 74,743.11;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 71,355.56;
Acres de tierra en exceso de merced: -3,387.55.
Nombre de la merced: Pueblo de Taos;
Acres de tierra confirmados: 17,360.55;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 96,106.15;
Acres de tierra en exceso de merced: 78,745.60.
Nombre de la merced: Pueblo de Tesuque;
Acres de tierra confirmados: 17,471.12;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 16,813.16;
Acres de tierra en exceso de merced: -657.96.
Nombre de la merced: Pueblo de Zía;
Acres de tierra confirmados: 17,514.63;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 121,611.19;
Acres de tierra en exceso de merced: 104,096.56.
Nombre de la merced: Pueblo de Zuñí;
Acres de tierra confirmados: 17,635.80;
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 463,270.83;
Acres de tierra en exceso de merced: 445,635.03.
Total;
Acres de tierra confirmados: 602,035.03[E];
Acres de tierra fiduciaria hasta el 31 de Dic. del 2000: 2,359,566.86;
Acres de tierra en exceso de merced: 1,757,531.83.
Fuente: Análisis e información del Department of the Interior's Bureau
of Indian Affairs (BLM).
[A] El Pueblo de Pecos fue combinado con el Pueblo de Jemez por la Ley
del 19 de Junio de 1936 (49 Stat. 1528).
[B] Esta cantidad no incluye aproximadamente 2,000 acres de tierra BLM
puesta en custodia para el Pueblo de San Ildefonso by Pub. L. No. 108-
66, 117 Stat. 876 (2003).
[C] Esta cantidad no refleja el derecho del Pueblo de Sandía para ser
consultado con respecto al uso y administración de las tierras dentro
del Cibola National Forest, proporcionado por Pub. L. No. 108-7, 117
Stat. 11 (2003).
[D] Esta cantidad no incluye aproximadamente 2,484 de acres de tierra
BLM puesta en custodia por el Pueblo de Santa Clara por Pub. L. No.
108-66, 117 Stat. 876 (2003).
[E] Este total no incluye más de 150,000 acres de otras mercedes de
tierras que fueron otorgadas a los indígenas Pueblo durante el proceso
de confirmación. Algunos indígenas Pueblo compraron mercedes de tierras
a los alrededores. El Pueblo de Laguna le fue otorgado 101,510.78 acres
para cinco mercedes de tierras individuales comúnmente referidas
colectivamente como "La compra de tramos por Laguna"--el Rancho de
Gigante, Rancho de Paguate, Rancho de San Juan, Rancho de Santa Ana y
Rancho el Rito. Al Pueblo de Isleta se le otorgó a 51,940.82 acres por
la merced de tierra individual Lo de Padilla y una porción de 22,636.92
acres de la merced de tierra individual de Joaquin Sedillo & Antonio
Guitierrez. Al Pueblo de Santa Ana se le otorgó 4,945.24 acres por la
merced de tierra comunitaria del Ranchito. No incluido en este total
hay 1,070.69 acres que fueron otorgado conjuntamente para los pueblos
de Santo Domingo y San Felipe.
[Extremo de la tabla]
Resumen:
En resumen, el Tratado de Guadalupe Hidalgo no creó una relación
fiduciaria entre los Estados Unidos y concesionados de las mercedes de
tierras de no-indígenas Pueblo. Los Estados Unidos tienen tal relación
con los indígenas Pueblo en Nuevo México basado en la legislación
específica y también tiene obligaciones especiales para proteger las
propiedades de las mercedes de tierras comunitarias de los indígenas
Pueblo. Esta legislación no se extiende a otros concesionados de
tierras comunitarias o sus herederos y de este modo estas partes están
sujetas al mismo riesgo de pérdida de sus tierras como otros
ciudadanos, por tales causas como son la perdida de derechos de
propietarios por falta de pago de impuestos, acuerdos de honorarios de
contingencia, juicios de repartimiento y traspaso voluntario por los
concesionados y los mismos herederos.
[Extremo de la sección]
Capítolo 5: Observaciones concluyentes y opciones posibles del Congreso
en respuesta a las cuestiones restantes sobre las Mercedes de tierras
comunitarias:
Perspectiva general:
Como se detallará en este reporte, los concesionados y sus herederos
han expresado inquietud por más de un siglo --particularmente desde la
finalización del proceso de confirmación de las mercedes de tierras de
Nuevo México en los inicios de los años de 1900--de que los Estados
Unidos no dirigió las reclamaciones de las mercedes de tierras
comunitarias en una forma justa y equitativa. Como parte de nuestro
reporte, se nos pidió un perfil de posibles opciones que el Congreso
quisiera considerar en respuesta a las cuestiones restantes. Las
opciones posibles que nosotros tenemos identificadas están basadas en
parte sobre nuestra conclusión que no parece ser una base legal
específica de desagravio, porque el Tratado fue implementado en
obediencia con todos los requerimientos legales de los Estados Unidos.
No obstante, el Congreso puede determinar que hay una política de
fuerza mayor u otras razones para tomar acciones adicionales. Por
ejemplo, el Congreso puede estar en desacuerdo con la Corte Suprema con
la decisión Sandoval y determinar que ésta debe ser "legislativamente
denegada", dirigiendo aquellas mercedes adversamente afectadas por esa
decisión o tomando otra acción. El Congreso, en su decision, también
puede encontrar que otros aspectos del proceso de confirmación de Nuevo
México, como es la ineficiencia y penurias causadas a muchos
concesionados, provee una base suficiente para apoyar más medidas en
nombre de los reclamantes. Basándose en todos estos factores, nosotros
tenemos identificados un rango de cinco opciones posibles que el
Congreso podría considerar, variando desde no tomar acciones
adicionales a ese momento, para hacer los pagos a los herederos
reclamantes u otras entidades, o transferir tierras federales a
comunidades. Nosotros no expresamos una opinión de cual, si es que
alguna, de las opciones pudieran ser preferibles, y es posible que el
Congreso quiera considerar alternativas adicionales más allá de
aquellas ofrecidas aquí. Las cuatro opciones últimas no son
necesariamente mutuamente exclusivas y serían usadas de alguna manera
en combinación. Las cinco posibles opciones son las siguientes:
Opción 1: Considerar no tomar ninguna acción adicional en este momento
porque la mayoría de las mercedes de tierras comunitarias fueron
confirmadas, la mayoría de los acres de tierras reclamadas fueron
otorgados y el proceso de confirmación fue dirigido de acuerdo con la
ley de los Estados Unidos.
Opción 2: Considerar el reconocimiento que el proceso de confirmación
de las mercedes de tierras podría haber sido más eficiente y menos
gravoso y impuesto menos adversidades en las reclamaciones.
Opción 3: Considerar la creación de una comisión u otra entidad para
reexaminar reclamaciones específicas de mercedes de tierras
comunitarias que fueron rechazadas o no confirmadas por el total de
acres de tierra reclamada.
Opción 4: Considerar transferir tierras federales a las comunidades que
no recibieron todos los acres de tierras originalmente reclamados para
sus mercedes de tierras comunitarias.
Opción 5: Considerar que se haga pagos financieros a herederos
reclamantes o a otras entidades por el no uso de la tierra
originalmente reclamada pero no otorgada.
Como acordado, en el transcurso de nuestras discusiones con los
descendientes de las mercedes de tierras en Nuevo México, nosotros
solicitamos sus puntos de vista sobre cómo ellos preferirían dirigir
sus cuestiones. La mayoría indicó que ellos preferirían tener una
combinación de las dos últimas opciones--cesión de las tierras y pago
financiero.
Consideraciones posibles en la determinación si alguna acción adicional
sea apropiada:
Este reporte ha detallado las cuestiones principales y controversias
que los concesionados y sus herederos y defensores han expresado,
particularmente desde la finalización del proceso de confirmación de
mercedes de tierras comunitarias de Nuevo México en 1904, acerca de si
las provisiones de protección de propiedad del Tratado de Guadalupe
Hidalgo de 1848 fueron implementándose de una manera legal y justa.
Nosotros hemos evaluado estas cuestiones y controversias basándonos en
una investigación extensiva basada en hechos reales e investigación
legal y proveemos lo que nosotros creemos que es el análisis más
minucioso establecido hasta ahora de la mayoría de las cuestiones
conflictivas alrededor del Tratado. Con respecto a las mercedes y acres
de tierra, nuestro análisis muestra que la mayoría de las mercedes de
tierras comunitarias en Nuevo México--más del 68 por ciento--fueron
confirmadas bajo los procedimientos del Agrimensor General y la Court
of Private Land Claims, y que la mayoría de los acres de tierras
reclamados bajo estas mercedes--más del 63 por ciento--fueron
otorgados. Nuestro análisis también muestra que el 55 por ciento de los
acres de tierras reclamados bajo las mercedes de tierras comunitarias e
individuales en Nuevo México en conjunto fueron otorgados bajo estos
procedimientos, en lugar del 24 por ciento que es comúnmente reportado
en la literatura de la merced de tierras.
Con respecto a lo conforme a los requerimientos legales, nuestro
análisis muestra que las provisiones de propiedad fueron llevadas a
cabo de acuerdo con todas las leyes y requerimientos de los Estados
Unidos aplicables incluyendo la Constitución de los Estados Unidos.
Primero, debido a la naturaleza de no auto-ejecutación del Tratado, el
Congreso fue requerido promulgar la legislación para poner las
provisiones en vigencia. Lo hizo en las Leyes de 1854 y 1891
estableciendo los procedimientos del Agrimensor General y la CPLC,
respectivamente, y bajo la ley de los Estados Unidos, cualquier
conflicto entre estos estatutos y las provisiones del Tratado (el cual
nosotros no proponemos que existe) debe ser resuelto en favor de los
estatutos. Otra cuestión de gran inquietud para los herederos
legalmente relacionada, en parte porque este afectó la disposición de
más de 1.1 millones de acres de tierra, es la decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos en 1897 en United States v. Sandoval.
Como se comentó en este reporte, muchos herederos creen que el caso
Sandoval fue erróneamente decidido porque la Corte supuestamente hizo
uso indebido de la ley española y mexicana al afirmar que la soberanía
(España, México y después los Estados Unidos), en lugar de las
comunidades, eran propietarios de las tierras comunes en las mercedes
de tierras comunitarias. Como lo explica nuestro análisis, la Corte,
sin embargo, no tenía autoridad bajo la Ley de 1891 para confirmar
mercedes basadas en el tipo de derechos equitativos envueltos en la
reclamación de la merced de tierra Sandoval y casos relacionados al
mismo; este confirmaría sólo aquellas mercedes "legalmente y
regularmente derivadas" bajo la ley española o mexicana. Como una
materia de interpretación de estatutos, la Corte encontró que estas
mercedes consistían sólo de mercedes posesionadas bajo título legal, no
equitativo. Como la Corte lo explicó en Sandoval, las cuestiones de los
concesionados eran esencialmente una inquietud con las decisiones
políticas en la Ley misma de 1891, en lugar de la aplicación de la ley
de las cortes, y estas cuestiones podrían ser dirigidas sólo por el
"departamento político" del Gobierno de los Estados Unidos--es decir,
el Congreso. Como se comentó en el Capítulo 3, los Comisionados de
California habían llegado a una conclusión similar con respecto a la
naturaleza y límites de su autoridad de la confirmación de la mercedes
de tierras, reconociendo que ellos estaban esencialmente llevando a
cabo responsabilidades políticas, en lugar de judiciales.[Nota a pie
de página 157]
Además, los herederos y académicos han afirmado que los procedimientos
de confirmación violaron los requerimientos del debido proceso legal
bajo la Constitución de los Estados Unidos. Nuestro análisis muestra,
sin embargo, que los procedimientos cumplieron estos requerimientos
como las cortes las habían definido en ese tiempo y aún bajo los
estándares de hoy. Finalmente, con respecto a la opinión de los
herederos que los Estados Unidos había tenido un deber fiduciario,
después de que sus mercedes habían sido confirmadas, para asegurar que
la posesión de tierras se mantenían con los herederos y no eran
transferidas voluntaria o involuntariamente, nuestro análisis muestra
que el Tratado no creó tal responsabilidad y por lo tanto los Estados
Unidos actuó correctamente en el mismo.
El hecho que los Estados Unidos implementaran las provisiones de
propiedad del Tratado de acuerdo con la ley de los Estados Unidos puede
sugerir que una razón por tomar acción del Congreso adicional en este
tiempo hace falta y que acción adicional posiblemente no sería
necesaria o apropiada. En la ausencia de una violación legal por el
cual un desagravio puede ser ordenado, tomando acción podría crear un
precedente para resolver otras disputas delicadas, y al menos en el
contexto de las reclamaciones de Guadalupe Hidalgo, pudieran ser
costosos para los contribuyentes dependiendo en qué acción es tomada.
Por otro lado, el Congreso puede encontrar que hay políticas
convincentes u otras razones para tomar cuando menos algunas acciones
adicionales. Por ejemplo, como una materia de política (o aún ley), el
Congreso puede estar en desacuerdo con la decisión Sandoval de la Corte
Suprema y decidir que debe ser "legislativamente denegada," al
dirigirse a las mercedes afectadas en alguna forma o tomar otra acción.
El Congreso, en su juicio, también puede encontrar que otros aspectos
del proceso de confirmación en Nuevo México prove una base suficiente
para apoyar el facilitar más medidas en nombre de los reclamantes. Por
ejemplo, el Congreso pudiera querer responder al hecho que, como se
detallo en este reporte, darle seguimiento a una reclamación de una
merced de tierra en Nuevo México era ineficiente y gravoso para muchos
reclamantes, particularmente comparados con el proceso más eficiente de
la Comisión que el Congreso había establecido para California bajo la
Ley de 1851. Como los mismo Agrimensores Generales de Nuevo México
reportaron durante los primeros 20 años de sus revisiones de demandas
bajo la Ley de 1854, ellos carecieron de conocimientos legales, de
lenguaje y destrezas analíticas y recursos financieros para revisar las
reclamaciones de las mercedes de tierras en la manera más efectiva y
eficiente. Además, la falta de familiaridad con el idioma inglés y el
sistema legal americano hizo a los reclamantes reacios de ceder los
documentos de las mercedes de tierras y con frecuencia les requirieron
contratar abogados que hablaran inglés, algunas veces haciendo
necesario la venta de parte de sus tierras reclamadas--para muchos, sus
recursos principales--para cubrir gastos legales. Además, debido a las
tardanzas de las revisiones del Agrimensor General y confirmaciones del
Congreso subsecuentes--causadas por la intervención de la Guerra Civil,
cuestiones acerca de las reclamaciones fraudulentas, y otras razones--
algunos casos habían sido presentadas un múltiple de veces a diferentes
entidades bajo estándares legales diferentes. Finalmente, los procesos
de reclamaciones pudieran ser gravosos aún después que una merced era
confirmada, debido a la imprecisión y costo de medir las tierras, un
costo que los concesionados tuvieron que tolerar por algunos años. Por
estas u otras razones, el Congreso pudiera decidir que algunas acciones
adicionales son necesarias.
Opciones posibles del Congreso en respuesta a las cuestiones restantes:
Con respecto a su solicitud por opciones posibles para dirigir las
cuestiones restantes referentes a los reclamos de tierras comunitarias
en Nuevo México, nuestro análisis y hallazgos sugieren una variedad de
posibles respuestas, desde la consideración de no tomar una acción
adicional hasta la consideración de tomar una o más medidas
adicionales. Nosotros describiremos cinco de estas posibles opciones a
continuación. Si el Congreso decide que algunas acciones adicionales
son necesarias, nosotros notamos que resolviendo reclamos de una merced
de tierra específicamente fechadas en los siglos XVIII y XIX sería un
desafío: entre otras cosas, esto podría requerir la identificación de
las personas especificas quienes fueron adversamente afectadas por el
proceso de confirmación, la determinación de dónde están actualmente
los descendientes de esas personas, y una evaluación de la relación
entre aquellos descendientes y las personas que viven actualmente en la
tierra afectada. Nosotros no expresamos una opinión de cual, si es que
alguna, de las opciones pudieran ser preferibles, y es posible que el
Congreso quiera considerar alternativas adicionales. Las cinco posibles
opciones son las sig: uientes:
Opción 1: Considerar no tomar ninguna acción adicional en este momento:
Una primera opción sería que el Congreso no tome más acciones con
respecto a las mercedes de tierras comunitarias en Nuevo México. Como
se describió arriba, la mayoría de las mercedes de tierras comunitarias
en Nuevo México fueron confirmadas y la mayoría de los acres de tierras
reclamadas de estas mercedes fueron otorgadas. Además, los
procedimientos que el Congreso desarrolló para la confirmación de
mercedes de tierras comunitarias cumplieron con las leyes aplicables de
los Estados Unidos, incluyendo los requerimientos constitucionales del
debido proceso legal. Aunque el proceso de confirmación pudiera haber
sido más eficiente y menos gravoso para sus reclamantes, los ciudadanos
de los Estados Unidos algunas veces están sujetos a procedimientos
gubernamentales ineficientes y gravosos y además no reciben
compensación u otro desagravio formal. Particularmente dado el alto
grado de confirmación de las mercedes de tierras de Nuevo México y el
transcurso substancial de tiempo desde el proceso de confirmación que
fue finalizado hace 100 años, el Congreso puede decidir que no son
apropiadas más acciones oficiales en este tiempo.
Opción 2: Considerar el reconocimiento de las dificultades en la
evaluación de los reclamos originales:
Si el Congreso decide por política u otra razón que algún tipo de
respuesta adicional es apropiada, una alternativa pudiera ser un
reconocimiento oficial de que el gobierno de los Estados Unidos pudiera
haber evaluado las reclamaciones de las mercedes de tierras
comunitarias en Nuevo México en una manera más eficiente y menos
gravosa y una que hubiera creado menos dificultades para los herederos.
El reconocimiento de estas dificultades pudiera tomar muchas formas,
desde una declaratoria hasta una disculpa por parte del gobierno de los
Estados Unidos.[Nota a pie de página 158]
Opción 3: Considerar la creación de una comisión u otra entidad para
evaluar y resolver las cuestiones restantes sobre reclamos individuales
o categorías de reclamos:
Otra opción posible de tomar acción en respuesta a cuestiones restantes
de mercedes de tierras, si el Congreso determina que esto es apropiado,
pudiera ser que el Congreso estableciera una comisión u otra entidad
para evaluar y resolver cuestiones acerca de reclamos específicos o
categorías de reclamos con respecto a las mercedes de tierras
comunitarias de Nuevo México. Veintidós proyectos de ley y resoluciones
reflejando este concepto fueron introducidos entre 1971 y 1980,
provocados en parte por un allanamiento en 1967 de un palacio de
justicia del condado en el norte de Nuevo México por los herederos de
las mercedes de tierras y sus defensores.[Nota a pie de página 159]
Desde enero de 1997, al menos 8 proyectos de ley adicionales han sido
introducidos que se dirigen a los reclamos de las mercedes de tierras
comunitarias y la mayoría de estas también han involucrado la creación
de algún tipo de comisión. Uno de los proyectos de ley, H.R. 2538,
pasó la Cámara de Representantes en septiembre de 1998.
Las comisiones propuestas en estas proposiciones de ley generalmente
han caído dentro de cinco categorías básicas, con diferencias en la
composición de la comisión, su duración, y el efecto legal de cualquier
decisión o recomendación que la comisión podría emitir.[Nota a pie de
página 160] El H.R. 9422, por ejemplo, el primer proyecto de ley
introducido en 1971, hubiera creado una comisión de tres miembros para
servir un periodo de 5 años. Las decisiones de la comisión hubieran
sido finales excepto si el Congreso las hubiera desaprobado. La
comisión pudiera haber sido autorizada para dirigir la detención por
los Estados Unidos de cualquier tierra privada poseída en disputa y el
traspaso de estas tierras a la merced de tierra comunitaria respectiva.
El proyecto de ley de 1971 también hubiera autorizado 2.5 millones
para los gastos de la comisión, $5 millones para asistencia legal y
profesional para los demandantes y una considerable cantidad de $5
billones para las adquisiciones de tierras. Más recientemente, H.R.
2538, aprobada por la Cámara en 1998, hubiera creado una comisión de
cinco miembros sin un límite específico de tiempo. Después de
investigar y decidir en todos los reclamos pendientes la comisión
tenía que reportar sus decisiones y recomendaciones al Presidente y el
Congreso; el Congreso entonces tenía que decidir si lo aceptaba,
rechazaba o modificaba las recomendaciones de la comisión, similar a
su rol con respecto a las recomendaciones de confirmación del
Agrimensor General. El proyecto de ley de 1998 hubiera autorizado una
asignación de $1 millón por año por los años fiscales de 1999 hasta
2007 para financiar las operaciones de la comisión y un centro de
estudios de las mercedes de tierras. Más recientemente, el
Representante Tom Udall y 20 co-patrocinadores introdujeron el H.R.
1823, La Ley de Reclamos de Tierras del Tratado de Guadalupe Hidalgo
del 2001. Entre otras cosas, H.R. 1823 hubiera creado una comisión
autorizada para recibir peticiones de los herederos de las mercedes de
tierras comunitarias en Nuevo México y en otros sitios, buscando la
determinación de la validez de sus mercedes bajo el Tratado. Cuando su
trabajo fue finalizado, la comisión tenía que reportar sus decisiones
al Congreso y hacer recomendaciones con respecto si el Congreso debería
"reconstituir" ciertas mercedes--es decir, restaurar las mercedes a un
estatus completo como un municipio con "derechos propiamente
pertenecientes a un municipio bajo la ley de Estado"--o proveer otro
desagravio a los herederos de las mercedes de tierra. El proyecto de
ley hubiera establecido un límite de tiempo de 5 años para la sumisión
de peticiones y hubiera autorizado una asignación de 1.9 millones por
año para los años fiscales del 2002 hasta 2008 para financiar el
trabajo de la comisión y de un centro de estudios de las mercedes de
tierras.
Un aspecto notable de todos los proyectos de ley era que estos no
especificaban qué estándar legal la comisión tenía que aplicar al
revisar los reclamos de las mercedes de tierras. Por ejemplo, los
proyectos de ley no especificaban que la comisión estaba para confirmar
una merced de tierra basada en la ley, usos y costumbres españolas o
mexicanas--como en la Ley de 1854--o sólo si el título de la merced de
tierra había sido legalmente y regularmente derivado bajo la ley
española o mexicana--como en la Ley de 1891. Para hacer cualquier
comisión tan exitosa como sea posible, sería importante para cualquier
legislación del congreso que cree una comisión especificar qué leyes u
otros estándares deben ser aplicados para revisar los reclamos.
Opción 4: Considerar el traspaso de tierras federales a las
comunidades:
Otra opción possible para responder a las cuestiones restantes de las
mercedes de tierras, si el Congreso determina que esto es apropiado por
política u otras razones, pudiera ser el traspaso de tierras federales
por el Congreso a las comunidades que hicieron reclamos al Agrimensor
General o a la CPLC bajo una merced de tierras comunitarias pero que no
recibieron todos de los acres de tierras reclamados. Esta opción ha
sido reflejada en algunas propuestas legislativas por los últimos 30
años, por lo cual las tierras federales localizadas dentro de los
linderos reclamados originalmente de las mercedes de tierras hubieran
sido transferidas a los reclamantes.[Nota a pie de página 161] Como
acordado, en el curso de nuestras conversaciones con los descendientes
de las mercedes de tierras en Nuevo México, nosotros solicitamos su
opinión en cómo ellos preferirían tener sus cuestiones dirigidas, y
abordadas, y esta opción, que se dirigiera más directamente a los
reclamos de la "pérdida" de las áreas en acres de los herederos de las
mercedes de tierras, fue una de las dos opciones preferidas por los
herederos con quienes nosotros hablamos. Si el Congreso decidía
adoptar esta opción y si no hubieran ahí tierras federales localizadas
dentro de los linderos de mercedes de tierras originalmente reclamadas,
tierras federales alternativas en Nuevo México pudieran ser
transferidas o pagos financieros hechos en lugar de transferirlas.
Aunque la cantidad de acres de tierras federales que podrían ser
afectadas bajo esta opción dependerían en mercedes de tierras
específicas en cuestión, agrimensuras preliminares indican que esto
sería considerable si todos los acres de tierras originalmente
reclamadas fueron otorgadas ahora. Por ejemplo, de acuerdo al cálculo
del Bureau of Land Management, más de la mitad de casi un millón de
acres de tierras "perdidas" por tres mercedes--la merced del Cañon de
Chama, la merced de San Miguel del Vado y la merced de Petaca--es
actualmente propiedad del gobierno federal (el U.S. Forest Service), y
por lo tanto potencialmente pudiera ser transferido a estas mercedes
de tierras.[Nota a pie de página 162] El Apéndice XII de este reporte
muestra los linderos originales reclamados de estas tres mercedes y la
posesión de tierras de hoy en día dentro de aquellos linderos que
pudieran estar en debate. El Apéndice XII también contiene mapas de
cinco reclamos de mercedes de tierras adicionales de cuales nosotros
pudimos localizar agrimensuras preliminares y las cuáles, si el
Congreso adoptara esta opción, puede decidir aumentar en tamaño.
Otro posible obstáculo en la implementación de esta opción puede ser
que cualquier traslapo entre los lindero de las mercedes de tierras
comunitarias y los linderos de tierras indígenas existentes o tierras
indígenas aborígenas adicionales tendrían que ser resueltas. Por
ejemplo, la reclamación de la merced de tierra del pueblo de
Cieneguilla parcialmente coincide con la merced de tierra del Pueblo de
Picuris, y el reclamo de la merced de tierras de Don Fernando de Taos
entra en conflicto con el Pueblo de Taos. Similarmente, los conflictos
entre los linderos de mercedes de tierras comunitarias reclamadas y
mercedes de tierras confirmadas tendrían que ser resueltas. Los
linderos originales reclamados de la merced de tierra de San Miguel del
Vado, por ejemplo, coincide con los linderos confirmados y patentados
de las mercedes de tierras del pueblo de Las Vegas y del Pueblo de
Tecolote.
Opción 5: Considerar que se haga pagos financieros a herederos
reclamantes o a otras entidades:
Una posible opción final si el Congreso determina que acción adicional
debe ser tomada--y la otra opción favorecida por los herederos de la
mercedes de tierras con quienes nosotros hablamos--pudiera ser que el
Congreso haría pagos a reclamantes por el uso "perdido" de tierras que
fue reclamada pero no otorgada. Si la tierra no fuera transferida a una
comunidad bajo la Opción 4, los pagos pudieran hacerse para el no uso
tanto en el pasado como en el futuro; si se estuviera siendo
trasferidas, pudiera haber pago sólo para el no uso en el pasado. El
Congreso puede asignar el trabajo de determinar las cantidades de pagos
al tipo de comisión comentado bajo la Opción 3, de nuevo
presumiblemente basado en un estándar legal. El Congreso creó una
entidad similar en 1946 en la Comisión Indígena de Reclamos, el cual
fue autorizado para dirigir reclamos para hacer pagos financieros.
Semejante, el Congreso creó el Consejo de Tierras Pueblo para resolver
los reclamos de tierras indígenas en los años 1920 y 1930, a través de
una combinación de mecanismo de pago y de transferencia de tierras.
Probablemente habrá un número de cuestiones prácticas para ser
resueltas en la implantación de esta opción, la primera de las cuales
estaría determinando la cantidad del pago para ser hecho. La cantidad
pudiera ser determinada basándose sólo en los acres de tierras, por
ejemplo, o pudieran también dar cuentas del valor de parcelas
específicas en debate. Una pieza prima de propiedad agrícola en el
valle de un río, por ejemplo, pudiera tener más valor que una propiedad
en la ladera rocosa. Así mismo, el no uso de propiedad forestal con una
abundancia de vida silvestre tuviera un valor más grande que el no uso
de propiedad sin esos recursos. Una segunda cuestión práctica para ser
resuelta sería determinar quién debe recibir compensación. Los
individuos afectados por las decisiones de mercedes de tierras adversas
100 años atrás tendrían que ser identificadas, así como los individuos
quienes actualmente son sus descendientes.
Finalmente, se tendrían que hacer decisiones con respecto a posibles
restricciones sobre los usos permisibles de cualquier pago hecho. Por
ejemplo, los fondos podrían ser directamente distribuidos como pagos en
efectivos para herederos individuales, sin ninguna restricción sobre
como los fondos serán usados. Alternativamente, los pagos pueden ser
hechos dentro de algún tipo de fondos fiduciarios, con fondos dirigidos
para actividades específicas. Sobre los últimos diez años el Congreso
ha establecido este tipo de fondos fiduciarios para las tribus
indígenas quienes perdieron tierras cuando las presas fueron
construidas sobre el Río de Missouri.[Nota a pie de página 163] Un
desarrollo de fondo fiduciario crearía la flexibilidad de proveer
asistencia para una amplia variedad de actividades, como son
desarrollo económico, adquisición de tierra o programas educacionales.
Fondos de dinero fiduciarios también pudieran ser usados para pagar
impuestos de propiedad debidos en las tierras comunes de las mercedes
de tierras comunitarias, así proveyendo un beneficio inmediato para las
mercedes que continúan siendo en riesgo de la pérdida de derechos
propietarios por falta de pago de impuestos. Como se comentó en el
capítulo 4, el gobierno federal no tuvo obligación legal bajo el
Tratado de Guadalupe Hidalgo para asegurar la posesión continua de las
mercedes de tierras comunitarias una vez que éstas fueron confirmadas,
incluyendo por el pago de impuestos de propiedad de una merced de
tierra para evitar su pérdida, pero el Congreso puede sin embargo
decidir que hay políticas convincentes u otras razones para proveer
asistencia financiera a estas comunidades.
Resumen:
En resumen, nosotros hemos identificados, como pedido, un rango de
cinco posibles opciones que tal vez el Congreso quiera considerar en
respuesta a las cuestiones concernientes a las mercedes de tierras
comunitarias de Nuevo México. Estas opciones reflejan nuestra
conclusión que no aparece haber una base legal específica de
desagravio, pero que el Congreso puede sin embargo decidir que hay
políticas convincentes u otras razones para tomar acciones adicionales.
[Extremo de la sección]
Apéndice I: Confirmación de las Mercedes de Tierras bajo Los Tratados
de La Compra de Louisiana y la Florida:
Los procesos de confirmación del congreso utilizados por las mercedes
de tierras europeas en la Compra de Louisiana y Florida en la primera
mitad del siglo XIX proveyó de un modelo potencial para los Estados
Unidos para la implementación del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. A
principios del siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron el Territorio
de Louisiana, un área de casi tan grande como los Estados Unidos que
había pertenecido en varios momentos a Francia y España. Ambos países
habían estimulado asentamientos e industria ligera y premiado el
servicio militar a través de las mercedes de tierra. España había
también otorgado similares mercedes en Florida, que los Estados Unidos
adquirieron en 1819[Nota a pie de página 164]. Frecuentemente, la
legislación del Congreso limitaba el tamaño de las mercedes de los
asentamientos que podían ser aprobadas. De manera adicional, el
Congreso ubicaba las mercedes en dos categorías: mercedes completas e
incompletas. Las mercedes completas eran mercedes que satisfacían todos
los requerimientos y condiciones de la tenencia de la merced bajo la
ley española o francesa, la cual incluía el cultivo de la tierra y su
posesión por ciertos periodos de tiempo. Las mercedes incompletas eran
las mercedes que no habían cumplido con todos los requerimientos
legales y condiciones pero que podían completarse a través del proceso
de confirmación establecido por el Congreso. Este proceso usualmente
incluía la introducción de evidencia para mostrar que los
requerimientos legales españoles y franceses se habían cumplido y que
la finalización de las condiciones de las mercedes habían sido
prevenidas por la transferencia de tierra a los Estados Unidos.
Tanto en la Compra de Louisiana como de Florida, el Congreso utilizó
métodos similares para revisar los títulos de las mercedes de tierra.
Estos incluían consejos de comisionados para revisar las mercedes de
tierra y hacer recomendaciones al Congreso para confirmarlas o
rechazarlas. De igual manera, otros oficiales, tales como el
registrador de la oficina de tierras y el archivero de títulos de
tierra, sirvieron tanto como comisionados o ejecutaron funciones
similares. Eventualmente, el congreso autorizó a las cortes a decidir
los títulos de las mercedes de tierras. Estas cortes funcionaron como
cortes de equidad, las cuales proveyeron mayor flexibilidad que las
cortes de ley en decisión de casos de reclamos de tierras[Nota a pie de
página 165]. El proceso de confirmación avanzaba de manera muy lenta y
cambios frecuentes en la legislación alargaban el tiempo para
presentar las reclamaciones. Las cortes seguían decidiendo sobre casos
de mercedes de tierras después de la ratificación del Tratado de
Guadalupe-Hidalgo.
El proceso de confirmación para las mercedes de tierras de Louisiana y
Florida fue diferente de aquello establecido por el Congreso para
California y Nuevo México en dos formas básicas. Primero, se presumió
que los oficiales de mercedes tenían la autoridad para establecer
mercedes y que las particularidades de las mercedes eran correctas.
Estos presupuestos transfirieron el peso de la pruebas de los
concesionarios a los Estados Unidos. Segundo, los tratados de cesión
transfirieron al dominio público de los Estados Unidos solamente
aquella tierra que no había sido otorgada, y que seguía perteneciendo,
a los anteriores soberanos de Francia y España. De forma contrastante,
bajo el proceso de confirmación de las mercedes en California y Nuevo
Mexico, la tierra que fue transferida bajo el tratado de Guadalupe-
Hidalgo fue juzgada a pertenecer a los Estados Unidos. Sin embargo, la
legislación de confirmación de California (la Ley de 1851) y la Oficina
de la Tierras Generales dieron instrucciones al Agrimensor General de
Nuevo México, expedidas bajo la Ley de 1854 que las mercedes a un
pueblo en existencia al momento del tratado se presumían de haber sido
hechas de forma válida.
Después de que habían evaluado los reclamos de las mercedes de tierras
remitidos a ellos, los comisionados de Louisiana y Florida, entregaban
un reporte sobre los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría del
Tesoro, quien entonces entregaba las recomendaciones al Congreso para
que éste actuara. Los agrimensores territoriales recibían copias de los
reportes de los comisionados y tenían que inspeccionar cada una de las
mercedes aprobadas. Los abogados del Gobierno jugaban un importante rol
cuando la confirmación de las mercedes era transferida a las cortes.
Ellos eran responsables de oponerse a los reclamos de tierras que ellos
creían inválidos, con el resultado de que los reclamos invalidados
incrementaban el dominio público.
Los comisionados de Louisiana y Florida tenían autoridad legal similar
a aquella del Agrimensor General de Nuevo México y de la Comisión de
California. Ellos podían oír y decidir reclamos, administrar
juramentos, compeler la presencia y testimonio de testigos y tener
acceso a todos los registros públicos. Ellos decidían casos de acuerdo
a 'justicia e igualdad' y de acuerdo a las leyes, costumbres y usos de
España y otras potencias europeas. Un reclamante exitoso no recibía el
título completo de la merced de tierra, tan solo la renuncia por parte
de los Estados Unidos de cualquier interés que pudiera tener en la
tierra. Un reclamante que tuviera un título mejor podía todavía llevar
una acción a la corte local desafiando el reclamo del concesionario.
El Tratado de la Compra de Louisiana:
El Tratado de la Compra de Louisiana no contenía una provisión que
protegiera de manera específica las mercedes de tierras. El Artículo
III del tratado, que se usó como modelo para el Artículo IX del Tratado
de Guadalupe, con la condición de que los habitantes de Louisiana
estarían "protegidos en el libre uso de su...propiedad" hasta que
Louisiana se convirtiera en Estado. Aunque no estaba definido por el
tratado, el término "propiedad" de manera habitual incluía tanto la
propiedad personal y la propiedad real. Poco después de la ratificación
del tratado, el Congreso dividió la Compra de Louisiana en dos
territorios: Louisiana y Orleáns. En uno de los territorios, creó la
posición de registrador de títulos de tierra y en el otro, la posición
de archivero de títulos de tierra para recibir evidencia de propiedad
de los reclamantes. Bajo una legislación posterior del congreso, el
Presidente designó comisionados en cada distrito para revisar los
reclamos de tierras y hacer recomendaciones al Congreso para su
confirmación. Ellos decidían casos basados en "justicia e igualdad". La
legislación requería que todas las demandas fueran presentadas dentro
de cierto tiempo o de otra manera la merced sería invalidada. Otra
legislación estableció criterios para aprobar ciertas mercedes tales
como estableciendo límites en el tamaño de la merced que podía ser
aprobada. En algunas instancias, los comisionados no pudieron decidir
si una merced debía ser aprobada. En 1807, el Congreso requirió que los
comisionados de Louisiana prepararan una lista que recomendara acción
para tres tipos de mercedes: (1) mercedes que debían ser confirmadas
porque eran consistentes con los criterios legislativos, (2) reclamos
que debían ser confirmados de acuerdo a las leyes, usos y costumbres de
España y (3) mercedes que debían ser rechazados porque no satisfacían
los criterios.
En 1812, una legislación adicional autorizó el registrador de la
oficina de la tierra y el receptor de de dineros públicos en un
distrito de los territorios de Orleáns en Louisiana para presentarlo a
la opinión de la Secretaría del Tesoro, en base a evidencia reunida, si
era que ciertas mercedes de tierra debían ser confirmadas. Subsiguiente
legislación asignó una responsabilidad similar al registrador y
receptor en otras áreas de la Compra de Louisiana. Durante ese mismo
año el Congreso estableció un comisionado para los reclamos de tierra
en dos distritos al este del Río Mississippi, el cual había sido
reclamado, alguna vez, por Inglaterra, España, y los Estados Unidos,
para revisar los títulos de tierra y hacer las recomendaciones al
Congreso. El comisionado debía basar su decisión en la "justicia y
validez" de dichas mercedes. Las personas que poseían mercedes
completas solo eran requeridas a llenar el registro de la merced, su
inspección y el plano, siendo que otros debían presentar más evidencias
de sus reclamos. La subsiguiente legislación frecuentemente extendió el
tiempo para llenar los reclamos. Una vez que el Congreso había
confirmado los títulos de la tierra, se completaba una inspección y el
apropiado registrador de la oficina de tierras o el archivero de
títulos de la tierra expedía los certificados de patente al
concesionario. Estos certificados sostenían que el reclamante poseía
derecho a recibir una patente por su merced. Mercedes confirmadas no
conferían título legal completo de la tierra de la merced, sino
solamente el interés que los Estados Unidos tenían en dicha propiedad.
Consecuentemente, una persona que alegaba que tenía un título superior
que el concesionario podía todavía traer a juicio a cortes locales
desafiando el título del concesionario. En el periodo un poco antes de
la Guerra entre México y los Estados Unidos, el Congreso continuó
usando registradores de tierra y receptores dinero público en las
investigaciones de los reclamos de tierra y haciendo recomendaciones
sobre si las mercedes debían ser confirmadas.
En 1824, el uso de una corte para resolver reclamos de tierras tomó
lugar en el área de la Compra de Louisiana que incluía el Estado de
Missouri y el Territorio de Arkansas. La legislación permitía que un
reclamante que tuviera un título incompleto que pudiera ser completado,
si la tierra no hubiera sido transferida a los Estados Unidos, podía
presentar una petición en una corte federal de distrito en el Estado de
Missouri y en la corte superior del Territorio de Arkansas[Nota a pie
de página 166]. Cualquier persona que alegara un título adverso al del
solicitante también recibía una copia del reclamo. Las decisiones de
las cortes debían basarse sobre las leyes de las naciones (ley
internacional), las provisiones del tratado, leyes relacionadas del
Congreso y las leyes y ordenanzas del gobierno del cual el supuesto
título derivaba. El uso y costumbre general se consideraba a ser
incluido en la "ley" del gobierno anterior, de manera adicional a los
estatutos formales y ordenanzas[Nota a pie de página 167]. El
reclamante y los Estados Unidos podían apelar la decisión ala Corte
Suprema. Una vez que el título había sido confirmado, el agrimensor de
tierras públicas completaba la inspección, a costo del reclamante, y la
Oficina de Tierras Generales expedía una patente al reclamante por el
recibo de la inspección. La patente transfería el título legal
completo porque la decisión de la corte disponía de cualquier reclamo
adverso a la propiedad. En 1844, el Congreso autorizaba a las cortes
federales de distrito a oír reclamos de mercedes de tierras en otras
áreas de la Compra de Louisiana, incluyendo los Estados de Louisiana,
Arkansas, Mississippi y Alabama. La autoridad de las cortes era
similar a la corte de Missouri bajo el estatuto de 1824. Las
decisiones de la Corte Suprema que interpretaba el estatuto de 1824
suponiendo como principio establecido de que una merced pública era
evidencia de que había sido expedida por una autoridad legal.
El Tratado de Florida:
A través del tratado de 1819, España cedió el Este y Oeste de Florida a
los Estados Unidos. Los Estados Unidos reclamaban que eran propietarios
de parte de Florida del Oeste bajo la Compra de Louisiana. En tiempos
distintos, España y Gran Bretaña habían alegado reclamos de partes de
Florida y habían hecho mercedes de tierras para asentamientos como
recompensa por servicios militares y como compensación por el
desarrollo de la industria ligera tales como aserraderos y minería. El
Artículo VIII del tratado de Florida permitía que todas la mercedes de
tierra españolas "serán ratificadas y confirmadas" a las personas que
ocupaban la tierra de la misma manera que ellas "hubieran sido válidas
si los territorios hubieran permanecido" bajo el control español. Los
propietarios que ocupaban dichas tierras que no habían cumplido
satisfactoriamente todas las condiciones de la merced, debido a las
circunstancias recientes que afectaban a España, podían cumplir estas
condiciones dentro de los tiempos prescritos en la merced. Una fecha
límite fue prescrita para la presentación de todos los reclamos; si un
reclamo no era presentado la merced sería considerada nula. En la
decisión de 1833 de Corte Suprema en el caso Percheman, Jefe de
Justicia Marshall, cambió la posición previa de la corte, determinando
que, basado en la versión española del tratado, el tratado era auto-
ejecutorio para mercedes perfectas y no necesitaba de ellos para
solicitar su aprobación. Sin embargo, mercedes incompletas requerirían
aprobación y la corte dictaminaria que este aspecto del tratado
requeriría de la legislación del congreso para poder implementar y
resultar efectivo.
En 1822 el Congreso promulgó una legislación autorizando al Presidente
a designar tres comisionados a investigar la "justicia y validez" de
cualquier merced española hecha en Florida. Los comisionados no podían
aprobar mercedes mayores a 1,000 acres o de una cantidad indeterminada
de tierra. Las decisiones se basaron en la ley española y la ley de las
naciones (ley internacional). Los comisionados fueron dirigidos a
preparar un informe sobre cada caso indicando sus decisiones y luego
transmitir el reporte a la Secretaría del Tesoro para remitirlo al
Congreso para su confirmación. Las mercedes confirmadas fueron
inspeccionadas para determinar sus límites precisos. Los comisionados
tenían poderes similares a aquellos designados a implementarse en el
Tratado de Compra de Louisiana y así, como bajo el Tratado de la Compra
de Louisiana, la confirmación de una merced bajo el Tratado de Florida,
era obligatoria sólo a los intereses de los Estados Unidos; no
afectaría ni prevenía los reclamos de reclamantes en contra que creían
tener un título superior, en su presentación en un juicio en contra de
los concesionados en una corte del estado.
En 1823, el Congreso designó tres comisionados adicionales para decidir
sobre los reclamos de Florida del Este, con el grupo original
ocupándose solamente de los reclamos de Florida del Oeste. Los nuevos
comisionados podían aprobar mercedes de hasta 3,500 acres. Una
legislación más tardía extendió el tiempo para presentar los reclamos y
requirió que los reclamantes hubieran cultivado u ocupado la tierra al
momento del tratado. En 1825 el congreso transfirió, las funciones de
los comisionados en Florida del Oeste al registrador y receptor de la
oficina de tierras, cuya tarea era decidir todos los reclamos y títulos
de la tierra en Florida del Oeste. Durante los dos siguientes años, el
Congreso confirmó títulos de tierras tanto en Florida del Este como la
del Oeste. Al igual que la ley de 1823, la ley de 1825 hizo que las
confirmaciones del Congreso fueran solo para renunciar el interés de
los Estados Unidos por esas tierras y no impidiera a reclamantes en
contra a hacer valer títulos superiores. Luego que las mercedes
confirmadas fueran inspeccionadas y la inspección remitida al
registrador de la oficina de tierras, la oficina de tierras expedía un
certificado al reclamante. Con la presentación del certificado a la
Secretaría del Tesoro, el reclamante recibía una patente por el terreno
confirmado.
En 1828 el Congreso confirmó las decisiones del registrador y receptor
de Florida del Este y estableció un límite de una legua cuadrada para
las mercedes remitidas para su confirmación. El Congreso también
autorizó a la corte superior del distrito donde la propiedad se
localizaba a decidir sobre reclamos que no habían sido aprobados. Sin
embargo, los únicos reclamos que podían resolverse en corte fueron los
que habían sido presentados previamente con los comisionados o los
registradores y receptores para la confirmación y constituían una mayor
área en acres que la que ellos podían confirmar. Se le requería a la
corte seguir las reglas, restricciones y otras limitaciones aplicables
a la corte del distrito del estado de Missouri en la legislación de
1824. El reclamante, así como los Estados Unidos podían apelar a la
Corte Suprema sobre una decisión adversa de la corte superior. En 1830
el Congreso requirió que todos los reclamos no resueltos fueran
decididos en la corte superior de acuerdo con el estatuto de 1824. Esta
ley también estableció que una persona con un reclamo adverso al del
solicitante debía incluirse como una de las partes en el caso de la
corte.
Finalmente, en 1860, el Congreso pasó la legislación para confirmar los
reclamos de tierras en Florida, Louisiana y Mississippi que no habían
sido presentados previamente. Oficiales locales estatales actuaron como
comisionados e hicieron recomendaciones al Comisionado de la Oficina de
Tierras Generales, quien transmitiría las recomendaciones al Congreso
para su confirmación. Como una alternativa, el reclamante podía
solicitar a la corte de distrito de los Estados Unidos en cada uno de
los Estados que dictara sentencia sobre el reclamo con una apelación a
la Corte Suprema en caso de una decisión adversa.
[Extremo de la sección]
Apéndice II: Artículos VIII, IX y Artículo X Eliminado Del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, 1848:
Lo siguiente son las provisiones del Tratado de Guadalupe-Hidalgo
perteneciente a la protección de propiedad. VIII y IX fueron incluidos
en el Tratado final; Artículo X fue eliminado. El texto completo del
Tratado se puede encontrar en 9 Stat. 922.
Artículo VIII;
Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a
México y que queden para lo futuro dentro de los límites señalados por
el presente Tratado a los Estados Unidos, podrán permanecer en donde
ahora habitan o transladarse en cualquier tiempo a la República
Mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que
poseen o enagenándolos y pasando su valor a donde les convenga, sin
que por esto pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen
o impuesto;
Los que prefieran permanecer en los indicados territorios podrán
conservar el título y derechos de ciudadanos mexicanos, o adquirir el
título y derechos de ciudadanos de los Estados Unidos. Mas la elección
entre una y otra ciudadanía deberán hacerla dentro de un año contado
desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado. Y los
que permanecieren en los indicados territorios después de transcurrido
el año sin haber declarado su intención de retener el carácter de
mexicanos, se considerará que han elegido ser ciudadanos de los Estados
Unidos;
Las propiedades de todo género existentes en los expresados territorios
y que pertenecen ahora a mexicanos no establecido en ellos, serán
respetados inviolablemente. Sus actuales duenos, los herederos de
éstos, y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato
las indicadas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplia
garantía como si perteneciesen a ciudadanos de los Estados Unidos;
Artículo IX;
Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el
carácter de ciudadanos de la República Mexicana, según lo estipulado
en el artículo precedente, serán incorporados en la Unión de los
Estados Unidos y se admitirán en tiempo oportuno (a juicio del
Congreso de los Estados Unidos), al goce de todos los derechos de
ciudadanos de los Estados Unidos, conforme a los principios de la
Constitución, y entre tanto serán mantenidos y protegidos en el goce
de su liberatad y propiedad y asegurados en el libre ejercicio de su
religión sin restricción alguna;
Artículo X;
Todas las concesiones de tierra hechas por el Gobierno Mexicano o por
las autoridades competentes en territorios que pertenecieron antes a
México y quedan para lo futuro dentro de los límites de los Estados
Unidos, serán respetadas como válidas, con la misma extensión con que
lo serían si los indicados territorios permanecieran dentro de los
límites de México. Pero los concesionnarios de tierras en Texas que
hubieren tomado posesión de ellas y que por razón de las circunstancias
del país desde que comenzaron las desavenencias entre el Gobierno
Mexicano y Texas, hayan estado impedidos de llenar todas las
condiciones de sus concesiones, tendrán la obligación de cumplir las
mismas condiciones dentro de los plazos señalados en aquéllas
respectivamente, pero contados ahora desde la fecha del canje de las
ratificaciones de este Tratado;
por falta de lo cual las mismas, concesiones no serán obligatorias
para el Estado de Texas, en virtud de las estipulaciones contenidas en
este artículo;
La anterior estipulación respecto de los concesionarios de tierras en
Texas se extiende a todos los concesionarios de tierras en los
indicados territorios fuera de Texas que hubieren tomado posesión de
dichas concesiones;
y por falta de cumplimiento de las condiciones de alguna de aquéllas,
dentro del nuevo plazo que empieza a correr el día del canje de las
ratificaciones del presente Tratado, según lo estipulado arriba, serán
las mismas concesiones nulas y de singún valor....
[Extremo de la sección]
Apéndice III: Extracto del Protocolo de Querétaro:
El Protocolo de Querétaro consiste en un párrafo introductorio, tres
provisiones y un párrafo concluyente. El siguiente texto presenta la
totalidad de la primera provisión, una parte de la segunda, que tenía
que ver con las mercedes, y el párrafo concluyente.
1* El Gobierno Americano, suprimiendo el artículo IX del Tratado de
Guadalupe y substituyendo a él el artículo III del de la Lousiana, no
ha pretendido disminuir en nada lo que estaba pactada por el artículo
IX en favor de los habitantes de los territorios cedidos por México.
Entiende que todo esto está contenido en el artículo III del Tratado
de la Louisiana. En consecuencia, todos los goces y garantías que en
el orden civil, en el político y religioso tendrían los dichos
habitantes de los territorios cedidos si hubiese subsistido el
artículo IX del Tratados, esos mismos, sin diferencis alguna, tendrán
bajo el artículo que se ha substituído;
2* El gobierno Americano, suprimiendo el artículo X de Tratado de
Guadalupe, no ha intentado, de ninguna manera, anular las concesiones
de tierras hechas por México en los territorios cedidos. Esas
concesiones, aun suprimiendo el articulo del Tratado, conservan el
valor legal que tengan, y los concesionarios puedes hacer valer sus
títulos legítimos ante los tribunales americanos;
Conforme a la ley de los Estados Unidos, son títulos legitmos en favor
de toda propiedad mueble o raíz, existente en los territorios cedidos,
los mismos que hayan sido títulos legítimos bajo la ley mexicana hasta
el día 13 de mayo de 1846 en Californias y en Nuevo México, y hasta el
día 2 de marzo de 1836 en Texas...
Y habiendo aceptado estas explicaciones el Ministro de Relaciones de
la República Mexicana, declara en nombre de su Gobierno, que bajo los
conceptos que ellas importan, va a proceder el mismo Gobierno a
ratificar el Tratado de Guadalupe, según ha sido modificado por el
Senado y Gobierno de los Estados Unidos. En fe de lo cual firmaron y
sellaron por quintuplicado el presente Protocolo los Excelentísimos
senores Minisros y Comisionados antedichos.
[Extremo de la sección]
Apéndice IV: Extracto del tratado con respecto a la Compra de Gadsden:
El tratado de la Compra de Gadsden fue parte de un tratado mayor entre
los Estados Unidos y México llamado el Tratado de Límites, Cesión del
Territorio, Tránsito del Istmo de Tehuantepec, el cual fue firmado el
30 de Diciembre de 1853. El siguiente texto presenta los Artículos V y
VI de este tratado.
El texto completo del tratado puede encontrarse en 10 Stat. 1031.
Artículo V;
Todas las estipulaciones de los articulos, octavo, noveno, décimosexto
y décimo setimo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se aplicarán al
territorio cedido por la República Mexicana en el artículo primero del
presente tratado, y á todos los derechos de persona y bienes, tanto
civiles como eclesiásticos, que se encuentren dentro de dicho
territorio, tan plena y tan eficazmente como si dichos articulos de
nuevo se insertaran é incluyeran á la letra en este;
Artículo VI;
No se considerarán válidas, ni se reconocerán por los Estados Unidos
ningunas concesiones de tierras en el territorio cedido por el
artículo primero de este tratado, de fecha subsecuente al dia veinte y
cinco de Septiembre en que el ministro y signatario de este tratado
por parte de los Estados Unidos propuso al Gobierno de México dirimir
la cuestion de limites; ni tampoco se respetarán, ni considerarán como
obligatorias ningunas concesiones hechas con anterioridad que no hayan
sido inscritas y debidamente registradas en los archivos de México.
[Extremo de la sección]
Apéndice V: Extractos de la Legislación de 1851 para Confirmar las
Mercedes de Tierras en California:
Lo siguiente son extractos de la Ley de 1851 "Una Ley para determinar
y resolver los reclamos de Tierras Privadas en el Estado de
California." El texto completo de la Ley de 1851 se encuentra en 9
Stat. 631.
Que sea promulgado por el Senado y la Casa de Representantes de los
Estados Unidos de América congregados en el Congreso, Que por el
propósito de determinar y resolver las reclamaciones de tierras
privadas en el Estado de California, se debe constituir y por lo tanto
es constituido, una comisión que debe consistir en tres comisionados
que deben ser nombrados por el Presidente de los Estados Unidos a
través de y con el consejo y consentimiento del Senado, dicha comisión
deberá continuar por tres años desde la fecha de este acto, a menos
que sea discontinuada por el Presidente de los Estados Unidos;
Sec. 2. Y que sea además promulgado, Que un secretario hábil en los
idiomas de español e inglés nombrado por los comisionados y quien será
encargado de servir de interprete y mantener un registro de los
procedimientos del consejo en un libro encuadernado que será
registrado en la oficina del Secretario del Interior al terminar su
cargo;
Sec. 3. Y que sea además promulgado, Que tal oficinistas no sean más
que 5, cuando sea necesario, y serán nombrados por los comisionados;
Sec. 4. Y que sea además promulgado, De manera tal de que esté acorde a
ley por el Presidente de los Estados Unidos para ser dirigida a un
agente entendido en leyes y competente en los idiomas de español e
inglés, cuya tarea especial deberá ser la de supervisar los intereses
de los Estados Unidos en el local, y que permanezca en dicha agencia el
tiempo que sea requerido en función del interés público, y que a juicio
del Presidente, requiera su continuación...
Sec. 5. Y que sea además promulgado, Que los susodichos comisarios se
reunirán en sesión donde y cuando será dirigido por el Presidente de
los Estados Unidos y sobre el cual darán debida noticia pública; y el
mariscal del distrito en que el consejo se reúne, nombrará un diputado
que será disponible a los órdenes del consejo y que recibirá la misma
compensa que se permite dar al mariscal por su asistencia en la Corte
del Distrito;
Sec. 6. Y que sea además promulgado, Que los susodichos comisarios
cuando en sesión como consejo, y cada comisionado en sus cámaras serán,
son, y es por la presente autorizados para tomar juramentos y
cuestionar a los testigos en cualquiera de los casos que sean
pendientes ante los comisionados, que todo testimonio de este tipo
será hecho por escrito, y será registrado y preservado en libros
encuadernados que se proveerán para ese fin;
Sec. 7. Y que sea además promulgado, Que el secretario del consejo,
será y es por la presente autorizado y requerido a dictar, ante la
solicitud de un agente de ley o abogado del distrito de los Estados
Unidos o cualquier reclamante o su abogado, mandamientos de subpoena
requiriendo la asistencia de un testigo o testigos ante el mencionado
consejo o cualquier comisionado;
Sec. 8. Y que sea además promulgado, De manera tal que cada y cualquier
persona que reclame tierras en California por virtud de cualquier
derecho o título derivado del gobierno español o mexicano, debe
presentar estos a los mencionados comisionados, cuando se reúnan en el
consejo, incluyendo aquella evidencia documental y testimonio de
testigos en que el mencionado reclamante puede confiar en apoyo de su
reclamo; y deberá ser la obligación de los comisionados, cuando el
caso este preparado para una audiencia, proseguir enseguida a examinar
lo mismo bajo dicha evidencia y la evidencia producida en favor de los
Estados Unidos y decidir sobre la validez del reclamo mencionado y
entre treinta días después de que las decisiones sean tomadas, para
certificar lo mismo, con las razones sobre las cuales se basa, para el
abogado del distrito de los Estados Unidos y para el distrito sobre la
cual su decisión deba ser dada;
Sec. 9. Y que sea además promulgado, Que en todos los casos de rechazo
o confirmación de cualquier reclamo por parte del consejo de
comisionados, puede y debe ser lícito para el reclamante o el abogado
de distrito, en beneficio de los Estados Unidos, de presentar una
petición a la Corte del Distrito en la cual la tierra en disputa se
encuentra situada, suplicando a dicha corte la revisión de la decisión
de lo anotado por los comisionados, y decidir sobre la validez de
dicha reclamación...[E]el dicho caso será procesado...;
Sec. 10. Y que sea además promulgado, Que la Corte de Distrito deba
proceder a dar un juicio sobre las peticiones y evidencias del caso y
sobre aquellas evidencias adicionales que sean tomadas por orden de la
dicha corte y deberá en aplicación de la parte en contra cuyo juicio
se preste, otorgar una apelación a la Corte Suprema de los Estados
Unidos, de tal garantía para los costos en la Corte de Distrito y Corte
Suprema, en caso de que el juicio de la Corte de Distrito deba ser
afirmado, según la dicha corte la prescriba; y si la corte deba estar
satisfecha que la parte que desea la apelación sea incapaz de otorgar
aquella garantía, la apelación pueda ser permitida sin garantía;
Sec. 11. Y que sea además promulgado, Que los comisionados aquí
estipulados, y la Corte de Distrito y la Corte Suprema, en decidir
sobre la validez de cualquier demanda presentada ante ellos bajo las
disposiciones de este acto, deberá ser gobernada por el tratado de
Guadalupe-Hidalgo, la ley de las naciones, las leyes, usos y costumbres
del gobierno del cual la demanda es derivada, los principios de equidad
y las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la
medida que estas sean aplicables. ...
Sec. 13. Y que sea además promulgado, Que todas las tierras, las
demandas que hayan sido finalmente rechazadas por los comisionados de
la forma aquí estipuladas, o que deban ser finalmente decididas de ser
inválidas por la Corte de Distrito o la Corte Suprema, y todas las
demandas de las tierras que no deban ser presentadas a los dichos
comisionados en el transcurso de dos años desde la fecha de este acto,
deban ser juzgadas, retenidas y consideradas como parte del dominio
público de los Estados Unidos; y por todas las demandas finalmente
confirmadas por los dichos comisionados, o por la dicha Corte de
Distrito o Corte Suprema, una patente debe ser emitido al reclamante
después de presentar a la oficina de tierras generales un certificado
auténtico de tal confirmación y un plano o medición de la dicha tierra,
debidamente certificada y aprobada por el agrimensor general de
California, cuyo deber será causar que las demandas privadas que
deberán ser finalmente confirmadas sean medidas con exactitud y proveer
planos de los mismos;...Proveído, siempre, Siendo que si el título del
reclamante de aquellas tierras deba ser rebatido por alguna otra
persona, deba y pueda ser lícito para esta persona presentar una
petición al juez de distrito de los Estados Unidos para el distrito en
que las tierras están situadas y de manera clara y distintiva
presentando además su título, y rogando al dicho juez que oiga y
determine el mismo, una copia en cuya petición será presentado a la
parte adversaria treinta días antes de la fecha estipulada para la
audiencia del mismo. Y proveído, además, Que debe y pueda ser lícito
para el juez de distrito de los Estados Unidos, de acuerdo a la
audiencia de tal petición, de otorgar un mandato judicial para
restringir a la parte a cuya instancia se ha confirmado el reclamo de
dichas tierras, de la demanda de patentes por lo mismo, hasta que el
título sea finalmente decidido, una copia del orden debe ser
transmitido al comisionado de la oficina de tierras generales y por lo
tanto la patente no debe ser dada hasta que esa decisión deba ser hecha
o hasta que el suficiente tiempo debiendo, en opinión del dicho juez,
haber permitido en la obtención del mismo, y posteriormente que dicho
mandato judicial debe ser disuelta;
Sec. 14. Y que sea además promulgado, Que las provisiones de este acto
no deban extenderse a ningún lote de pueblo, lote de granja o lote de
pradera, mantenido bajo concesión de ninguna corporación o pueblo de
cuyas tierras pudieran haber sido concedidas por el establecimiento
del pueblo por parte del gobierno español o mexicano, o las
autoridades lícitas del mismo, y no al lote de cualquier ciudad,
pueblo o aldea, cuya ciudad, pueblo o aldea existiera el séptimo día
de julio de mil ochocientos cuarenta seis; pero el reclamo por lo
mismo debe ser presentado por las autoridades corporativas de dicho
pueblo, o donde la tierra donde dicha ciudad, pueblo o aldea fue
originalmente concedida a un individuo, la demanda debe ser presentada
por o en nombre de dicho individuo, y el hecho de existencia de dicha
ciudad, pueblo o aldea en dicho siete de julio mil ochocientos cuarenta
y siete, siendo probado adecuadamente, siendo prueba suficiente de
evidencia a primera vista de una concesión para tal corporación, o al
individuo bajo el quien los mencionados poseedores de lotes reclaman;
y en donde cualquier ciudad, pueblo o aldea deberá estar en existencia
en el tiempo de aprobarse este acto, la demanda de la tierra
comprendida entre los límites del mismo pueda ser hecha por parte de
la autoridad corporativa de dicha ciudad, pueblo o aldea;
Sec. 15. Y que sea además promulgado, Que los decretos finales
rendidos por los dichos comisionados o por la Corte de Distrito o la
Corte Suprema de los Estados Unidos o cualquier patente sea generado
bajo este acto será conclusivo solamente entre los Estados Unidos y
los dichos reclamadores y no deba afectar los intereses de terceras
personas.
[Extremo de la sección]
Apéndice VI: Extractos de la Ley de 1854 que establece la Oficina del
Agrimensor General de Nuevo México:
Lo siguiente es un extracto de la Ley de 1854 "Una ley para establecer
las oficinas del Agrimensor General de Nuevo México, Kansas, y
Nebraska, para conceder Donaciones a Pobladores allí mismo y por otras
razones." El texto completo del estatuto puede ser encontrado en el
10. Stat. 308.
Sec. 8. Y que sea además promulgado, Que debe ser la obligación del
Agrimensor General, de acuerdo a las dichas instrucciones de la manera
en que han sido dadas por el Secretario del Interior, averiguar el
origen, naturaleza, carácter y extensión de todas las reclamaciones de
tierras bajo las leyes, usos y costumbres de España y México; y por
este propósito, puede dar noticias, citar a personas como testigos,
juramentar y hacer y desempeñar todos los demás actos necesarios en el
local. El deberá hacer un reporte completo de todas dichas
reclamaciones de acuerdo a como se hayan originado antes de la cesión
del territorio a los Estados Unidos de acuerdo al tratado de Guadalupe-
Hidalgo, de mil ochocientos cuarenta y ocho, indicando los varios
grados de título, con su decisión respecto a la validez o la invalidez
de cada uno de los mismos bajo las leyes, usos y costumbres del país
antes de la cesión a los Estados Unidos; y deberá también hacer un
reporte con respecto a todos los pueblos existentes en el Territorio,
mostrando la extensión y ubicación de cada uno, estableciendo el
número de habitantes en dichos pueblos respectivamente y el carácter
esencial de sus títulos de la tierra. Este reporte, debe realizarse de
acuerdo a la forma en que sea prescrita por el Secretario del
Interior; el reporte será puesto ante el Congreso para que dicha
acción sea estimada justa y propia, con una opinión para confirmar
concesiones en buena fe y darle vigor total al tratado de mil
ochocientos cuarenta y ocho entre Estados Unidos y México; y hasta la
acción final del Congreso de tales reclamaciones, todas las tierra
cubiertas así deberán ser reservadas de la venta u otra disposición
por parte del gobierno, y no deberán estar sujetas a donaciones
concedidas por las provisiones previas a este acto.
[Extremo de la sección]
Apéndice VII: Extractos de la Ley de 1891 que Establece la Court of
Private Land Claims:
Lo siguiente son extractos de la Ley de 1891, "Una ley para establecer
un tribunal para el reclamo de tierras privadas en ciertos Estados y
Territorios." El texto completo del estatuto puede ser encontrado en
26 Stat. 854.
Sec. 3. Que inmediatamente después de la organización del dicho
tribunal el actuario dará noticias del mismo y de la hora y el lugar
de la primera sesión del mismo, que será publicada por 90 días en un
periódico en la ciudad de Washington y uno publicado en la capital del
estado de Colorado y en los Territorios de Arizona y New México. Tales
noticias serán publicadas en español y en inglés y contendrán la
sustancia de la ley;
* * *
Sec. 6. Que debe y puede ser lícito para cualquier persona o personas o
corporación, o sus representantes legales, reclamando tierras entre
los límites del territorio derivado por los Estados Unidos de la
República de México y que ahora se encuentran dentro de los
Territorios de Nuevo México, Arizona, o Utah, o entre los Estados de
Nevada, Colorado o Wyoming en virtud de cualquiera de las mercedes,
concesiones, garantías o inspecciones, de España o México a la vez que
los Estados Unidos se hallan obligados en el reconocimiento y
confirmación en virtud de los tratados de cesión de dicha región por
parte de México a los Estados Unidos que a la fecha de la aprobación
de esta ley no han sido confirmadas por el Congreso, o de otra manera
finalmente decididas a partir de una autoridad legal, y las cuales no
están todavía completas y perfectas, que en cada uno de los tales casos
se debe presentar una petición, por escrito, a dicha corte en el
Estado o Territorio donde dicha tierra esta situada y donde dicha corte
mantiene sus sesiones, pero los casos que proceden en los Estados y
Territorios en donde la corte no mantenga sesiones regulares pueden
ser instituidas en tal lugar así como pueda ser designada por las
reglas de la corte...;
Sec. 7. Que todos los procedimientos subsecuentes a la interposición
de dicha petición deban ser conducidos de forma tan cercana como se
pueda de acuerdo a la práctica de las cortes de equidad de los Estados
Unidos, excepto que la respuesta del abogado de los Estados Unidos no
se requerirá ser verificado con su juramento, y que excepto esto,
tanto como sea practicable, el testimonio deba ser tomado en corte o
ante uno de los jueces. Que la dicha corte deba tener poder total y
autoridad para oír y determinar todas las cuestiones que surjan en
casos ante si relativos al título de la tierra, sujeto de cada caso,
la extensión, ubicación y límites de esto y otros asuntos conectados
con esto idóneo y propio de ser escuchado y determinado y a través de
un decreto final establecer y determinar la cuestión sobre la validez
del título y los límites de la merced o reclamación presentada para
ser determinada, de acuerdo a la ley de las naciones, las
estipulaciones del tratado concluidas entre los Estados Unidos y la
Republica de México en la ciudad de Guadalupe- Hidalgo, en el segundo
día de febrero, en el año de nuestro Señor de mil ochocientos cuarenta
y ocho, o el tratado que se concluyó entre los mismos poderes en la
ciudad de México el día treinta de diciembre, en el año de nuestro
Señor de mil ochocientos cincuenta y tres y las leyes de las ordenanzas
del Gobierno de las cuales se alega de haber derivado y otras
cuestiones que hallan surgido entre los reclamantes y otras partes en
el caso y los Estados Unidos, cuyo decreto deba en todos los casos
referirse al tratado, ley o ordenanza bajo cuya tal reclamación se
confirma o rechaza; y en confirmando cualquier reclamo en su totalidad
o en sus partes la corte debe en su decreto, especificar claramente la
ubicación, límites y área de la tierra a que cuya reclamación ha sido
confirmada;
Sec. 8. Que cualquier persona o corporación que se encuentre reclamando
tierras en cualquiera de los Estados o Territorios mencionados en esta
ley bajo un título derivado de los gobiernos de España o México que
estuvo completo y perfecto a la fecha cuando los Estados Unidos
adquirieron soberanía allí dentro, deban tener el derecho (pero no
deban ser obligados) a aplicar a dicha corte la manera en que este
acto es provisto por otros casos para la confirmación de dicho título;
y en dicha solicitud, dicha corte procederá a escuchar, probar y
determinar la validez del mismo y el derecho del reclamante a eso, su
extensión, localización, y límites, de la misma manera y con los
mismos poderes así como en otros casos de este acto mencionado;
Si en cualquier caso, un titulo reclamado como perfecto, tal
confirmación deba ser establecido y confirmado, tal confirmación deba
ser solamente por tal cantidad de tierra que tal título perfecto cubra,
siempre exceptuando cualquier parte de dicha tierra que deba haber
sido dispuesta por los Estados Unidos y siempre sujeta, y sin afectar
ningún conflicto privado de intereses, derechos o reclamaciones
mantenidas de manera adversa frente cualquier reclamación o título, o
adversas a quien mantiene dicha reclamación o título. Ninguna
confirmación o reclamación o título en esta mencionada sección deba
tener ningún efecto fuera de o menos a aquel tal como la liberación de
toda demanda o título por los Estados Unidos; y ningún derecho privado
de persona alguna entre sí misma u otros reclamantes o personas, al
respecto de cualquiera de dichas tierras, deban ser de ninguna manera
afectadas debido a eso;
Debe ser lícito y deber del jefe del Departamento de Justicia, para
cuando sea, en su opinión, del interés publico o los derechos de
cualquier reclamante lo requieran, hacer que el abogado de los Estados
Unidos presente en dicha corte una petición en contra del tenedor o
poseedor de cualquier reclamo o tierra en cualquiera de los Estados o
Territorios mencionados en esta ley, que no hallan venido
voluntariamente, bajo las provisiones de esta ley, declarando, en
esencia, que el título de tenedor o poseedor está abierto a
cuestionamiento, o declarando, en esencia, que los límites de esta
cualquier tierra, el reclamante o poseedor de, o lo cual no ha sido
traído el asunto a la corte, están abierto a cuestionamiento y
suplicando, que el título de dicha tierra cualquiera, o los límites del
mismo, si el título es admitido, resuelto y juzgado; y por encima de
eso la corte deba, en dicha notificación a dicho reclamante o poseedor
de manera que estime razonable, proceder a escuchar, juzgar y
determinar los cuestionamientos mencionados en dicha petición o
surgiendo de la materia, y determinar la materia de acuerdo a ley,
justicia y las provisiones de esta ley pero sujeta a todos los derechos
legítimos adversos a dicho reclamante o poseedor, así como entre dicho
reclamante y poseedor y cualquier otro reclamante o poseedor y sujeto
en este respecto a todas las provisiones de esta sección que se
aplican a ello;
Sec. 9. Que la parte en contra de la cual la corte deberá en cualquier
caso decidir--los Estados Unidos, en caso de decidir la confirmación
del reclamo en totalidad o en parte, y el reclamante, en caso de
rechazo de una reclamación, en su totalidad o en parte--deba tener el
derecho de apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, dicha
apelación deberá ser aceptada dentro de seis meses de la fecha de tal
decisión y en todas las consideraciones a ser tomadas en la misma
manera y en las mismas condiciones, excepto en respeto a la cantidad en
controversia, como es ahora provista por ley por la aceptación de
apelaciones de decisiones del juzgado de la corte circuito de los
Estados Unidos. En cualquiera de estas apelaciones la Corte Suprema
que deberá volver a procesar la causa, tanto las cuestiones de los
hechos como la ley que puedan causar testimonio a ser incorporados en
adición a la de la corte inferior y que pueda enmendar el registro de
los procedimientos abajo como la verdad y justicia puedan requerir; y
en tal nuevo juicio y audiencia cada una de las cuestiones deba ser
abierta y la decisión de la Corte Suprema sobre eso será final y
conclusiva. Si no haya ninguna apelación tomada, como mencionado
antes, el decreto de la corte inferior, será final y conclusiva...;
Sec. 10. Que cuando cualquier decisión de confirmación se finalizará,
el actuario de la corte en la cual se hará la decisión final,
certificará que la decisión definitiva del hecho para el Comisionado
de la Oficina de Tierras Generales, con una copia del decreto de
confirmación, la cual deberá establecer plenamente la ubicación,
límites y área de la extensión confirmada. Dicho Comisionado por lo
tanto, sin demora alguna, hará que la extensión ya confirmada que sea
inspeccionada a expensas de los Estados Unidos. Cuando cualquiera de
estas inspecciones halla sido hecho y retornada al agrimensor-general
del Territorio o Estado correspondiente y el mapa de la parcela este
completada, el agrimensor-general deberá dar noticia que lo mismo ha
sido hecho, al publicar una vez a la semana, por cuatro semanas
consecutivas en dos periódicos, uno publicado en la capital del
Territorio o Estado y el otro (si tal existiere) publicado cerca de la
tierra inspeccionada, dichas notificaciones a ser publicadas en ambos
idiomas español e inglés; y el agrimensor-general deberá conservar
dichas inspecciones y mapas de las parcelas en su oficina para la
inspección pública por todo el periodo de noventa días a partir de la
fecha de la primera publicación de la notificación en el periódico de
la capital del Territorio o Estado;
Si para cuando la expiración de tal periodo no se ha interpuesto,
ninguna objeción a dicha inspección ante él, deberá aprobar la misma y
reenviarla al Comisionado de la Oficina de Tierras Generales. Si en el
periodo prescrito de noventa días se hacen objeciones a dicha
inspección, ya sea por cualquiera de las partes, reclamando un interés
en la confirmación o por cualquiera de las partes reclamando un
interés en la extensión que se abarca en la inspección o cualquiera de
ella, dicha objeción deberá hacerse por escrito, estableciendo de
manera distintiva el interés del objetante y las bases de su objeción,
y firmada por él o su abogado y antepuesta ante el agrimensor-general,
con declaración jurada u otras pruebas que el halla generado para
apoyar su objeción. A la expiración de los dichos noventa días el
agrimensor-general deberá reenviar dicha inspección con las objeciones
y pruebas antepuestas en apoyo o en oposición a tales objeciones y su
reporte sobre eso al Comisionado de la Oficina de Tierras Generales;
Inmediatamente después de recibir tal inspección, con o sin las
objeciones a ella, dicho Comisionado deberá transmitir la misma, con
todos los papeles acompañantes, a la corte en donde la decisión final
fue hecha para la examinación de la inspección y de cualquier objeción
y prueba que halla sido interpuesto, o halla sido preparada; y dicha
corte deberá por consiguiente determinar si dicha inspección se
encuentra esencial concordancia con el decreto de confirmación. Si lo
encuentra correcto, la corte deberá dirigirse a su actuario para adosar
la carátula del mapa de la parcela para su aprobación. Si se halla
correcto, la corte deberá devolver el mismo para su corrección en
aquellos particulares como hallan sido dirigido. Cuando cualquier
inspección es finalmente aprobada por la corte, esta debe ser
regresada al Comisionado de la Oficina de Tierras Generales, el que
deberá, lo más pronto como genere una patente a ser enviada sobre eso
al confirmado;
* * *
Sec. 12. Que todas las reclamaciones mencionadas en la sección seis de
esta ley que han sido, a través de las provisiones, de esta ley,
autorizadas para ser procesadas deban, al final de dos años a partir
que tenga efecto esta ley, si no hay una petición al respecto a la
misma hallan sido interpuesto como aquí se ha provisto anteriormente,
deban ser estimadas y consideradas, en todas las cortes y en demás
lugares, a ser abandonado y deban por siempre ser prohibida la
entrada...;
Sec. 13. Que todos los procedimientos precedentes y derechos deban
conducidos y decididos sujetos a las siguientes provisiones así como
las otras provisiones de esta ley, a saber:
Primero. Ninguna reclamación debe ser permitida que no aparezca bajo un
título legalmente y regularmente derivado por parte del gobierno de
España o México, o cualquiera de los estados de la República de México
que posea la legítima autoridad para hacer mercedes de tierras, y una
que si bien no entonces completa y perfecta a la fecha de la
adquisición del territorio por parte de los Estados Unidos, el
reclamante debería haber tenido un derecho legítimo para hacer
perfecto si los Estados Unidos no hubieran adquirido el territorio, y
que los Estados Unidos están limitados por principios de la ley
pública, o por provisiones del tratado de cesión, para respetar y
permitir que se puedan completar y perfeccionar si el mismo estaba en
dicha fecha ya completo y perfecto;
Segundo. A ninguna reclamación deberá permitírsele interferir o abolir
ningún título indio justo e inextinguible o el derecho a la tierra o
el espacio;
* * *
Cuarto. A ninguna reclamación deberá permitírsele, para ninguna tierra,
el derecho para el cual hasta la fecha ha sido legítimamente legislado
y decidido por el Congreso, o bajo su autoridad;
Quinto. Ningún decreto, proceso, o ley bajo esta ley deberá concluir o
afectar los derechos privados de las personas entre unas y otras, todas
cuyos derechos deberán estar reservados y a salvo para el mismo efecto
como si esta ley no hubiera sido aprobada; pero los decretos en proceso
y las leyes aquí provistas deberán ser concluyentes sobre todos los
derechos entre los Estados Unidos y todas las personas que reclaman
cualquier interés o derecho en dichas tierras;
Sexto. Ninguna confirmación de, o decreto con respecto a cualquier
reclamo bajo esta ley funcionará de cualquier manera o tendrá efecto
contra los Estados Unidos sino para soltar por los Estados Unidos su
derecho y título a la tierra confirmada ni operará para hacer de los
Estados Unidos responsable de cualquier manera con respecto a cualquier
merced, reclamo, o tierras, o su disposición que no ya sea por esta
ley proveído;
Séptimo. Ninguna confirmación con respecto a reclamos y tierras
cualesquiera mencionadas en la sección sexta de esta ley o con
respecto a cualquier reclamo o título que no fue completa y perfecta al
tiempo de la transferencia de soberanía a los Estados Unidos como
referido en la ley, será en cualquier caso hecha o patente concedido
para una cantidad más grande que once leguas cuadradas de tierra a o
en la derecha de cualquier concesionario o reclamante original o en la
derecha de uno de cualquier merced original a dos o más personas
colectivamente ni por una cantidad más grande que fue autorizada por
las leyes respectivas de España y México aplicables al reclamo;
Octavo. Ninguna concesión, mercedes, u otra autoridad para adquirir
tierra realizada sobre cualquier condición o requerimiento, ya sea
antecedente o subsiguiente, deberán ser admitidas o confirmado a menos
que deba aparecer que cada una de estas condiciones y requerimiento
estuviera representado a través del tiempo y de manera establecida en
cualquier concesión, merced, o otra autoridad para adquirir la tierra..
.
Sec. 14. Que si en cualquier caso aparezca que las tierras o cualquier
parte, que fue decreto a cualquier reclamante, bajo las provisiones de
esta ley debería haber sido vendido o concedido por los Estados Unidos
a cualquier persona, tal título de los Estados Unidos a tal otra
persona debe mantenerse válido, a pesar de tal decreto, y después de
ser probado suficientemente a tal corte, de la venta o concesión y el
valor de las tierras así vendidas o concedidas, tal corte juzgará a
favor de tal reclamante contra los Estados Unidos por el valor
razonable de tales tierras así vendidas o concedidas, excluyendo los
mejoramientos sin exceder un dólar y veinticinco centavos por acre por
tales tierras; y tal juicio, cuando encontrado, será cobrado a la
Tesorería de los Estados Unidos. Cualquier de las partes demandantes
por tal juicio pueden apelarlo de la misma manera proveída aquí dentro
en los casos de confirmación de mercedes españolas o mexicanas. Con el
intento de determinar el valor y cantidad de tales tierras, la corte
podrá ordenar inspecciones y pruebas tomadas ante la corte o por un
comisionario nombrado para este propósito por la corte;
* * *
Sec. 16. Que en las inspecciones del ayuntamiento de aquí en adelante a
hacerse en los Territorios de Nuevo México, Arizona y Utah y en los
Estados de Colorado, Nevada y Wyoming si se deba hacer parecer a
satisfacción del agrimensor suplente realizando tales inspecciones que
cualquier persona ha hecho, en si mismo, sus ancestros, otorgante o
los sucesores legítimos con título o posesión, siendo en la actual
adversa continua posesión de buena fe, residiendo sobre esto como su
casa, de cualquier trecho de tierra o en conexión con eso o otras
tierras, todas de manera conjunta no excediendo ciento sesenta acres
en dicho ayuntamiento por los próximos veinte años precediendo el
tiempo de la realización de dicha inspección, el inspector suplente
deberá reconocer y establecer los límites de tal posesión y hacer
dicha inspección de la tierras adyacentes en concordancia con esto...;
Sec. 17. Que en el caso de los ayuntamientos inspeccionados de aquí en
adelante en los Territorios de Nuevo México, Arizona y Utah y los
Estados de Colorado, Nevada y Wyoming, todas las personas quienes o
cuyos ancestros, otorgante, sus sucesores legítimos con título o
posesión, devengan en ciudadanos de los Estados Unidos de acuerdo al
tratado de Guadalupe-Hidalgo y quienes han estado en la actual adversa
continua posesión y residencia encima del trecho no excedan ciento
sesenta acres cada uno por los próximos veinte años precediendo esta
inspección, deban tener derecho, de presentar prueba de dichos hechos
para la satisfacción del registro y entrega de las tierras adecuadas
del distrito y del Comisionado de la Oficina de Tierras Generales
sobre dicha investigación tal como es provista por la sección diez y
seis de esta ley, para acceder sin pago por la compra en moneda,
cuotas o comisiones, tal como subdivisiones legales, sin exceder
ciento sesenta seis acres, tal como deben ser incluidos en sus
posesiones: Provistas, sin embargo, Que ninguna persona deba ser
autorizado para entrar mas de una vez dicho trecho, por derecho propio,
bajo las provisiones de su sección...".
[Extremo de la sección]
Apéndice VIII: Organizaciones e Individuos Contactados para los
Reportes de GAO:
Durante el curso de nuestras revisiones para el primer y segundo
reporte de GAO, en relación al Tratado de Guadalupe-Hidalgo, nos
entrevistamos y comunicamos con herederos y miembros de los consejos de
fiduciarios de 45 mercedes comunitarias en Nuevo México. También nos
contactamos con 19 pueblos indios, historiadores, investigadores y
otros quienes han estudiado asuntos sobre las mercedes de tierras.
Esto incluyó abogados que representan los intereses de los herederos
de las mercedes de tierras; oficiales del Bureau of Land Management de
los Estados Unidos, Bureau of Indian Affairs de los Estados Unidos y
el Forest Service de los Estados Unidos; diversos condados en donde las
mercedes de tierras existen; y varios representantes de otras
entidades o intereses asociados con asuntos de las mercedes de tierras
en Nuevo México.
Para el primer reporte, convocamos reuniones con varios herederos y
miembros de los consejos de fiduciarios de las mercedes comunitarias
para lograr un mejor entendimiento de los asuntos de mercedes
comunitarias y solicitar comentarios sobre nuestro acercamiento al
tema. También consultamos con los pueblos indios y les explicamos
nuestro trabajo. Para éste segundo reporte nos reunimos con diversos
miembros de los consejos fiduciarios de las mercedes para recolectar
información. También contactamos de nuevo a los pueblos indios para
discutir nuestro trabajo y sus impactos. Esto incluyó una reunión
informativa al Concilio de Todos los Pueblos Indios en donde
representantes de 10 pueblos indios estuvieron presentes.
A continuación están los nombres de las mercedes, pueblos indios y
otros que fueron contactados.
Mercedes Comunitarias Identificadas a Través de Documentación Original:
Abiquiú (Pueblo de);
Antón Chico (Pueblo de);
Arroyo Hondo Atrisco (Pueblo de);
Bernabé Manuel Montaño;
Cañón de Carnue;
Cañón de Chama;
Cañón de San Diego;
Cebolletta (Pueblo de);
Chaperito (Pueblo de);
Chililí (Pueblo de);
Cubero (Pueblo de);
Don Fernando de Taos;
Juan Bautista Valdez;
Las Trampas (Pueblo de);
Las Vegas (Pueblo de);
Los Trigos Manzano (Pueblo de);
Mora (Pueblo de);
Nicolás Durán de Chaves;
Nuestra Señora del Rosario, San Fernando, y Santiago;
Ojo Caliente;
Petaca;
San Antonio de las Huertas;
San Miguel del Vado;
San Antoñito;
San Joaquín del Nacimiento;
San Pedro;
Santa Bárbara;
Sevilleta;
Tejón (Pueblo de);
Tierra Amarilla;
Tomé (Pueblo de);
Torreón (Pueblo de):
Mercedes Comunitarias Identificadas Por Herederos u Otros:
Alameda (Pueblo de);
Bernalillo (Pueblo de);
Cristóbal de la Serna;
Embudo;
Francisco Montes Vigil;
La Majada Mesita de Juana López;
Polvadera;
Sangre de Cristo;
Santo Domingo de Cundiyó;
Sebastián Martín;
Tecolote (Pueblo de):
Mercedes Comunitarias de los Indígenas Pueblo:
Pueblo de Acoma;
Pueblo de Cochití;
Pueblo de Isleta;
Pueblo de Jémez;
Pueblo de Laguna;
Pueblo de Nambé;
Pueblo de Picurís;
Pueblo de Pojoaque;
Pueblo de San Felipe;
Pueblo de San Ildefonso;
Pueblo de San Juan;
Pueblo de Sandía;
Pueblo de Santa Ana;
Pueblo de Santa Clara;
Pueblo de Santo Domingo;
Pueblo de Taos;
Pueblo de Tesuque;
Pueblo de Zía;
Pueblo de Zuñí:
Académicos, Investigadores y Abogados:
Anselmo F. Arellano, Ph.D., Telaraña Research, Las Vegas, NM;
David Benavides, Abogado, Community and Indian Legal Services of
Northern New Mexico, Santa Fe, NM;
Tomas Benevidez, Abogado, Taos, NM;
Pete V. Domenici, Jr. Abogado, Albuquerque, NM;
Malcolm Ebright, President, Center for Land Grant Studies,
Guadalupita, NM;
Narcisco Garcia, Abogado, Albuquerque, NM;
Jeffrey A. Goldstein, Abogado, Denver, CO Paula Garcia, Director, New
Mexico Acequia Association, Santa Fe, NM;
Felipe Gonzalez, Ph.D, Director, Southwest Research Institute,
University of New Mexico, Albuquerque, NM;
Gerald Gonzales, Abogado, Santa Fe, NM;
G. Emlen Hall, Professor of Law, University of New Mexico,
Albuquerque, NM;
Robert Hemmerich y Valencia, Ph.D., Emeritus Editor, New Mexico
Historical Review, Albuquerque, NM;
Stanley Hordes, President, HMS Associates, Albuquerque, NM;
Richard Hughes, Abogado, Santa Fe, NM;
Christine A. Klein, Professor of Law, University of Florida,
Gainesville, FL;
Teresa Leger de Fernandez, Abogado, Santa Fe, NM;
Carmen Quintana, La Herencia en Santa Fe, Santa Fe, NM;
Jane C. Sánchez, Researcher, Albuquerque, NM;
Joseph Sánchez, Ph.D, Director, Spanish Colonial Research Center, U.S.
National Park Service/University of New Mexico, Albuquerque, NM;
Charles R. Thompson, Abogado, Albuquerque, New Mexico Robert Torrez,
Former State Historian, New Mexico State Archives and Records Center,
Santa Fe, NM;
Frank Trujillo, Historian, Taos, NM;
Victor Westphall, Ph.D., Former President, Historical Society of New
Mexico & CEO, Vietnams Veterans National Memorial, Eagle Nest, NM;
Agencias y Organizaciones:
Gobierno Local:
Condado de Cibola;
Condado de Rio Arriba;
Condado de Santa Fe;
Condado de Taos;
Pueblo de Taos:
Agencias de Gobierno Estatal:
New Mexico Attorney General's Land Grant Task Force;
New Mexico State Records Center & Archives;
University of New Mexico, Center for Southwest Research, Zimmerman
Library; University of New Mexico, Law School Library;
Agencias de Gobierno Federal:
U.S. Bureau of Indian Affairs, Department of the Interior;
U.S. Bureau of Land Management, Department of the Interior;
U.S. Forest Service, Department of Agriculture;
U.S. National Archives and Records;
U.S. National Park Service, Department of the Interior:
Otros Contactos:
All Indian Pueblo Council;
Fray Angelico Chavez Library;
Jicarilla Apache Nation;
New Mexico Land Grant Forum;
Northern New Mexico Stockmen's Association:
[Extremo de la sección]
Apéndice IX: Instrucciones dados por Interior al Agrimensor General de
Nuevo México como requerido por la Ley de 1854:
Instrucciones para el Agrimensor General de Nuevo México;
Oficina de Tierras Generales;
Agosto 21, 1854;
Señor: La octava sección de la ley aprobada el 22 de julio pasado, para
el establecimiento de la oficina del agrimensor general en Nuevo
México declara lo siguiente:
"Sec. 8. Y que sea además promulgado, Que debe ser la obligación del
Agrimensor General, de acuerdo a las dichas instrucciones de la manera
en que han sido dadas por el Secretario del Interior, averiguar el
origen, naturaleza, carácter y extensión de todas las reclamaciones de
tierras bajo las leyes, usos y costumbres de España y México; y por
este propósito, puede dar noticias, citar a personas como testigos,
juramentar y hacer y desempeñar todos los demás actos necesarios en el
local;
El deberá hacer un reporte completo de todas dichas reclamaciones de
acuerdo a como se hayan originado antes de la cesión del territorio a
los Estados Unidos de acuerdo al tratado de Guadalupe- Hidalgo, de mil
ochocientos cuarenta y ocho, indicando los varios grados de título,
con su decisión respecto a la validez o la invalidez de cada uno de los
mismos bajo las leyes, usos y costumbres del país antes de la cesión a
los Estados Unidos; y deberá también hacer un reporte con respecto a
todos los pueblos existentes en el Territorio, mostrando la extensión
y ubicación de cada uno, estableciendo el número de habitantes en
dichos pueblos respectivamente y el carácter esencial de sus títulos
de la tierra. Este reporte, debe realizarse de acuerdo a la forma en
que sea prescrita por el Secretario del Interior; el reporte será ser
puesto ante el Congreso para que dicha acción sea estimada justa y
propia, con una opinión para confirmar concesiones en buena fe y darle
vigor total al tratado de mil ochocientos cuarenta y ocho entre Estados
Unidos y México; y hasta la acción final del Congreso de tales
reclamaciones, todas las tierra cubiertas así deberán ser reservadas
de la venta u otra disposición por parte del gobierno, y no deberán
estar sujetas a donaciones concedidas por las provisiones previas a
este acto.”
La obligación que esta promulgación, que recae sobre el agrimensor
general, es de suma importancia y responsabilidad. El tiene a su cargo
el preparar un reporte fiel a todos los títulos de la tierra en Nuevo
México que tienen su origen antes de que los Estados Unidos sucedieran
en la soberanía de la región y la ley contempla que dicho reporte
permitirá al Congreso hacer una justa y apropiada discriminación entre
aquellos que son bona fide y deben ser confirmados y aquellos que son
fraudulentos o de otra manera carentes de mérito y deben ser
rechazados;
El tratado de 1848 entre los Estados Unidos y México (United States
Statutes at Large, volumen 9, página 922) se estipula expresamente en
el artículo 8vo y 9no para la seguridad y protección de la propiedad
privada. Los términos ahí empleados a dicho respecto son los mismos en
esencia a aquellos usados en el tratado de 1803 por medio de los
cuales la República Francesa cedió la antigua provincia de Louisiana a
los Estados Unidos; y consecuentemente, en la examinación de los
títulos extranjeros en Nuevo México, Usted tendrá la ayuda de
ilustradas decisiones y de los principios ahí desarrollados, de la
Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los títulos que se basaron
sobre el tratado de cesión y las leyes del Congreso sobre el tema;
La seguridad de la propiedad privada para la cual el tratado de
Guadalupe-Hidalgo estipula, es en concordancia con los principios de
la ley pública como al saber universal de las naciones civilizadas;
"La gente cambia su lealtad, su relación con su antigua soberanía
pasada se disuelve; pero su relación con cada uno y su derecho a la
propiedad permanecen indisturbables" -Los Estados Unidos vs. Perchman,
7 Peters' Reports;
En el caso de los Estados Unidos vs. Arredondo y otros, el 6th Peters'
Reports, la Corte Suprema declara que el Congreso "han adoptado como
base de sus actos, el principio en el cual la ley de la jurisdicción
donde se encuentra situada la tierra es la ley que le da validez a las
mercedes y a través de las cuales se deberá comprobar si es que fue
propiedad al momento en que los tratados tuvieron efecto";
Sobre esa misma base el Congreso ha procedido en el presente decreto
de legislación, que requiere al agrimensor general, bajo instrucciones
del Secretario del Interior, para determinar el origen, naturaleza,
carácter y extensión de todas las reclamaciones de tierra "bajo las
leyes, usos y costumbres de España y México"; y arma al agrimensor
general con poder para el propósito, al autorizarlo a "expedir
notificaciones, convocar testigos, tomar juramentos, y hacer y cumplir
todos otros actos necesarios en el lugar";
Los títulos de tierras privadas en Nuevo México han derivado de las
autoridades de la Antigua España así como de México;
Entre los "decretos necesarios" contemplados por la ley y requeridos
de usted se encuentra lo que usted deberá;
1ro Informarse con el sistema de tierras de España como se solicita a
sus posesiones ultramarinas, las características generales que sean
encontradas-modificadas, por supuesto, por los requerimientos locales
y usos-en las jurisdicciones y dependencias de esa monarquía en ese
continente. Para este propósito usted debe examinar las leyes de
España, las ordenanzas reales, decretos y reglamentos como han sido
reunidas en la Recopilación de White, 2 vols;
Por leyes del Congreso aprobadas el 26 de Mayo, 1824, 23 de Mayo, 1828
y 17 de junio, 1844 (United States Statutes at Large, vol. 4 página
52, cap. 173; página 284, cap. 70; y vol. 5, página 676, cap. 95,) las
cortes de distrito de Estados Unidos fueron abiertas para la
examinación y adjudicación de títulos extranjeros. Numerosas causas de
apelación bajo estas leyes, y otras causas y recursos de casación, en
las cuales acciones de desahucio en las cortes inferiores han sido
instituidas, fueron traídas ante a la Corte Suprema de los Estados
Unidos donde los derechos de propiedad con incipientes e imperfectos
títulos, que se originaron bajo el sistema español, han sido
examinados extensivamente y discutidos con eminente habilidad;
Por estas decisiones le refiero a la Decisión de la Corte Suprema de
los Estados Unidos en Peters' and Howard's Reports. Es importante que
usted los examine con cuidado en conexión con la ley española y la
legislación del Congreso sobre el asunto, de manera tal que usted pueda
entender y ser capaz de aplicar los principios del sistema español y
entender y exponer ante las autoridades de nuestro gobierno;
2do A vuestro arribo a Santa Fé usted hará una solicitud al gobernador
del Territorio de dicho archivos que se relacionan con las mercedes de
la tierra a través de las antiguas autoridades del país. Usted verá
que ellos se guarden en un lugar seguro del fuego u otros accidentes y
que el acceso esté permitido solamente a propietarios que tengan la
necesidad de referirse a sus registros de sus títulos, y tal consulta
debe hacerse bajo su supervisión o bajo juramento con un empleado del
gobierno;
Usted procederá de inmediato a poner en orden y clasificar los papeles
en orden por fecha, y tenerlos propiamente y convenientemente
encuadernados. Usted luego tendrá programas (marcado 1) de ellos por
duplicado y preparará resúmenes, (No. 2) también en duplicado, de todas
las mercedes encontradas, mostrando los nombres de los concesionarios
de mercedes, la fecha, área, localidad, por quién fue concedida, y
bajo que autoridad;
Usted preparará, por duplicado, de los archivos o fuentes autorizadas
un documento (No. 3), exhibiendo los nombres de todos los oficiales del
Territorio que poseen el poder de distribuir tierras de los
asentamientos más tempranos del territorio hasta el cambio de gobierno,
indicando los distintos periodos de su incumbencia, la naturaleza y
extensión de sus poderes para conceder tierras; si es que y en que
extensión y bajo que condiciones y limitaciones existieron las
autoridades en los gobernadores y jefaturas políticas para distribuir
(repartir) el dominio publico; si es que en cualquier clase de casos
ellos tuvieron el poder para hacer una merced absoluta; y si fue así,
por que cantidad máxima de área; o si es que estaban sujetos a la
confirmación del departamento o del gobierno supremo. Si es que el
sistema agrimensor de España estaba en operación, y desde que periodo
en la región y bajo que organización; también, con copias verificadas y
traducciones de las leyes y decretos de la República Mexicana y
regulaciones que hayan sido adoptadas por el gobierno general de esa
república para disponer de las tierras públicas de Nuevo México.
Incluso usted recibirá una tabla de las medidas de tierras adoptada
por el gobierno mexicano traducido por "Ordenanzas de Tierras y Aguas",
por Marianas Galván, edición de 1844, como está impreso en Ex. Doc. No.
17, 1ra sesión 31ero Congreso, Casa de Representantes, conteniendo
mucha información valiosa sobre el tema de California y Nuevo México y
cuyo documento le invito a tener una especial y cuidadosa examinación;
En un reporte del 14 de noviembre, 1851, del agrimensor general de
California, se ha establecido que todas las mercedes, etcétera, de los
lotes o tierras en California, hechos ya sea por el gobierno español o
el mexicano refieren como "vara" de México como una medida de longitud;
lo cual por común consentimiento en California, esta medida está
considerada como equivalente exacto de treinta y tres pulgadas
estadounidenses. Ese oficial luego nos dio una copia de un documento
que había obtenido como un extracto de un tratado hecho por el gobierno
mexicano, del cual parece que otra longitud es dada a "vara"; y por el
Diccionario de Pesos y Medidas J. H. Alexander (de Baltimore), la vara
mexicana se ha establecido de ser igual a 92.741 de la yarda
estadounidense;
Esta oficina, sin embargo ha ratificado el reconocimiento, en
California, de la vara mexicana como equivalente de treinta y tres
pulgadas estadounidense;
Usted comparará cuidadosamente los datos suministrados en la tabla de
aquí con la anterior con las medidas españolas en uso en Nuevo México
y reportará si son idénticos; o si varía en cualquier aspecto por ley
o uso, usted hará un reporte de todos los particulares;
Usted deberá adicionar también al "documento No 3" los formularios
usados bajo los gobiernos anteriores para obtener mercedes, comenzando
con los procedimientos iniciadores, es decir: la petición e indicando
las diversas sucesivas acciones hasta que el título haya sido
completado. Una copia del "programa", "resumen" y "documento"
requerido por usted en el precedente, debidamente autentificado por
usted, pueda constituir una parte de los archivos permanentes de la
oficina del agrimensor general, y duplicados de estos deben ser
enviados tan pronto como sea posible al Departamento del Interior;
El conocimiento y experiencia que usted adquirirá en organizar los
archivos, recolectar los materiales y dándole salida a los documentos
necesarios por estas instrucciones le permitirán a usted abordar de
manera comprensible el trabajo de recepción y examen del testimonio
que pueda ser presentado ante usted por los reclamantes de tierras y
preparar sus reportes sobre eso, para la acción del Congreso;
En primera instancia, usted se hará de un Cuaderno, que consistirá
esencialmente de un volumen o volúmenes encuadernados el cual
consistirá en un registro completo de sus procedimientos esenciales en
relación a los títulos de la tierra y con un sumario apropiado para el
ingreso de información al respecto de la reclamaciones en el orden de
su presentación y ordenados de manera tal que indiquen de manera
inmediata una pequeña declaración en cada caso, su número, nombre del
original y actual reclamante, área, localidad, de que autoridad derivó,
carácter del título-si está completo o incompleto y su decisión al
respecto;
Su primera sesión debe darse en Santa Fé y sus subsecuentes sesiones en
aquellos lugares y periodos como la conveniencia pública lo sugiera de
la cual usted dará noticia con tiempo al departamento;
Usted comenzará su sesión dando la apropiada notificación pública de lo
mismo en un periódico de la mayor circulación en idiomas inglés y
español-hará saber de que está preparado para recibir noticias y
testimonios en apoyo con las reclamaciones de tierras de individuos,
derivadas antes del cambio de gobierno;
Usted requerirá reclamantes en cada caso y dar la notificación publica
para tal efecto--para presentar una notificación escrita colocando el
nombre de "reclamante actual"; nombre del "reclamante original";
"carácter de la reclamación" --si es que es incompleta o perfecta; su
fecha; de que autoridad el título original fue derivado, con una
referencia a la evidencia al poder y autoridad bajo la cual el oficial
que la concedió pueda que haya actuado; cantidad reclamada, ubicación,
notificación y extensión de las reclamaciones en conflicto, si las hay,
con una referencia con la evidencia documentaria y testimonio que
asegura para establecer la reclamación y mostrar una transferencia de
derecho de un "concesionario original" al "presente concesionario";
Usted también requerirá de cada reclamante el plano de agrimensura de
la parcela autentificada, si una agrimensura se ha ejecutado u otra
evidencia, mostrando la ubicación precisa y extensión del trecho
reclamado;
Esto es indispensable, de manera para evitar cualquier duda, de aquí
en adelante, en reservar para la venta, como se contempla por ley, el
trecho o parcela particular de tierra para la cual se pueda ser un
reclamo debidamente o en comunicación de título a la misma de aquí en
adelante, en el evento de una confirmación final;
El efecto de esto será no sólo librar a los reclamantes de vergüenzas
y dificultades, inseparable de la presentación y adjudicación de
reclamaciones con límites indefinidos, pero promocionar el bienestar
de la región en general, al suministrar al agrimensor general con
evidencia de lo que es reclamado como propiedad privada, bajo el
tratado y el acta de julio 22 de 1854; esto es habilitándolo a
determinar que es indisputablemente tierra pública y procede con las
agrimensura pública de manera correspondiente, sin necesidad de espera
de la acción final del Congreso sobre el tema;
Usted tomará cuidado en proteger lo público en contra de lo fraudulento
o reclamaciones de fechas anteriores, y traerá los títulos a la prueba
de autentificación de firmas genuinas las cuales usted debe recolectar
de los oficiales de las concesiones, así como las pruebas de los
registros oficiales o resúmenes que puedan existir de los títulos
expedidos por los oficiales de las concesiones. En todos los casos,
por supuesto, el título original deberá ser producido, o su pérdida
justificada; y donde copias sean presentadas, ellas deben estar
autentificadas; y su reporte también debe establecer el carácter
preciso de los papeles sobre cual usted ha actuado, siendo originales
o de otra manera. Cuando la reclamación pueda que haya sido presentada
por una parte como "reclamante actual" en derecho de otro, usted debe
estar de acuerdo de que la prueba del titulo esta completa; de otra
manera la admisión y su decisión deberá darse en favor de los
"representantes legales" del reclamante de la merced original;
Su cuaderno debe estar prologado por un registro de ley bajo el cual
usted está obligado a actuar y de su comisión y su juramento de cargo;
y debe contener un registro total de la notificación y evidencia en
apoyo a cada demanda y su decisión, declarando, de la manera más
sucinta y concisa posible todos los hechos conducentes, particulares y
los principios aplicables a la causa, sobre la cual dicha decisión
pueda estar fundada. Todos los papeles originales deben, por supuesto,
ser cuidadosamente numerados, archivados y preservados, y encima de
cada uno debe llevar marcado el volumen y la página del registro en el
cual fueron incluidos, y dicha referencia deben ser hechas en el
cuaderno y el sumario que los relacionará con si mismos;
Su sumario debe ser una presentación condensada de cada caso y de su
decisión. Las reclamaciones, tanto como en categoría y dignidad,
pueden ser clasificadas numéricamente o alfabéticamente, acompañadas
por notas explicativas, de tal manera que muestren cada caso confirmado
y rechazado por usted;
En el caso de cualquier lote de pueblo, lote de granja o lote de
pastura contenidos bajo una merced para cualquier corporación o pueblo
cuyas tierras sean concedidas para el establecimiento de un pueblo por
los gobiernos de España o México o autoridades legítimas de ahí o en
el caso de cualquier ciudad, pueblo, o poblado cuya ciudad, pueblo o
poblado que existía al momento de que Nuevo México fue tomado como
posesión por las autoridades de Estados Unidos, la reclamación de lo
mismo puede ser presentada por las autoridades corporativas; o donde la
tierra de mencionada ciudad, pueblo o poblado, fue originalmente
concedido a un individuo, la reclamación puede ser presentada por o en
nombre del mismo individuo; y el hecho probado a usted de la
existencia de dicha ciudad, pueblo o poblado en el periodo cuando los
Estados Unidos tomaron posesión, puede ser considerado por usted como
evidencia prima facie de una merced a tal corporación, o los
individuos bajo quienes los poseedores de los lotes reclaman y cuando
cualquier ciudad, pueblo o poblado deba estar en existencia en la
aprobación del decreto de 22 de julio, 1854, la reclamación por la
tierra abarcada entre los límites de la misma deba hacerse y probarse
antes frente a usted por la autoridad corporativa de la ciudad
mencionada, pueblo o poblado. Siendo este el principio sancionado por
el decreto del 3 de marzo, 1851, por el juzgamiento de las
reclamaciones españolas y mexicanas en California; y yo pienso su
solicitud apropiada y adopción en relación a las reclamaciones en Nuevo
México;
En el mes de marzo, 1849, se publicó en el Atlantic States un extracto
de una carta fechada en Diciembre 12, 1848, en Santa Fé, Nuevo México
que al parecer era de un joven oficial del ejército, en la cual se
establecía que "el prefecto en El Paso del Norte ha sido en los últimos
varios meses muy activo en disponer (para su propio beneficio) todas
las tierras en los alrededores que son valiosas, poniendo antedata al
título de dichos compradores"; de manera que "estos títulos de tierra"
puedan "ser hechos una fuente rentable de litigación" etcétera. Será
su obligación someter todos los documentos bajo sospecha de fraude al
más severo escrutinio y prueba de manera que se establezca la cuestión
de su legitimidad;
Usted también recolectará información, de fuentes auténticas, en
referencia a las leyes de la región respecto a minerales y podrá
determinar cuales condiciones fueron puestas en mercedes conteniendo
minas; si las leyes y política del gobierno anterior hubiera conferido
título absoluto en la concesión de tierras de esta clase en Nuevo
México. Será apropiado además y está facultado, en el caso de cada una
de las reclamaciones que puedan ser presentadas, de determinar de las
partes y requerir testimonio, si es que en los trechos reclamados son
de tipo mineral o de agricultura; y usted será cuidadoso de hacer la
necesaria discriminación en el registro de su procedimiento y en su
sumario;
Su reporte debe ser dividido en dos partes. La primera parte debe
cubrir reclamaciones individuales y municipales y debe ser preparada
de la manera contemplada por la ley y en concordancia con los
requerimientos en las susodichas instrucciones;
La ley requiere además que usted, también, "haga un reporte de
relación a todos los pueblos existentes en el Territorio, mostrando la
extensión y ubicación de cada uno, estableciendo el número de
habitantes en dichos pueblos respectivamente y el carácter de sus
títulos de la tierra.”
La segunda parte de su reporte debe estar dedicado a esta parte de su
obligación;
Será su cargo recolectar datos de los registros y otras fuentes
legítimas relativas a estos pueblos, de manera tal que usted capacite
el entendimiento del congreso sobre el asunto plenamente y legisle de
tal manera que hagamos justicia a todos los interesados;
En un reporte fechado en julio 29, 1849, en el campamento cercano a
Santa Fé, por parte del agente indio, James S. Calhoun al Comisionado
de Asuntos Indígenas, el dijo; "Los indios Pueblo, se cree, están
acreditados por la antigua y especial consideración del gobierno de
los Estados Unidos; ellos son la única tribu en perfecta concordia con
el gobierno y son gente habilidosa, agricultores y pastores que viven
principalmente en poblados que se hallan al norte y oeste de Taos del
Sur en ambos lados del Río Grande, más de 250 millas;" que " por un
estatuto mexicano de esta gente" como él había sido informado por el
juez Houghton de Santa Fé, "donde fueroni designadosciudanos de la
República de México dándoles concesión a todos los de edad madura, que
podía leer y escribir, el privilegio de votar" pero este estatuto no
tienen una aplicación práctica; que desde la ocupación del territorio
por el gobierno de los Estados Unidos, la legislatura territorial de
1847 pasó el siguiente decreto el cual a la fecha del reporte del
agente indio estaba en vigor:
"SEC.1: Que sea promulgado por la Asamblea General del Territorio de
Nuevo México, Que los habitantes dentro del Territorio de Nuevo México
conocidos por el nombre de Indios Pueblo, que vivan en los pueblos o
ciudades construidas en tierras concedidas a dichos indios por las
leyes de España o México y concedan a dichos habitantes ciertas tierras
y privilegios para ser usados en común beneficio, hayan varias veces
creados por la presente y constituyen las entidades políticas y
colectivas y deba ser conocido ante la ley con el nombre de 'Pueblo',
etcétera, (nombrándolo;) y por ese nombre ellos y sus sucesores deban
tener perpetua sucesión-demande y deba demandar";
En el reporte subsiguiente, a saber: del 4 de octubre, 1849, el mismo
oficial reportó de Santa Fé, que los pueblos o poblados civilizados de
indios del Territorio de Nuevo México son los siguientes:
En el condado de Taos: Taos Picoris: 283; habitantes;
En el condado de Rio Ariba: San Juan, Santa Clara: 500;
En el condado de Santa Fé: San Ildefonso, Namba, Pojoaque Tesuque: 590;
En el condado d Santa Ana: Cochite, Santa Domingo, San Felipe, Santa
Ana, Zia, Jenez 1,918;
En el condado de Bernalillo: Sandia-Gleta: 883;
En el condado de Valencia: Leguna, Acona, Zunia: 1,800;
Al lado opuesto de El Paso: Socoro, Islettas: 600;
Recapitulación - Pueblos de Nuevo México;
Condado de Taos: 283; mayores de cinco años de edad;
Condado de Rio Ariba: 500;
Condado de Santa Fé: 590;
Condado de Santa Ana: 1,918;
Condado de Bernalillo: 833;
Condado de Valencia: 1,800;
Distrito de Tontero, al lado opuesto de El Paso del Norte: 600;
6,524
La enumeración de arriba está establecida por el oficial mencionado "
fue tomada del censo ordenado por la legislatura de Nuevo México,
convocada en diciembre, 1847 la cual incluye únicamente esos cinco
años de edad y más". Además de eso "estos pueblos están ubicados entre
10 a cerca de 100 millas aparte, comenzando En el norte en Taos y
yendo al sur cerca a El Paso, cerca de cuatrocientas millas o más y
yendo hacia el este y oeste doscientas millas";
Esta declaración no hace mención a los indios al este de Zunia;
En otro despacho fechado el 15 de octubre, 1849, en Santa Fé, el mismo
agente reportó que "estos pueblos están constituidos en referencia
directa a su protección y sus casas son de uno a seis pisos de
altura", etcétera; siendo que "el carácter general de sus casas es
superior al de Santa Fé"; ellos "tienen valles ricos para cultivar",
etcétera; y ellos "son gente valiosa y disponible, y firmemente ligada
a sus casas, o por lo menos, tanto como sea posible en los Estados
Unidos"; siendo que "sus tierras están sustentadas en las mercedes
españolas y mexicanas-hasta que punto no se conoce"; siendo que Santa
Ana, como el Mayor Weightman le ha informado al agente, "decretó en
1843 que el nacido en México era ciudadano mexicano y como tal era un
votante y por lo tanto todos los pueblos indios eran votantes"; pero
que "el uso de este privilegio no fue conocido ante lo que se califica
como una elección-la última en este Territorio", etcétera;
Es obligatorio en el gobierno de los Estados Unidos tratar con los
títulos de tierras privadas y los "pueblos" precisamente como México
lo hubiera hecho si no fuera cambiado la soberanía. Nosotros estamos
obligados a reconocer todos los títulos como ella lo hubiera hecho-
para alcanzar pero sin sobrepasar esto. Este es el principio que
tendrá en mente al actuar sobre estos importantes asuntos;
Usted pondrá como apéndice de su reporte de los pueblos, el mejor mapa
de la región que se pueda procurar, a gran escala e indicará sobre él
las localidades y extensión de los diversos pueblos a manera de
ilustración de ese reporte. Que usted esté deseoso de preparar y
transmitir al departamento tan pronto dentro de un periodo, así como
la naturaleza de su obligación se lo permita;
Muy respetuosamente, su obediente servidor,
JOHN WILSON, Comisionado;
WM. PELHAM, Esq.,
Agrimensor General de Nuevo México de los Estados Unidos;
Las anteriores instrucciones están aprobadas por la presente.
R. MCCLELLAND, Secretario;
DEPARTAMENTO DEL INTERIOR Agosto 25, 1854.
[Extremo de la sección]
Apéndice X: Datos sobre 295 Mercedes de Tierras Españolas y Mexicanas
en Nuevo México:
Nombre de la Merced: Abiquiú (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 199;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 140;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 52.
Nombre de la Merced: Agapito Ortega;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 226.
Nombre de la Merced: Agua Negra;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 41;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 12;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Agua Salada;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 177;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 103;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 31.
Nombre de la Merced: Alameda (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 144;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 91;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 11.
Nombre de la Merced: Álamitos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 151;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 69;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 91, 183.
Nombre de la Merced: Álamo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 200.
Nombre de la Merced: Albuquerque (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 188;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 130;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 8.
Nombre de la Merced: Alexander Valle;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 54;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 18;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Alfonso Rael de Aguilar (2);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 146;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 81;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 234.
Nombre de la Merced: Alphonso Rael de Aguilar (1);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 104;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 191.
Nombre de la Merced: Ancón Colorado;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 160.
Nombre de la Merced: Angostura;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 165;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 84;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 229.
Nombre de la Merced: Angostura del Pecos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 23, 76;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Antoine Leroux;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 51;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 47;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Antón Chico (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 63;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 29;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Antonio Armijo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 102.
Nombre de la Merced: Antonio Baca;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 176;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 101;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 70.
Nombre de la Merced: Antonio de Abeytia;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 68.
Nombre de la Merced: Antonio de Salazar;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 191;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 132;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 235.
Nombre de la Merced: Antonio de Ulibarrí;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 261.
Nombre de la Merced: Antonio Domínguez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 105.
Nombre de la Merced: Antonio Martínez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 111;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 116;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 9.
Nombre de la Merced: Antonio Ortiz;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 55;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 42;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Archuleta & González;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 104.
Nombre de la Merced: Arkansas;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 100;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Arquito;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 75;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 145.
Nombre de la Merced: Arroyo de San Lorenzo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 158;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 79;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 37.
Nombre de la Merced: Arroyo Hondo;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 81, 86, 174;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 159;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 5, 174, 175, 176, 186.
Nombre de la Merced: Atrisco (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 184;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 145;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 45.
Nombre de la Merced: Badito;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 197.
Nombre de la Merced: Baltazar Baca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 178;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 104;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 114.
Nombre de la Merced: Barranca;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 97, 265.
Nombre de la Merced: Bartolomé Baca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 123;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 126;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 58.
Nombre de la Merced: Bartolomé Fernández;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 154;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 78;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 61, 126.
Nombre de la Merced: Bartolomé Sánchez;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 264.
Nombre de la Merced: Bartolomé Trujillo;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 257, 263.
Nombre de la Merced: Belén (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 43;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 13;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Bernabë Manuel Montaño;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 93;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 49;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 7, 77.
Nombre de la Merced: Bernal Spring;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 118.
Nombre de la Merced: Bernalillo (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 164;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 83;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 146, 208, 217, 258.
Nombre de la Merced: Black Mesa;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 56.
Nombre de la Merced: Bosque Del Apache;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 69;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 35;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Bosque Grande;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 175;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 100;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 66, 272.
Nombre de la Merced: Bracito;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 32;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 6;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Cadillal;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 90;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Caja del Río;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 135;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 63;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 39.
Nombre de la Merced: Cañada Ancha;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 157;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 82;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 85.
Nombre de la Merced: Cañada de Cochití;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 95;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 135;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 205, 240.
Nombre de la Merced: Cañada de los Álamos (1);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 89;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 53;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 53.
Nombre de la Merced: Cañada de los Álamos (2);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 172;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 98;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 38, 76, 207.
Nombre de la Merced: Cañada de los Apaches;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 131;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 50;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 15.
Nombre de la Merced: Cañada de los Mestaños;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 82;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 163.
Nombre de la Merced: Cañada de San Francisco;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 136;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 57;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 98.
Nombre de la Merced: Cañada de Santa Clara;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 193;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 138;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 17.
Nombre de la Merced: Candelarios (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 99;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Cañón de Carnue;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 96;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 150;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 74.
Nombre de la Merced: Cañón de Chama;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 83;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 71;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 107.
Nombre de la Merced: Cañón de San Diego;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 60, 128;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 25, 122;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 100.
Nombre de la Merced: Cañón del Agua;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 70;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 40;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Cañón del Río;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 142;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 93;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 166.
Nombre de la Merced: Casa Colorado (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 29;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 5;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Catarina Maese;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 119.
Nombre de la Merced: Cebolla;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 141;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 61;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 108.
Nombre de la Merced: Cebolleta (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 73;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 46;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Chaca Mesa;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 170;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 96;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 34.
Nombre de la Merced: Chamisos Arroyo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 143;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 74;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 72.
Nombre de la Merced: Chamita (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 64;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 36;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Chaperito (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 7;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Chililí (Pueblo de );
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 40;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 11;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Chupaderos de la Lagunita;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 113.
Nombre de la Merced: Cieneguilla (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 145;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 62;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 84.
Nombre de la Merced: Corpos Cristo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 48.
Nombre de la Merced: Cristóbal de la Serna;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 109;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 158;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 21.
Nombre de la Merced: Cristóval Crespín;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 232.
Nombre de la Merced: Cubero (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 26;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 1.
Nombre de la Merced: Cuyamungué;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 139;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 54;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 112.
Nombre de la Merced: Diego Arias de Quirós;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 190.
Nombre de la Merced: Diego de Belasco;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 251.
Nombre de la Merced: Diego Montoya;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 209;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 156;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 51, 106.
Nombre de la Merced: Domingo Fernández;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 16;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 19;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Domingo Valdez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 202;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 141;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 49.
Nombre de la Merced: Don Fernando de Taos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 120;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 125;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 149.
Nombre de la Merced: Doña Ana Bend Colony;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 92, 161;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 85;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 24.
Nombre de la Merced: El Pino;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 81.
Nombre de la Merced: El Rito (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 196, 197;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 151;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 224.
Nombre de la Merced: Embudo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 91;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 173.
Nombre de la Merced: Estancia;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 10;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 70;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 152.
Nombre de la Merced: Felipe Pacheco;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 192.
Nombre de la Merced: Felipe Tafoya (1);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 187.
Nombre de la Merced: Felipe Tafoya (2);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 173;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 99;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 67.
Nombre de la Merced: Francisco de Anaya Almazán;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 4, 125;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 115;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 214, 243.
Nombre de la Merced: Francisco García;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 230.
Nombre de la Merced: Francisco Montes Vigil;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 189;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 128;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 14.
Nombre de la Merced: Francisco X. Romero;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 262.
Nombre de la Merced: Galisteo (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 5, 138;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 60;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 54.
Nombre de la Merced: Gaspar Ortiz;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 67, 159;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 31, 87;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Gervacio Nolan;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 9;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 39;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 46.
Nombre de la Merced: Gijosa;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 110;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 109;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 16.
Nombre de la Merced: Gotera;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 130;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 56;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 83.
Nombre de la Merced: Guadalupe Miranda;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 139.
Nombre de la Merced: Guadalupita;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 94, 204;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 152;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 131.
Nombre de la Merced: Hacienda del Álamo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 155.
Nombre de la Merced: Heath;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 59.
Nombre de la Merced: Jacona (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 168;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 92;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 35.
Nombre de la Merced: Joaquín (de) Mestas;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 171;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 97;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 23, 279.
Nombre de la Merced: Joaquín Sedillo & Antonio Gutiérrez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 274, 275.
Nombre de la Merced: John Scolly;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 39;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 9;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Jornado del Muerto;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 58;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 26;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: José Antonio Lucero;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 203;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 147;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 117.
Nombre de la Merced: José Antonio Torres;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 255.
Nombre de la Merced: José de Leyba;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 278.
Nombre de la Merced: José Domínguez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 129;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 120;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: José García;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 211;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 160;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 92.
Nombre de la Merced: José Ignacio Alarí;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 227.
Nombre de la Merced: José Leandro Perea;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 50;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 16;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: José Manuel Sánchez Baca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 24;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 129;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 138.
Nombre de la Merced: José Rómula de Vera;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 121.
Nombre de la Merced: José Sutton;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 61;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 45;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 143.
Nombre de la Merced: José Trujillo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 117, 118;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 112;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 115, 268.
Nombre de la Merced: Juan Antonio Flores;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 125.
Nombre de la Merced: Juan Bautista Valdez;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 127, 137;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 55, 113;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 179.
Nombre de la Merced: Juan Cayentano Lovato;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 103.
Nombre de la Merced: Juan de Gabaldón;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 150;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 65;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 86, 202.
Nombre de la Merced: Juan de Mestas;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 147;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 80;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 237.
Nombre de la Merced: Juan de Ulibarrí;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 253.
Nombre de la Merced: Juan Durán;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 12.
Nombre de la Merced: Juan Estevan García de Noriega;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 254.
Nombre de la Merced: Juan Felipe Rodríguez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 120.
Nombre de la Merced: Juan G. Pinard;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 34;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Juan José Archuleta;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 124.
Nombre de la Merced: Juan José Lovato;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 198;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 140, 250.
Nombre de la Merced: Juan José Moreno;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 260.
Nombre de la Merced: Juan José Sánchez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 280.
Nombre de la Merced: Juan Manuel Córdova;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 35;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Juan Montes Vigil;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 113;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 124;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Juan Tafoya;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 266.
Nombre de la Merced: Juana Baca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 172.
Nombre de la Merced: La Majada;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 89.
Nombre de la Merced: La Nasa;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 186;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 238.
Nombre de la Merced: Las Lagunitas;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 207;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 154;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Las Lomitas;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 156.
Nombre de la Merced: Las Trampas (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 65;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 27;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Las Vegas (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 12;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 20;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Lo de Básquez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 101;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 178.
Nombre de la Merced: Lo de Padilla;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 102, 213;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 146;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 63, 273.
Nombre de la Merced: Los Conejos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 80;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 109.
Nombre de la Merced: Los Manuelitas;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 242.
Nombre de la Merced: Los Serrillos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 132;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 59;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 78.
Nombre de la Merced: Los Trigos;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 11;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 8;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Luis de Armenta;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 140;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 68;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Luis María Cabeza de Baca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 6;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 20;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Maes & Gallego;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 205;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 153;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Manuel Tenorio;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 188.
Nombre de la Merced: Manuela García de las Ribas;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 249.
Nombre de la Merced: Manzano (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 21;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 23;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Maragua;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 126;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 121;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 276.
Nombre de la Merced: Maxwell Grant;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 48;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 15;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Mesilla Civil Colony;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 114, 162;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 86;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 151.
Nombre de la Merced: Mesita Blanca;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 159.
Nombre de la Merced: Mesita de Juana López;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 149;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 64;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Montoya;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Mora (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 66;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 32;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Nepumecina Martínez de Aragón;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 223.
Nombre de la Merced: Nerio Antonio Montoya;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 87;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 51;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 20.
Nombre de la Merced: Nicolás Durán de Cháves;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 208;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 155;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 57.
Nombre de la Merced: Nuestra Señora de Guadalupe Mine;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 165, 206.
Nombre de la Merced: Nuestra Señora del los Dolores Mine;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 192;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 162;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 147.
Nombre de la Merced: Nuestra Señora del Rosario, San Fernando;
y Santiago;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 28, 225.
Nombre de la Merced: Ocate;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 1;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 143;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 231.
Nombre de la Merced: Ojito de Galisteo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 164.
Nombre de la Merced: Ojito de los Médanos;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 69, 209.
Nombre de la Merced: Ojo Caliente;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 156;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 77;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 88, 94.
Nombre de la Merced: Ojo de Borrego;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 97;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 118;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 95, 195.
Nombre de la Merced: Ojo de la Cabra;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 181;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 106;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 167.
Nombre de la Merced: Ojo de San José;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 185;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 130, 182, 259.
Nombre de la Merced: Ojo del Apache;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 148;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 72;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 101.
Nombre de la Merced: Ojo del Espíritu Santo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 36;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 44;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Orejas del Llano de los Aguajes;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 116;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 117;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 169.
Nombre de la Merced: Ortiz Mine;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 28, 37;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 43;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pablo Montoya;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 27;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 41;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pacheco;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 18.
Nombre de la Merced: Pajarito;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 210;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 157;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 73.
Nombre de la Merced: Paraje del Punche;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 241.
Nombre de la Merced: Pedro Armendaris #33;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 56;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 33;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pedro Armendaris #34;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 57;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 34;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Peralta (1) (La);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 161.
Nombre de la Merced: Peralta (2);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 110.
Nombre de la Merced: Petaca;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 179;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 105;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 99, 153, 233.
Nombre de la Merced: Piedra Lumbre;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 152;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 73;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 30.
Nombre de la Merced: Plaza Blanca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 84;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 148;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 32.
Nombre de la Merced: Plaza Colorado;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 85;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 149;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 2.
Nombre de la Merced: Polvadera;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 124;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 131;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 43.
Nombre de la Merced: Preston Beck Jr;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 2;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 1;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Acoma;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: B;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: B;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Cochití;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: G;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: G;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Isleta;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: Q;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: Q;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Jémez;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: A;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: A;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Laguna;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: S;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: S;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 133.
Nombre de la Merced: Pueblo de Nambé;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: R;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: R;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Pecos;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: F;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: F;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Picurís;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: D;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: D;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Pojoaque;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: N;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: N;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Quemado;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 171, 212.
Nombre de la Merced: Pueblo de San Cristóbal;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: U;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: U;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de San Felipe;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: E;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: E;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de San Ildefonso;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: M;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: M;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de San Juan;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: C;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: C;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Sandía;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: P;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: P;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Santa Ana;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: T;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: T;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Santa Clara;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: K;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: K;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Santo Domingo;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: H;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: H;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Santo Domingo & San Felipe;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 200;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 142;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 134, 184, 185.
Nombre de la Merced: Pueblo de Taos;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: I;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: I;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Tesuque;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: L;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: L;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Zía;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: O;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: O;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblo de Zuñí;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: V;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: V;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Pueblos de Zía, Jémez, & Santa Ana;
Tipo de la Merceda[A]: P;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: TT;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: TT;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 50.
Nombre de la Merced: Ramón Vigil;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 30;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 38;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Ranchito;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 157.
Nombre de la Merced: Rancho de Abiquiú;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 247.
Nombre de la Merced: Rancho de Coyote;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 248.
Nombre de la Merced: Rancho de Gigante;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 68;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 30;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Rancho de la Gallina;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 222, 244.
Nombre de la Merced: Rancho de la Santísima Trinidad;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 42;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 123;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 26, 282.
Nombre de la Merced: Rancho de los Comanches;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 219.
Nombre de la Merced: Rancho de los Corrales;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 221.
Nombre de la Merced: Rancho de los Rincones;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 246.
Nombre de la Merced: Rancho de Nuestra Señora de la Luz;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 25;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 10;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Rancho de Paguate;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 68;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 30;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Rancho de Río Arriba;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 245.
Nombre de la Merced: Rancho de Río Puerco;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 220.
Nombre de la Merced: Rancho de San Juan;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 68;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 30;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Rancho de Santa Ana;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 68;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 30;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Rancho de Ysleta;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 33.
Nombre de la Merced: Rancho del Río Grande;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 78;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 58;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 10.
Nombre de la Merced: Rancho el Rito;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 68;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 30;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 136, 196, 210.
Nombre de la Merced: Real de Dolores del Oro (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 111.
Nombre de la Merced: Refugio Civil Colony;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 163;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 90;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 150, 193.
Nombre de la Merced: Río de Chama;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 218.
Nombre de la Merced: Río del Oso;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 112;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 177.
Nombre de la Merced: Río del Picurís;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 71;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 65.
Nombre de la Merced: Río Tesuque (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 98;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 123, 215.
Nombre de la Merced: Rito de los Frijoles;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 106;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 133;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 41.
Nombre de la Merced: Rómulo Barela;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 281.
Nombre de la Merced: Roque Jacinto Jaramillo;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 228.
Nombre de la Merced: Roque Lovato;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 133;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 52;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 180.
Nombre de la Merced: Salvador Lovato;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 93.
Nombre de la Merced: San Acasio;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 158.
Nombre de la Merced: San Antonio de las Huertas;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 88;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 144;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 90, 269.
Nombre de la Merced: San Antonio del Río Colorado;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 153;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 76;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 4.
Nombre de la Merced: San Antoñito;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 77;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 27.
Nombre de la Merced: San Clemente;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 3;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 67;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 64.
Nombre de la Merced: San Cristóbal;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 121;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 110;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: San Isidro (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 45;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 24;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: San Joaquín del Nacimiento;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 134;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 66;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 144, 203, 213, 252.
Nombre de la Merced: San Marcos Pueblo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 155;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 102;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 22.
Nombre de la Merced: San Mateo Spring(s);
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 190;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 134;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 75.
Nombre de la Merced: San Miguel del Vado;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 49;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 119;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 25, 60, 198.
Nombre de la Merced: San Pedro;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 44;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 14;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Sangre de Cristo;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 14;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 4;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Sanguijuela;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 170.
Nombre de la Merced: Santa Bárbara;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 122;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 114;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 96.
Nombre de la Merced: Santa Cruz;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 103;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 181, 194.
Nombre de la Merced: Santa Fé;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 166;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 88;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 19, 80.
Nombre de la Merced: Santa Fé Cañón;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 199.
Nombre de la Merced: Santa Rita del Cobre;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 107, 194;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Santa Rosa de Cubero;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 267.
Nombre de la Merced: Santa Teresa;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 108, 115;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 111;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 168.
Nombre de la Merced: Santiago Bone;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 206;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 62.
Nombre de la Merced: Santiago Ramirez;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 52;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 136;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 122, 148.
Nombre de la Merced: Santo Domingo de Cundiyó;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 211.
Nombre de la Merced: Santo Tomás de Yturbide;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 201;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 139;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 137.
Nombre de la Merced: Santo Toribio;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 256.
Nombre de la Merced: Sebastián de Vargas;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 187;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 137;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 6.
Nombre de la Merced: Sebastián Martín;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 62;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 28;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Sevilleta;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 169;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 95;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 55.
Nombre de la Merced: Sierra Mosca;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 119;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 75;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 87.
Nombre de la Merced: Sitio de Juana López;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 82.
Nombre de la Merced: Sitio de Los Serrillos;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 79.
Nombre de la Merced: Socorro (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 180;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 107;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 13, 127.
Nombre de la Merced: Tacubaya;
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 239.
Nombre de la Merced: Tajique (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 47;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 21;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Talaya Hill;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 160;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 89;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 116.
Nombre de la Merced: Tecolote (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: OI;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 8;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 7;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Tejón (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 22;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 37;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: The Baird's Ranch;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 36.
Nombre de la Merced: Tierra Amarilla;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 33;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 3;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Tomás Tapia;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: NA;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 189.
Nombre de la Merced: Tomé (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 31;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 2;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Torreón (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 20;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 22;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Uña Del Gato;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 167;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 94;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: NA.
Nombre de la Merced: Vallecito de San Antonio;
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 183;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 141.
Nombre de la Merced: Vallecito de Lovato (Pueblo de);
Tipo de la Merceda[A]: C;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 59, 182;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: 108;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 142, 204, 236.
Nombre de la Merced: Vertientes de Navajó;
Tipo de la Merceda[A]: I;
Números del Archivo Agrimensor General[B]: 195;
Número del Reporte Agrimensor General[C]: NA;
Número de Sumario de Casos CPLC[D]: 270.
Fuente: Análisis GAO:
[A] "C" se refiere a las mercedes comunitarias de tierras identificadas
a partir de documentación original. "OI" se refiere a mercedes que
tienen tierras comunes identificadas por herederos, académicos u
otros, pero que les faltan la documentación de la merced que la
apoye. "P" significa Pueblo, se refiere a las mercedes hechas por
España para las culturas de los indíos pueblo. "I" se refiere a las
mercedes hechas a individuos.
[B] Los espacios en blanco en esta columna indican que la demanda no
fue presentada al Agrimensor General de Nuevo México.
[C] Los espacios en blanco en esta columna indican que el Agrimensor
no preparó un reporte para esta merced.
[D] "CPLC" se refiere a la Court of Private Land Claims. Los espacios
en blanco indican que la merced no fue presentada al CPLC y por lo
tanto no tienen un número de sumario de casos CPLC.
[Extremo de la tabla]
[Extremo de la sección]
Apéndice XI: Resultados de las Evaluaciones de Reclamos hechos para las
Mercedes de Tierras en Nuevo México:
Las tres tables siguientes resumen los resultados de las evaluaciones
hechas por el Agrimensor General de Nuevo Mexico y confirmadas por el
Congreso y por la Court of Private Land Claims de reclamos hechos para
mercedes comunitarias de tierras localizadas dentro del Nuevo Mexico
de hoy día.
Tabla 30: Mercedes de Tierras Comunitarias Confirmadas en Nuevo México:
Mercedes confirmadas por el Congreso, 1854-91:
Documentación original de mercedes comunitarias: Alexander Valle;
Documentación original de mercedes comunitarias: Antón Chico (Pueblo
de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Belén (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Bracito;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañón de San Diego;
Documentación original de mercedes comunitarias: Casa Colorado (Pueblo
de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Cebolleta (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Chililí (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Domingo Fernández;
Documentación original de mercedes comunitarias: John Scolly;
Documentación original de mercedes comunitarias: Las Trampas (Pueblo
de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Las Vegas (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Los Trigos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Manzano (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Mora (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: San Pedro;
Documentación original de mercedes comunitarias: Tajique (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Tejón (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Tierra Amarilla;
Documentación original de mercedes comunitarias: Tomé (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Torreón (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Chamita (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Mesita de Juana López;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Pedro Armendaris #33;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Pedro Armendaris #34;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Rancho de Nuestra Señora de
la
Luz;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: San Isidro (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Sangre de Cristo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Sebastián Martín;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Tecolote (Pueblo de);
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Acoma.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Cochití.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Isleta.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Jémez.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Nambé.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Pecos.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Picurís.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Pojoaque.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of San Felipe.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of San Ildefonso.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of San Juan.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Sandía.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Santa Ana.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Santa Clara.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Santo Domingo.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Taos.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Tesuque.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Zía.
Mercedes confirmadas por la Tribunal de Reclamaciones Inmobiliarias
Privadas (Court of Private Land Claims), 1891-1904:
Documentación original de mercedes comunitarias: Abiquiú (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Atrisco (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Caja del Río;
Documentación original de mercedes comunitarias: Doña Ana Bend Colony;
Documentación original de mercedes comunitarias: Mesilla Civil Colony;
Documentación original de mercedes comunitarias: Santa Bárbara;
Documentación original de mercedes comunitarias: Sevilleta;
Documentación original de mercedes comunitarias: Socorro (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: La Majada;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Polvadera;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: San Marcos Pueblo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Santo Domingo de Cundiyó;
Mercedes confirmadas por acción especial del Congreso:
Documentación original de mercedes comunitarias: Albuquerque (Pueblo
de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Santa Fé;
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Zuñí.
Fuente: Análisis GAO:
[Extremo de la tabla]
Tabla 31: Mercedes Comunitarias de Tierras en Nuevo México confirmadas
por lo menos en Parte:
Mercedes que parecen haber sido otorgadas una superficie totalmente
completa en acres hasta la extensión possible:
Documentación original de mercedes comunitarias: Álamitos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Arroyo Hondo;
Documentación original de mercedes comunitarias: Bernabé Manual
Montaño;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañada de los Álamos
(1);
Documentación original de mercedes comunitarias: Cubero (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Juan de Gabaldón;
Documentación original de mercedes comunitarias: Los Serrillos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Nicolás Durán de
Cháves;
Documentación original de mercedes comunitarias: Nuestra Señora del
Rosario, San Fernando y Santiago;
Documentación original de mercedes comunitarias: Rancho del Río Grande;
Documentación original de mercedes comunitarias: Santo Tomás de
Yturbide;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Alameda (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Black Mesa;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Bosque Grande;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Cristóbal de la Serna;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Cuyamungué;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Francisco Montes Vigil;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Gijosa;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Pajarito;
Mercedes con límites en disputa:
Documentación original de mercedes comunitarias: Juan Bautista Valdez;
Documentación original de mercedes comunitarias: Ojo de San José;
Documentación original de mercedes comunitarias: Ranchito;
Documentación original de mercedes comunitarias: Refugio Civil Colony;
Documentación original de mercedes comunitarias: San Antonio de las
Huertas;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Bartolomé Sánchez;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Bernalillo (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Francisco de Anaya Almazán;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Plaza Colorado;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: San Clemente;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Santa Rosa de Cubero;
Mercedes comunitarias Pueblo: Cañada de Santa Clara.
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of Laguna.
Mercedes restringidas a las asignadas a individuos únicamente:
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañón de Carnue;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañón de Chama;
Documentación original de mercedes comunitarias: Don Fernando de Taos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Galisteo (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Petaca;
Documentación original de mercedes comunitarias: San Miguel del Vado;
Documentación original de mercedes comunitarias: Santa Cruz;
Mercedes restringidas a 11 leguas cuadradas:
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Antonio Baca;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Chaca Mesa;
Fuente: Análisis GAO:
[Extremo de la tabla]
Tabla 32: Mercedes de tierras rechazadas de Nuevo México:
Mercedes en las cuales los reclamantes no hicieron sus reclamaciones y
las mercedes fueron rechazadas:
Documentación original de mercedes comunitarias: Angostura del Pecos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Bartolomé Trujillo;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cadillal;
Documentación original de mercedes comunitarias: Chaperito (Pueblo de);
Documentación original de mercedes comunitarias: Los Manuelitas;
Documentación original de mercedes comunitarias: Mesita Blanca;
Documentación original de mercedes comunitarias: Pueblo of Quemado;
Documentación original de mercedes comunitarias: Santo Toribio;
Documentación original de mercedes comunitarias: Vallecito (de San
Antonio);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Antonio de Salazar;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Arkansas;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Arquito;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Candelarios (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: El Rito (Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Guadalupita;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Hacienda del Álamo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: José Ignacio Alarí;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: José Trujillo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Juan de Ulibarrí;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Las Lagunitas;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Montoya;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Ojito de Galisteo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Río del Oso;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: San Cristóbal;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Santa Rita del Cobre;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Tacubaya;
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblo of San Cristóbal.
Mercedes realizadas por oficiales que carecían de autoridad para
realizar mercedes:
Documentación original de mercedes comunitarias: Badito;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañada de los
Mestaños;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cañada de San
Francisco;
Documentación original de mercedes comunitarias: Río del Picurís;
Documentación original de mercedes comunitarias: San Antonio del Río
Colorado;
Documentación original de mercedes comunitarias: San Antoñito;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Gotera;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Maragua;
Mercedes que se basaban en copias de documentos realizadas por
oficiales sin autorización para hacer copias:
Documentación original de mercedes comunitarias: Cieneguilla (Pueblo
de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Embudo;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Sanguijuela;
Mercedes rechazadas por una variedad de rezones legales:
Documentación original de mercedes comunitarias: Barranca;
Documentación original de mercedes comunitarias: Cebolla;
Documentación original de mercedes comunitarias: Gervacio Nolan;
Documentación original de mercedes comunitarias: Los Conejos;
Documentación original de mercedes comunitarias: Rancho de Ysleta;
Documentación original de mercedes comunitarias: San Joaquín del
Nacimiento;
Documentación original de mercedes comunitarias: Vallecito de Lovato
(Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Heath;
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Real de Dolores del Oro
(Pueblo de);
Mercedes comunitarias auto-identificadas: Río Tesuque (Pueblo de);
Mercedes comunitarias Pueblo: Pueblos of Zía, Jémez, & Santa Ana.
Fuente: Análisis GAO:
[Extremo de la tabla]
[Extremo de la sección]
Apéndice XII: Mapas que Representan la Posesión Actual a lo largo de
los Límites de las Mercedes Originalmente Reclamadas:
[Extremo de la sección]
Este apéndice contiene seis mapas (figuras 9-14) que muestran los
límites reclamados originalmente y los actuales proprietarios de ocho
mercedes de tierras--Cañon de Chama, San Miguel del Vado, Petaca,
Pueblo de Cieneguilla, San Antonio del Río Colorado, Gotera, Maragua y
Cañada de San Francisco.
Los mapas son basados en mediciones preliminaries por el Bureau of Land
Management y deben ser usados para los objectos ilustrativos. Los mapas
muestran la ubicación y la medida original de ocho de las mercedes de
tierras comunitarias. El Bureau of Land Management no ofrece ninguna
garantía de la exactitud, integridad, y perfección de la información
representada en los mapas. Si el Congreso decide tomar cualquier
acción concerniente una de las mercedes de tierras comunitarias
mencionadas en este reporte, mas mediciones deben de ser hechas por el
Bureau of Land Management.
La versión de este reporte en el Website de GAO, http://www.gao.gov,
incluye estos seis mapas en color.
Figura 9: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Cañón de Chama:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminary por el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
Figura 10: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de San Miguel del Vado:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminarypor el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
Figura 11: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Petaca:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminary por el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
Figura 12: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de Cieneguilla:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminarypor el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
Figura 13: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de la Merced de San Antonio del Río Colorado:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminary por el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
Figura 14: Propietarios Actuales dentro de los Límites Originalmente
Reclamados de las Mercedes de Gotera, Maragua y Canada de San
Francisco:
[Vea el PDF para la imagen]
Nota: Este mapa es basado en una medición preliminary por el Bureau of
Land Management (BLM) y debe ser usado solamente para los objectos
ilustrativos. El mapa muestra approxidamente la ubicación y la medida
original de una merced de tierra comunitaria. El BLM no ofrece ninguna
garantía de la exactitude, integridad, y perfección de la información
representatada en el mapa.
[Extremo de la figura]
[Extremo de la sección];
Apendice XIII: Contactos de GAO y Reconocimientos al Personal:
[Extremo de la sección]
Contactos de GAO:
Susan D. Sawtelle, Abogada General Asociada Alan R. Kasdan, Abogado
Mayor Oficina del Abogado General (202) 512-5400:
Jeffery D. Malcolm, Director Adjunto Recursos Naturales y Equipo
Ambiental (202) 512-3841:
Reconocimientos a Miembros del Equipo:
En adición a los mencionados arriba, los siguientes del Equipo
individuos hicieron contribuciones significativas en este reporte:
Robert Alarapon, Robert C. Arsenoff, Aldo Antonio Benejam, Sue Conlon,
Edda Emmanuelli-Perez, James D. Espinoza, José Alfredo Gómez, Tracy
Harris, Barry T. Hill, Chase Huntley, Gary L. Kepplinger, Jonathan S.
McMurray, Wanda Okoro, Anthony R. Padilla, Veronica C. Sandidge, Josie
H. Sigl, Katheryn E. Summers, y Earl Williams.
Tradución: El reporte fue traducido por el Spanish Colonial Research
Center, U.S. National Park Service, Albuquerque, New Mexico, Dr. Joseph
P. Sánchez, Director.
NOTAS A PIE DE PAGINA
[1] GAO simultáneamente publicó el reporte en español, titulado,
Tratado de Guadalupe Hidalgo: Definición y Lista de las Concesiones de
Tierras Comunitarias en Nuevo México (GAO-01-952, Sept. 10, 2001).
[2] El gobierno mexicano participo en acuerdos con los empresarios
quienes contrataron y proveyeron a los colonos con tramos de tierra.
[3] Alan Brinkley, American History: A Survey (McGraw Hill College,
10th ed. 1999), p. 430.
[4] Vea United States v. Percheman, 32 U.S. 51, 86-87 (1833);
Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United
States (1987) §§ 208-09.
[5] Tratado de la Compra de Louisiana, Artículo III (énfasis añadido).
[6] El Apéndice I de este reporte discute los procesos de confirmación
que el Congreso estableció en relación a las mercedes de tierras vistas
en el tratado de la Compra de Louisiana y en el tratado de 1819 de
Estados Unidos y España conocido como el Tratado Adams-Onis o el
Tratado Transcontinental. Ambos tratados sirvieron como posibles
modelos para el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
[7] Bajo el Artículo II, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución de
los Estados Unidos, el presidente está autorizado a negociar tratados,
los términos sobre los cuales debe ser aprobado, por al menos, dos
tercios del Senado de los Estados Unidos. Luego de la aprobación del
Senado, el presidente, fungiendo como el jefe máximo de los Estados
Unidos, ratifica el tratado. Las ratificaciones de los Estados Unidos y
las otras partes del tratado son luego intercambiadas. Vea generally
Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United
States (1987) § 303. Como se discutió en el capítulo 3, para ordenar
provisiones de tratados ratificados para el efecto dado en los Estados
Unidos, ellos deben ser ya sea "auto-ejecutables" o implementados por
una ley (tal como una ley del Congreso) teniendo el efecto de una ley
federal.
[8] El Apéndice II de este reporte contiene los Artículos VIII y IX del
Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Artículo X tal como fue negociado por
el Sr. Trist. El Tratado completo aprobado de la manera en que fue
aprobado por el Senado de los Estados Unidos y ratificado por el
Presidente y por México se encuentra en 9 Stat. 922 (1848).
[9] Vea Treaty of Guadalupe Hidalgo, Art. XII; Christine Klein,
Treaties of Conquest: Property Rights, Indian Treaties, and the Treaty
of Guadalupe Hidalgo, 26 N.M.L. Rev. 201, 208 (1996).
[10] Cuando el Senado aprueba el tratado sobre la base de un
entendimiento particular de su significado, el Presidente, si es que
ratifica el tratado, debe hacerlo sobre la base del entendimiento del
Senado. Restatement, Foreign Relations Law, nota 7 arriba, § 314. En el
caso del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Presidente estuvo de acuerdo
con los cambios del Senado y su ratificación para apoyar estos cambios.
[11] Vea La carta del Secretario de Estado Buchanan al Ministro
Mexicano de Asuntos Exteriores de la República Mexicana (el 18 marzo
de1848).
[12] El apéndice III de este reporte contiene porciones relevantes del
protocolo de Querétaro.
[13] El nombre oficial del tratado, firmado el 30 de Diciembre de 1853,
es el Tratado de los Límites, Cesión de Territorio, Transferencia del
Istmo de Tehuantepec.
[14] Apéndice IV de este reporte contiene los Artículos V y VI del
Tratado de la Compra de Gadsden. Como se ha discutido en el capítulo 2,
las mercedes de tierra que habían sido hechas entre el territorio
incluido en la Compra de Gadsden no fueron inicialmente tratadas de la
misma manera de que las mercedes entre los territorios cedidos bajo el
Tratado de Guadalupe Hidalgo, debido a una provisión en la legislación
1854 aprobada para implementar el tratado de Guadalupe Hidalgo e
interpretaciones de esta provisión por el Departamento del Interior.
[15] Porciones relevantes de la Ley de 1851, 9 Stat. 631 ("Una ley para
determinar y resolver las reclamaciones de las mercedes de tierras
privadas en el Estado de California"), algunas veces referidas como la
Ley de Reclamos Mexicanos, están contenidas en el apéndice V de este
reporte.
[16] Porciones relevantes de la ley 1854, 10 Stat. 308 ("Una ley que
establece las Oficinas del Agrimensor General de Nuevo México, Kansas y
Nebraska, para donaciones de mercedes a colonos actuales, y para otros
propósitos") están contenidas en el apéndice VI de este reporte.
[17] Como se refleja en la tabla 1 en este capítulo, el Congreso
estableció la Oficina del Agrimensor General de California en 1851 y
luego estableció las posiciones de Agrimensor General en Utah,
Colorado, Nevada y Arizona. La legislación de 1854 que estableció la
Oficina del Agrimensor General en Nuevo México también estableció la
Oficina del Agrimensor General en Kansas y Nebraska.
[18] United States v. O'Donnell, 303 U.S. 501, 523-24 (1938). La
decisión de O'Donnell sobre la naturaleza política de la jurisdicción
de la comisión y la naturaleza anti-adversarios de sus procedimientos
son discutidas en mayor detalle en el capítulo 3
[19] Los principios de equidad reflejan los principios amplios de
justicia adicionalmente a los requerimientos técnicos de la ley.
[20] La evidencia prima facie es una evidencia que resulta suficiente
para establecer un supuesto de que un grupo de hechos son verdaderos y
para modificar la carga de la prueba de una de las partes en busca de
establecer si los hechos no son verdaderos o tienen un significado
diferente.
[21] Aquellos procesos de confirmación de mercedes de tierras de
California resultaron no ser un procedimiento estricto "in personam"
(determinando los derechos y las obligaciones de uno sobre otro) o un
procedimiento "in rem" (determinando los derechos de propiedad de todas
las personas en función a la propiedad específica), siendo que un
procedimiento "quasi in rem" (determinando los intereses de personas
particulares en una propiedad particular). Ver generally Restatement,
Second, Judgments (1982) §§ 2, 5, 6 (un "verdadero" procedimiento in
rem es uno "contra el mundo," vea §6, Comentario "a"). Quasi in rem
incluye aquellos donde el reclamante busca establecer la pertenencia en
una propiedad especifica y extinguir los intereses de pertenencia de
otros, ver Hanson v. Denckla, 257 U.S. 235, 246 n. 12 (1958). Las
implicaciones del debido proceso legal constitucional en estas
diferentes categorías de procedimientos para reclamos de mercedes de
tierras bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo se discuten en el capítulo
3.
[22] Una merced "perfecta" fue una merced hecha en concordancia con los
requerimientos legales de España y México y para las cuales las
condiciones anexas a la merced ha sido satisfechas. Una merced
"imperfecta", "incompleta" o "incoata" fue una merced que ya sea que no
fue hecha de acuerdo en concordancia con estos requerimientos legales,
o para la cual todas estas condiciones no se han satisfecho.
[23] Vea, e.g., DeArguello v. Greer, 26 Cal. 615 (1864); Minturn v.
Brower, 24 Cal. 644 (1864).
[24] Ver de manera general Federico M. Cheever, Comment: A New Approach
to Spanish and Mexican Land Grants and the Public Trust Doctrine:
Defining the Property Interest Protected by the Treaty of Guadalupe-
Hidalgo, 33 UCLA L. Rev. 1364, 1389-95 (1986). Vea también United
States v. O'Donnell, pie de página 18 arriba (ya que la Ley de 1851
determina que los títulos entre los reclamantes y los E. U., las
personas que más tarde hicieron reclamos bajo el título de E.U no
fueron "terceras partes" capacitadas para formular recusaciones bajo la
sección 15).
[25] Vea, e.g., Freemont v. United States, 58 U.S. 542 (1854); United
States v. Reading, 59 U.S. 1 (1855); United States v. Larkin, 59 U.S.
557 (1855); United States v. Fossatt, 62 U.S. 445 (1858); United States
v. Teschmaker, 63 U.S. 392 (1859); United States v. Andres Pico, 63
U.S. 406 (1859); United States v. Rose, 64 U.S. 256 (1859); Luco v.
United States, 64 U.S. 515 (1859); Stearns v. United States, 73 U.S.
589 (1867). Pero ver United States v. Cambuston, 61 U.S. 59 (1857)
(rechazando mercedes de tierras de California no hechas por
gobernadores mexicanos, a luz del estatuto mexicano de 1824 y las
regulaciones mexicanas de 1828 autorizando sólo a los gobernadores
otorgar mercedes de tierras de acuerdo a los términos del estatuto y
las regulaciones).
[26] United States v. Fossatt, pie de página 25, p. 451.
[27] C. Klein, al pie de página 9, 26 N.M.L. Rev., p. 223.
[28] La decisión Botiller se discute con gran detalle en el capitulo 3.
[29] La Oficina General de la Tierra, creada en 1812, fue luego
combinada con la Oficina de Pastereo el 16 de julio de 1946 para formar
el Bureau of Land Management del Departamento del Interior. Hoy en día
la oficina de Nuevo México del Bureau of Land Management, está
localizada en Santa Fé y tiene en su custodia algunos de registros
históricos y mediciones del Agrimensor General de Nuevo México.
[30] Vea Act of Feb. 28, 1861, 12 Stat. 172. Sin embargo, el
Departamento del Interior no expidió instrucciones para la
investigación de los reclamos de mercedes de tierras al Agrimensor
General de Colorado hasta 1877.
[31] La Oficina del Agrimensor General de Arizona fue originalmente
establecida por la Ley del 24 febrero de 1863 y la oficina abrió en
Tucson, Arizona el 25 de enero de 1864. Bajo la Ley del 24 de febrero
1863, 12 Stat. 664, el Agrimensor General de Arizona tenía algunos de
los mismos poderes y deberes tal como el Agrimensor General de Nuevo
México. Sin embargo, la Oficina del Agrimensor General de Arizona cerró
el 4 de Julio de 1864. Desde 1864 hasta 1870, cuando la oficina
reabrió, ya sea el Agrimensor General de Nuevo México o el Agrimensor
General de California cubrió el Territorio de Arizona. La Oficina del
Agrimensor General de Arizona fue reabierta por la Ley del 11 de julio
de 1870, 16 Stat. 230, y la Ley del 15 de julio de 1870, 16 Stat. 291,
reestableciendo la autoridad del Agrimensor General de Arizona para
investigar las mercedes de tierras. El Departamento del Interior no
expidió instrucciones para la investigación de las mercedes de tierras
al Agrimensor General de Arizona hasta 1877.
[32] Vea la Ley del 3 de Marzo de 1891, 26 Stat. 854, ("una ley para
establecer una court of private land claims, y para proveer la
resolución de los reclamos privados en ciertos estados y territorios").
Porciones relevantes de la Ley de 1891 están contenidos en el apéndice
VII en este reporte.
[33] Como se anotado, el apéndice I de este reporte discute los
procesos de confirmación bajo los tratados de compra de Louisiana y
Florida.
[34] Como se ha anotado, si es que el proceso del Agrimensor General
cumplió con los requerimientos de debido proceso legal se ha discutido
en el capítulo 3.
[35] En junio de 1967 un grupo de hombres armados tomó dos rehenes del
palacio de justicia del condado de Río Arriba en el pueblo de Tierra
Amarilla en el cual varios miembros de la Alianza Federal de Mercedes
se habían desplegado en una asamblea ilegal. La Alianza Federal de
Mercedes liderada por Reies López Tijerina era una organización que
buscaba el restablecimiento de la propiedad de las mercedes de tierras
españolas y mexicanas a los herederos de los concesionados. Muchos de
estos herederos cuestionaban sobre lo que ellos creían era la pérdida
de cientos de miles de acres de tierras ancestrales a partir de
acciones de partes privadas y el gobierno de los Estados Unidos.
[36] Vea U.S. General Accounting Office, Treaty of Guadalupe Hidalgo:
Definition and List of Community Land Grants in New Mexico, GAO-01-951
(Washington, D.C.: Sept. 10, 2001); U.S. General Accounting Office,
Tratado de Guadalupe Hidalgo: Definición y Lista de las Concesiones de
Tierras Comunitarias en Nuevo México, GAO-01-952 (Washington, D.C.:
Sept. 10, 2001).
[37] El Agrimensor General de Nuevo México fue establecido con el mismo
"poder, autoridad, y responsabilidades… como aquellos proporcionados
por la ley del Agrimensor General de Oregon". El Agrimensor General de
Oregon, en turno, fue establecido en 1850 con la misma autoridad y
responsabilidades, como el "agrimensor de tierras en los Estados Unidos
del noroeste de Ohio," excepto como lo proveído de manera distinta. Ver
Ley del 27 de septiembre de 1850, 9 Stat. 496. A finales de 1854, había
un total de 11 agrimensores generales desde Florida a California.
[38] Inicialmente, la autoridad del Agrimensor General para evaluar las
mercedes de tierra reclamadas no era considerada para incluir mercedes
localizadas dentro de Gadsen Purchase. La ley del 6 de agosto de 1854
(10 Stat. 575) estipuló que "hasta que la ley estipulara lo contrario,
el territorio adquirido bajo el reciente tratado con México, comúnmente
conocido como el Tratado Gadsden, es, y el mismo es por la presente
incorporado con el territorio de Nuevo México, "sujeto a todas la leyes
recientes de dicho llamado territorio". En todo caso, desde 1854 hasta
1872 la Oficina de Tierras Generales del Departmento del Interior
interpretó la frase "sujeto a todas la leyes recientes de dicho llamado
territorio" como significando leyes locales del territorio y no leyes
de Congreso tales como la ley del 1854 que implementó el Tratado de
Guadalupe Hidalgo, y por lo tanto la autoridad del Agrimensor General
no era considerada para incluir el Gadsden Purchase. No fue hasta
febrero de 1872, cuando el Departamento expidió una nueva
interpretación de la ley del 4 de agosto de 1854, que la autoridad del
Agrimensor General era considerada para extenderse a la Gadsden
Purchase.
[39] La Ley de 1891 creando la CPLC también estableció un límite de 2
años para presentaciones, como lo hizo en los estatutos pertenecientes
a la presentación de reclamos de mercedes de tierras con respecto a la
Compra de Louisiana y Florida. (Los límites de tiempo de la Compra de
Louisiana y Florida fueron extendidos más tarde).
[40] Como se muestra en el apéndice VI de este reporte, para alentar la
población de las extensas tierras públicas que el gobierno federal
poseía en el oeste de los Estados Unidos, las Secciones 1 y 2 de la Ley
de 1854 ofreció para cada ciudadano blanco masculino de los Estados
Unidos, y a cada persona masculina blanca mayor de la edad de 21 años
con residencia en el territorio antes del día primero en enero de 1853
quien había declarado la intención de llegar a ser ciudadano, 160 acres
de tierra en el territorio.
[41] Instrucciones del Departamento Interior para el Agrimensor
General, fechado 21 de Agosto de 1854 y titulado "Instrucciones para el
Agrimensor General de Nuevo México," son contenidas en el apéndice IX
para este reporte.
[42] Como se vió en el capitulo 1, una merced "perfecta" era una merced
que había cumplido con todos los requerimientos y condiciones para una
merced válida bajo la ley española o mexicana. Una merced "imperfecta,"
también llamada una merced "incoada" o "incompleta," era una que no
había reunido todos estos requerimientos y condiciones. En este
contexto, los términos "merced imperfecta," "merced incompleta," y
"merced incoada" son equivalentes a tener "título equitativo." Vea
Chitimacha Tribe of Louisiana v. Harry L. Laws Co., 690 F. 2d 1157,
1169-70 (5th Cir. 1982); Soulard v. United States, 29 U.S. 511, 512
(1830); Strother v. Lucas, 37 U.S. 410, 436 (1838); Leese v. Clark, 20
Cal. 387, 421 (1862). Un reclamo basado en título equitativo da todos
los beneficios de propiedad aún cuando el título técnico legal lo tiene
otra persona.
[43] El primer reporte anual del Agrimensor General, fechado 30 de
Septiembre de 1855, incluye una copia de la notificación inicial del
Agrimensor General, tanto publicada en inglés como en español,
solicitando la información especificada en las instrucciones del
Departamento del Interior. Ningún límite de tiempo fue establecido para
la presentación de las demandas; la notificación indicó que "[p]ara
permitir que el agrimensor general cumpla con su responsabilidad que le
fue impuesta, por ley, el tiene que solicitar a todos aquellos
individuos quienes reclaman tierras en Nuevo México antes del tratado
de 1848, para producir evidencias de tales reclamaciones en esta
oficina de Santa Fé tan pronto como sea posible." El reporte no indicó
si la notificación fue publicada sólo en el periódico de Santa Fé de
gran circulación o en otros lugares también. El reporte anual de 1858
del Agrimensor General indica que la notificación fue publicada varias
veces; como el Agrimensor General explicó, "La oficina ha estado en
operación hasta ahora por cuatro años, y la notificación ha sido
constantemente dada para los habitantes del periodo de su
establecimiento hasta ahora en el presente, invitándoles a presentar
sus reclamaciones tan temprano de la fecha como sea factible; no
obstante de todo esto, sólo una pequeña proporción de las reclamaciones
han sido presentadas." (Énfasis añadida.)
[44] Un total de 229 reclamaciones fueron presentado con el Agrimensor
General de Nuevo México, incluyendo dos reclamaciones para mercedes de
tierras actualmente ubicadas exclusivamente en Colorado, dos
reclamaciones para las mercedes de tierras hechas por Tejas en el área
disputada del Territorio de Nuevo México este del Río Grande, y tres
reclamaciones para las mercedes de tierras hechas después que los
Estado Unidos tomó control del territorio. Excepto por una merced de
Tejas, cada una de las reclamaciones eran tanto asignadas a un número
de archivo del Agrimensor General del 1 al 213 o una letra de la A a la
V. No todos de los números o letras fueron usados en secuencia. En
algunos casos, reclamaciones múltiples fueron presentadas por la misma
merced o una reclamación incluía múltiples mercedes de tierras. Las
reclamaciones de los indígenas Pueblo fueron designadas alfabéticamente
de la A a la V. La letra J no era usada y la reclamación conjunta de los
indígenas Pueblos de Zia, Jemez y Santa Ana fue designada como "TT."
[45] Algunos de los archivos habían sido destruidos durante la
ocupación militar Americana de Santa Fé en 1846. Además, el Agrimensor
General de Nuevo México, en un reporte anual en 1885, notificó "muchos
documentos de las mercedes desaparecieron durante el intento de
destrucción completa de los Archivos de Nuevo México por un Gobernador
Americano en 1870." También, el Agrimensor General reportó que otros
documentos relacionados a las mercedes sufrieron estropeo, fueron
perdidos, fueron mutilados, o llegaron a ser ilegibles.
[46] La información de la lista de casos pendientes contenida en
reportes del Agrimensor General de Nuevo México indica que había
contrainterrogatorio de testigos dentro de un mínimo de 20 casos con
respecto a cuando menos las siguientes reclamaciones:
Contrainterrogatorio de testigos apoyando el reclamante por un abogado
de una persona disputando una reclamacione (1) La merced de Los Trigos
(Surveyor General Report (SGR) No. 8, 1856); (2) La merced de Los
Serillos (SGR No. 59, 1872); (3) La merced de Cañada de los Apaches
(Gotera) (SGR No. 56, 1871); (4) La merced de Pueblo de Galisteo (SGR No.
60, 1872); (5) La merced de Bartolomé Baca (SGR No. 126, 1881); (6) La
merced de Sierra Mosca (Supplemental SGR No. 75, 1886); y (7) La merced
de José García (SGR No. 160, 1888). Además, en el caso de la merced de
Ojito de las Gallinas (Preston Beck) (SGR No. 1, 1856), con respeto a
una disputa entre Preston Beck y los pobladores en las mercedes de
tierras, los abogados de ambas partes presentaron testimonios.
Contrainterrogatorio de testigos apoyando el reclamante por un abogado
de los Estados Unidos: (1) La merced del Jornado del Muerto (SGR No.
26, 1859); (2) La merced de Bartolomé Baca (SGR No. 126, 1881); (3) La
merced del Rancho de la Santísma Trinidad (SGR No. 123, 1881); (4) La
merced de Sebastian de Vargas (SGR No. 137, 1884); y (5) La merced de
Santo Tomás de Yturbide (SGR No. 139, 1885). Además, en la merced de
José Manuel Sanchez Baca (SGR No. 129, 1882), un abogado de los Estados
Unidos estaba presente pero no conducía la contrainterrogación.
Contrainterrogatorio de testigos apoyando el reclamante por el
Agrimensor General o su personal: (1) La merced de Anton Chico (SGR No.
29, 1859); (2) La merced de Pueblo de Mora (SGR No. 32, 1859); (3) La
merced de San Joaquín de Nacimiento (Supp. SGR No. 66, 1886); (4) La
merced de Francisco de Anaya Almazán (Supp. SGR No. 115, 1886) (la
lista de casos pendientes es incierto como quien es la persona que esta
conduciendo el contrainterrogatorio; nosotros creemos que es muy
probable que el Agrimensor General o sus empleados porque ellos estaban
con el control completo del seguimiento); (5) La merced del Pajarito
(SGR No. 157, 1887); (6) La merced del Pueblo de Cieneguilla (Supp. SGR
No. 62, 1886); (7) La merced del Arroyo Hondo (SGR 159, 1888); y (8) La
merced deCristóbal de la Cerna (SGR No. 158, 1888).
[47] Un total de 183 reportes fueron expedidos, incluyendo reportes de
2 mercedes de tierras actualmente ubicadas exclusivamente en Colorado y
2 reportes para las mercedes de tierras hechas por Tejas en el área
disputada del Territorio de Nuevo México del este del Río Grande. Dos
reportes cubrieron mercedes múltiples y tres mercedes estaban cubiertas
por reportes múltiples. No hay correlación entre el número de archivo
del Agrimensor General y el número del reporte del Agrimensor General.
Las mercedes de tierras comunitarias San Clemente, por ejemplo, estaba
el Archivo Agrimensor General No. 3 y Reporte No. 67.
[48] Los dos criterios adicionales que la GAO aplicó en identificar las
mercedes comunitarias fueron que una merced contuviera tierras comunes
y que la merced hubiera sido presentada por 10 o más pobladores.
[49] El caso Cambuston es comentado con más detalle en el capítulo 3.
[50] El estatuto de 1860, por ejemplo, con tal de que "la confirmación
anterior sólo será construida como renuncias o abandonamientos por la
parte de los Estados Unidos y no afectará las derechos adversos de
alguna otra persona o personas cualquiera." 12 Stat. 71, 71-72 (1860).
[51] Vea, e.g., Interstate Land Co. v. Maxwell Land Grant Co., 139 U.S.
569, 580 (1893); Jones v. St. Louis Land & Cattle Co., 232 U.S. 355,
359-61 (1914). Sino ver Lobato v. Taylor, 13 P.3d 821 (Colo. Ct. App.
2000) (citando Tameling v. U.S. Freehold & Emigration Co., 93 U.S. 644
(1876), presentado más tarde en este capítulo), rev'd on other grounds,
71 P.3d 938 (Colo. 2002) (los más recientes reclamantes con posesiones
fueron obligados por la ley de confirmación de 1860 a pesar de la
declaración de la ley que sólo afecta los derechos de Estados Unidos y
el reclamante original). Vea en general F. Cheever, pie de pagina 24.
[52] Ley del 30 de mayo de 1862, 12 Stat. 409; Ley del 2 de junio de
1862, 12 Stat. 410.
[53] La ley del 2 de junio de 1862 fue revocada por la Ley del 18 de
febrero de 1871, 16 Stat. 416. La sección 3 de la Ley del 30 de mayo de
1862 fue repelada por la Ley del 3 marzo de 1875, 18 Stat. 384.
[54] La ley del 31 de julio de 1876, 19 Stat. 121. Bajo el estatuto
subsecuente CPLC promulgado en marzo de 1891, el costo de la medición
fue dividido en partes iguales entre el reclamante y el gobierno de
Estados Unidos.
[55] Vea H.R. 544, 35th Cong. 1st Sess. (1858).
[56] La decisión Tameling es también comentada en el capítulo 3.
[57] Vea United States v. Larkin, 59 U.S. 557 (1855); United States. v.
The Widow, Heirs, and Executors of William E.P. Hartnell, 63 U.S. 286
(1859).
[58] La merced Las Animas en Colorado representa la situación opuesta:
donde la merced original era grande y era considerablemente reducida
por el Congreso. La merced fue confirmada por la Ley del 21 de junio de
1860 junto con las mercedes de Maxwell and Sangre de Cristo, y fue
reducida por su tamaño original de más de 4 millones de acres para
cerca de 97,000 acres (22 leguas cuadradas ó 11 leguas cuadradas por
persona para 2 personas).
[59] A diferencia, como se dijo arriba y comentó en el capítulo 3,
personas quienes creyeron que ellos tuvieron un título igual o superior
para los reclamantes originales presentarían una recusación de corte
separada.
[60] Tameling, 93 U.S. at 663. En este contexto, la Corte Suprema usó
el término de merced de novo indicando que la confirmación congresional
era el equivalente de los Estados Unidos habiendo otorgado una nueva
merced transfiriendo su propio interes de propiedad. El Congreso tomo
acción similar cuando, después de que la Corte Suprema había rechazado
la confirmación de las mercedes de Santa Fé y la Ciudad de Albuquerque
previamente confirmada por la CPLC, el Congreso decidió para confirmar
las dos mercedes por sí mismas (vea tablas 12 y 13 más tarde en este
capítulo).
[61] El Congreso asignó $25,000 para finales del año fiscal del 30 de
junio de 1877, para la medición de las reclamaciones en los Estados
Unidos. La mayoría de los fondos--$17,000--fueron asignados a Nuevo
México, el restante estaba dividido entre Arizona, California, and
Nevada. Los fondos permitieron al gobierno de los Estados Unidos a
determinar el tamaño de las mercedes aguardando la acción congresional.
Los reclamantes eran finalmente los responsables por los costos de la
medición y tuvieron que reembolsar al gobierno de los Estados Unidos de
estos costos si la merced era eventualmente confirmada. La merced de la
Mesita de Juana Lopez era una de las primeras mercedes de ser medidas
con estos fondos nuevos.
[62] 21 Cong. Rec. 10415 (Sept. 25, 1890).
[63] J.J. Bowden, "Private Land Claims in the Southwest" (tesis L.L.M.
no publicada), Vol. I (Dallas, Tex.: Southern Methodist University,
1969), p. 230.
[64] Apéndice X para este reporte contiene todas las listas de 295
mercedes de tierra españolas y mexicana hechas en Nuevo México y por
cada merced identifica el tipo de merced, el archivo y el número de
reporte de Agrimensor General, y el presento número de sumario de casos
CPLC.
[65] Las Secciones 16-18 de la Ley de 1891 autorizó reclamaciones de
pequeños propietarios de más de 160 acres por persona (Vea apéndice VII
para este reporte).
[66] Aunque la sección 9 de esta Ley de 1891 autorizó a la Corte
Suprema de los Estados Unidos conducir enteramente un juicio nuevo
sobre la reclamación si "la verdad y justicia lo requirió," este nunca
ejercitó esta autoridad.
[67] Como se comentó en el capítulo 3, los herederos habían presentado
una demanda en contra de la merced de tierra el Tecolote en el estado
de Nuevo México sobre lo que ellos afirmaron sus títulos por porciones
de las mercedes basadas en tanto las leyes mexicanas y los estatutos de
posesión adversos. Vea Montoya v. Tecolote Land Grant, No. D-412-CV-
9900322, Cuarto Distrito Judicial, Condado de San Miguel. La doctrina
de posesiones adversas permite a una persona obtener título simple de
bienes completos para el poseedor real de la propiedad por otra persona
a través de una posesión abierta, continua e ininterrumpida de la
propiedad real por un periodo de años, y Nuevo México había promulgado
la legislación específicamente dirigiendo las mercedes de tierras,
permitiendo obtener el título de esta manera después de 10 años. Vea
N.M.S.A. § 37-1-21. Por lo que una persona con título inferior quien ha
ocupado una merced de tierra por cuando menos 10 años en conformidad
con la posesión de estatutos adversos de Nuevo México puede ser capaz
de rechazar la recusación de una parte con el título, vea, e.g.,
Montoya v. Gonzales, 232 U.S. 375 (1914)(aplicándolo en previo estatuto
de Nuevo México). Parece no haber un plazo límite del estatuto bajo la
ley de Nuevo México al traer recusaciones basadas en el título superior
de español o mexicano o posesión adversa, y el 17 de septiembre del
2003, la corte en la demanda Montoya v. Tecolote Land Grant decidió que
las reclamaciones que también no fueran enlistadas por la doctrina de
"laches" (daños o prejuicios como resultado de un lapso de tiempo).
[68] Como se describió arriba, animar a nuevos pobladores, la Ley de
1854 ofreció más de 160 acres de tierra a cada ciudadano masculino
blanco de los Estados Unidos y cada hombre blanco con más de 21 años de
edad quien había declarado la intención de llegar a ser un ciudadano y
estaba residiendo en los territorios previos al primero de enero de
1853.
[69] Vea United States v. Elder, arriba, 77 U.S. at 123; Peralta v.
United States, 70 U.S. 434, 441 (1865).
[70] Las cortes de equidad desarrollaron en Inglaterra en repuesta a la
naturaleza rígida de la ley Inglesa. Aunque en alguna ocasión en los
Estados Unidos las cortes de ley comun y cortes de equidad estaban
separadas, cortes modernas ejercitaban ambos de estos poderes.
[71] El Administrador Ely incluyó una merced ubicada en la Gadsden
Purchase y la Corte Suprema sostuvo que la CPLC usaría su poder de
equidad para ubicar el área cubierta por la merced:
"Por lo tanto en una investigación de esta clase [la CPLC] no es
limitada a las reglas secas y técnicas de una corte de ley, pero puede
inquirir y establecer que lo que fue equitativo era la tierra
concesionada por el gobierno de México. Sin duda el propósito del
congreso por esta promulgación para proveer un tribunal el cuál debe
examinar todas las reclamaciones y títulos, y eso debe, hasta como fue
factible en conforme con las reglas equitativas, finalmente establecer
y determinar los derechos de todos los reclamantes."
171 U.S. at 240.
[72] Vea United States v. Chaves, 159 U.S. 452, 456 (1895); ver también
Sena v. United States, 189 U.S. 233, 240 (1903).
[73] Vea Sandoval, 167 U.S. a 298. Vea también el Rio Arriba Land &
Cattle Co. v. United States, 167 U.S. 298, 309 (1897) (aplicando la
decisión Sandoval a la merced de Cañón de Chama ).
[74] El 5 de diciembre de 1901, el Presidente Theodore Roosevelt nombró
a Frank I. Osborne llenar el lugar vacante creado por la muerte del
Juez Asociado Fuller.
[75] Vea los reportes anuales de Abogado de Estados Unidos para 1891 y
1892. La CPLC solicitó al Abogado de los Estados Unidos someter un
reporte anual dando un perfil de los trabajos de la corte, y estos
fueron incorporados dentro del reporte anual del Departamento de
Justicia del Abogado General de los Estados Unidos.
[76] Un total de 282 reclamaciones fueron presentadas con la CPLC del
Distrito de Nuevo México, incluyendo 12 reclamaciones que fueron
subsecuentemente transferidas al Distrito de Arizona y 5 reclamaciones
por la merced de tierra Las Animas en Colorado. Las reclamaciones
múltiples fueron presentadas por un número de mercedes.
[77] Por ejemplo, el agente especial Will M. Tipton, quien permaneció
con la Oficina de Abogados de los Estados Unidos por 9 años, era fluido
en español y experto en manuscrito. El examinó y asesoró sobre los
documento envueltos en los casos de las mercedes de tierra y fueron
considerado un experto porque el había servido para 16 años en la
oficina del Agrimensor General de Nuevo México como un actuario,
copiante, traductor y custodia de los archivos.
[78] De acuerdo a Bowden, la pie de página 63, la CPLC descubrió que
muchas de las leyes potenciales relevantes y estatutos habían sido
traducidos a inglés. El Abogado de los Estados Unidos, Matthew
Reynolds, por lo tanto recopiló y publicó traducciones de cédulas
españolas y mexicanas y leyes que fueron referidas con mayor frecuencia
en las reclamaciones de las mercedes de tierras, y Mr. Reynolds y la
CPLC usaron estas traducciones en su trabajo. La Corte Suprema también
usó estas y otras traducciones en su revisión de las decisiones de la
CPLC. Los eruditos habían criticado el uso de las traducciones Reynolds
por razón de que ellos no incluían todas las leyes correspondientes a
las mercedes de tierras.
[79] Vea en general Richard Wells Bradfute, The Court of Private Land
Claims: The Adjudication of Spanish and Mexican Land Grants Titles,
1891-1904 (University of New Mexico Press, 1975).
[80] Vea F. Cheever, pie de página 24, arriba, 33 UCLA L. Rev., p.
1388.
[81] Vea 1891 Ley, Sec. 17. Como se comentó en el pie de página 67, la
doctrina de posesión adversa permite una persona obtener título de
propiedad completo para la propiedad poseída por otra persona a través
de una abierta, continua y posesión ininterrumpida de la propiedad real
por un período de años.
[83] El Congreso más tarde pasó tres leyes adicionales en 1922, 1926 y
1932 autorizando el Comisionado de la Oficina General de Tierras o la
Secretaría del Departamento del Interior para expedir patentes hasta
160 acres para tramos de tierra que habían sido mantenidos en posesión
adversa.
[83] Vea, e.g., Malcolm Ebright, Land Grants & Law Suits in Northern
New Mexico (Albuquerque, N. Mex.: Univ. of N. Mex. Press, 1994), p. 37.
[84] De este 55 por ciento (9.98 millones de acres) otorgadas, el
Agrimensor General otorgó 80 por ciento de los acres de tierra y la
CPLC otorgó el 20 por ciento restante.
[85] Apéndice XI de este reporte contiene un resumen de los resultados
de cada una de 154 mercedes de tierras comunitarias.
[86] Como se discutió en el capítulo 2, la medición de las mercedes de
tierras fue controversial y abierta al abuso por: (1) la descripciones
de los linderos vagos o inexistentes; (2) la dependencia del Agrimensor
General en los reclamantes para ayudar a identificar los linderos de
las mercedes; y (3) el uso de agrimensores contratados y pagados por
milla. Mientras que algunos herederos reclaman que sus mercedes fueron
reducidas en tamaño de manera inapropiada debido a mediciones
imprecisas, también se han hecho acusaciones por numerosos Agrimensores
Generales y el público de que las mercedes fueron agrandadas de manera
inapropiada durante el proceso de medición.
[87] Las mediciones redujeron el área en acres de 12,546 acres a 9,647
acres y a 7,342 acres, respectivamente. La merced fue otorgada con
7,342 acres de acuerdo a última medición. La primera medición fue
defectuosa porque la medición se cerró para formar un área delimitada.
Un conflicto de linderos con la merced de San Miguel del Vado conllevó
al ajuste final de 9,647 acres a 7,342 acres.
[88] Como lo hizo notar la corte, "este fue un asunto para la
consideración del Congreso; y nosotros consideramos resuelto por la
acción de esa entidad. La forma en que está parafraseado el acto de
confirmación lo encontramos en nuestra opinión explícito e inequívoco."
Id. 663.
[89] Para casos que involucran la merced de Tierra Amarilla, vea
Martinez v. Rivera, 196 F.2d 192, 193-94 (10th Cir.), cert. denied, 344
U. S. 828 (1952); Flores v. Brusselbach, 149 F.2d 616, 617 (10th
Cir.1945); Payne Land & Livestock Co.v. Archvelta, 180 F. Supp. 651,
654-55 (D.N.M. 1960); y H.N.D. Land Co. v. Suazo, 44 N.M. 547 (1940).
Vea también Martinez v. Mundy, 61 N.M. 87, 90 (1956) (siguiendo a Suazo
y manteniendo que si es que el Congreso confirmó la merced de Tierra
Amarilla como una merced individual o hizo de sus tierras comunes una
merced de novo se confirió "título absoluto" al concesionado). Para los
casos que involucran retos a la confirmación del Congreso de mercedes
comunitarias, ver Mondragon v. Tenorio, 554 F.2d 423, 425 (10th Cir.
1977), y Reilly v. Shipman, 266 F. 852, 859 (8th Cir. 1920) (ambos
involucran la merced de Anton Chico), y Yeast v. Pru, 292 F. 598, 605-
07 (D.N.M. 1923) (involucran las mercedes de Casa Colorado y Belen).
[90] Como se ha discutido en el capítulo 1, sin embargo (vea pie de
página 24), a pesar que la Ley de 1851 proveyó que tales decisiones
resultando del proceso de la Comisión en California donde no había
vinculación a ciertas "terceras personas" que no habían presentado un
reclamo, la decisión de la Corte Suprema Botiller v. Dominguez eliminó
de manera efectiva esta provisión del estatuto e hizo que las
decisiones de la Comisión serían obligatorios a todas las partes.
[91] Vea Montoya v. Tecolote Land Grant, No. D-412-CV-9900322, Fourth
Judicial District, County of San Miguel, Partial Stipulated Order and
Judgment (May 2, 2003).
[92] Vea Montoya v. Tecolote Land Grant, pie de página 91, Hallazgo de
Hechos y Conclusiones de Ley (Sept. 17, 2003). La corte halló dos
motivos independientes para los títulos superiores de herederos: la ley
mexicana (la merced de 1825 y la de decisión administrative de 1838) y
los estatutos de posesión del estado. La corte también decidió que los
reclamos de los herederos no los prohibía por la doctrina de "laches"
(daños y prejuicios resultando del lapso de tiempo). Al momento de este
reporte, la merced de tierra ha indicado que piensa apelar la decisión
de la corte del 17 de septiembre.
[93] Vea University of New Mexico School of Law, Natural Resources
Center (presentado al Farmers Home Administration en Washington, D.C.),
Remote Claims Impact Study: Lot II-A, Study of the Problems That
Resulted from Spanish and Mexican Land Grant Claims (Albuquerque, N.
Mex.: 1980); Richard Wells Bradfute, The Court of Private Land Claims:
The Adjudication of Spanish and Mexican Land Grants Titles, 1891-1904
(Albuquerque, N. Mex.: University of New Mexico Press, 1975); Plácido
Gómez, Comment, The History and Adjudication of the Common Lands of
Spanish and Mexican Land Grants, 25 Nat. R. J. 1039 (1985).
[94] Un "derecho equitativo" en propriedad es el derecho de beneficiar
del uso proprietario del cual otra entidad mantiene títule legal.
[95] Artículo IV, Sección 3 Cláusala 2, de la Constitución de los
Estados Unidos conocida como la Clásula de Propriedad que provee que
"el Congreso deberá tener el poder de y hacer todas las reglas y
reglamientos necesarias con respeto al territorio u otra propriedad que
le pertenezca los Estados Unidos (Énfasis añadido.)
[96] Vea M. Ebright, Land Grants and Law Suits in Northern New Mexico,
pie de página 83 arriba, p. 24 y capítulo 5; Michael C. Meyer y Michael
M. Brescia, The Contemporary Significance of the Treaty of Guadalupe
Hidalgo to Land Use Issues in Northern New Mexico (Taos, N. Mex.:
Northern New Mexico Stockman's Association and the Institute of
Hispanic American Culture, 1998), pp.15-41; Daniel Tyler, "Ejido Lands
in New Mexico," en Spanish and Mexican Land Grants and the Law
(Manhattan, Kan.: Sunflower University Press, Malcolm Ebright, ed.,
1989), pp. 24-35.
[97] Vea M. Meyer y M. Brescia, pie de página 96, p. 80; C. Klein, pie
de página 9, 26 N.M.L. Rev., pp. 236-37; Richard Garcia y Todd Howland,
Determining the Legitimacy of Spanish Land Grants in Colorado:
Conflicting Values, Legal Pluralism and Demystification of the Sangre
de Cristo/Rael Case, 16 Chicano-Latino L. Rev. 39, 41-44, 52-57, 60-63
(1995). La tierras públicas eran propiedad ya sea del Rey, tierras
realengas o tierra baldías, o del pueblo o aldea, tierras concegiles.
Las tierras baldías estaban disponibles para el uso de quienquiera, ya
sea de manera común para el pastoreo o por algunos individuos para el
cultivo siempre y cuando las tierras estuvieran en uso continuo. Las
tierras concegiles de los pueblos y poblados caían en dos categorías:
(1) propiedad común puesta aparte por todos los pobladores, por
ejemplo, ejidos, montes, y dehesas; y (2) los propios, que eran
rentadas por los pueblos para ganar ingresos para pagar gastos del
pueblo.
[98] Vea P. Gómez, pie de página 93, pp. 1051-53.
[99] Cambuston, 61 U.S. a 63-64 (énfasis añadido) La Corte Supreme, en
parte, estaba dirigiéndose a los principios de equidad porque, como
discutido en capítulo 2, la Comisión de California fue permitida a
considerer tales principios bajo La Ley de 1851
[100] La Asamblea Departamental era equivalente a la Delegación
Provincial o Delegación Territorial bajo diferentes estructuras
gubernamentales mexicanas.
[101] Donde la presunción en favor de los pueblos no aplicaba, el
Agrimensor General siguió Cambuston y Vigil al rechazar mercedes. Por
ejemplo, al rechazar la merced individual del Ojo del Apache en 1872,
el Agrimensor General Proudfit citó específicamente a Cambuston:
"[E]n este caso la merced fue hecha por un juez de paz, que hasta donde
sabemos no fue autorizado ni por la ley o costumbre, bajo ninguna
circunstancia, para otorgar donaciones de las 'tierras públicas
vacantes de la república de México'. No parece que se hubiera hecho
algún intento para cumplir con ninguna de las regulaciones de 1828 o la
ley de 1824 para otorgar esta merced."
Vea Agrimensor General James K. Proudfit, "Opinion of the Surveyor
General for the Ojo del Apache Grant," Dec. 19, 1872, Report No. 72, in
Sen. Ex. Doc. No. 45, 42d Cong., 3d Sess. (1873), p. 19. De manera
similar, después de la decisión Vigil de 1871, el Agrimensor General de
Nuevo Mexico empezó a rechazar mercedes de tierras mexicanas que no
calificaran para la presunción y que hubieran sido hechas por la
Asamblea departamental/Delegación Territorial en vez de por el
Gobernador. El Agrimensor General Julian también citó a Vigil en dos
decisiones suplementarias en 1886 recomendando el rechazo de dos
mercedes individuales que no calificaban para la presunción, la merced
Neiro Antonio Montoya y la merced Ojo de la Cabra.
[102] Aunque los reclamantes de la merced de tierra Sanguijuela también
dependían de copias de documentos de la merced, la CPLC rechazó la
merced por esta y otras razones como es discutido abajo.
[103] La decisión de la CPLC sobre Bernalillo contiene una larga
discusión de la necesidad de hacer copias de los envejecidos documentos
de las mercedes de tierras y cómo estas copias habitualmente se hacían.
El Abogado de los Estados Unidos representando los intereses del
gobierno estadounidense en los procedimientos ante la CPLC recomendó
que el gobierno de los Estados Unidos apelara la decisión sobre
Bernalillo pero ninguna apelación se presentó y el pueblo de Bernalillo
fue otorgado 3,404.67 acres.
[104] El caso Hayes involucraba una apelación por parte de los
reclamantes por la merced individual de Arroyo de San Lorenzo. La CPLC
rechazó la merced debido a que fue hecha por un official mexicano no
autorizado y la Corte Supreme mantuvo la decision de la CPLC.
[105] Vea Antonio Griego v. United States, decision no publicada de la
CPLC para la merced de tierra de Embudo, Docket No. 173, July 5, 1898.
pp. 1-2.
[106] Como se discute luego en este capítulo, los Estados Unidos bajo
la ley internacional tenía la discreción de adoptar cualquier proceso
de confirmación que se consideraba apropiado. Por lo tanto las únicas
bases legales posibles para objetar a los procedimientos establecidos
en la Ley de 1854 son los requerimientos de la ley de los Estados
Unidos tal como el debido proceso legal de la Constitución.
[107] Las declaraciones que los procedimientos del Agrimensor General
de Nuevo México violó los requerimientos del debido proceso legal bajo
la Constitución han aparecido repetidamente en la literatura de
mercedes de tierras y pueda que hayan contribuido a la creencia por
parte de algunos herederos de tierras hoy en día de que los
procedimientos violaron los requerimientos legales. Debido a la
prominencia de estas declaraciones y el rol que puedan jugar en el
continuo debate público sobre la implementación del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, nosotros hemos citado de manera completa cuatro
ejemplos seleccionados:
(1) "Los procedimientos seguidos por el Agrimensor General..carecieron
de las protecciones del debido proceso legal de la notificación y de la
audiencia. [El Agrimensor General] actuó ex-parte, el reclamante
simplemente presentando la evidencia, usualmente por declaración
jurada, sin recusación o contrainterrogatorio…. El caso de Tierra
Amarilla es ilustrativo de..la injusticia del sistema del Agrimensor
General de Nuevo México que fracasó en llevar a cabo las audiencias o
de proveer de una notificación adecuada. La influencia política
generalmente determinó el resultado de muchas de estas 'decisiones'.
Estas difícilmente pueden ser llamadas decisiones ya que no contienen
ninguno de los procedimientos asociados con el debido proceso legal". -
Charles DuMars y Malcolm Ebright, Problems of Spanish and Mexican
Mexican Land Grants in the Southwest: Their Origin and Extent, 1
Southwest Rev. of Mgmt. & Mexican Land Grants in the Southwest: Their
Origin and Extent, 1 Southwest Rev. of Mgmt. & Econ. 177, 177, 185
(1981) (las citas no son de autoridades jurídicas) (pie de página
omitido citando una porción seleccionada del anuario de 1867 del
Reporte del Agrimensor General refiriéndose al impacto en los
reclamantes privados).
(2) "La disparidad que más salta a la vista [entre el Agrimensor de
Nuevo México y la Comisión de California] fue en los procedimientos
manipulados por el Agrimensor General. 'El actuó ex-parte, el
reclamante únicamente presentaba la evidencia...sin recusación o
contrainterrogatorio'...'La protección del debido proceso legal de
la notificación y la audiencia' fueron desatendidos y se quedaron las
puertas abiertas al fraude y conspiración política." Pie de página P.
Gomez 93 arrriba, pp. 1069-70 (1985) (citando a DuMars y Ebright).
(3) "[D]e manera segura el más serio defecto del proceso del agrimensor
general [fue que] éste carecía del elemento esencial de una verdadera
adjudicación - el debido proceso legal. Adjudicar títulos de tierras
significa determinar la posesión de tierra de manera jurídica, y la
Constitución de los Estados Unidos manda que nadie debe privarse de
propiedad sin una determinación jurídica que cumpla con los
requerimientos del debido proceso legal. El debido proceso legal
requiere que haya una audiencia en la cual las partes interesadas
puedan presentar evidencia y hacer una contrainterrogación al testigo
opuesto y que se le de una notificación de la audiencia a aquellos
cuyos derechos de propiedad puedan verse afectados. El no requerir una
audiencia con procedimiento contencioso significó que la mayoría de
reclamos fueron decididos únicamente en declaraciones juradas
interesadas sin oportunidad para una contrainterrogación. Los posibles
reclamantes adversos usualmente no fueron ni siquiera notificados de
los procedimientos".--M. Ebright, Land Grants and Law Suits in Northern
New Mexico, pie de página 83, p. 39 (citando a 16 American
Jurisprudence 2d [Constitutional Law] § 935).
(4) "El principal culpable aquí [con respecto a la evaluación del
Agrimensor General de la merced de Tierra Amarilla] fue el sistema de
adjudicación de mercedes de tierras diseñado por el Congreso para Nuevo
México. No era una reunión real de adjudicación de los estándares del
debido proceso legal sino que era un procedimiento administrativo
desigual en el cual el Agrimensor General actuaba como abogado, juez y
jurado. Este es un contraste marcado con respecto al sistema judicial
relativamente justo empleado en California para adjudicar los reclamos
de mercedes de tierras, donde tanto el reclamante como el gobierno
fueron representados por abogados. Ahí, los asuntos sobre la validez y
naturaleza de la merced fueron argumentados ante la comisión, la cual
decidió las cuestiones expresadas en un procedimiento contencioso.
"La diferencia entre estos dos procedimientos ilustra los
requerimientos del debido proceso legal, un derecho garantizado bajo la
Constitución de los Estados Unidos. Los elementos del debido proceso
legal son: una audiencia, a la cual todas las partes interesadas tienen
el derecho de presentar evidencia y contrainterrogar a testigos
opuestos así como a una notificación de la audiencia a aquellos cuyos
derechos de propiedad puedan ser afectados". --Malcolm Ebright, The
Tierra Amarilla Grant: A History of Chicanery (Center for Land Grant
Studies, 3rd ed. 1993), pp. 18-20 (citando a 16 American Jurisprudence
2d [Constitutional Law] § 935).
[108] Tal como fue notado por un comentarista "[e]l debido proceso
legal pueda que sea el concepto más frecuentemente litigado en la
Constitución." Robert Riggs, Substantive Due Process in 1791,1990 Wis.
L. Rev. 941, 941 n. 1 (1990).
[109] Murray's Lessee v. Hoboken Land & Improvement Co., 59 U.S. 272,
282 (1856) (los valores del Departamento del Tesoro acata los
requerimientos del debido proceso legal utilizando procedimientos
breves que no son de la corte para tomar la propiedad que perteneció al
anterior Collector of the Customs [Aduanero] para satisfacer la deuda
gubernamental de 1.3 millones de dólares; la corte depende de "[l]a
necesidad imperativa" del gobierno federal de recaudar fondos y
atenerse a que el deudor pueda disputar la deuda en subsecuentes
procedimientos de corte.)
[110] Vea Davidson v. City of New Orleans, 96 U.S. 97, 102 (1877) ("Una
investigación exhaustiva sobre el significado de las palabras 'debido
proceso legal' tal como se halla en la Quinta Enmienda, resultó en la
decisión unánime de esta corte de que ellas no implicaban
necesariamente un procedimiento regular en una corte de justicia o
según las maneras de dichas cortes" (citando a Murray's Lessee)
[111] Davidson, pie de página 110, p. 105 ( defendiendo la recaudació
del impuestos a la propriedad y de su posible embargo que sólo después
que haya sido provisto el servicio personal de notificación a los
dueños cuyas identidades sean conocidas o para aquellas que sean
desconocidas o no puedan ser halladas, "debida notificación por
anuncio" del procedimiento).
[112] Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385, 394 (1914).
[113] Como se ha hecho notar en el capítulo 1, un caso de in personam
es aquel en el cual la corte decide los derechos de una persona en
particular; un caso de in rem es aquel en el cual la corte decide los
derechos de todas las personas en una propiedad en particular; y un
caso quasi in rem es aquel en el cual la corte decide los derechos de
personas particulares en propiedades en particular. Vea pie de página
21.
[114] La regla que la notificación "constructive" era suficente para
alertar a dueños de propiedad de los procedimientos que los pueden
privar de sus derechos de propiedad se basó en parte en el criterio de
las cortes que los propietarios debían mantenerse informados de las
actividades que podían afectar su propiedad (Vea, e.g., The Mary, 13
U.S. U.S. 126, 144 (1815) ("[E]s parte de la prudencia común para todos
aquellos que tienen algún interés en [propiedad], de cuidar ese interés
por personas que se hallan en la situación para protegerlas".) Esto
incluyó una obligación de parte de los dueños de la propiedad de notar
al leer el periódico de las acciones gubernamentales que pudieran
afectar adversamente su propiedad. Vea, e.g., Huling v. Kaw Valley
Railway & Improvement Co., 130 U.S. 559, 564 (1889) ("Es por lo tanto,
el deber de propietario de bienes raíces.. de tomar las medidas que de
alguna manera él pueda ser representado cuando su propiedad sea llamada
a requisición; y si él no lo hace y no recibe la notificación por la
publicación ordinaria que ha sido usualmente requerida en dichos casos,
es su desgracia y él debe atenerse a las consecuencias. Tal publicación
es el 'debido proceso legal' tal como se aplica a esta clase de casos")
(citas omitidas). En Huling, la Corte Suprema halló que la notificación
del periódico anunciando que tierra en un área general se hallaba en
riesgo a un derecho de paso por una línea ferrocarrilera proveía el
debido proceso legal a propietarios no-residentes: "nosotros pensamos
que ésta fue la notificación a la cual ellos tenían el derecho a
requerir. Por supuesto, el estatuto [requiriendo la notificación del
periódico] se toma bajo la presunción de que, dado que todas las partes
no pueden recibir personalmente tal notificación, la publicación que
está diseñada para ser vista por cualquier persona, significa tal
noticia" Id. at 563.
De manera similar, en Case of Broderick's Will, 88 U.S. 503 (1874), la
Corte Suprema se declinó a escuchar los reclamos presentados por los
herederos en busca de propiedad real que ya había sido distribuida como
parte de la legalización de los procedimientos en los cuales no habían
participado. Una notificación general de los procedimientos habían sido
publicada en el periódico local y el hecho que los herederos no habían
visto la notificación porque vivían en "una región aislada" no fue
considerado como relevante, "Si esta excusa pudiera prevalecer",
explicó la Corte, "hubiera procedimiento). desmantelado todos los
procedimientos in rem...las partes por lo tanto no pueden quedar
exentas de las leyes que controlan los asuntos humanos debido a su
aislamiento, y poner en acción un derecho para abrir todas las
transacciones pasadas. El mundo debe seguir adelante y aquellos que
reclaman un interés en las personas o las cosas deben ser responables
por el conocimiento de su estatus y condición y de las vicisitudes a
las que están sujetas. Este es el fundamento de todos los
procedimientos judiciales in rem". Id. at 518-19. Vea también Winona &
St. Peter Land Co. v. Minnesota, 159 U.S. 526 (1895) (notificación por
publicación suficiente para procedimientos de incautación de propiedad
por impuestos); Leigh v. Green, 193 U.S. 79, 93 (1904) (misma); Ballard
v. Hunter, 204 U.S. 241, 255 (1907) (misma); Longyear v. Toolan, 209
U.S. 414, 418 (1908) (misma); North Laramie Land Co. v. Hoffman, 268
U.S. 276 (1925) (notificación de periódico suficiente para tomar
propiedad para construir una carretera del condado)
[115] Vea, e.g., Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1878); Arndt v. Griggs,
134 U.S. 316 (1890); Hamilton v. Brown, 161 U.S. 256 (1896). Vea
generalmente Mennonite Board of Missions v. Adams, 462 U.S. 791, 796
n.3 (1983); Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186,196-205 (1977).
[116] Vea también Mennonite Board of Missions v. Adams, pie de página
115 (notificación enviada por correo requerida para incautación de
propiedad por impuestos de propiedad donde nombres y direcciones están
disponibles en el registro de escrituras.)
[117] En Dusenbery, la Corte determinó que la notificación no era
requerida a pesar de que el nombre y la dirección de la parte
interesada - un prisionero-se hallaba disponible. La Corte halló que la
notificación enviada por correo al prisionero aconsejándole del
inminente procedimiento administrativo de incautación del FBI
proporcionaba el debido proceso legal a pesar de que el prisionero
nunca recibió la notificación por un mal manejo en la prisión. El
razonamiento de la Corte fue que la notificación había sido calculada
razonablemente bajo las circunstancias para informar al prisionero del
procedimiento.
[118] Eventualmente, los reclamos fueron presentados para 294 de las
295 mercedes de tierras españolas y mexicanas de Nuevo México. Tal como
lo refleja el apéndice X de este reporte, no se ha presentado un
reclamo oficial para la merced de Montoya, una merced auto-
identificada.
[119] Tal como se discute en el capítulo 2, debido a que la Ley de 1854
no contiene fecha límite, la notificación del Agrimensor General en el
periódico solicitaba sólo que las demandas fueron presentadas "lo más
pronto posible". Los Agrimensores Generales iniciales expresaron su
preocupación que esta falta de fecha límite, entre otras razones,
resultó en que pocos reclamos fueran presentados inicialmente.
[120] Mientras que este reporte se centra en las mercedes de tierras
ubicadas dentro de los límites de los linderos actuales de Nuevo
México, como se ha hecho notar líneas arriba, el Agrimensor General de
Nuevo México también era responsable de evaluar los reclamos y la
medición de la tierra ubicada dentro de los linderos actuales de
Arizona, Colorado y Nevada.
[121] En los inicios de los años de 1900, el Servicio Postal Federal,
establecido en 1789, transportaba principalmente correo a caballo
(incluyendo el Pony Express), diligencia, y ferrocarril. El correo
tenía que ser recogido típicamente en la oficina postal en vez de ser
entregado a direcciones específicas; entrega a domicilio no empezó a
una escala mayor en ciudades grandes hasta 1860 y no empezó en áreas
rurales hasta finales de los años de 1890 (en lo que se conoció como
rural free delivery or RFD). El teléfono no se inventó hasta 1876 y el
servicio telefónico universal no se desarrolló hasta tiempo
considerable después.
[122] Vea, e.g., Elk River Coal & Lumber Co. v. Funk, 271 N.W. 204
(Iowa 1937) (El debido proceso legal no requiere notificación de todos
los subsiguientes pasos una vez que la notificación ha sido provista);
Collins v. North Carolina State Highway & Public Works Commission, 74
S.E.2d 709 (N.C. 1953) (lo mismo); Lehr v. Robertson, 463 U.S. 248
(1983) (las partes no involucradas no están autorizadas a una
notificación especial).
[123] En algunos casos, noticia del debido proceso legal puede ser
proveído por la promulgación de un estatuto que priva a personas de
derechos propietarios después de cierto periodo de tiempo aunque sea
sin alguna notificación adicional proveída (incluso noticia en el
periódico). Donde un estatuto que se auto-ejecuta requiere que reclamos
propietarios sean presentados para mantenerse en posesión, el estatuto
mismo provee la notificación necesaria. Vea, e.g., Texaco, Inc. v.
Short, 454 U.S. 516 (1982) (notificación no requerida de un plazo de
entrega estatutario de dos años para presentar reclamos para retener
intereses inactivos de petróleo, gas y carbón). Cf. Tulsa Professional
Collection Services, Inc. v. Pope, 485 U.S. 478 (1988) (notificación no
requerida de las leyes de prescripción). Como explicó la Corte Superma
en Texaco, "[p]ersonas siendo dueños de propiedad dentro de un Estado
están encargados del conocimiento relevante de las provisiones
estatutarias que afectan el control o disposición de tal propiedad..
.[y] nunca se ha sugerido que cada ciudadano debe ser dado, de alguna
manera, notificación específica de estatutos nuevos que puedan impactar
a su propiedad antes de que la ley pueda afectar sus derechos
propietarios." Id. 532, 536 (citas omitidas).
Concluimos que la promulgación de la Ley de 1854, sin más, no proveyó
la notificación necesaria del debido proceso legal del procedimiento
del Agrimensor General. La Ley de 1854 requirió al Agrimensor General a
solicitar reclamos y que hacer recomendaciones al Congreso sobre su
confirmación pero el estatuto mismo no proveyó para la pérdida de
derechos propietarios si los propietarios no presentaron su reclamo. La
promulgación de las leyes de 1851 y 1891 que por contraste
establecieron la ley de prescripción de dos años para la presentación
de reclamos con la Comisión de California y la CPLC respectivamente, y
que juzgó que todas las tierras por las cuales no se presentaron
reclamos fueron parte del dominio público de los Estados Unidos,
probabblemente constituyó la notificación del debido proceso legal bajo
el razonamiento del caso Texaco.
[124] En contraste, la Sexta Enmienda a la Constitución, ratificada en
1791, provee generalmente el derecho a un contrainterrogatorio en todos
los procesos criminales. La Sexta Enmienda garantiza a los acusados de
delito criminal el derecho a "confrontar" testigos en su contra y esto
ha sido generalmente interpretado como la inclusión del derecho a una
contrainterrogagación.
[125] Vea también Securities and Exchange Commission v. Jerry T.
O'Brien, Inc., 467 U.S. 735 (1984) (objeto de una investigación por la
SEC no tenía los derechos del debido proceso legal para el
contrainterrogotorio de testigos porque la investigación no resultara
en la determinación de responsabilidades legales); United States v.
Nugent, 346 U.S. 1 (1953)(personas reclamando el estatus de Objetor de
Conciencia no tenían el derecho de contrainterrogatorio a personas
proveyendo información a la Federal Bureau of Investigation, donde el
concejo de apelaciones de conscripción no la FBI, determinaba el
estatus del Objetor de Conciencia usando información de la FBI).
[126] Como ha hallado recientemente la corte en el caso de Montoya v.
Tecolote Land Grant con respecto al argumento de los herederos que
deben ser permitidos de seguir reclamos con un título superior
mexicano, "[n]o fue la función del Agrimensor General o del Congreso de
los Estados Unidos determinar y adjudicar cualquier derecho adverso
válido dentro de los linderos externos de la merced de tierra...
.[Más bien,] el propósito del Congreso [al crear el proceso de
confirmación congresional y del Agrimensor General]...fue determinar
qué tierras les pertenecían a los Estados Unidos al separar, tal como
ha devenido, bajo la anterior soberanía, propiedad privada; sin
adjudicar ni proveer para la adjudicación de los reclamos privados
conflictivos". Hallar los hechos y las conclusiones de ley, pie de
página 92, Finding Facts and Conclusions of Law para. 24-25. Vea
también Beard v. Federy, 70 U.S. 478 (1865); Board of Trustees of Antón
Chico Land Grant v. Brown, 33 N.M. 398 (1928); State v. Red River
Valley Co., 51 N.M. 207 (Ct. App. 1946). Pero ver Lobato v. Taylor, 13
P.3d 821 (Colo. Ct. App. 2000) (citando a Tameling), rev'd on other
grounds, 71 P.3d 938 (Colo. 2002) (manteniendo reclamos posteriores
ligados por la ley confirmación de 1860 a pesar de afirmaciones de la
ley que afecta sólo los derechos de los Estados Unidos y los
reclamantes originales).
[127] Un académico criticó el proceso del Agrimensor General como "un
procedimiento administrativo unilateral en que el Agrimensor General
actuó como abogado, juez, y jurado," como notado arriba. Sin embargo la
Constitución no requiere que la función de juez y de jurado sean hechas
por distintas personas. Chicago, R.I. & P.R. Co. v. Cole, 251 U.S. 54
(1919). Incluso hoy en día en procedimientos menos formales, una
persona a veces sirve en las tres capacidades --abogado (haciendo
preguntas a los testigos), juez (en la aplicación de la ley), y jurado
(estableciendo los hechos).
[128] Vea, e.g., Mathews v. Eldridge, (terminación de los pagos de
incapacidad de Seguro Social antes de una audiencia es constitucional
donde la audiencia subsiguiente de la agencia estaba disponible);
Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651(1977) (el castigo de estudiante antes
de una audiencia es constitucional donde subsiguiente juicio de estado
de agravio estaba.)
[129] Stein v. People of New York, 346 U.S. 156 (1953); ver también
Davon, Inc. v. Shalala, 75 F.3d 1114 (7th Cir.), cert. denied, 519 U.S.
808 (1996) (El Congreso no requirió seleccionar el procedimiento más
justo, solamente un procedimiento justo, racional y que no fuera
arbitrario).
[130] Los reglamentos de la Comisión proveyeron que "[cuando una
asignación de tierra o una porción de ésta es reclamada de manera
adversa bajo un título español o mexicano por dos demandantes, ya sea
uno o ambos pueden presentar una moción en el caso del otro, para el
permiso de aparecer y disputar el derecho del demandante a la
confirmación de su reclamo;.. y después del otorgamiento de tal
moción, el demandante debía notificar el contrareclamante o su abogado,
así como el Agente del Ley de los Estados Unidos, del momento y lugar
de tomar la evidencia y tal reclamante o su abogado, puede aparecer y
contrainterrogar a los testigos y también pueden entrar en la
recopilación de declaraciones contra el demandante y ser escuchado en
el argumento sobre la cuestión relacionada con su reclamo interferido."
Organization, Acts and Regulations of the U.S. Land Commissioners for
California, p. 6.
[131] Vea Organization, Acts and Regulations of the U.S. Land
Commissioners for California, pie de página 130 arriba, pp. 8 (La
Comisión está llevando a cabo "una obligación política, que no podía
ser desarrollada por nuestras cortes de justicia al actuar en su
capacidad judicial ordinaria."), 10 ("Nosotros estamos ejercitando para
la legislatura de la nación una autoridad política en vez de
judicial"), 12 ("A través de [la Ley de 1851] constituyendo la presente
comisión, el poder político y de confirmar los títulos españoles y
mexicanos se delega a los Comisionados..").
[132] Debido a que la decisión de la Corte Suprema en O'Donnell aborda
muchos de los puntos hechos por los críticos del proceso del Agrimensor
General de Nuevo México, resulta apropiado citar pasajes adicionales
aquí. Al discutir el hecho que los Estados Unidos tenían la discreción
bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la ley internacional de llevar a
cabo la pertinente protección de sus obligaciones utilizando cualquier
procedimiento que estimara apropiado, la Corte explicó que los Estados
Unidos "podían relegar la totalidad de la multitud de reclamos bajo las
mercedes mexicanas al proceso ordinario de las cortes con las
inevitables demoras y confusión afectando los títulos de tierras en la
vasta área de la región anexada...[o ésta] podría organizar un
tribunal administrativo para actuar a través de un procedimiento más
sumario diseñado con la finalidad de establecer el estatus de todas las
mercedes mexicanas a la fecha de la anexión. Ésta eligió la última
opción a través de la creación de un Consejo de Comisionados de la
Tierra, según [la Ley de 1851]....[E]l rol del Gobierno no era el de
un litigante. Era el de...un supervisor: 'para supervisar los
intereses de los Estados Unidos' en el desempeño a través de una
agencia administrativa, de la obligación del tratado de comprobar los
reclamos mexicanos y para si mismo, qué tierras habían sido quitadas
del dominio público por las mercedes mexicanas. 'Los Estados Unidos no
aparecieron en las cortes como litigantes contenciosos, sino como una
gran nación...' United States v. Fossatt, 21 How. [62 U.S.] 445,
450, 451 [(1858)]." O'Donnell, 303 U.S. a 511-12, 516, 524 (pie de
página y otras citas omitidas).
[133] Como la Corte Suprema lo explicó en Foster v. Neilson, 27 U.S.
283, 314-15 (1829), donde un tratado no es auto-ejecutado, "el tratado
aborda por si mismo al departamento político, no judicial; y la
legislatura debe ejecutar el contrato [tratado] antes que pueda llegar
a ser una regla para la Corte." Vea también en re Cherokee Tobacco
Case, 78 U.S. 616, 621 (1870) ("El efecto de tratados y leyes de
Congreso, cuando están conflicto, no se deciden por la Constitución.
Pero la cuestión no se envuelve en cualquier duda en cuanto a su propia
solución. Un tratado puede substituir una previa ley del Congreso, y
una ley del Congreso puede substituir a un tratado previo.") Vea
generalmente C. Klein, pie de página 9.
[134] Después de una búsqueda extensive, nosotros no logramos obtener
ninguna información sobre 47 de las mercedes de tierras. De acuerdo a
los miembros de New Mexioco Land Grant Forum, el mejor cálculo de los
acres de tierras en posesión de estas mercedes es cero.
[135] Bajo las leyes más tempranas, las ordenanzas de la merced de
tierra incorporada definieron las responsabilidades fideicomisarias,
las reglas para determinar los miembros de merced, y la estipulación de
títulos. En 1927, Nuevo México promulgó un estatuto de estado
enmendando estatutos previos para permitirle a consejos de
fideicomisarios de mercedes comunitarias vender porciones de tierras
comunes. Ver N.M. Stat. Ann. 49-2-7 (2001); Ver también Phillip B.
Gonzales, "Struggle for Survival: The Hispanic Land Grants of New
Mexico" (Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico, 2002).
[136] Sin embargo, en 1967 la legislatura de Nuevo México autorizó a
las corporaciones de las mercedes de tierras comunitarias a convertirse
a corporaciones privadas. N.M. Stat. Ann. 49-2-18 (2001).
[137] Vea Apodaca v. Tomé Land & Improvement Co., 91 N.M. 591, 598
(1978).
[138] "Tenencia en común" es un tipo de posesión de propiedad real en
donde dos o más personas son propietarios de un interés no dividido en
una parcela de tierra en total. La propiedad puede ser dividida por
acuerdo mutuo o conforme a un juicio de repartimiento, el cuál es una
acción de corte que divide la posesión de propiedad real por más de una
persona en posesiones separadas en piezas de propiedad.
[139] Vea David Benavides, "Lawyer-Induced Partitioning of New Mexican
Land Grants: An Ethical Travesty" (Guadalupita, NM: Paper, Center for
Land Grant Studies, 1994).
[140] Vea G. Taylor, "Notes on Community-Owned Land Grants in New
Mexico, 9" (University of New Mexico Law Library 1937); David
Benavides, pie de página 139.
[141] White, Koch, Kelly, and McCarthy, Abogados de Ley, y New Mexico
State Planning Office, Land Title Study (Santa Fe, NM: 1971).
[142] Estos derechos pueden incluir las Quinta y Decimocuarta Enmiendas
de los derechos civiles bajo la Constitución para recibir el "debido
proceso legal" antes que el gobierno les despojara de sus propiedades
(cuestión comentada en el capítulo 3), para recibir igual protección de
las leyes como otros ciudadanos la recibieron, y para recibir una
compensación justa si el gobierno tomó sus propiedades privadas para el
uso público.
[143] Como se describó en el capítulo 2, la doctrina de posesiones
adversas permite a una persona obtener completamente un título de pleno
dominio de propiedad real poseída por otra persona a través de una
posesión abierta, continua y no interrumpida de la propiedad real por
un periodo de años, y Nuevo México ha promulgado tal legislación
específicamente dirigiendose a las mercedes de tierras, permitiendo
obtener el título de esta manera después de 10 años. Vea N.M.S.A. § 37-
1-21.
[144] Vea Gonzales v. Yturria Land & Livestock Co., 72 F. Supp. 280
(S.D. Tex. 1947) (aplicando el estatuto de estado de limitaciones).
[145] Vea H.N.D Land Co. v. Suazo, 44 N.M. 547, 555 (1940), citing
First National Bank of Albuqerque v. Pueblo de Tomé, 23 N.M. 255 (1917);
Merrifield v. Buckner, 41 N.M. 442 (1937): Pueblo of Nambé v. Romero,
10 N.M. 58 (1900).
[146] Vea pie de página 142.
[147] Vea, e.g., Pueblo de Atrisco v. Monohan, 56 N.M. 70, 77 (1952);
Board of Trustees of the Pueblo de Tomé v. Sedillo, 28 N.M. 53, 54
(1922).
[148] La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el deber de
custodia de Estados Unidos hacia los indígenas tan temprano como 1831,
en su decisión en Cherokee Nation v. Georgia, 30 U.S. 1, 17 (1831). En
ese caso, la Corte describió la relación entre los Estados Unidos y las
tribus indígenas como "semejante a un menor de edad y su guardián." Más
tarde la Corte describió estas relaciones como derivándose del gobierno
como "humanitario y de política autoimpuesta… [bajo la cuál] ha
impuesto así mismo con obligaciones morales de la máxima
responsabilidad y de custodia. Su conducta…debe ser, por lo tanto,
juzgada por los estándares fiduciarios más exigentes." Seminole Nation
v. United States, 316 U.S. 286, 296-97 (1942).
[149] Act of May 29, 1872, ch. 223, 17 Stat. 165 (1872).
[150] Vea Territory of New Mexico v. Delinquent Taxpayers, 12 N.M. 139
(1904).
[151] Pub. L. No. 58-212, 33 Stat. 1069 (1905).
[152] Pub. L. No. 61-219, 36 Stat. 557 (1910).
[153] Vea United States v. Sandoval, 231 U. S. 28 (1912). Este caso
incluye otra parte nombrada Sandoval, diferente a la persona envuelta
en la decisión Sandoval en 1897 comentada en el capítulo 3.
[154] Una reclamación por el Pueblo de Sandía fue resuelto a través de
la creación de un área fiduciaria de preservación. En Pub. L. No. 108-
7, 117 Stat. 11 (2003), el Congreso resolvió el litigio en contra del
Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura con respecto
10,000 acres dentro del Cibola National Forest, incluyendo una porción
de las Montañas Sandía, al crear el T'uf Shur Bien Área Fiduciaria de
Preservación de 9,800 acres. Al Pueblo Sandía se le dio acceso a la
tierra para usos tradicionales y culturales y ha recibido ciertos
derechos para ser consultados con respecto al uso y la administración
del área.
[155] Pub. L. No. 68-253, 43 Stat. 636 (1924).
[156] En Pub. L. No. 108-66, 117 Stat. 876 (2003), el Congresó declaró
que ciertas tierras en posesión del Bureau of Land Management en los
condados de Rio Arriba y Santa Fé en Nuevo México ahora deben ser
retenidas en custodia para los indígenas Pueblos de San Ildefenso y
Santa Clara.
[157] Vea pie de página 131.
[158] Por ejemplo, en Pub. L. No. 103-150, 107 Stat. 1510 (1993), el
Congreso reconoció el aniversario centenario de la toma del Kingdom of
Hawaii en 1893 y ofreció una disculpa por la implicación del gobierno
de los Estados Unidos.
[159] En junio de 1967, un grupo de hombres armados tomaron dos rehenes
de palacio de justicia del Condado de Río Arriba, ubicado dentro de la
merced de tierra de Tierra Amarilla, dentro del cuál algunos miembros
de la Alianza Federal de Mercedes fueron ordenados por asamblea
ilícita. La Alianza Federal de Mercedes de Tierras, encabezada por
Reies Lopez Tijerina, era una organización que buscaba el regreso de
posesión legal de las mercedes de tierras españolas y mexicanas a los
herederos de los concesionados. Muchos de estos herederos cuestionaban
lo que ellos creían era la pérdida de cientos de miles de acres de
mercedes de tierras ancestrales a través de las acciones de partes
privadas y del gobierno de los Estados Unidos.
[160] Los cinco modelos básicos son reflejados en los siguientes
proyectos de ley o resoluciones: (1) H.R. 9422, Congreso 92o, 1a
sesión, introducida el 24 de junio de 1971; (2) H. Res. 364, Congreso
93o, 2a sesión, introducida el 19 de abril de 1973; (3) S. 4050,
Congreso 93o, 2a sesión, introducida el 26 de sep. de 1974; (4) H.R.
5963, Congreso 96o, 1a sesión, introducida el 27 de nov. de 1979; y (5)
H.R. 2538, Congreso 105o, 2a sesión, introducida el 24 de sep. de 1997
(modelado en H.R. 260, Congreso 105o, 1a sesión, introducida el 7 de
enero de 1997).
[161] H.R. 9422, el primer proyecto de ley introducido en 1971, y
algunos de los otros proyectos de ley en los años 70 hubieran dado
tierras de propiedad federal y tierras de propiedad privada, pero más
recientes proyectos de ley hubieran dado sólomente tierras de propiedad
federal. Tierras de propiedad privada podían ser transferidas sólo si
el gobierno federal confiscara estas tierras bajo su autoridad pública.
[162] Como se describe en el capítulo 3, estas tres mercedes de tierras
fueron restringidas a sus parcelas individuales y por eso no fueron
otorgadas cerca del 99% de casi 1 millón de acres originalmente
reclamadas. La mayoría de esas acres de tierras--54 por ciento o
520,473 acres de tierra--es ahora propiedad del Servicio Forestal de
los Estados Unidos.
[163] Vea U.S. General Accounting Office, Indian Issues: Cheyenne River
Sioux Tribe's Additional Compensation Claim for the Oahe Dam, GAO/
RCED-98-39 (Washington, D.C.: Jan. 28, 1998).
[164] En un tiempo, Gran Bretaña había poseído parte de Florida y había
otorgado mercedes a los pobladores.
[165] Las cortes tenían que conducir la revisión sobre cada reclamo de
acuerdo a las normas de una corte de equidad. Estas normas son "los
bien asentados y establecidos usos y principios de la corte de
cancillería, como ha sido adoptada y reconocida en sus decisiones".
United States v. Arredondo, 31 U.S. 691, 709 (1832); United States v.
Clarke, 33 U.S. 436 (1834); Johnson v. Towsley, 80 U. S. 72, 84 (1871).
Una corte de cancillería ofrece un foro menos riguroso que las cortes
de ley para decidir casos para poder lograr los resultados más
apropiados. Tradicionalmente, las cortes de ley se adherían de una
manera más estricta a los principios aplicables de la ley. Por ejemplo,
una corte de equidad puede decidir llevar a cabo la intención de un
donante, siendo que incluso una donación no cumplía con todos los
requerimientos legales. John R. Kroger, Supreme Court Equity, 1789-
1835, and the History of American Judging, 34 Houston L. Rev. 1425
(1998).
[166] La ley de 1824 limitaba la jurisdicción de la corte a Arkansas a
reclamaciones hasta una legua cuadrada. Ver Annals of Congress, 18th
Congress, 1st Session (1823-1824), Ch. 173, Sec. 15.
[167] Vea pie de página 165 sobre Arredondo, 31 U.S. a 715.
[168] Vea pie de página 165 sobre Arredondo, 31 U.S. a 724-30; Clarke,
pie de página 165, 33 U.S. a 451.
[169] En 1812 el Congreso confirmó los reclamos de las mercedes
británicas a los ciudadanos estadounidenses en el territorio de
Mississippi (Florida del Oeste), que los Estados Unidos alegaba había
adquirido de acuerdo a la Compra de Louisiana.
[170] United States v. Percheman, 32 U.S. 51, 88-95 (1833).
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